Analistas, propagandistas y la brocha como herramienta metodológica de análisis

Es común que los medios de comunicación acudan a especialistas para complementar informaciones relevantes. Estos profesionales se han convertido en referente para un sector nada despreciable de la población, por lo que es importante saber separar el grano de la paja. En este caso el uso de esta metáfora es intencional, y además debe ser tomada literalmente.

Hay algunas premisas para juzgar la calidad del análisis que nos brindan estos expertos -aunque hay algunos que en realidad no lo son-. Primero, la objetividad, en las Ciencias Sociales sobre todo, no es posible. La visión que una persona tiene sobre un acontecimiento está permeada de una subjetividad que no es posible eliminar. Esto por supuesto no invalida ninguna opinión, siempre y cuando la gente sepa con claridad quién es el analista, conozca sus antecedentes, filiación política y su formación académica. Y el analista igualmente debe estar consciente de ese sesgo natural, de manera que haga un esfuerzo consciente de tratar de equilibrar lo que dice, o advertir cuándo está dando una opinión.

¿Qué debemos esperar de un analista? Desde mi perspectiva, necesitamos que se contextualice adecuadamente la noticia que se está comentando, lo que significa en muchos casos la utilización de antecedentes históricos, la explicación de conceptos básicos y la identificación de actores relevantes. Además necesitamos toda la información complementaria necesaria que nos permita una comprensión más integral de lo sucedido. De igual utilidad resultaría la prospección de escenarios, un pronóstico educado y fundamentado a partir de los hechos presentados, que nos permita vislumbrar posibles cursos de acción. Finalmente puede ser importante la opinión del consultado, sobre todo si nos revela una percepción que podemos confrontar con nuestras propias creencias.

¿Qué es lo que NO queremos de un analista? Que solamente nos de su opinión. Peor aun, que esa opinión no sea más que una elaboración sofisticada de prejuicios y opiniones comunes, las mismas que oimos en el taxi, en la esquina y en los buses, porque si de eso se tratara preferiríamos quedarnos con las fuentes originales de esas opiniones, es decir, con la de los taxistas, chanceros y las personas que conversan a gritos en el bus.Tampoco queremos que se limite a utilizar el sentido común sin hacer el esfuerzo de informarse para tratar de aportarnos elementos inéditos. Ni que trate de disfrazar deseos ocultos en la definición de escenarios posibles. El ejemplo más claro de esta práctica siempre lo vemos en las interpretaciones que se le hacen a las encuestas, sobre todo las que hablan de intención de voto. Apenas unos días antes de la elección presidencial del 2010, algunos analistas insistían, apelando a una lectura parcial, poco rigurosa e interesada de las encuestas, que habría una segunda ronda. Ya sabemos lo que pasó.

Pero hay otra práctica, que hemos visto sobre todo en los últimos tiempos en "analistas" que aparecen con inusitada frecuencia en varios medios, que es probablemente la mas perjudicial de todas. Es la de utilizar crudamente los espacios que les brindan para promoverse, presentando como análisis objetivo lo que a veces es una no muy bien disimulada apología de ciertos personajes. Quienes incurren en esta práctica no son en realidad analistas, sino propagandistas solapados de partidos políticos y personas. Hay gente, ya lo sabemos, que su único mérito en la vida es una capacidad inagotable de adulación, lo que tratan de encubrir tratando de presentar la "pasada de brocha" como un ejercicio intelectual. Afortunadamente a estos "analistas" -mas bien cortesanos- se les notan rápidamente las carencias. Pero eso no significa que no debamos estar alertas.

Lo importante, finalmente, es buscar siempre otras opiniones, informarse y con eso se pueda construir un criterio propio. Los analistas pueden ayudarle, pero no son infalibles y, como se mencionó, en algunos casos hay intereses de por medio. Por eso es importante que no dependa de solo eso

La verdadera inseguridad jurídica

A raíz del fallo de Crucitas algunas personas han afirmado que el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Administrativo genera inseguridad jurídica para las empresas. Y por otro lado, algunos sostienen que la inseguridad jurídica la crean los funcionarios públicos que actúan en contra de lo establecido en las leyes. Esta es una de esas rarísimas ocasiones en las que todo el mundo tiene razón y todo el mundo está parcialmente equivocado (al menos por omisión).

En principio no puede haber inseguridad jurídica ahí donde se aplica la ley o se corrige una aplicación incorrecta de la ley. Pero por un momento pongámonos en la posición de Industrias Infinito. Hace casi 8 años esta empresa solicitó y obtuvo una concesión para desarrollar aquí su actividad. Para esto simplemente cumplió –o creyó cumplir- con los requisitos establecidos por las instancias correspondientes y las leyes vigentes (o al menos la interpretación que de esas leyes hicieron quienes aprueban este tipo de concesiones). Lo que pasa de la ventanilla en donde hace la solicitud hacia adentro es absolutamente invisible para ella. La empresa parte de una realidad simple: se apersona a las instancias oficiales, hace la solicitud y esa solicitud es respondida con una autorización o con un rechazo. En el momento en que se aprueba la concesión la empresa comienza a operar dentro de una realidad concreta: se tiene un permiso otorgado por una autoridad competente. Lo demás es invisible, no debería ser de otra manera para quienes solicitan este tipo de permiso. Eso es seguridad jurídica.

Hasta este momento la empresa tiene una expectativa basada en hechos aparentemente indisputables. Pero resulta que a la vuelta de… ¡7 años! nada de lo que tenía era real. Esto significa, ni mas ni menos, que aun cuando se tenga un permiso, el mismo siempre será provisional. Esto genera un hecho concreto que es efectivamente un elemento negativo para la inversión extranjera. Y por supuesto que no queremos todo tipo de inversión extranjera en el país, pero la que aceptemos debe contar con un mínimo de seguridad que la proteja.

Pero por otro lado, es cierto que una actuación incorrecta (ojo, incorrecta no siempre equivale a corrupta) de los funcionarios puede ser el origen de esta situación de inseguridad. Y aquí mas bien son los tribunales los que nos devuelven la seguridad jurídica. Sin embargo es importante mencionar que muchas veces algunos permisos que después son cuestionados son concedidos teniendo en cuenta criterios que quienes no forman parte de la administración pública no conocen (y deberían conocer para juzgar de mejor manera la actuación de los funcionarios). Porque partimos por supuesto de la premisa que las simplificaciones burdas que afirman que un permiso siempre se concede porque hay algún grado de corrupción es absurda, a menos por supuesto que uno escoja consciente y malintencionadamente creer en eso como praxis política.

Lo cierto es que muchas veces se autoriza la operación de ciertas empresas porque se considera que podría ser beneficioso para un sector de la población, una región o una actividad económica. Puede que para el ojo externo las razones no sean atendibles o parezcan poco fundamentadas, lo que no significa por supuesto que haya corrupción como un hecho irrefutable. Pero para hacer estas cosas el funcionario público se enfrenta a su propia inseguridad jurídica, la de un marco legal que regula su actuación que es prolífico, contradictorio, omiso, ambiguo, que no le brinda las bases necesarias para una actuación certera. Entonces con frecuencia la actuación de un funcionario público está determinada por lo que quiere alcanzar; su interpretación de ese marco legal dependerá de lo que perciba como resultado favorable, y ahí es donde comienzan los problemas, tanto como cuando se quiere aprobar o como cuando se quiere rechazar una solicitud.

Las personas que tienen responsabilidades en la administración pública se enfrentan diariamente a ese dilema de querer hacer cosas, de generar impactos positivos y la existencia de un marco legal que no siempre permite hacer eso con seguridad. Cualquier discusión sobre un tema como el fallo de Crucitas –así como cualquier otro que involucre la concesión de permisos a empresas privadas-, debe incluir esta dimensión. Porque solo de esta manera podemos empezar a afinar ese ordenamiento jurídico que genera este tipo de cosas. Si no, nunca llegaremos al estado de certeza jurídica necesaria para que no enfrentemos mas situaciones como estas en el futuro, que es lo que asumo es a lo que todos finalmente aspiramos.