Ya antes he escrito sobre la tentación que a veces sentimos los profesionales en Ciencias Sociales de emitir ciertas opiniones terminantes sobre acontecimientos de la vida política y social del país. Si esta propensión fuera simplemente una anécdota en la vida profesional de algunos expertos esto no tendría mayor importancia, pero uando se tiene acceso a medios de comunicación el asunto pasa de ser trivial y se convierte en un tema de interés público, en tanto las opiniones de analistas y comentaristas pueden terminar incidiendo en la formación de políticas públicas. Un ejemplo de lo anterior se presentó en la campaña electoral de 1998, en donde el abstencionismo aumentó en un porcentaje superior a la media histórica. El dictum teórico no se hizo esperar: el abstencionismo habría crecido porque no se contaban con suficientes espacios para la participación, por lo que era necesario "democratizar" la democracia.
Aceptando que la aspiración de ampliar la participación efectiva de la gente en los asuntos públicos es deseable, lo cierto es que las medidas que en esta dirección se adoptaron, por ejemplo la elección directa de Alcaldes, no propiciaron una mayor participación. Todo lo contrario: en el caso de las elecciones para la Alcaldía el abstencionismo es tres veces mayor que el que se presenta en una elección presidencial. Ls razones del abstencionismo del 98 no eran las que pensamos, o fueron mal interpretadas, porque las medias que se adoptaron eran congruentes con las conclusiones a las que arribamos en ese momento. Pero el "problema" siguió siendo el mismo.
Como la anterior encontramos otras situaciones en las que ante un hecho social o político se arriba a conclusiones terminantes -y a veces igualmente equivocadas-, que de alguna manera pintan mas bien el país que se quisiera, y no el que realmente existe.
Traigo a colación el tema porque hace un tiempo participé en un taller de análisis de la realidad política nacional en el que algunos estimables colegas sostenían que, a la luz del resultado del referendo del TLC, el país se había configurado en dos bloques antagónicos. Y no solo eso: los dos bloques tenían una homogeneidad interna ideológica, social y económica que resultaría en un nuevo enfrentamiento en las elecciones presidenciales del 2010. Junto con Montserrat Sagot sostuve la tesis de que quienes se opusieron al TLC constituían una coalición coyuntural con intereses sustancialmente diferentes entre sí, que no permitían concluir que existiera una homogeneidad aglutinadora que derivara en la constitución una fuerza política y social alternativa y estable.
A la luz de lo que ha sucedido entre los grupos que lideraban políticamente la oposición al TLC, y de la intención de voto que por lo menos hasta el momento muestran las encuestas, pareciera confirmarse que la tesis que Montserrat y yo sosteníamos era la correcta. La realidad social, compleja y dinámica, no permite con facilidad emitir juicios terminantes, más propios de la ciencias naturales. Lo cierto es que respecto al comportamiento político del ciudadano y ciudadana costarricense del Siglo XXI es poco lo que sabemos y por eso nuestros juicios siempre deben ser tentativos. El científico social debe abandonar toda pretensión de encontrar la "bala de plata" que explique en una sola pincelada hechos sociales complejos en los que intervienen la libre voluntad de la gente. De lo contrario estaremos socavando la credibilidad que día a día tratamos de apuntalar en nuestras disciplinas académicas. Y en época de elecciones, esto es aun mas cierto.
martes, 6 de octubre de 2009
sábado, 12 de septiembre de 2009
El presupuesto para el 2010
Hace algunos días comparecí ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa para intercambiar información con los diputados y diputadas acerca del presupuesto ordinario para el año 2010. Quisimos resaltar algunos datos que nos parecen relevantes, de los recursos asignados a algunas áreas, los que comparto ahora con ustedes.
Por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública cuenta para el próximo año con un presupuesto de ¢1.266.077,0 millones. Este monto representa 6,9% (7,25% si se incluye el INA), del Producto Interno Bruto (PIB), proyectado para el 2010 por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Para el pago de remuneraciones al personal del MEP, las que en su gran mayoría fueron objeto de una revaloración importante en este Gobierno, se presupuestaron ¢118.448,4 millones. Con estos recursos además se podrán crear de 2.664 plazas con un costo de ¢22.420,9 millones, para cubrir las siguientes necesidades: ampliación de cobertura en Preescolar; apertura de escuelas ubicadas en zonas rurales dispersas y comunidades indígenas; fortalecimiento escolar en lecciones de artes, música y educación física; entre otros. Asimismo, se prevé un aumento de becas a estudiantes de primaria y servicio de alimentación complementaria.
El Ministerio de Seguridad Pública por su parte recibirá ¢133.869,0 millones, ¢5.564,5 millones de los cuales se utilizarán para la creación de 700 plazas de clase policial. Además se presupuestó un monto de ¢8.483,3 millones para mejorar la situación salarial de los policías. Se utilizarán ¢1.541,0 millones provenientes del Impuesto al Banano, al fortalecimiento de la protección ciudadana en las zonas bananeras, y para dotarlas de equipo; asimismo ¢1.032,5 millones financiarán las construcciones de las comandancias de Heredia y Cartago.
Por su parte el Ministerio de Obras Públicas y Transportes contará con un presupuesto de ¢234.129,0 millones, 72,4% corresponden a transferencias a favor de Órganos Desconcentrados, de Instituciones Descentralizadas no empresariales, de Empresas Públicas no Financieras, y de Organismos Internacionales, tales como CONAVI que recibirá ¢69.717,5 millones, lo que permitirá no solo ejecutar nuevas obras de infraestructura vial sino además proveer mantenimiento a las existentes.
Y para asegurar la calidad de estos trabajos, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LANAMME) recibirá ¢ 3.205,4 millones. Asimismo, los Gobiernos Locales, que han recibido en este Gobierno recursos sin precedentes, contarán con ¢23.239,1 millones para realizar las obras comunales que vendrían a complementar los 621 proyectos en marcha financiados con los fondos solidarios entregados el año anterior.
El Ministerio de Cultura y Juventud recibirá ¢28.734,0 millones, monto que representa el 0,6% del Presupuesto del Gobierno Central para el 2010, cifra a todas luces insuficiente, pero que representa un aumento sustancial respecto a lo que se había venido destinando en gobiernos pasados. De este presupuesto ¢19.082,4 millones se utilizarán para transferencias a entidades que desarrollarán obras de interés social, como conservación de la cultura y la mejora de infraestructura, así como ¢1.011,1 millones para la mejora de las edificaciones tanto del ministerio como las declaradas patrimonio costarricense.
En el ámbito de la Salud se asignaron ¢ 130.691,0 millones para atender los programas de fortalecimiento de las condiciones de salud de la población infantil y adolescente, para los servicios de alimentación, nutrición y atención integral de poblaciones en estado de pobreza, así como la promoción y protección para un mayor bienestar y calidad de vida de la población.
Asimismo se presupuestaron ¢5.133 millones al Instituto de Alcoholismo y Fármacodependencia (IAFA), para gastos operativos, y para el funcionamiento del Centro Nacional de Atención Integral en Adiciones para menores de edad, así como para los programas de difusión, educación y prevención en el ámbito de tratamiento y rehabilitación. Se destinarán ¢53.528,2 millones para Regímenes Especiales de Pensiones, que benefician principalmente a adultos mayores en condición de pobreza.
Estos son algunos ejemplos que sirven para ilustrar el compromiso del Gobierno con las políticas sociales, sobre todo aquellas dirigidas a asistir a quienes menos tienen. Adicionalmente la inversión pública contenida en el presupuesto es parte de las políticas anticíclicas que se han venido ejecutando para contrarrestar de alguna manera una crisis económica sin precedentes en las últimas décadas. Esperamos que la discusión del proyecto de presupuesto incluya la valoración de estas premisas, y una contextualización imprescindible para realizar un análisis riguroso.
Por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública cuenta para el próximo año con un presupuesto de ¢1.266.077,0 millones. Este monto representa 6,9% (7,25% si se incluye el INA), del Producto Interno Bruto (PIB), proyectado para el 2010 por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Para el pago de remuneraciones al personal del MEP, las que en su gran mayoría fueron objeto de una revaloración importante en este Gobierno, se presupuestaron ¢118.448,4 millones. Con estos recursos además se podrán crear de 2.664 plazas con un costo de ¢22.420,9 millones, para cubrir las siguientes necesidades: ampliación de cobertura en Preescolar; apertura de escuelas ubicadas en zonas rurales dispersas y comunidades indígenas; fortalecimiento escolar en lecciones de artes, música y educación física; entre otros. Asimismo, se prevé un aumento de becas a estudiantes de primaria y servicio de alimentación complementaria.
El Ministerio de Seguridad Pública por su parte recibirá ¢133.869,0 millones, ¢5.564,5 millones de los cuales se utilizarán para la creación de 700 plazas de clase policial. Además se presupuestó un monto de ¢8.483,3 millones para mejorar la situación salarial de los policías. Se utilizarán ¢1.541,0 millones provenientes del Impuesto al Banano, al fortalecimiento de la protección ciudadana en las zonas bananeras, y para dotarlas de equipo; asimismo ¢1.032,5 millones financiarán las construcciones de las comandancias de Heredia y Cartago.
Por su parte el Ministerio de Obras Públicas y Transportes contará con un presupuesto de ¢234.129,0 millones, 72,4% corresponden a transferencias a favor de Órganos Desconcentrados, de Instituciones Descentralizadas no empresariales, de Empresas Públicas no Financieras, y de Organismos Internacionales, tales como CONAVI que recibirá ¢69.717,5 millones, lo que permitirá no solo ejecutar nuevas obras de infraestructura vial sino además proveer mantenimiento a las existentes.
Y para asegurar la calidad de estos trabajos, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LANAMME) recibirá ¢ 3.205,4 millones. Asimismo, los Gobiernos Locales, que han recibido en este Gobierno recursos sin precedentes, contarán con ¢23.239,1 millones para realizar las obras comunales que vendrían a complementar los 621 proyectos en marcha financiados con los fondos solidarios entregados el año anterior.
El Ministerio de Cultura y Juventud recibirá ¢28.734,0 millones, monto que representa el 0,6% del Presupuesto del Gobierno Central para el 2010, cifra a todas luces insuficiente, pero que representa un aumento sustancial respecto a lo que se había venido destinando en gobiernos pasados. De este presupuesto ¢19.082,4 millones se utilizarán para transferencias a entidades que desarrollarán obras de interés social, como conservación de la cultura y la mejora de infraestructura, así como ¢1.011,1 millones para la mejora de las edificaciones tanto del ministerio como las declaradas patrimonio costarricense.
En el ámbito de la Salud se asignaron ¢ 130.691,0 millones para atender los programas de fortalecimiento de las condiciones de salud de la población infantil y adolescente, para los servicios de alimentación, nutrición y atención integral de poblaciones en estado de pobreza, así como la promoción y protección para un mayor bienestar y calidad de vida de la población.
Asimismo se presupuestaron ¢5.133 millones al Instituto de Alcoholismo y Fármacodependencia (IAFA), para gastos operativos, y para el funcionamiento del Centro Nacional de Atención Integral en Adiciones para menores de edad, así como para los programas de difusión, educación y prevención en el ámbito de tratamiento y rehabilitación. Se destinarán ¢53.528,2 millones para Regímenes Especiales de Pensiones, que benefician principalmente a adultos mayores en condición de pobreza.
Estos son algunos ejemplos que sirven para ilustrar el compromiso del Gobierno con las políticas sociales, sobre todo aquellas dirigidas a asistir a quienes menos tienen. Adicionalmente la inversión pública contenida en el presupuesto es parte de las políticas anticíclicas que se han venido ejecutando para contrarrestar de alguna manera una crisis económica sin precedentes en las últimas décadas. Esperamos que la discusión del proyecto de presupuesto incluya la valoración de estas premisas, y una contextualización imprescindible para realizar un análisis riguroso.
lunes, 31 de agosto de 2009
Cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo
Antes de valorar el grado de cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, conviene señalar algunos elementos metodológicos sin los cuales posiblemente no se podría efectuar el ejercicio de manera correcta.
El Plan está estructurado a partir de la definición de un conjunto de metas. Para su cumplimiento se organizó la labor del Gobierno en sectores, cada uno dirigido por un Ministro o Ministra, y del que forman parte todas las instituciones que contribuyen a alcanzar las metas definidas en el Plan.
Aquí es necesario resaltar un punto importante. El proceso de definición de metas se dio en un contexto económico muy diferente al actual. Esta observación, que parece innecesaria por obvia, es, sin embargo, importante, en tanto el cambio en la coyuntura derivó en el cambio de algunas metas, como lo veremos más adelante.
Las metas definidas en le Plan corresponden al cuatrienio, es decir, dan cuenta de lo que el Gobierno quiere alcanzar al final de su período. Obviamente, para que esto sea posible es necesario que las instituciones públicas ejecuten acciones específicas a lo largo de este plazo. Por ejemplo, la meta de construir una determinada cantidad de CEN-CINAI para el año 2010 está desagregada en todas las acciones necesarias para que esto ocurra, lo que significa que habrá que efectuar una valoración de necesidades comunales, diseñar carteles de licitación, efectuar concursos, resolver apelaciones, adjudicar a las empresas constructoras e iniciar la construcción y entregar las obras.
Todas estas acciones se programan año con año, asignándole la responsabilidad correspondiente a las instituciones involucradas en la consecución de esta meta. El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica tiene como responsabilidad el seguimiento y monitoreo del avance de las acciones planteadas anualmente por las instituciones, así como una estimación del progreso de las metas del cuatrienio.
Hechas las consideraciones anteriores, es posible brindar algunas estadísticas acerca del grado de cumplimiento del Plan. Hasta el 31 de diciembre del 2008, 30% de las metas han sido ya alcanzadas. Un 41% presenta un avance superior al 50%, lo que indica una alta probabilidad de que estas metas se cumplan al final del Gobierno. Un 9% de las metas presenta un atraso leve, muchas de ellas a la espera de alguna resolución de índole administrativo como paso previo para un avance importante, por ejemplo la construcción de un camino que está a la espera de resolver una apelación después de lo cual inicia una fase de ejecución que deriva en un avance considerable de la meta en un período de tiempo relativamente corto.
Un 13% de las metas presenta un atraso crítico. Algunas de ellas no podrán alcanzarse porque la caída de los ingresos fiscales obligó a un ejercicio de priorización que nadie quería hacer, pero que fue inevitable, dada la magnitud de la crisis. Otras, hay que reconocerlo, no fueron adecuadamente planteadas desde un principio, por lo tanto no podrán ser cumplidas. Otras más se alcanzarán, pero hasta después de haber finalizado la presente administración. Finalmente, algunas de las metas de este grupo serán cumplidas, pero presentan este grado de avance porque muchas están formuladas para cumplirse a partir del segundo semestre de este año, así como los primeros 5 meses del siguiente.
Para el restante 7% de las metas no se contaba con datos actualizados al momento de presentación ante la Contraloría General de la República del informe de seguimiento en marzo de este año, en muchos casos porque la información necesaria no está disponible sino hasta una fecha posterior.
Es importante mencionar también que algunas metas han sufrido modificaciones, producto no solo del cambio de las condiciones macroeconómicas, sino además de ajustes que el mismo ejercicio de Gobierno ha generado. En total, 61 metas fueron reformuladas, es decir, redactadas de otra manera para que reflejaran de mejor forma lo que se quería hacer; 29 metas fueron aumentadas, 36 eliminadas, 33 disminuidas y 64 nuevas metas fueron creadas.
La información anterior permite hacerse una idea del grado de avance en el cumplimiento de las metas del Plan. Los números sin embargo no reflejan el enorme esfuerzo que el Gobierno ha realizado, ni la población que se ha beneficiado de la acción pública. Afortunadamente la ciudadanía reconoce positivamente la labor realizada hasta ahora, con la esperanza de que con el nuevo Gobierno se siga avanzando como hasta ahora.
El Plan está estructurado a partir de la definición de un conjunto de metas. Para su cumplimiento se organizó la labor del Gobierno en sectores, cada uno dirigido por un Ministro o Ministra, y del que forman parte todas las instituciones que contribuyen a alcanzar las metas definidas en el Plan.
Aquí es necesario resaltar un punto importante. El proceso de definición de metas se dio en un contexto económico muy diferente al actual. Esta observación, que parece innecesaria por obvia, es, sin embargo, importante, en tanto el cambio en la coyuntura derivó en el cambio de algunas metas, como lo veremos más adelante.
Las metas definidas en le Plan corresponden al cuatrienio, es decir, dan cuenta de lo que el Gobierno quiere alcanzar al final de su período. Obviamente, para que esto sea posible es necesario que las instituciones públicas ejecuten acciones específicas a lo largo de este plazo. Por ejemplo, la meta de construir una determinada cantidad de CEN-CINAI para el año 2010 está desagregada en todas las acciones necesarias para que esto ocurra, lo que significa que habrá que efectuar una valoración de necesidades comunales, diseñar carteles de licitación, efectuar concursos, resolver apelaciones, adjudicar a las empresas constructoras e iniciar la construcción y entregar las obras.
Todas estas acciones se programan año con año, asignándole la responsabilidad correspondiente a las instituciones involucradas en la consecución de esta meta. El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica tiene como responsabilidad el seguimiento y monitoreo del avance de las acciones planteadas anualmente por las instituciones, así como una estimación del progreso de las metas del cuatrienio.
Hechas las consideraciones anteriores, es posible brindar algunas estadísticas acerca del grado de cumplimiento del Plan. Hasta el 31 de diciembre del 2008, 30% de las metas han sido ya alcanzadas. Un 41% presenta un avance superior al 50%, lo que indica una alta probabilidad de que estas metas se cumplan al final del Gobierno. Un 9% de las metas presenta un atraso leve, muchas de ellas a la espera de alguna resolución de índole administrativo como paso previo para un avance importante, por ejemplo la construcción de un camino que está a la espera de resolver una apelación después de lo cual inicia una fase de ejecución que deriva en un avance considerable de la meta en un período de tiempo relativamente corto.
Un 13% de las metas presenta un atraso crítico. Algunas de ellas no podrán alcanzarse porque la caída de los ingresos fiscales obligó a un ejercicio de priorización que nadie quería hacer, pero que fue inevitable, dada la magnitud de la crisis. Otras, hay que reconocerlo, no fueron adecuadamente planteadas desde un principio, por lo tanto no podrán ser cumplidas. Otras más se alcanzarán, pero hasta después de haber finalizado la presente administración. Finalmente, algunas de las metas de este grupo serán cumplidas, pero presentan este grado de avance porque muchas están formuladas para cumplirse a partir del segundo semestre de este año, así como los primeros 5 meses del siguiente.
Para el restante 7% de las metas no se contaba con datos actualizados al momento de presentación ante la Contraloría General de la República del informe de seguimiento en marzo de este año, en muchos casos porque la información necesaria no está disponible sino hasta una fecha posterior.
Es importante mencionar también que algunas metas han sufrido modificaciones, producto no solo del cambio de las condiciones macroeconómicas, sino además de ajustes que el mismo ejercicio de Gobierno ha generado. En total, 61 metas fueron reformuladas, es decir, redactadas de otra manera para que reflejaran de mejor forma lo que se quería hacer; 29 metas fueron aumentadas, 36 eliminadas, 33 disminuidas y 64 nuevas metas fueron creadas.
La información anterior permite hacerse una idea del grado de avance en el cumplimiento de las metas del Plan. Los números sin embargo no reflejan el enorme esfuerzo que el Gobierno ha realizado, ni la población que se ha beneficiado de la acción pública. Afortunadamente la ciudadanía reconoce positivamente la labor realizada hasta ahora, con la esperanza de que con el nuevo Gobierno se siga avanzando como hasta ahora.
domingo, 23 de agosto de 2009
Un FEES justo y adecuado a la realidad
Es importante hacer un recuento del proceso de negociación sobre el FEES que se ha venido llevando a cabo desde hace varios meses. Contar con el panorama completo permitirá una mejor valoración de la oferta que hizo el Gobierno para el próximo año, la que, hasta este momento, no ha sido aceptada por las Universidades.
Las conversaciones entre Gobierno y Universidades se iniciaron cuando el Banco Central recalificó su proyección del comportamiento del PIB para el año 2009, que pasó de un crecimiento del 4.4% a una reducción de 1,8%. Esto significaba, si se aplicaba el mecanismo vigente para el cálculo del monto del FEES, que la estimación inicial que se había hecho, de alrededor de ¢195,000 millones para el 2009, tenía que ser reducida en poco más de ¢17,500 millones, dado que la actual fórmula de cálculo incluye un factor de indexación con el crecimiento del PIB. Dicho de manera sencilla, el monto del FEES aumenta, aparte de un porcentaje fijo que se otorga para preveer la inflación (y que se ajusta si la inflación termina siendo mayor a la estimada), lo que crece el PIB del país. Hasta ahora la fórmula ha sido muy positiva para las Universidades porque no solo el PIB no ha dejado de crecer, sino que además lo ha hecho de manera significativa. Pero para este año no solo no creció sino que se redujo, lo que significaba en la práctica que el monto estimado en octubre del año pasado debía ser ajustado acorde a la realidad económica del país.
El Gobierno, entendiendo que esta reducción podría tener un impacto enorme en el funcionamiento de las Universidades aceptó no hacer efectiva la rebaja de esos ¢17,500 millones, tal y como correspondía según el mecanismo de cálculo, pero solicitó que se aplazara el giro de aproximadamente la mitad de ese monto para el año entrante, una parte de la cual, dada la caída de los ingresos fiscales (cerca de $1000 millones), se financiará incluso con un recursos externos. Con un gran sentido de responsabilidad, las Universidades aceptaron esta propuesta, con lo que el tema del FEES para el 2009 quedó zanjado.
En este punto quisiera detenerme a llamar la atención sobre una cifra que menciono en el párrafo precedente y que merece un análisis especial. De la estimación de ingresos que sirvió para elaborar el presupuesto del Gobierno para este año, y dada la abrupta caída de la recaudación fiscal como consecuencia de la crisis económica y financiera, se tuvo que restar la nada despreciable suma de casi mil millones de dólares. Esto significa que el Gobierno cuenta con menos recursos para terminar el año, aun cuando está dispuesto a incurrir en un déficit fiscal para compensar esta caída. Pero lo cierto es que la situación es estrecha, para usar un término suave. En este contexto, la prioridad del Gobierno es proteger los programas sociales, para lo cual ha venido realizando los ajustes presupuestarios correspondientes. (A manera de ejemplo, MIDEPLAN recortó su presupuesto de este año en más de ¢100 millones, esfuerzo que, dado lo avanzado del año y el tamaño del presupuesto total de la institución constituyó un esfuerzo importante. Pero había que hacerlo).
Salvado el tema del presupuesto de este año, la Comisión de Enlace se abocó a la discusión del monto del FEES del año entrante. El Gobierno propuso un crecimiento de 6% más la inflación. Las Universidades respondieron con una propuesta que contiene un crecimiento del presupuesto de un 15% del FEES del año 2009, más el porcentaje de inflación del año, que el Banco Central estima en un 5%, más un monto fijo de $60 millones (sesenta millones de dólares) para equipamiento. Partiendo de los ¢195000 millones del FEES de este año, y haciendo una proyección del crecimiento del tipo de cambio, la cifra que se obtendría para el 2010 sería de al menos ¢274,000 millones de colones, un crecimiento nominal de alrededor del 40%.
A la luz del estado de las finanzas públicas esta propuesta resulta inalcanzable. Y aquí hay que dejar algo muy claro: todos los miembros de la Comisión de Enlace comprendemos con absoluta claridad la urgencia de invertir en educación. Pero existen factores coyunturales objetivos que deben ser valorados, como la disminución de los ingresos fiscales mencionada anteriormente, así como las necesidades de otros sectores, por mencionar solo algunos.
La contrapropuesta del Gobierno, definida a partir de un gran esfuerzo para buscar un punto intermedio que no frene el crecimiento real que han experimentado los presupuestos universitarios en los últimos años, y que le ha permitido a estas instituciones, en palabras de las autoridades universitarias, "un respiro para mejorar infraestructura y equipamiento", aumenta el FEES en un 16%, cifra que, contrastada con la situación fiscal, es a todas luces positiva. Pero además significa un aumento promedio real del 10% para cada año de la crisis, es decir, para 2009 y para 2010, porcentaje que coincide con lo que ha venido creciendo en el último quinquenio.
Esta propuesta significa que el FEES del próximo año alcanzará la cifra de ¢226,000 millones de colones, ¢31,000 millones más que el 2009. En las condiciones actuales, esta propuesta muestra el compromiso del Gobierno con la educación superior pública. Esperamos que las Universidades acepten este planteamiento, y que podamos iniciar desde ya la negociación de una nueva fórmula de financiamiento del FEES para el siguiente quinquenio, con la seguridad de que quienes integramos la Comisión de Enlace por parte del Gobierno, universitarios todos, estamos en la mejor disposición de encontrar un mecanismo favorable y que resulte aceptable para todas las partes.
Las conversaciones entre Gobierno y Universidades se iniciaron cuando el Banco Central recalificó su proyección del comportamiento del PIB para el año 2009, que pasó de un crecimiento del 4.4% a una reducción de 1,8%. Esto significaba, si se aplicaba el mecanismo vigente para el cálculo del monto del FEES, que la estimación inicial que se había hecho, de alrededor de ¢195,000 millones para el 2009, tenía que ser reducida en poco más de ¢17,500 millones, dado que la actual fórmula de cálculo incluye un factor de indexación con el crecimiento del PIB. Dicho de manera sencilla, el monto del FEES aumenta, aparte de un porcentaje fijo que se otorga para preveer la inflación (y que se ajusta si la inflación termina siendo mayor a la estimada), lo que crece el PIB del país. Hasta ahora la fórmula ha sido muy positiva para las Universidades porque no solo el PIB no ha dejado de crecer, sino que además lo ha hecho de manera significativa. Pero para este año no solo no creció sino que se redujo, lo que significaba en la práctica que el monto estimado en octubre del año pasado debía ser ajustado acorde a la realidad económica del país.
El Gobierno, entendiendo que esta reducción podría tener un impacto enorme en el funcionamiento de las Universidades aceptó no hacer efectiva la rebaja de esos ¢17,500 millones, tal y como correspondía según el mecanismo de cálculo, pero solicitó que se aplazara el giro de aproximadamente la mitad de ese monto para el año entrante, una parte de la cual, dada la caída de los ingresos fiscales (cerca de $1000 millones), se financiará incluso con un recursos externos. Con un gran sentido de responsabilidad, las Universidades aceptaron esta propuesta, con lo que el tema del FEES para el 2009 quedó zanjado.
En este punto quisiera detenerme a llamar la atención sobre una cifra que menciono en el párrafo precedente y que merece un análisis especial. De la estimación de ingresos que sirvió para elaborar el presupuesto del Gobierno para este año, y dada la abrupta caída de la recaudación fiscal como consecuencia de la crisis económica y financiera, se tuvo que restar la nada despreciable suma de casi mil millones de dólares. Esto significa que el Gobierno cuenta con menos recursos para terminar el año, aun cuando está dispuesto a incurrir en un déficit fiscal para compensar esta caída. Pero lo cierto es que la situación es estrecha, para usar un término suave. En este contexto, la prioridad del Gobierno es proteger los programas sociales, para lo cual ha venido realizando los ajustes presupuestarios correspondientes. (A manera de ejemplo, MIDEPLAN recortó su presupuesto de este año en más de ¢100 millones, esfuerzo que, dado lo avanzado del año y el tamaño del presupuesto total de la institución constituyó un esfuerzo importante. Pero había que hacerlo).
Salvado el tema del presupuesto de este año, la Comisión de Enlace se abocó a la discusión del monto del FEES del año entrante. El Gobierno propuso un crecimiento de 6% más la inflación. Las Universidades respondieron con una propuesta que contiene un crecimiento del presupuesto de un 15% del FEES del año 2009, más el porcentaje de inflación del año, que el Banco Central estima en un 5%, más un monto fijo de $60 millones (sesenta millones de dólares) para equipamiento. Partiendo de los ¢195000 millones del FEES de este año, y haciendo una proyección del crecimiento del tipo de cambio, la cifra que se obtendría para el 2010 sería de al menos ¢274,000 millones de colones, un crecimiento nominal de alrededor del 40%.
A la luz del estado de las finanzas públicas esta propuesta resulta inalcanzable. Y aquí hay que dejar algo muy claro: todos los miembros de la Comisión de Enlace comprendemos con absoluta claridad la urgencia de invertir en educación. Pero existen factores coyunturales objetivos que deben ser valorados, como la disminución de los ingresos fiscales mencionada anteriormente, así como las necesidades de otros sectores, por mencionar solo algunos.
La contrapropuesta del Gobierno, definida a partir de un gran esfuerzo para buscar un punto intermedio que no frene el crecimiento real que han experimentado los presupuestos universitarios en los últimos años, y que le ha permitido a estas instituciones, en palabras de las autoridades universitarias, "un respiro para mejorar infraestructura y equipamiento", aumenta el FEES en un 16%, cifra que, contrastada con la situación fiscal, es a todas luces positiva. Pero además significa un aumento promedio real del 10% para cada año de la crisis, es decir, para 2009 y para 2010, porcentaje que coincide con lo que ha venido creciendo en el último quinquenio.
Esta propuesta significa que el FEES del próximo año alcanzará la cifra de ¢226,000 millones de colones, ¢31,000 millones más que el 2009. En las condiciones actuales, esta propuesta muestra el compromiso del Gobierno con la educación superior pública. Esperamos que las Universidades acepten este planteamiento, y que podamos iniciar desde ya la negociación de una nueva fórmula de financiamiento del FEES para el siguiente quinquenio, con la seguridad de que quienes integramos la Comisión de Enlace por parte del Gobierno, universitarios todos, estamos en la mejor disposición de encontrar un mecanismo favorable y que resulte aceptable para todas las partes.
domingo, 16 de agosto de 2009
La gripe parece que le dió a otros
Un par de notas de La Nación hace unos días, así como la columna de Rodolfo Cerdas de hoy domingo me han dejado realmente sorprendido. En la primer noticia, el periodista Alvaro Murillo informa que "el presidente Óscar Arias carece de un documento que certifique su estado de salud... cuando se le pidió una copia del diagnóstico de gripe AN1H1". En esa misma edición, en la sección "Filas Cortas", Ronald Matute cuestiona que los exámenes del Presidente se hayan "procesado" con una celeridad que no se aplica al resto de la gente, y termina preguntándose "¿Será que no se les considera tan importantes?". Y para terminar, Rodolfo Cerdas considera que ciertos grupos (y, aunque no lo menciona, los periodistas de La Nación) tienen derecho a que se les demuestre fehacientemente y con documentos que efectivamente el Presidente tiene lo que dice la Ministra de Salud que tiene, pues "¿cómo no hacerlo si hay un ambiente de desconfianza, gracias a los misterios palaciegos con los bonos chinos y los fondos taiwaneses del BCIE, además de las mentiras con los pseudoestudios de Sardinal?"
En el cuestionamiento de Murillo y algunos grupos sindicales que exigen documentos para, a lo Santo Tomás, ver para creer, se esconde una velada acusación de que se está mintiendo en un tema tan serio, poniendo en entredicho de paso a profesionales de la categoría de María Luisa Avila y Ana Morice. ¿Cuál, según esta gente, sería la intención de la Presidencia de mentir sobre una cosa tan delicada como la salud de don Oscar? No puede ser el nivel de aprobación a su gestión, el más alto en los últimos 40 años. Tampoco querer desviar la atención sobre algún tema negativo, a menos que sean tan superficiales como para creer que la buena labor de este gobierno puede ser desestimada por una simple platina. Lo cierto es que con estos cuestionamientos se descubren un poco más y seguimos conociendo la verdadera naturaleza de estos grupos.
La queja de Matute parte de una severa intoxicación de democratismo populista. El Presidente de la República es, efectivamente, una persona igual que todas las que habitamos este país. Pero en este momento, es una persona con una responsabilidad excepcional, como ninguna que tenga alguno de nosotros. Desde esta perspectiva, aparte de la consideración humanitaria que debe tenérsele a una persona que pertenece a un grupo de riesgo, cuestionar la celeridad con la que se diagnosticó al Presidente es, en el mejor de los casos, bastante mezquino y poco solidario con un asmático crónico que además es el Presidente.
Por último, la columna de mi querido profesor no es más que la continuación de una cruzada personal que don Rodolfo Cerdas sostiene contra Oscar Arias, de quien dijera alguna vez "es el más político de los intelectuales y el más intelectual de lo políticos". No entiendo cómo su obnubilación con el Presidente haya llegado al punto de convertirse de caja de resonancia de estas desafortunadas insinuaciones, poniendo en tela de duda la honestidad de un diagnóstico realizado por dos profesionales de la salud de una trayectoria impecable como lo son la Dra. Avila y la Dra. Morice, y acudiendo para ello al refrito de noticias pasadas.
A veces pareciera que a quienes les dió la gripe fue a otros.
En el cuestionamiento de Murillo y algunos grupos sindicales que exigen documentos para, a lo Santo Tomás, ver para creer, se esconde una velada acusación de que se está mintiendo en un tema tan serio, poniendo en entredicho de paso a profesionales de la categoría de María Luisa Avila y Ana Morice. ¿Cuál, según esta gente, sería la intención de la Presidencia de mentir sobre una cosa tan delicada como la salud de don Oscar? No puede ser el nivel de aprobación a su gestión, el más alto en los últimos 40 años. Tampoco querer desviar la atención sobre algún tema negativo, a menos que sean tan superficiales como para creer que la buena labor de este gobierno puede ser desestimada por una simple platina. Lo cierto es que con estos cuestionamientos se descubren un poco más y seguimos conociendo la verdadera naturaleza de estos grupos.
La queja de Matute parte de una severa intoxicación de democratismo populista. El Presidente de la República es, efectivamente, una persona igual que todas las que habitamos este país. Pero en este momento, es una persona con una responsabilidad excepcional, como ninguna que tenga alguno de nosotros. Desde esta perspectiva, aparte de la consideración humanitaria que debe tenérsele a una persona que pertenece a un grupo de riesgo, cuestionar la celeridad con la que se diagnosticó al Presidente es, en el mejor de los casos, bastante mezquino y poco solidario con un asmático crónico que además es el Presidente.
Por último, la columna de mi querido profesor no es más que la continuación de una cruzada personal que don Rodolfo Cerdas sostiene contra Oscar Arias, de quien dijera alguna vez "es el más político de los intelectuales y el más intelectual de lo políticos". No entiendo cómo su obnubilación con el Presidente haya llegado al punto de convertirse de caja de resonancia de estas desafortunadas insinuaciones, poniendo en tela de duda la honestidad de un diagnóstico realizado por dos profesionales de la salud de una trayectoria impecable como lo son la Dra. Avila y la Dra. Morice, y acudiendo para ello al refrito de noticias pasadas.
A veces pareciera que a quienes les dió la gripe fue a otros.
viernes, 7 de agosto de 2009
¿Software libre o morir?
Últimamente se ha generado un intenso debate alrededor de un proyecto de ley que pretende obligar a las instituciones del Estado a utilizar solo software libre. Esta es una discusión que viene produciéndose desde hace ya varios años, a veces, creo yo, por las razones equivocadas.
Las necesidades de software de las instituciones deben satisfacerse en consideración de elementos estrictamente tecnológicos. Pareciera una verdad de Perogrullo decir algo así, pero lo cierto es que oyendo algunos defensores del proyecto mencionado uno percibe un fuera de lugar sesgo ideológico en detrimento de lo que debería ser una estricta valoración técnica y de oportunidad. Lo cierto es que en la multiplicidad de alternativas informáticas existentes, es posible encontrar software propietario que permita una solución expedita, segura y de bajo costo. Y cerrar esa puerta parece innecesario, aparte de derivar en una inflexibilidad administrativa que puede ser inconveniente en un entorno tan dinámico como el actual. ¿Quién puede preveer el futuro de la industria de software en el mundo, incluyendo el desarrollo de nuevos esquemas de comercialización que permita reducir sustancialmente los costos actuales?
La alternativa es la neutralidad tecnológica. Defender esta posición es complicado porque, primero, quienes lo hacen se exponen a ser acusados de tener intereses ligados a empresas desarrolladoras de software. Además el argumento de la diferencia en el costo de las opciones deslumbra e invisibiliza otros aspectos igualmente importantes. Pero hay que seguir insistiendo.
Las necesidades de software de las instituciones deben satisfacerse en consideración de elementos estrictamente tecnológicos. Pareciera una verdad de Perogrullo decir algo así, pero lo cierto es que oyendo algunos defensores del proyecto mencionado uno percibe un fuera de lugar sesgo ideológico en detrimento de lo que debería ser una estricta valoración técnica y de oportunidad. Lo cierto es que en la multiplicidad de alternativas informáticas existentes, es posible encontrar software propietario que permita una solución expedita, segura y de bajo costo. Y cerrar esa puerta parece innecesario, aparte de derivar en una inflexibilidad administrativa que puede ser inconveniente en un entorno tan dinámico como el actual. ¿Quién puede preveer el futuro de la industria de software en el mundo, incluyendo el desarrollo de nuevos esquemas de comercialización que permita reducir sustancialmente los costos actuales?
La alternativa es la neutralidad tecnológica. Defender esta posición es complicado porque, primero, quienes lo hacen se exponen a ser acusados de tener intereses ligados a empresas desarrolladoras de software. Además el argumento de la diferencia en el costo de las opciones deslumbra e invisibiliza otros aspectos igualmente importantes. Pero hay que seguir insistiendo.
domingo, 2 de agosto de 2009
Elegir bien
Un rápido comentario sobre la inminente elección del próximo (a) Defensor (a) de los Habitantes. Me llama la atención que muchos "analistas" exijan que se elija a alguien "sin ningún tipo de ligámen con partidos políticos". Mejor dijeran lo que realmente piensan, que se oponen a la aspiración de una diputada oficialista que parece tener interés en el cargo. Estoy seguro que si fuera alguien de otro partido político no tendrían la misma reticencia.
Como bien lo dice Manuel Rojas en una entrevista que aparece en la edición actual del Semanario Universidad, aquí lo que se tiene que valorar es la trayectoria de quien aspira,su preparación para el puesto. Aunque algunos encuentren esto difícil de creer, se puede ser miembro de un partido político y ser íntegro, y no se es honesto solo si se pertenece a un partido específico.
Sandra Piszk ha sido una de las mejores Defensoras que ha tenido el país y fue electa al cargo siendo diputada. Así que hay precedentes que pueden guiar la elección. Mejor elegir a alguien, aun cuando milite en un partido político, si va a hacer una buena labor, que elegir a alguien que no milite, aunque sea incluso más político en su gestión que cualquier otro. Para eso también tenemos precedentes.
Como bien lo dice Manuel Rojas en una entrevista que aparece en la edición actual del Semanario Universidad, aquí lo que se tiene que valorar es la trayectoria de quien aspira,su preparación para el puesto. Aunque algunos encuentren esto difícil de creer, se puede ser miembro de un partido político y ser íntegro, y no se es honesto solo si se pertenece a un partido específico.
Sandra Piszk ha sido una de las mejores Defensoras que ha tenido el país y fue electa al cargo siendo diputada. Así que hay precedentes que pueden guiar la elección. Mejor elegir a alguien, aun cuando milite en un partido político, si va a hacer una buena labor, que elegir a alguien que no milite, aunque sea incluso más político en su gestión que cualquier otro. Para eso también tenemos precedentes.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)