Las lecciones de Panamá Papers

La saga de los denominado Panamá Papers nos ha dejado varias conclusiones:

- Sin duda los papeles ponen sobre la mesa temas de gran importancia, sobre todo en el actual entorno de limitaciones fiscales que atraviesa el país. Pero a veces los énfasis son los equivocados. El tema de fondo debería ser, no quienes evaden, si no mas bien cómo cerrar los portillos que lo permiten. Lo mismo pasa con la elusión. El debate que abre la revelación de los papeles no debería ser sobre nombres –ya cada uno asumirá la responsabilidad de sus actos-,  sino sobre un tema vital: la impostergable modernización de nuestra legislación tributaria.

- Desde esta perspectiva, sorprende la torpeza del gobierno al dejar pasar una valiosa oportunidad para acelerar el trabajo en temas fiscales. En un momento en que la presión de la ciudadanía sería un factor que pocos partidos políticos podrían ignorar, el gobierno deja plantados a diputados de varias fracciones en una reunión en la que se iba a discutir la posibilidad de aplicarle vía rápida al proyecto contra el fraude fiscal. Uno más en la cadena de yerros que ha caracterizado el manejo legislativo por parte del Ejecutivo. Por cierto que tampoco ayuda en las relaciones de Zapote con Cuesta de Moras la jugarreta utilizada para nombrar a un regulador general cuestionado por su relación laboral con una de las empresas sujetas a regulación (el ICE). Ya podríamos imaginar el escándalo si se hubiese nombrado en este puesto a alguien que viniera de alguna empresa telefónica privada.

- Que el debate no se haya centrado en los temas sino en los nombres, es un defecto de origen propiciado por un ejercicio periodístico deficiente o llanamente malintencionado. Cuesta entender como se decidió publicar ciertos nombres en una lista que se presentó como la de los “empresarios que refugian fortunas en paraísos fiscales”, aun cuando el análisis de sus casos evidenciaba que no había habido ninguna actuación ilegal o ni siquiera censurable. Los casos de María Luisa Ávila, Eduardo Ulibarri y el mismo Otto Guevara son una muestra de esto. Pero claro, para causar algún impacto, y después de constatar que ningún nombre relevante aparecía en los papeles como involucrado en cosas claramente ilegales o censurables, lo mejor era ser ambiguo. Pero al adoptar ese curso de acción, el semanario se disparó en su propio pie y se convirtió en blanco de críticas en muchos casos justificadas. Los periodistas se volvieron la noticia, y eclipsaron los temas de fondo. ¿Cayeron en una trampa del ego?

- Alguna parte de los medios y algunos periodistas y socios de medios criticaron al semanario por ese chapucero uso de una información tan valiosa. Mencionaron su falta de rigor, y un desbalance que denotaba alguna intención adicional a la de dar a conocer los papeles. Pues bien, de eso que ellos se quejan ahora, se ha venido quejando desde hace tiempo una buena parte de los actores políticos, económicos y sociales en el país, respecto a la práctica periodística de algunos de esos medios y algunos de esos periodistas. Si de este incidente saliera un ejercicio de rigurosa revisión de estándares y enfoques, el país saldría ganando mucho. El punto de partida podría ser este artículo de El Observador de Uruguay.

- Un analista se sorprende de las virulentas reacciones que generó una columna que escribió, en un tono inusualmente mesurado, sobre este tema. Otro se queja con gran vehemencia de que su nombre fue incluido, con una gran falta de rigor, como uno de los personajes con prácticas cuestionables. No dicen nada de lo que han contribuido cada uno de ellos, junto con otros “analistas”, a este ambiente de crispación y ligereza, que en mucho caracteriza el debate público en Costa Rica.  El análisis no puede ser una reelaboración sofisticada de prejuicios populares,  ni tampoco un discurso lleno de epítetos, detrás del dedo acusador que señala a todos sin hacer diferencias. La gente merece mejores análisis que la retórica y el verbo incendiarios.

- Lo anecdótico: personas que tomaron la renuncia del primer ministro islandés como una confirmación de que todos los costarricenses que aparecían en la investigación eran culpables… de algo; los esfuerzos que hicieron los periodistas del semanario Universidad para que apareciera el nombre de Oscar Arias en el reportaje, al mencionar un homenaje que le hizo una empresa que quería abrir una subsidiaria en Panamá, sin que viniera a cuento ni tuviera nada que ver con los papeles; y cómo ciertas facturas no caducan, tal y como nos parecen recordar los periodistas del semanario que fueron despedidos de La Nación.

Ojalá que cuando se desvanezca la cacofonía sin sentido que domina actualmente la discusión alrededor de estos papeles, se imponga la cordura y podamos modernizar como corresponde nuestra legislación tributaria. Y que todos los involucrados revisen lo actuado y pongan las barbas en remojo.

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Recuerden escuchar el Café Futbol de esta semana, podcast producido por Alvaro Gallardo y Alberto Alfaro

Bajo el ojo del Ministerio Público

El periódico La Nación de hoy 27 de marzo publica en portada, y dedica dos páginas -incluyendo un sugerente "infograma" que ocupa una página completa-, a un refrito de una información que ya AmeliaRueda.com y REPRETEL habían dado a conocer hace aproximadamente tres semanas y CRHoy.com hace casi 2 meses. Por ser uno de los funcionarios mencionados en esa nota, quisiera expresar no sólo mi malestar por la forma, sino además hacer algunas aclaraciones por el fondo.

Primero que nada, y para decirlo con todas las palabras: no hay ninguna acusación en mi contra. Lo que existe es una investigación por parte del Ministerio Público para valorar si hay mérito suficiente para presentar una acusación. Entiendo que lo que esta investigando la Fiscalía es una denuncia de la Defensoría de los Habitantes contra el Consejo Nacional de Concesiones por haber autorizado -supuestamente antes de tiempo-, la apertura de la carretera a Caldera. Y digo que entiendo que se trata de eso porque el procedimiento es tan preliminar que ni siquiera se notifica a quienes están siendo investigados, sólo si se encuentran elementos que sustenten la posibilidad de presentar una acusación, en este caso, de incumplimiento de deberes.

En este punto quisiera hacer algunas observaciones. Las decisiones que tomamos en el CNC respecto a la carretera a Caldera no fueron arbitrarias, se apoyaban en informes tecnicos de los profesionales autorizados. Pero igual debo esperar respetuosamente la valoracion que haga el Ministerio Público de la evidencia que ha venido recabando en los casi tres años que tiene de analizar el caso. Y si concluyera que existen elementos para presentar una acusación formal, inmediatamente renunciaría a mi inmunidad para enfrentar, con la verdad en la mano, el proceso judicial que se pudiera originar.

Ese es mi caso. Como puede verse, se trata de un proceso en etapas muy preliminares por una causa muy específica, de una naturaleza muy particular. Pero en la portada de La Nación de hoy, debajo del titular principal "Fiscalía indaga a 18 altos funcionarios públicos" hay un subtitulo que dice "En Ejecutivo y Legislativo. Chinchilla, miembros del gabinete y diputados en causas por abuso de autoridad y hasta tráfico de influencias". O sea, los 18 investigados lo son por abuso de autoridad y HASTA tráfico de influencias. Transmite una idea equivocada. Y esa puede ser la única con la que la gente se quede.

Esa impresión se refuerza con el infograma titulado "Bajo el ojo del Ministerio Público", en donde las 18 personas investigadas son presentadas de manera especialmente llamativa a lo largo y ancho de una página del periódico. A la par de cada foto de los que estamos "bajo el ojo del Ministerio Público", una brevísima explicación de las causas, mientras que debajo de las fotos se especifica -en mayúscula-, el supuesto delito. En mi opinión, la información presentada en esta página no es suficiente para hacerse una idea de las particularidades de cada caso, lo que podría ayudar a hacer diferencias que a mi parecer son relevantes.

Claro, esa insuficiencia informativa se pudo haber compensado entrevistando a los involucrados. Esa deferencia solo la tuvo el diputado José María Villalta, el único de los 18 mencionados a quien se le dio la oportunidad para referirse -en este caso desestimar como falsa-, a la denuncia que origina la investigación del Ministerio Público. Suerte que tienen algunos de contar con simpatías en el lugar adecuado.

Notas como esta lo dejan a uno indefenso ante la opinión pública. No tuve el chance, no lo tuvo nadie salvo el diputado Villalta, de contextualizar mi caso. De proveer mas información que pudiera, tal vez, contrarrestar la impresión que puede haberle quedado a alguien de que a mi se me está investigando por "abuso de autoridad y hasta tráfico de influencias". Tal vez no habría tenido que explicarle a mi hija angustiada que me llamó para preguntarme por qué mi imagen era desplegada tan llamativamente, como si fuera miembro de algún cartel de corruptos "bajo el ojo del Ministerio Público". No habría tenido que explicarle a un sorprendido Guillermo Zúñiga por qué aparece en esta nota, dado que nadie lo ha notificado nada. Pero solo el diputado Villalta tuvo ese valioso espacio.


No se puede ser tan superficial para informar sobre cosas como esta. Ojo que yo no estoy diciendo que no se debe informar. Todo lo contrario, lo que digo es que hay que hacerlo de la mejor manera posible. Presentar denuncias lo puede hacer cualquier y no tiene consecuencias para quien las presenta, sean ciertas o no. El Ministerio Público cumple con su responsabilidad investigando si la denuncia tiene mérito o no. Eso es todo.