¿Quiénes estudian en instituciones privadas? ¿Quiénes lo hacen en las públicas?

Ahora que se presentó el plan fiscal, uno de los puntos que más se ha venido debatiendo es la pertinencia de gravar la educación privada. De un intercambio que tuve con Juan Carlos Hidalgo y Mishelle Mitchell, y a sugerencia de José Francisco Correa, quisiera aportar alguna información que pareciera relevante para este debate. La misma fue elaborada por la M.Sc. Raquel Barrientos, quien fuera mi colaboradora en MIDEPLAN y actualmente es parte de la Junta Directiva del INEC, y a la que siempre acudo cuando necesito información de este tipo.

Los datos que presento a continuación se extrajeron de la Encuesta de Hogares que realizó el INEC en el año 2009. Los datos correspondientes al 2010, año en el que se utilizó una nueva metodología para medir el ingreso familiar aun no están disponibles, aunque es muy probable que los resultados no sean dramáticamente diferentes.

Para el año 2009, 1,128,976 personas cursaban estudios en instituciones públicas, 24,891 en los denominados centros semipúblicos o semioficiales, mientras 283,201 lo hacían en centros privados. En los niveles universitario y parauniversitario hay más personas en instituciones privadas que en las públicas, 159,064 y 124,734 en el primer caso, y 6,024 y 4,651 en el segundo. En los demás niveles hay mas estudiantes en centros públicos que en los privados.

Cuando se analiza la matrícula educativa respecto al ingreso familiar, los resultados muestran una concentración grande de estudiantes de alto ingreso en las universidades privadas, aun cuando el porcentaje de personas de ingresos medios y bajos es importante. En el caso de la educación universitaria, un 68,41% de quienes estudian en universidades privadas provienen de familias cuyo nivel de ingreso los sitúa en los tres deciles más altos, esto es, el 30% más rico. Por otra parte, solo un 5,69% de los estudiantes de universidades privadas proviene de los tres deciles más bajos, es decir, el 30% más pobre. El restante 25,91% se sitúa en los deciles intermedios.

El patrón se repite en el nivel de educación secundaria. Un 77,03% de los estudiantes de colegios privados proviene de los tres deciles superiores, mientras que solo el 0,29% proviene de los tres deciles inferiores y un 22,68 de los intermedios. En la escuela, los porcentajes, prácticamente se repiten: un 76,46% de los estudiantes de la escuelas privadas provienen del 30% más rico, un 3,71% del 30% mas pobre y un 19,83% de los intermedios.

Como conclusiones generales un podría afirmar con base a esta información estadística que en promedio dos terceras partes de quienes actualmente cursan estudios en instituciones privadas no parece que vayan a tener problemas para pagar el impuesto que se propone, dado el nivel de ingreso familiar. Desde esta perspectiva, el impuesto resulta progresivo.

Sin embargo hay otro tercio que bien puede resultar afectado, sobre todo en el nivel universitario, pues en la secundaria se eximirá del impuesto a las mensualidades menores a ¢110,000. Habrá que tener en consideración a ese grupo en el debate de la reforma propuesta.

¿Y qué dice la encuesta sobre la educación pública? En el 2009 el 49,16% de los estudiantes de escuelas públicas provenían de los 3 deciles más bajos, un 39,81% de los intermedios y un 11,03% de los 3 más altos. En el colegio, la cosa empieza a darse vuelta, pues solo el 39,85% de los colegios público proviene del 30% más pobre (y sospecho que esa cifra era más alta antes de que se impulsara el programa Avancemos), un 45,38% de los intermedios y un 14,78% del 30% más rico. Y finalmente en las universidades públicas se vuelca la tortilla: apenas un 8,25% de quienes cursan estudios en universidades públicas proviene de familias cuyos ingresos las clasifican en los 3 deciles más bajos, un 32,42% de los intermedios y un 59,32% de familias cuyo ingreso las clasifica dentro del 30% más rico.

Estos son los números. Hay mucho que discutir alrededor de este panorama, y no solo se trata de una discusión sobre impuestos. Pero si la reforma fiscal propicia esa discusión, en buena hora. Debatamos, eso sí, sobre la base de información real, y no de percepciones subjetivas.

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Microprograma de Antonio Alvarez Desanti

A raíz de la gira promocional que hizo con motivo de la publicación de su libro "La Salida", alguna gente le propuso a Antonio que siguiera compartiendo sus ideas y reflexiones, sobre todo acerca de aquellas cosas que le son más cercanas. Aquí está el resultado de esa solicitud, el primero de una serie de micros sobre temas cotidianos.

Descentralizar, qué y cómo

¿Por qué debemos llevar a cabo un proceso de descentralización y fortalecimiento de gobiernos locales en Costa Rica? Aún cuando el modelo centralizado de gestión vigente ha generado resultados muy positivos a lo largo de la historia nacional, sus limitaciones se hacen cada vez más evidentes ante una realidad compleja marcada por profundas desigualdades regionales. Cuando el aparato estatal es centralista por vocación y convicción, sus responsables políticos no siempre son concientes de tales asimetrías.

La mayoría de los países desarrollados asignan un gran peso a las instancias locales como ejecutoras del gasto público total, condición que parece indispensable para aumentar la eficiencia y eficacia del mismo. El Primer Informe Mundial sobre Descentralización y la Democracia Local realizado por la United Cities of Local Governments en el 2008 pone en evidencia contrastes dramáticos: en los países europeos más descentralizados los gastos locales como porcentaje de PIB superan el 20 % (Dinamarca, Suecia, Suiza), en otros se ubican entre el 10 y el 20% (Noruega, Reino Unido, Francia) y los más centralistas alcanzan proporciones de entre el 5 y el 10% (España, Alemania). En Canadá y EEUU este porcentaje asciende al 7,5% y al 9.6% respectivamente; en Japón, los gastos ejecutados por instancias locales ascienden a 12,3% del PIB, en Corea del Sur a 16% y en China, la estrella rutilante de la economía mundial, el porcentaje alcanza un impresionante 22%. Mientras tanto, en Costa Rica los gobiernos locales son responsables de un gasto de apenas 1,2% del PIB, representando un modestísimo 6% del gasto público total.

Con estas cifras no debería haber dudas sobre la necesidad de aumentar recursos a las municipalidades. Pero a esta realidad se opone un argumento que de repetirse constantemente se ha convertido en un prejuicio, basado en una injusta generalización aceptada sin rigor y derivada de un cierto desconocimiento sobre las realidades municipales del país. ¿Cómo se le pueden asignar más recursos a las municipalidades si no son capaces de usar bien los que tienen actualmente? ¿No es cierto que tienen altos niveles de subejecución presupuestaria?.

La respuesta no es sencilla e incluye múltiples elementos que han sido objeto de numerosos estudios en el pasado. La subejecución no siempre es sinónimo de ineficacia: frecuentemente los gobiernos locales no puedan ejecutar presupuestos porque las partidas les son giradas en el segundo semestre del año, lo que hace prácticamente imposible gastarlas oportunamente dentro del actual marco jurídico que regula la actuación de los entes públicos. Pero además es fundamental quebrar el círculo vicioso en que algunas de las municipalidades están metidas: no se pueden ejecutar los recursos actuales porque no cuentan con las condiciones necesarias para hacerlo, condiciones que solo se tendrán cuando tengan los recursos necesarios para construir esas condiciones.

Consideraciones como estas, y la concreción de una reforma constitucional aprobada 10 años antes, motivaron al gobierno del Dr. Oscar Arias a impulsar una ley de transferencia de competencias que ha sido objeto de intensa discusión en este año, ley que por cierto fue aprobada unánimemente en la anterior Asamblea Legislativa. En su artículo 3 se establece que “cada ley especial especificará cuáles competencias se transfieren, las reglas sobre su ejercicio y los fondos necesarios para ejercerla”. De aquí claramente se desprende la posibilidad de definir formas alternativas de transferencia que van más allá del simple traslado de recursos de un lado a otro, que es la única opción que parece haber estado en discusión hasta ahora.

No se trata entonces de un dictum para trasladar dinero desvistiendo un santo para vestir a otro, sino de un marco amplio que permite la definición creativa de alternativas viables, si se tiene, por supuesto, la voluntad política para hacerlo. La ley fue concebida en ese espíritu; desde esta perspectiva, la cifra de ¢40,000 millones que supuestamente deben ser trasladados anualmente a las municipalidades y que es producto de una simple operación aritmética y para cuyo cálculo no era necesario hacer estudios, se esgrime como resultado de una visión inflexible del proceso de descentralización, o de una ausencia de convicción que bien podría admitirse de una vez por todas para que sepamos a qué atenernos en este tema.

Un hecho reciente permite ilustrar lo anterior. Hace unos meses la Contraloría General de la República ordenó al MOPT trasladar todos los recursos destinados al mantenimiento de las rutas cantonales a las municipalidades. El proceso es complejo, porque para poder ejecutar estos recursos se requiere de un aparato técnico-administrativo que la mayor parte de los gobiernos locales no tiene. ¿Por qué no trasladar entonces a las municipalidades la potestad de determinar cómo se deben utilizar estos recursos, manteniendo centralizada la ejecución de los mismos para conservar las ventajas que la economía de escala ofrece?.

En esta misma línea podría hacerse un inventario de los programas de ministerios e instituciones autónomas similares al caso de las rutas cantonales mencionado y trasladar a los gobiernos locales la potestad de la definición de prioridades, dejando en manos de las entidades centralizadas la ejecución de los proyectos. De esta manera se puede iniciar el proceso de fortalecimiento de los gobiernos locales que el país necesita, sin que las apocalípticas profecías de desmantelamiento del estado y despidos masivos de personal que se han esgrimido en este debate se hagan realidad.

La ley 8801 abre una oportunidad única para iniciar una reforma profunda de nuestro estado. El reto debe ser asumido en conjunto por el Poder Ejecutivo y las municipalidades, haciendo un esfuerzo por encontrar formas de descentralización originales que sin causar perjuicios concrete este proceso de transformación del estado costarricense que no podemos seguir posponiendo.

Angustia 2.0

Voy a escribir esta reflexión porque el sentimiento de culpa no me deja en paz. Parte del problema es que soy muy inflexible y creo a pie juntillas en cierto código de conducta. Y por otro lado me cuesta mucho adaptarme en una época en que la capacidad de adaptación es vital para la supervivencia.

Les cuento rápidamente. El día de mi cumpleaños (20 de diciembre) recibí mas de 400 mensajes, tanto en Twitter como en Facebook, así como en mi correo de Gmail y de la Universidad de Costa Rica (y algunos mensajes de texto al celular). Imaginen que maravilloso arribar a los 50 años recibiendo tantos buenos deseos y felicitaciones. Decidí que lo menos que podía hacer era contestarlos todos, sin pensar cuanto tiempo me podía tomar en esta tarea. Resultó que duré aproximadamente 5 horas y media, repartidas en dos días, contestando los mensajes. Lo hice de veras con gusto, sin pensar en el tiempo que me tomó y realmente agradecido por las muestras de afecto y, en algunos casos, solidaridad por haber llegado, como me dijo un amigo, a la edad desde el cual empezamos a vislumbrar la cima de la montaña.

Pero si antes cumplir años en una fecha tan cercana a otras fechas festivas de alguna manera siempre ha sido una situación particular para mí (en la que recibir un solo regalo por cumpleaños y Navidad es apenas una parte de la historia), con el advenimiento de la era 2.0 la cosa se ha tornado realmente dramática. No había terminado de contestar los mensajes de cumpleaños cuando se inició una igualmente conmovedora seguidilla de mensajes deseándome una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Pero ya para esos momentos el tiempo era escaso y la posibilidad de volver a sentarme 5 horas a contestar los mensaje recibidos no era factible (cenas, compras, preparación de viaje a la playa, en fin, todas esas cosas que nos ocupan esos días). Al principio opté por tratar contestar algunos desde el teléfono, cosa que es bastante laboriosa para quienes nacimos con diez pulgares. Pero no avancé como quería, por lo que los mensajes se apilaban en todos mis contenedores virtuales, causándome cada vez mas angustia.

Finalmente decidí abandonar mi meta de contestar antes de irme a la playa todos los mensajes recibidos hasta ese momento (y con la esperanza que el inicio de las vacaciones disminuiría el ritmo al que recibía los mensajes) y posponer toda actividad hasta llegar a Potrero. Pero la verdad es que una vez estando allá mo parecía razonable perderse del sol, el mar, la brisa, la piscina,los atardeceres celestiales y sobre todo del disfrute infinito de mis nietas para sentarse a contestar mensajes, aun cuando fuera en la noche con una cerveza y buena música. Así que tampoco pude contestar muchos.

Y ahora que volví a San José hay cosas pendientes, proyectos que iniciar, responsabilidades que asumir. Y entonces me invade la angustia 2.0, producto de esa combinación de esta facilidad que tenemos ahora para expresar y distribuir nuestros mejores deseos, con un sentido de responsabilidad que me dice que debería sentarme a contestarle a todos y cada uno de los que me enviaron un mensaje por las fiestas. Pero ya llegué a la conclusión de que la situación me sobrepasó y que no hay nada que pueda hacer para ponerme al día, salvo el propósito de no dejar que se me acumulen los mensajes el próximo año, o cambiar mi cumpleaños a una fecha menos particular.

En todo caso y para aplacar mi conciencia decidí escribir estas líneas, para decirle a todos y cada uno de los que me mandó un mensaje que no haberles respondido no es producto de una naturaleza malagradecida sino de una desordenada, que no es indiferencia, es indisciplina. Pero que les agradezco profundamente los buenos deseos para mí, pero sobre todo para mi familia. Y que todo lo que quieren para mí y para mi familia lo reciban ustedes multiplicado por mil, porque si se tomaron el tiempo de enviar esos mensajes es que se lo merecen. Un abrazo a todos y de veras, de corazón, muchísimas gracias!