En algún otro momento lo había mencionado y es importante reiterarlo en este momento: el tema de los salarios en el sector público no es solo un asunto de números, sino que tiene un componente ético ineludible. Hay un deber ser en este tema. Y quienes trabajamos en el sector público no podemos pretender que el resto de la sociedad no tenga algo que decir sobre el tema. Después de todo, pagan una buena parte de nuestros salarios.
En este momento en que se discute una reforma fiscal, es oportuno hacer algunas reflexiones y sugerencias. A estas alturas, nadie creerá, salvo los sectores mas reaccionarios y conservadores de los añejos sindicatos del sector público, que es posible una reforma fiscal sostenible sin adoptar medidas que restrinjan el crecimiento del gasto público. Si no se hace así, aun cuando se aumenten los ingresos mediante una combinación de ampliar la base tributaria y subir impuestos, en unos años estaremos en una situación similar a la actual.
La solución permanente al tema de los salarios públicos es la de establecer un sistema de salario único en todo el sector público (salvo en las instituciones en competencia). Esto permitiría varias cosas. Primero, homologar lo que se paga en todo el sector público, de manera que no se den las odiosas diferencias que existen actualmente. Segundo, permitiría ofrecer salarios de entrada mas altos, lo que contribuiría a la atracción de profesionales jóvenes. Actualmente los salarios de ingreso al sector público tienden a ser muy bajos, dada la proporción de recursos presupuestarios que hay que destinar al pago de incentivos de los funcionarios que tienen mas tiempo de laborar en la institución.
En este punto vale la pena comentar un argumento que se ha utilizado para justificar el sistema de incentivos en el sector público. Estos, se dice, permiten retener el talento, el que, después de años de formación y acumulación de experiencia en el sector público, se convierte en un objetivo para los reclutadores del sector privado. Esto es así, pero existen algunas políticas que se pueden adoptar para prevenir esto. Por ejemplo, que quienes reciban capacitación o actualización permanente financiada con fondos públicos, suscriban un convenio que los obligue a permanecer en sus instituciones por un plazo prudencial, que permita al estado beneficiarse de su inversión.
Por otra parte, dejar de trabajar en el sector público no es fácil. La estabilidad que brinda es un factor que pocas veces se considera, pero que es uno de gran importancia. Apostaría que los funcionarios tienen casa propia en una proporción superior a la de los trabajadores del sector privado, no solo por los niveles salariales, sino además por ser sujetos de crédito que cumplen con requisitos fundamentales para los bancos. Ese es un plus que tiene un valor incalculable, y que es un poderoso estímulo para hacer carrera en el sector público.
Pero un sistema de salario único solo puede aplicarse a los nuevos funcionarios. Aun cuando es un momento oportuno para hacerlo, dado que hasta la mitad de los trabajadores del sector público se pensionará en los próximos años, habría que hacer algo con los salarios actuales. No se trata de disminuirlos, sino de moderar su tasa de crecimiento, tomando en cuenta además que la transición a un sistema como el mencionado anteriormente, tendrá un impacto importante sobre las finanzas públicas en sus primeros años.
Por ejemplo, podría plantearse un límite al porcentaje total que se recibe por concepto de anualidades. A como está definido ahora el incentivo, no existe ningún techo, y se puede terminar recibiendo un monto por anualidades que es superior al del salario base. Esta medida no impacta el nivel de ingresos actuales, y establece una criterio de racionalización para moderar el crecimiento del gasto en este rubro.
Para quienes actualmente sobrepasen el porcentaje que se defina como máximo, se puede crear una tasa especial, tal y como se hizo con las pensiones de privilegio, de manera que haya un contribución solidaria de quienes tenemos ya muchos años de trabajar en una institución pública, y que, por lo tanto, afectará sobre todo a las personas de mas altos ingresos.
La última medida que se puede adoptar tiene que ver con el aguinaldo y el denominado salario escolar. No existe una razón de peso, desde el punto de vista ético, para justificar que ambos estén exonerados del pago de impuesto sobre la renta. Y no hay un impuesto mas progresivo que este. Quienes tengan aguinaldo y salario escolar bajo, no pagarán impuestos. Y quienes recibimos salarios mas altos, pagaremos proporcionalmente. Entiendo por supuesto que esta es una medida polémica, pero en la discusión de lo que tenemos que hacer para tener finanzas públicas sanas sostenibles, no puede dejarse ningún tema por fuera.
Reitero lo que dije al principio. Los salarios del sector público son, por su naturaleza, diferentes al resto de los salarios de la sociedad. Tienen un componente ético que no puede ser ignorado. Mas allá de los fríos números, el debate sobre este tema debe incluir nociones de justicia, coherencia con el entorno social y económico, y el sacrificio que nosotros, los funcionarios, debemos liderar con nuestro ejemplo.
