Concesión no, carretera tampoco

La viceministra de Transportes se sumó esta semana a los miles de costarricenses que en medio de las interminables presas de la ruta San José-San Ramón han arribado a la misma dolorosa conclusión: tal vez habría sido mejor haber hecho la carretera bajo el esquema de la concesión.


La historia todos las conocen. El Gobierno anunció el traspaso de la concesión de la antigua concesionaria a una firma brasileña. Casi inmediatamente comenzó la oposición al proyecto. En el grupo opositor confluyeron distintos actores con distintas motivaciones. Algunos movidos por razones ideológicas, opuestos a la concesión de obra pública sin plantear alternativas; otros, teniendo un ojo puesto en las elecciones del 2014, algunos incluso en las del 2016. Todos además, ilusamente –o tal vez no-, haciéndole el juego a algunas compañías constructoras que alimentaban el descontento para traerse abajo la concesión,  con la secreta esperanza de poder obtener ese contrato.

Este bloque opositor contó además con el apoyo irrestricto de algunos medios de comunicación, que a dos manos se sumaron al movimiento. No hubo debate equilibrado. No solo periodistas como Pilar Cisneros y Amelia Rueda convirtieron sus espacios informativos  en cajas de reproducción de los incompletos –por no decir falsos-, argumentos de los opositores a la concesión, sino que además brindaron un espacio privilegiado a todo aquel que quisiera expresar su rechazo al plan.

La discusión de los méritos técnicos del proyecto quedó enterrada bajo el aluvión de falsedades, inexactitudes e interpretaciones interesadas que fueron reproducidas una y otra vez en algunos medios de comunicación. Los candidatos presidenciales a las elecciones del 2014, incluido el del partido oficial, fueron incapaces de sustraerse de este ambiente enrarecido y ninguno abogó por lo menos por un debate mesurado y basado en el mérito técnico. En medio de la gritería ensordecedora que acusaba a quien osara defender la concesión de corrupto, se sumaron causas judiciales en contra de las autoridades responsables del proceso, lo que fue objeto de profusa cobertura en algunos medios que mas parecían agencias de relaciones públicas de constructoras que otra cosa.

Pero ahora, cuando la situación en la ruta 1 sigue siendo la misma, miles de costarricenses, muy tarde ya, comienzan a darse cuenta que pudo haber sido un error no haber seguido adelante con la concesión. En las tres y hasta cuatro horas que tienen que pasar en esa carretera diariamente, la idea de que ya para este momento se habría ejecutado la totalidad del proyecto, frente a la incertidumbre de la alternativa del fideicomiso, debe atormentar a muchos, que comienzan a poner en una justa perspectiva lo que se quería hacer.

Las razones para rechazar la concesión pierden peso ante la realidad actual de la carretera, pero sobre todo, ante algunos elementos que comienzan a emerger alrededor del proyecto que se proclamó la panacea para resolver el tema. Primero, la fecha de inicio del proyecto sigue siendo incierta, pero todo apunta que no será antes del segundo semestre del 2018, sino es que termina siendo el primero del 2019 (y sin contar la posibilidad de que no pueda hacerse por una cuestión de costo, a menos que el gobierno se meta la mano en la bolsa y aporte un subsidio millonario).

Segundo, como parte del financiamiento del fideicomiso, se aumenta el peaje de la carretera en este momento, meses, si no años, antes de iniciar la construcción, con los que miles de vecinos de Occidente verán aumentar su gasto sin recibir nada a cambio. Y tercero, la obra tendrá un costo tal que resultará en un peaje similar al que iba a cobrar en la concesión. Esto se justifica afirmando que se trata de una obra de dimensiones mayores a la que se planteaba en la concesión, pero la verdad es que el costo del peaje fue el argumento central que se utilizó para oponerse a la concesión, aunque ahora, por supuesto les conviene, quieran minimizarlo.

Mientras tanto, los tribunales de justicia rechazaron una a una, y de manera definitiva, las acciones presentadas por particulares en contra de jerarcas de la administración pública: la alucinante demanda por distintos delitos presentada por un particular personaje en contra de decenas de funcionarios públicos nacionales e internacionales, ha sido rechazada repetidamente. Lo mismo con un proceso contencioso administrativo, cuestionando la validez del contrato y su traspaso, ha sido archivado de manera definitiva por parte del Tribunal Contencioso-Administrativo. Las causas que fueron utilizadas maliciosamente para generar dudas alrededor de la actuación del gobierno, y que algunos medios presentaron, pese a las absurdas premisas que las sustentaban, como una prueba de que había acciones cuestionables, han sido archivadas y desestimadas de manera definitiva.



De esta experiencia deberíamos derivar algunas enseñanzas para el futuro. Primero, que los debates alrededor de temas públicos tienen que separar el campo de la ideología del de la técnica. Incluso este gobierno, cuyo aliado político el Frente Amplio es el adalid contra la figura de concesión de obra pública, ha tenido que admitir, en la figura dela viceministra y el mismo ministro, que la concesión es un instrumento válido para el desarrollo de infraestructura. Segundo, que los espacios mediáticos para la discusión de política pública deben ser equilibrados, y que periodistas que no saben de un tema deben fungir como facilitadores del debate, no como jueces de la pertinencia de las posiciones, como lo hicieron en su momento Cisneros y Rueda. Y tercero, que las acusaciones temerarias antes estrados judiciales no representan bajo ninguna circunstancia una confirmación de culpa, por más que actores interesados quieran presentarlo así.


Si por lo menos ganamos eso, tal vez valga la pena el sacrificio diario de miles de personas que siguen sufriendo las consecuencias del cálculo político, la desinformación y la mala intención.

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"Más rápido en la casa, menos tiempo en la presa"

La épica promesa del presidente Solís –una de tantas-, de eliminar las presas en el área metropolitana, es posiblemente la mas recordada por los miles de conductores atrapados en las interminables procesiones que tratan de movilizarse por nuestras saturadas calles. El problema ciertamente no es nuevo, pero si lo fue el tajante ofrecimiento del entonces candidato y ahora presidente: “más rápido en la casa, menos tiempo en la presa”.

 Como era de esperarse, las redes sociales se han visto inundadas, sobre todo entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche, con la imagen en la que el entonces candidato hizo su audaz promesa. Y es de esperarse que esto siga siendo así, sobre todo en invierno, cuando las presas se agudizan exponencialmente.

Varias reflexiones se derivan de esto. Primero, el costo político de promesas hechas alegremente, con un desconocimiento esencial de la complejidad de los problemas públicos (o como lo diría el presidente mismo, “no es lo mismo verla venir que bailar con ella”), que le ha venido pasando la factura política a un gobierno que hasta ahora no ha podido cumplir ninguno de sus ofrecimientos de campaña.

Segundo, las respuestas del presidente a los interrogantes de la prensa han sido muy reveladoras de lo que ha sido este gobierno. Se trata de un problema de cantidad de carros, dice Solís, carros que además no los compra él y por lo tanto, no es su responsabilidad. La solución, dice muy candorosamente el presidente, a sugerencia de algunos ministros, es llamar a las autoridades del Tránsito, veinticinco meses después de haber asumido el cargo, a “una reunión”, en donde se discutiría el asunto.

De aquí se pueden extraer algunas conclusiones. Nos enteramos que de alguna manera el presidente parece creer que el problema de las presas le es ajeno, porque se deriva de una situación, la cantidad de carros en las calles, de la que no es responsable. Confirmamos además que la promesa hecha en campaña era una que pretendía recoger una preocupación de la gente, pero que no existía un plan definido; la respuesta, sugerida además por ministros y no por el mismo presidente, es “hacer una reunión”. O sea, nada nuevo.

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En redes sociales, abrumados por el volumen de la recriminaciones alrededor de este tema de las presas y las promesas incumplidas, los pocos apologistas que aun tiene gobierno, acudieron al penoso y cada vez menos efectivo recurso de utilizar una imagen en donde supuestamente aparece la ex Presidenta Chinchilla, afirmando que “hoy los colapsos viales son tan solo recuerdos”.

El argumento es penoso porque la lógica que lo sustenta parece ser “si la ex Presidenta Chinchilla dijo algo así sin ser cierto, no importa que Solís haya hecho promesas  que no ha podido cumplir”. Pero además, porque la afirmación de doña Laura se da en un contexto que sus críticos, algunos de los cuales exhiben un comportamiento realmente patológico contra la ex Presidenta , invisibilizan, vaya usted a saber si por pura mala intención o por pura pereza mental.

Como puede verse en la imagen que se muestra abajo, la afirmación de la ex Presidenta se da en el contexto de valorar el impacto del cambio climático en nuestra infraestructura, como parte de su último informe presidencial del 1ero de mayo del 2014. En la imagen de la que se han valido algunos para seguir vilipendiando a doña Laura, se agrupa texto y se ignora el contexto. No es claro si la imagen es montada en este momento, cosa que no sería de extrañar, o si el efectivamente el medio responsable de ese gráfico lo hizo de esa manera, cosa que tampoco sería de extrañar. En ambos casos, se trata de una caracterización parcial,  incompleta, poco rigurosa y/o malintencionada.

Lo cierto es que ante la magnitud del problema del colapso vial,  con un Estado atado, que dura años para desarrollar infraestructura que pudiera permitir superar esta situación, es el momento de pensar soluciones sostenibles y de largo plazo. Pero también es momento de pensar soluciones con mente abierta: como dice el ex Vicepresidente Luis Liberman, seguir haciendo las cosas como se hacen ahora simplemente no es opción.

El exdiputado y exministro Francisco Chacón ha sugerido la promulgación de una ley de emergencia en esta materia, con metas definidas y estableciendo mecanismos de contratación extraordinarios que permitan agilidad. Esa es una opción que hay que considerar. Mientras tanto, en las leyes actuales hay espacio para facilitar el desarrollo de infraestructura, por ejemplo por medio de iniciativas público privadas, y convenios de gobierno a gobierno, como el que se hizo con China para la ampliación de la ruta 32. Igual se puede continuar utilizando la UNOPS (United Nations Office for Project Services), como se hizo en el gobierno anterior, para agilizar los procesos de contratación. No estaría de más incluir estos temas en la reunión convocada por el presidente a sugerencia de sus ministros; a ver si comienzan a hablar en serio del tema.

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Como siempre, los invito a escuchar el podcast Café Futbol, producido por Alvaro Gallardo, Alberto alfaro y Leo Pandolfi. esta semana con una interesante discusión sobre la Copa América.

Sobre juicio de doña Laura vs Rodríguez Baldi

Oyendo a la Presidenta del Tribunal del juicio de doña Laura Chinchilla contra Rodríguez Baldí, dice que se absolvió a este tipo porque no se demuestra "objetivamente" que la publicación que hiciera en su Facebook haya causado daño al honor de la expresidenta.

Si decir falsamente -porque quedó claro en el juicio que no fue así-, que doña Laura había comprado una propiedad de $2,5 millones, que tiene acciones en una empresa de generación eólica y que ha aumentado su bienestar material de manera acelerada no constituyen afirmaciones que dañan el honor, pues no tengo idea de qué podría serlo.

Y no se trata, como algunos han empezado a decir, de la defensa del derecho a criticar, a vigilar e incluso a insultar a los funcionarios públicos. Se trata de no decir cosas que sean falsas y no atenten en contra del honor de las personas. Nadie, en aras de la libertad de expresión, tiene derecho a llamar a nadie ladrón sin tener pruebas para sustentar semejante acusaciones. Estas cosas debilitan, al contrario de los que algunos piensan, a la democracia.

Quienes hemos fungido en cargos públicos sabemos que estamos expuestos al escrutinio público, que es además 24/7 en esta época de las RRSS. Uno sabe que hay que aguantar palo, porque es consustancial a la naturaleza de los cargos públicos. Pero eso no debería significar que esa flexibilidad, esa tolerancia no tenga límites, como parece derivarse de lo que la Presidenta del Tribunal dijo. Si aceptamos como cierta esta premisa, sólo a quienes no les importe su honor aspirarán a cargos públicos. Y no se sí esa gente es la que queremos al frente del país.

Con la frente en alto

A pocas horas de dejar mi cargo como Ministro de Planificación Nacional y Política Económica me abruman sentimientos contradictorios. Un gran alivio por haber terminado otro ciclo de servicio público, satisfacción por todo lo logrado; una gran angustia y desazón por aquellas cosas que no pudimos terminar, ilusión por lo que viene, pero sobre todo, una enorme nostalgia por dejar a un equipo de trabajo que me acompañó en MIDEPLAN. Casi seis de los últimos siete años los pasé al frente del Ministerio. No es poca cosa.

Me voy agradecido con la Presidenta Chinchilla, que me dio la oportunidad de servirle a mi país desde dos puestos en su gobierno. Profundamente agradecido con el sector municipal, que me brindó siempre su apoyo, aun cuando no pude cumplir la promesa de aprobar la primera ley de transferencia de competencias. En deuda permanente con lo cientos de regidores y síndicos en todo el país que siempre me expresaron su cariño y nos ayudaron a ayudar. Conmovido hasta la médula recordando las miles de bendiciones, abrazos y buenos deseos de personas en comunidades que expresaban así su agradecimiento por las cosas en las que pudimos ayudarlos. Emocionado al recordar el apoyo de la cooperación internacional.

Estoy seguro que me equivoqué. Estoy seguro que muchas veces no me apliqué suficiente, que no di el paso extra. Estoy seguro que como Ministro dejé de hacer cosas que debía hacer o no las hice bien. Pero también estoy seguro que actué, como todos mis colegas de gabinete, con absoluta honestidad. Correcto o equivocado. Pero siempre honestamente, que es la única manera que se puede ser honesto. Puedo tener mucho de qué arrepentirme, pero no tengo nada de qué avergonzarme.

Así que sobre todo, y con absoluta convicción, me voy con la frente en alto. 

La realidad en datos

La valoración de la gestión de un gobierno debería ser, si se aspira al equilibrio y la objetividad, un ejercicio que incluya al menos dos ámbitos: el político propiamente dicho con todo lo que esto implica, y el de los resultados concretos, a la luz de lo prometido en la campaña electoral. En el caso del actual Gobierno, se ha puesto un marcado énfasis en la evaluación y análisis de lo primero, y se ha sistemáticamente ignorado lo segundo. Al respecto quisiera aportar algunos datos que podrían ser relevantes para un balanceado ejercicio de análisis de la actual gestión.

Los datos que voy a citar como prueba de lo que se ha venido avanzando, son los mismos que se han utilizado en otras ocasiones para criticar la gestión de este y otros gobiernos. El mismo rigor, corrección y objetividad tienen ahora que exhiben un comportamiento positivo, que el que tenían cuando mostraban una situación diferente.

Los mismos datos del Organismo de Investigación Judicial que en el pasado nos reflejaban una situación crítica en materia de seguridad, son los que ahora nos indican una disminución del 17% en la tasa de homicidios entre el año 2011 y 2012, y que la tasa de asaltos a viviendas y de robo de vehículos se ha reducido en un 10,6% y un 15% respectivamente.

Los mismos datos de la Encuesta Nacional de Hogares que nos mostraron una alza sostenida en el porcentaje de hogares pobres en los últimos 5 años, son los que ahora muestran que en el 2012 la tasa exhibió un comportamiento diferente, disminuyendo un 1%.

Los mismos datos del Banco Central de Costa Rica que decían que en el 2008 el Producto Interno Bruto se había contraído en un 1,3%, son los que nos dicen que el crecimiento económico el año pasado alcanzó un 5.1%, el más alto de los últimos 5 años. Son los mismos datos que apenas hace un año nos mostraban tasas de interés rondando el 11%, los que hoy nos muestran la misma tasa en 6,65%. Y todo esto con una tasa de inflación que es de las mas bajas en los últimos 40 años.

Los mismos datos de la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) que hace poco mas de un año reflejaban una tasa de desempleo cercana al 11%, son los que ahora muestran una disminución de un 1,1%, después de una creación de empleo de 172,000 puestos de trabajo en los últimos 24 meses. Es esa misma encuesta la que muestra que miles y miles de costarricenses, estimulados por la perspectiva positiva de encontrar trabajo, se incorporaron a la fuerza de trabajo a una tasa que triplica la del crecimiento de la población.

Todos los datos utilizados tiene un fundamento. No es trata de una invención ni de una Costa Rica inexistente. La constante de quienes disputan la veracidad de estos datos es acudir a lo anecdótico o a simplemente desconocerlos mediante un lapidario pero infundado “eso no es cierto”. Si esos indicadores no son ciertos o “no reflejan la realidad”, habría que valorar seriamente cerrar las instituciones que los producen. Si decidimos que la intuición o visiones parciales o interesadas de la realidad tienen un valor superior a esos datos construidos con rigor y objetividad, nunca podremos tener una adecuada y –por qué no decirlo-, justa, evaluación de las políticas públicas.

Como lo mencioné al inicio, valorar la acción de un gobierno es un ejercicio integral. Hay algunos que parecen estar interesados en centrar la evaluación del gobierno de la Presidenta Chinchilla exclusivamente en algunos aspectos. Y no es que estos ámbitos no sean importantes, pero tampoco se puede negar la realidad de los números. Y estos números nos muestran que en el año 2012, se propició el círculo virtuoso al que aspira todo gobierno: un crecimiento económico que generó empleo, lo que resultó en un aumento del ingreso familiar promedio (en un 6,9%, por encima de la inflación) y una disminución de la pobreza. Esa es la realidad irrefutable de los números.

Números que nos indican que, en el último año, miles de mujeres se incorporaron a la fuerza de trabajo, muchas de ellas aprovechando la oportunidad que les da una red de cuido que ahora alberga a 29,000 niños y a 10,000 adultos mayores. Que confirman el esfuerzo que ha venido haciendo el Gobierno para revitalizar la infraestructura nacional, con proyectos en marcha como la carretera a San Carlos, la ampliación de la ruta entre Liberia y Cañas, la carretera Chilamate-Vuelta de Kopper, la recién iniciada 27 de Abril-Villareal, así como las decenas de intervenciones en la red vial cantonal que las municipalidades ejecutan con el apoyo de un préstamo de $200 millones del BID.

La realidad ineludible de los números nos muestra que hoy hay 22,000 nuevos técnicos egresados del INA, 90 nuevos programas de educación técnica que abrió el MEP en estos tres años y que permitieron que 22,000 jóvenes mas pudieran elegir esta opción educativa. Que 8,000 jóvenes que no estudian y no tienen empleo, se beneficien de EMPLEATE, en ruta a incorporarse a la fuerza de trabajo, o que 380.000 estudiantes reciban becas de FONABE o Avancemos. O que nuestras exportaciones crezcan a tasas inusitadas en un mundo que apenas se recupera de la crisis económica y financiera del 2008-2009. O que, pese a la visión de algunos que no hay nada bueno en este país, inversionistas internacionales sigan trayendo miles de millones de dólares, en una obcecada confirmación de nuestro buen nombre a nivel internacional, ratificado por la reciente visita de los Presidentes de la primera y segunda economías del mundo.

De datos así está llena la realidad costarricense del 2012. Todos con fundamento sólido. Refleja la acción de un Gobierno que ha venido paulatinamente cumpliendo lo que se le prometió a los costarricenses, que ha tenido claro su norte desde el primer día. Si a algunos no les gusta lo que muestran esos datos, o quieren invisibilizarlos para darle énfasis solo a otros aspectos, eso no es culpa de la Presidenta. La culpa es de la realidad, terca e inconmovible, que no cambia a voluntad de quienes quieren mostrarla de una manera parcial.

No hay incomodidad

Don Víctor Hugo Murillo y don Armando Mayorga se refieren en la columna “Buenos Días” del 12 y 13 de octubre, respectivamente, al tema de algunos incidentes que se han suscitado involucrando a periodistas que cubren la información de Casa Presidencial. Ambas columnas comparten una premisa: que lo sucedido se deriva de alguna manera por la renuencia de la presidenta de la República a referirse a temas “incómodos”.

Esta es una apreciación que no tiene sustento en los hechos mismos tal y como sucedieron, pero mucho menos cuando se examina la relación que a lo largo de su carrera política ha tenido la Presidenta con la prensa.

En ninguno de los casos mencionados la Presidenta se negó a dar declaraciones porque las preguntas que se hacían eran incómodas. En el caso del periodista Álvaro Murillo, doña Laura ya le había contestado 5 o 6 preguntas antes de retirarse para continuar con una gira que efectuaba por tres cantones de la provincia de Cartago. Es importante mencionar que la pregunta que don Álvaro no pudo hacer versaba sobre temas que ya había tocado en sus preguntas anteriores.

En el caso de los periodistas Mata y Martínez, a ambos se les había informado de previo que la Presidenta no iba a contestar preguntas en ese momento. Al primero porque se tenía programada una conferencia de prensa para el día siguiente y se consideraba más apropiado este espacio para evacuar con más tiempo las consultas de la prensa; y al segundo porque, como se ha venido haciendo en las actividades públicas de la Presidenta, la atención a la prensa se realiza siempre al finalizar los actos en los que participa.

Valga la pena mencionar que cuando el periodista Martínez aborda a la Presidenta, ella se dirigía, en compañía del presidente del BID a inaugurar el Foro Iberoamericano de Microempresa, y que, como mencioné anteriormente, se le había informado previamente a don Andrés que en ese momento la Presidenta no brindaría declaraciones.

Salvo en el caso del periodista Murillo, existe un registro gráfico de estos hechos, dado que el personal de la Dirección de Prensa de la Presidencia de la República graba en video sus actividades públicas. En este se puede apreciar con claridad que de previo a que se haga una sola pregunta se informa a los periodistas que no se atenderá en ese momento ninguna consulta. No es que la Presidenta, “molesta” por algún tema, pidiera a funcionarios de la Presidencia que bloquearan a los periodistas. Doña Laura está absolutamente consciente de sus deberes y las obligaciones que le impone su cargo, y ha actuado consecuentemente a lo largo de su trayectoria como funcionaria pública.

Aunque hemos hecho un esfuerzo para facilitar y ordenar la atención a la prensa en la Presidencia, estamos conscientes de que hay espacio para mejorar, sobre todo con el objetivo de evitar que hechos como estos se repitan en el futuro, por lo que tomaremos las medidas necesarias para asegurarnos, en lo posible, de que así sea.