Twitter

domingo, 26 de junio de 2016

El MOPT y la embajadora

Gobierno tiene 0% de avance en 9 grandes obras financiadas con préstamo”, informa en primera plana el diario La Nación, en su edición del pasado 22 de junio. En el cuerpo de la noticia, el medio señala que “Trabajos están varados porque el MOPT se atrasó con los preparativos para ejecutar los proyectos; ministro de Obras Públicas alega que este ritmo de trabajo es normal”. La noticia, dirán algunos, es recurrente, y confirma, una vez mas, la desesperante negligencia y desidia de los responsables, quienes actúan sin ninguna consciencia de la urgencia que tiene construir las obras que están atrasando.

Pero la noticia permite evidenciar algunas otras cosas. Primero, no tenemos suficiente información como para valorar si es o no un ritmo “normal” de trabajo. Lo mas que se dice es que, en opinión de la Contraloría General de la República, el atraso es atribuible a “… a la lentitud del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en el cumplimiento de las condiciones previas para el desembolso del dinero: la creación de una unidad ejecutora del crédito (la cual se concretó en marzo del 2016) y el establecimiento de un fideicomiso de administración, lo que aún está en proceso”.

Pero eso que se expresa fácil, no es fácil de concretar. Un programa de inversiones  de esta magnitud requiere de la elaboración de complejísimos carteles de licitación, labor para la que el MOPT no cuenta con suficientes abogados e ingenieros, como para hacer de este un proceso fluido. Proceso que además es acometido con gran cuidado por los responsables, conscientes que incluso un error involuntario puede terminar en el escarnio público, sino en acusaciones penales.

Otro elemento es la necesidad de contar con diseños para poder hacer esas licitaciones. Los diseños funcionales no se comienzan a hacer sino hasta que se aprueba el préstamo, por lo que el tiempo de su elaboración es ineludible . ¿Por qué no se hacen estos diseños desde antes? Porque por ejemplo en el caso de este préstamo, la Asamblea Legislativa tenía que aprobar, además del préstamo mismo,  el proyecto específico y las obras que se iban a desarrollar. Así  que no tenía sentido gastarse una importante cantidad de tiempo y dinero si existía la posibilidad de que la Asamblea cambiara el proyecto.

Súmele a todos estos factores un ordenamiento jurídico que permite apelaciones irrestrictas en todas las etapas de la contratación, así como los requisitos propios de las instituciones financieras que prestan los recursos, y tendrá una perspectiva mas realista de la dificultad que tiene el MOPT para ejecutar un préstamo de esta magnitud. Cuando se conocen estos elementos, ausentes en la nota periodística, la valoración del trabajo de los funcionarios se hace desde una perspectiva mejor informada. Puede que se siga pensando igual, pero por lo menos no será sobre la base de información incompleta.

Es algo que pasa a menudo, recibimos información que lleva a conclusiones fáciles, que reflejan una realidad sencilla en donde todo sucede o no dependiendo exclusivamente de la voluntad personal. Nada más alejado de lo que sucede cotidianamente en la administración pública.

 -0-

Hecha la reflexión anterior, cabría preguntarse si entonces el gobierno se enfrenta a una injusta valoración de su trabajo porque, si el tema pasa más por factores objetivos –las carencia profesional, las leyes y los procedimientos-, no puede haber una responsabilidad objetiva del gobierno y sus jerarcas.

Pero aquí el problema es mas bien otro. El caso del nombramiento de la Embajadora en República Dominicana sirve para ilustrarlo con claridad. Se trata de una persona que evidentemente reúne todos los requisitos legales, profesionales y de idoneidad necesarios para desempeñar el cargo. Pero resulta además que es la madre de la Jefa de Despacho del Canciller, quien es el responsable de su nombramiento.

El canciller, que por cierto no parece manejar bien la crítica y califica la noticia como “…un intento más de desprestigiar la transparencia en el ejercicio de la función pública de esta Administración y, en el caso de hoy, el desempeño de mis funciones como canciller" según escribe en su pagina de Facebook, ha salido a defender el nombramiento, no solo mencionando los atestados de la señora Zúñiga, sino además  sus potestades  para nombrar embajadores. El que sea la mamá de su Jefa de Despacho (la que de paso es colega en el bufete en el que los dos trabajan cuando no están en labores de gobierno), afirma indignado el señor González, no es relevante.

Visto de manera objetiva, el ministro parece tener razón en defender su actuación. Pero, y esta es la clave, no puede obviar que forma parte del gobierno de un partido que cuando fue oposición criticó sin miramientos este tipo de nombramientos. El canciller, por mas que venga de otro partido político, no está exento de la obligación de la coherencia. Y eso es lo que se le cobra a él como parte de este gobierno.

Es lo mismo con el MOPT. Se está pagando el precio de haber prometido cosas desde la ignorancia, y de confundir ética con oportunismo electoral. Es tiempo de asumir las consecuencias de las expectativas infladas y el la utilización política del tema de la ética.

-0-

Como siempre, una invitación para que escuchen el podcast de Café Futbol CR. Esta semana con un interesante análisis del calendario del próximo campeonato de la primera división costarricense, la que por cierto sigue mostrando rasgos artesanales que uno creería ya deberían haber sido superados

domingo, 19 de junio de 2016

Mejor la democracia de los políticos que la dictadura de los burócratas

El control de la legalidad en la función pública es esencial. Sin embargo, esta labor no puede llevarse a cabo ignorando principios fundamentales relacionados con la legitimidad democrática. Cuando se actúa así, se falsean las bases del sistema político, sumándose de esa manera a un discurso irracional que pretende ilusoriamente la existencia de sociedades sin política.

Una de las manifestaciones mas perversas del discurso antipolítico es sostener una pretendida superioridad de lo técnico sobre lo político. A la subjetividad y negligencia de lo político, se contrapone la objetividad y el rigor de lo técnico.  Frente a la preeminencia de los intereses particulares en lo político, se opone la naturaleza justa de lo técnico, basado en un conocimiento neutro ajeno a las influencia que genera privilegios. Es un argumento interesado, tan falso como lo son siempre los criterios absolutos, derivados de una visión dicotómica de una realidad que es mucho mas compleja.

En nuestro país, esta idea peregrina de la superioridad moral de lo técnico sobre lo político se ha venido manifestando en la actuación de algunos órganos. Por ejemplo, hace unos meses la Sala Constitucional reafirmó la potestad de la Contraloría General de la República para suspender de sus cargos a funcionarios  municipales electos por votación popular. Esto significa que un funcionario de la Contraloría puede suspender a un alcalde, regidor o síndico, si considera que cometió faltas administrativas que así lo ameritan.

Algunos aplaudieron esta resolución como un triunfo de la transparencia, pero se trata en realidad de un acto profundamente antidemocrático. Alcaldes, regidores y síndicos, electos por votación popular, están investidos de una legitimidad política que no puede ser ignorada. El control administrativo no debería emitir una resolución que deje en suspenso la voluntad popular; para eso están los consejos municipales mismos, y el mecanismo de revocatoria de mandato.

Otorgarle a un ente de control la potestad de suspender funcionarios electos, equivale a despojar de valor al acto electoral. Pero además trastoca las prioridades de los electos, para quienes súbitamente los entes de control se constituyen en instancias políticas, con potestades hasta ahora reservadas a la ciudadanía y a los órganos políticos. Y con un peso incluso superior al de estos, por la inmediatez, la falta de contrapeso y la libertad con la que cuentan para emitir sus resoluciones.

Un caso similar se dio hace unos meses cuando el Tribunal Supremo de Elecciones resolvió, a partir de la interpretación que hizo de un fallo de la Sala Constitucional, obligar a los partidos políticos a respetar la paridad de género en los primeros lugares de las listas de candidaturas a diputaciones en las siete provincias para las elecciones del 2018.

Aparte de la discusión que ha surgido respecto a si efectivamente la Sala Constitucional dice lo que el TSE dice que dijo, en la resolución del Tribunal hay un apartado que refuerza esta tensión entre las potestades legales y la legitimidad política. Si un partido no cumple con esta resolución, es decir , si el asamblea de un partido presenta candidaturas que no cumplen con este criterio, “el Registro Electoral del TSE, que es donde se inscriben los partidos y las candidaturas, podrá modificar las nóminas para subir del segundo al primer puesto de la papeleta a las mujeres, en los casos que sea necesario hacerlo, para cumplir con la nueva norma”.

Esto significa que la voluntad expresada por miles de militantes de los partidos políticos en sus asambleas distritales, cantonales, provinciales y nacional, puede ser cambiada arbitrariamente por un funcionario, si no se cumple un criterio específico. No se trata aquí de juzgar la pertinencia del criterio, sino mas bien que se crea aceptable que un funcionario administrativo pueda hacer los cambios necesarios para cumplirlo.

En ambos casos, los órganos de control deberían advertir de las faltas e informar a los órganos políticos, para que estos resuelvan en consecuencia. Es lo que corresponde en un sistema que valora la voluntad popular como fuente originaria de la legitimidad democrática.

Todo esto, por supuesto, se inscribe en ese discurso antipolítico que ha imperado en Costa Rica en los últimos años. Se originó como una reacción natural a la corrupción, pero también es el recurso de quienes persiguen el debilitamiento de la política, como una manera de potenciar su posición en el debate público. Los poderes fácticos de los que habla el politólogo Rotsay Rosales.

“La política es el único poder al alcance de los que no tienen poder”, afirma certeramente el escritor español Josep Ramoneda. La gente debería entender que la democracia de los políticos, con todas sus falencias e imperfecciones, es siempre mejor que la dictadura de los burócratas.

-0-

Como siempre, una invitación para que escuchen el podcast de Café Futbol CR; en esta edición se hace el "post-mortem" de la desteñida actuación de la Selección en la Copa América. No es un tema feliz, ¡pero siempre interesante!

domingo, 12 de junio de 2016

Cronograma para la construcción de la carretera a San Ramón; la lucha por derechos humanos

El presidente Solís anunció su deseo de iniciar la carretera a San Ramón antes de terminar su mandato. El presidente aparentemente no tiene información sobre este proyecto, porque lo cierto es que no comenzará a construirse, si todo sale bien, hasta principios del 2019.

En una actividad organizada por el LANANME hace algunas semanas, el Banco de Costa Rica, entidad encargada de establecer el fideicomiso que construirá y operará la carretera, informó del estado del proceso. La imagen muestra la filmina que el personero del Banco utilizó para ilustrar las etapas que deben cumplirse. La primera, completada ya, consistió en recabar información existente, incluyendo la que la concesionaria anterior entregó como parte del finiquito. La segunda etapa es la firma del contrato entre el MOPT y el BCR para establecer el fideicomiso, que es en la que se encuentra el proceso actualmente. Pero para terminar esta etapa, habrá que superar un escollo legal, y no se tiene certeza de que sea posible.

La ley que originó el fideicomiso establece en su artículo 8 que el contrato debe incluir una estructura tarifaria aprobada por la ARESEP, como requisito ineludible para que sea refrendado por la Contraloría General de la República. El problema es que para poder definir la estructura tarifaria, se necesita tener el costo definitivo de la obra, en tanto la cifra que se ha venido manejando es un estimado en donde faltan elementos como la valoración del costo socioambiental, algunas expropiaciones adicionales y los planos definitivos que son necesarios por haberse cambiado el diseño original.

El Banco tendría que darle vuelta al proceso, es decir, primero hacer los planos para poder tener la estructura tarifaria, antes de ir a la ARESEP y a la Contraloría. Pero, ¿qué tal si la obra termina siendo muy onerosa con un peaje muy alto? El Gobierno podría entonces optar por otra forma de financiamiento, que le resulte mas barata y desechar la idea del fideicomiso. El problema para el Banco es que sin contrato no podría obligar al Gobierno a asumir el costo, y tendría que cargar con el gasto para la elaboración de los planos, que bien puede acercarse a los $20 millones.

Pero aun si se pudiera darle vuelta al proceso y obviar el requisito de la estructura tarifaria para seguir adelante, la autorización de ARESEP y el refrendo de la Contraloría tomará posiblemente el resto de este año. Luego vendría la estructuración financiera, el establecimiento del fideicomiso, y la elaboración del cartel, el concurso y la contratación de la empresa que haría los diseños. La estimación del Banco es que, si todo sale bien, la empresa quedaría contratada en el segundo semestre del 2017. A partir de ahí tomará de 15 a 18 meses para terminar los  planos. Eso nos lleva al 2019. Ojalá sea así.

-0-

La lucha para que en Costa Rica exista un disfrute pleno e igualitario de derechos ha sido ardua y empinada. Ha sido así por la oposición de algunos grupos de orientación religiosa, pero también por la división entre los sectores que empujan los cambios.

 Esta división tiene que ver con varios temas. Uno es el ámbito mismo de las reivindicaciones. Algunos impulsan cambios graduales, en consideración al conservadurismo imperante en Costa Rica, mientras otros creen que debe apuntarse a lo máximo porque la resistencia igual se presentará con reivindicaciones pequeñas o grandes.

Otro punto de discrepancia tiene que ver con la estrategia misma de lucha. Un sector considera que, en aras de evitar una confrontación política, lo mejor esa tratar de conseguir ampliar el elenco de derechos mediante acciones administrativas o judiciales. Que sean las instituciones –la CCSS es un ejemplo-, y los estrados judiciales los que otorguen los derechos a los grupos perjudicados, sin tener que pasar por la Asamblea Legislativa.
Pero hay otros grupos que consideran que la lucha mas bien debe ser política, no solo porque posiblemente pueden obtenerse resultados mas contundentes, sino también porque podrían concretarse en menor tiempo. La cuesta es mas empinada, pero posiblemente se dure menos tiempo llegando a la cima.

En el fondo, no deberían ser estrategias excluyentes. Tal vez sea momento de plantearse un proyecto político común, con presencia en la Asamblea Legislativa, desde donde se lideren las acciones políticas y legales.

Esto podría servir además para definir el carácter de la lucha. Se trata de una reivindicación de derechos, no de una cruzada antireligiosa. El ataque a las creencias personales genera rechazo en una población profundamente religiosa, y refuerza el argumento de la amenaza como factor político aglutinador de los grupos religiosos.

Es momento de un cambio cualitativo y definir una estrategia común que permita avanzar con mas decisión los temas de derechos.

domingo, 5 de junio de 2016

"Más rápido en la casa, menos tiempo en la presa"

La épica promesa del presidente Solís –una de tantas-, de eliminar las presas en el área metropolitana, es posiblemente la mas recordada por los miles de conductores atrapados en las interminables procesiones que tratan de movilizarse por nuestras saturadas calles. El problema ciertamente no es nuevo, pero si lo fue el tajante ofrecimiento del entonces candidato y ahora presidente: “más rápido en la casa, menos tiempo en la presa”.

 Como era de esperarse, las redes sociales se han visto inundadas, sobre todo entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche, con la imagen en la que el entonces candidato hizo su audaz promesa. Y es de esperarse que esto siga siendo así, sobre todo en invierno, cuando las presas se agudizan exponencialmente.

Varias reflexiones se derivan de esto. Primero, el costo político de promesas hechas alegremente, con un desconocimiento esencial de la complejidad de los problemas públicos (o como lo diría el presidente mismo, “no es lo mismo verla venir que bailar con ella”), que le ha venido pasando la factura política a un gobierno que hasta ahora no ha podido cumplir ninguno de sus ofrecimientos de campaña.

Segundo, las respuestas del presidente a los interrogantes de la prensa han sido muy reveladoras de lo que ha sido este gobierno. Se trata de un problema de cantidad de carros, dice Solís, carros que además no los compra él y por lo tanto, no es su responsabilidad. La solución, dice muy candorosamente el presidente, a sugerencia de algunos ministros, es llamar a las autoridades del Tránsito, veinticinco meses después de haber asumido el cargo, a “una reunión”, en donde se discutiría el asunto.

De aquí se pueden extraer algunas conclusiones. Nos enteramos que de alguna manera el presidente parece creer que el problema de las presas le es ajeno, porque se deriva de una situación, la cantidad de carros en las calles, de la que no es responsable. Confirmamos además que la promesa hecha en campaña era una que pretendía recoger una preocupación de la gente, pero que no existía un plan definido; la respuesta, sugerida además por ministros y no por el mismo presidente, es “hacer una reunión”. O sea, nada nuevo.

-0-

En redes sociales, abrumados por el volumen de la recriminaciones alrededor de este tema de las presas y las promesas incumplidas, los pocos apologistas que aun tiene gobierno, acudieron al penoso y cada vez menos efectivo recurso de utilizar una imagen en donde supuestamente aparece la ex Presidenta Chinchilla, afirmando que “hoy los colapsos viales son tan solo recuerdos”.

El argumento es penoso porque la lógica que lo sustenta parece ser “si la ex Presidenta Chinchilla dijo algo así sin ser cierto, no importa que Solís haya hecho promesas  que no ha podido cumplir”. Pero además, porque la afirmación de doña Laura se da en un contexto que sus críticos, algunos de los cuales exhiben un comportamiento realmente patológico contra la ex Presidenta , invisibilizan, vaya usted a saber si por pura mala intención o por pura pereza mental.

Como puede verse en la imagen que se muestra abajo, la afirmación de la ex Presidenta se da en el contexto de valorar el impacto del cambio climático en nuestra infraestructura, como parte de su último informe presidencial del 1ero de mayo del 2014. En la imagen de la que se han valido algunos para seguir vilipendiando a doña Laura, se agrupa texto y se ignora el contexto. No es claro si la imagen es montada en este momento, cosa que no sería de extrañar, o si el efectivamente el medio responsable de ese gráfico lo hizo de esa manera, cosa que tampoco sería de extrañar. En ambos casos, se trata de una caracterización parcial,  incompleta, poco rigurosa y/o malintencionada.


Lo cierto es que ante la magnitud del problema del colapso vial,  con un Estado atado, que dura años para desarrollar infraestructura que pudiera permitir superar esta situación, es el momento de pensar soluciones sostenibles y de largo plazo. Pero también es momento de pensar soluciones con mente abierta: como dice el ex Vicepresidente Luis Liberman, seguir haciendo las cosas como se hacen ahora simplemente no es opción.

El exdiputado y exministro Francisco Chacón ha sugerido la promulgación de una ley de emergencia en esta materia, con metas definidas y estableciendo mecanismos de contratación extraordinarios que permitan agilidad. Esa es una opción que hay que considerar. Mientras tanto, en las leyes actuales hay espacio para facilitar el desarrollo de infraestructura, por ejemplo por medio de iniciativas público privadas, y convenios de gobierno a gobierno, como el que se hizo con China para la ampliación de la ruta 32. Igual se puede continuar utilizando la UNOPS (United Nations Office for Project Services), como se hizo en el gobierno anterior, para agilizar los procesos de contratación. No estaría de más incluir estos temas en la reunión convocada por el presidente a sugerencia de sus ministros; a ver si comienzan a hablar en serio del tema.

-0-

Como siempre, los invito a escuchar el podcast Café Futbol, producido por Alvaro Gallardo, Alberto alfaro y Leo Pandolfi. esta semana con una interesante discusión sobre la Copa América.