¿Tiró la toalla el país?. Ser socialdemócrata es ser solidario. Impuesto para lo que es

¿Tiró la toalla el país? Dos hechos de las últimas semanas me hacen pensar  que un buen porcentaje de la población simplemente ya perdió la esperanza. El primero, la conclusión de la Procuraduría de la Ética de que el expresidente de la Asamblea Legislativa, Henry Mora, había faltado al deber de probidad al crear una plaza a la medida para la entonces presidenta del PAC. Se trata de un presidente del primer poder de la República, al que se le acusa de haber utilizado su puesto para favorecer a una copartidaria. Es un hecho grave, con profundas implicaciones éticas. La respuesta de la ciudadanía ha sido la indiferencia total.  ¿Será que ya no espera el famoso cambio?

El otro es el informe de actualización del Indice de Confianza del Consumidor, que efectúa la Escuela de Estadística de la UCR. Los datos son aterradores. El valor de Indice es el mas bajo desde el 2008, año en que el país experimentaba los efectos de una de las peores crisis financieras de la historia moderna. Casi 75% de las personas consultadas califica como negativo el manejo de la política económica del gobierno; tres meses atrás, los consumidores pesimistas duplicaban a los optimistas y ahora la cantidad de pesimistas es seis veces más grande.Actualmente 72,3% de los consumidores cree que desempleo será mayor en los próximos 12 meses, cifra que era menor tres meses atrás, un 57,9%.

Cuando se trata de la economía, las expectativas determinan la actuación de las personas, y por eso tienden a hacerse realidad.  No es buena noticia que aparentemente la gente parece haber perdido toda expectativa positiva.

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El Secretario General del PLN publicó un bizarro artículo valorando como "neomarxista" el pensamiento detrás de la "teoría de género". En un posterior escrito, quiso demostrar que los puntos de vista expresados no riñen con la socialdemocracia, a propósito de la reacción de algunos sectores del PLN que consideraban que el Dr. Zamora posiblemente estaría más cómodo siendo Secretario General de otro partido.

Centrar esta discusión alrededor de si la postura del Secretario se apega o no a los principios socialdemócrata es perder el foco del debate. El tema es mas bien como se garantiza que todos los integrantes de una sociedad disfruten del mismo elenco de derechos. Que no haya personas que en razón de su sexo, preferencia sexual o denominación religiosa, vean limitadas sus posibilidades de realizarse plenamente.

Ante un dilema como este, la socialdemocracia es primero una ideología de cambio, y segundo, una ideología de la solidaridad. De cambio porque reconoce que en el orden existen injusticias que deben ser corregidas, y porque al aceptar la historia como un proceso dinámico acepta también que nuevas injusticias surgen en cada coyuntura, ante las cuales debe adaptar su visión; de solidaridad porque se ocupa sobre todo de aquellos que menos tienen, no solo en lo económico, sino también en lo social, y, por qué no, en lo afectivo.

Entonces, si somos socialdemócratas, reconocemos que un sector de la población no cuenta con los derechos que tenemos otros, y por lo tanto, debemos impulsar programas políticos dirigidos a corregir esa injusticia y porque de lo contrario no existe la solidaridad.  No se es socialdemócrata cuando se antepone la convicción personal, desde una posición privilegiada en la que se disfruta de todos los derechos, a  la moralmente imperativa obligación de corregir una desigualdad evidente.  Desde esa perspectiva, tal vez tengan razón los que dicen que el Secretario Zamora podría estar más cómodo en otro partido.

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Desde el 2001 se aprobó una reforma constitucional para fortalecer a los gobiernos locales mediante una transferencia gradual de competencias y recursos. No fue sino hasta el 2010 que se aprobó una ley, la 8801, que definía un camino para iniciar el proceso. Y no es sino hasta el 2015 que se aprueba el primer proyecto, el 18001, que permite comenzar a concretar esta añeja aspiración.

El proyecto modifica los porcentajes que le corresponden a cada una de las instituciones beneficiadas con los recursos provenientes del impuesto único de combustibles. Las municipalidades reciben actualmente apenas un 7,25% del total, con el que deben atender una red vial cantonal que quintuplica en extensión a la red vial nacional, para cuyo mantenimiento CONAVI recibe el 21% de ese impuesto.

(Hay que recordar que el impuesto único sobre los combustibles fue creado para darle mantenimiento a la red vial, tanto nacional como cantonal. Pero del total de lo recaudado, el Ministerio de Hacienda recibe el 66%, recursos que se utilizan en gastos que no tienen nada que ver con el mantenimiento de carreteras.)

El proyecto establece que de ahora en adelante las municipalidades recibirán el 22.25% de esos fondos, lo que les permitirá asumir de pleno y de manera exclusiva la responsabilidad del mantenimiento de la red vial cantonal, responsabilidad que actualmente comparten con el MOPT. La totalidad de lo que los gobiernos locales reciben por concepto de impuesto único de combustibles debe destinarse a inversión, es decir, no se puede usar para otras cosas que no sea el mantenimiento de la red vial. Y hasta ahora, pese a los prejuicios existentes, las municipalidades han exhibido un nivel de ejecución de presupuestos de inversión que en promedio es del 90% en el 90% de los cantones.

Ahora bien, ¿aumentará el déficit fiscal? No si Hacienda hace su trabajo.  En el ministerio tienen el conocimiento y las herramientas necesarias para encontrar  esos 20,000 millones anuales que les van a restar en los próximos 3 años. La renegociación de deuda externa es una posibilidad. Eso sin contar que el aumento en la inversión en mantenimiento de la red vial cantonal puede ayudar a dinamizar las economías locales, creando ese círculo virtuoso que se requiere para tener más empleo, más consumo y más impuestos. 

 En un país centralista como el nuestro, reformas de este tipo siempre despiertan dudas. Le corresponde a los gobiernos locales, mediante una ejecución eficiente y transparente de los recursos que van a recibir, confirmar que, como lo dice don Oscar Arias, impulsor de esta visión desde su primer gobierno, la democracia del siglo XXI debe ser una democracia asentada en gobiernos locales fuertes.

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Del tema de las fallidas denuncias del presidente Solís en su informe de los 100 días me referiré ampliamente en otro texto que estoy preparando. Uno de los peores daños que se le puede hacer a la institucionalidad democrática es hacer denuncias sin fundamento. Pero mejor ni arranco con este tema porque si no, no termino nunca esta entrada de hoy.

Hasta el próximo domingo!

Un hito histórico (artículo para Tribuna Abierta del Diario Extra)

El pasado 4 de marzo la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate y por unanimidad la “Ley de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades”, la que permitirá concretar la reforma al artículo 170 de la Constitución Política, y así trasladar paulatinamente a las municipalidades al menos un 10% de los ingresos ordinarios, así como las competencias respectivas. Esta aprobación constituye un hito histórico sobre el que es importante llamar la atención de la ciudadanía, así como de los mismos gobiernos locales.

Aun cuando nos llevó a contar de indicadores sociales y económicos que nos distinguen del resto de la región, el modelo centralizado de organización de las instituciones públicas ha empezado a mostrar sus limitaciones. Las demandas ciudadanas son cada vez más complejas y tienen un referente regional que las hace aun más específicas. La respuesta ante esta nueva realidad es la descentralización del poder, en tanto nadie conoce mejor los retos que tienen los ciudadanos en cada cantón como las municipalidades. Este es un paso impostergable en el camino hacia el desarrollo, pues la experiencia nos enseña que no hay país desarrollado en el mundo con gobiernos locales débiles.

El camino a la descentralización ha enfrentado obstáculos, muchos de ellos a partir de prejuicios relacionados con la capacidad de las municipalidades, no ya de asumir nuevas responsabilidades, si no la de cumplir con las que actualmente tiene. Pero lo cierto es que muchos gobiernos locales no cuentan ni siquiera con algunas condiciones básicas para poder ejecutar sus labores. La lista es larga, pero baste decir que en este momento en Costa Rica solo un 0,6% de la Población Económicamente Activa trabaja en el régimen municipal. En países como España, este porcentaje, incluyendo municipios y comunidades autónomas, se eleva al 10%. Y este es apenas uno de los ámbitos, cuidado si no el más importante, en el que se debe reforzar a las municipalidades para que puedan gradualmente ir asumiendo nuevas competencias.

Paralelamente a los esfuerzos que se venían llevando a cabo para impulsar la aprobación de la ley, el MIDEPLAN, en conjunto con el IFAM y el programa FOMUDE, así como otros actores relevantes, han venido desarrollando una serie de acciones complementarias para apoyar a las municipalidades. Primero, y para superar la ausencia de planificación de mediano y largo plazo existente en muchas de nuestras municipalidades, se desarrollaron 42 Planes de Desarrollo Humano Local en igual cantidad de cantones, Planes que fueron elaborados con una gran participación ciudadana lo que les otorga una gran legitimidad y representatividad

Segundo, se emitió un decreto, y ahora en esta nueva ley se ratifica, creando los denominados Consejos Cantonales de Coordinación Institucional, con el objetivo de que los Alcaldes y Alcaldesas del país puedan convocar a los representantes de las instituciones públicas presentes en sus cantones para armonizar el trabajo de las instituciones con las necesidades comunales, coordinación que precisamente se da en el marco de los Planes de Desarrollo Humano Local mencionados
Finalmente, se estableció un convenio con la UNED para la creación del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, instancia que vendrá a suplir de manera permanente las necesidades de capacitación, actualización y formación de los servidores municipales.

La ley aprobada debe ser reglamentada, para lo cual se dispone de cuatro meses. Pero en MIDEPLAN hemos asumido el compromiso de dejar el reglamento emitido por decreto antes de la finalización del actual período de Gobierno. La idea es que en un período de siete años se trasladen competencias y recursos al menos de un 10% de los ingresos ordinarios del Estado, para lo que MIDEPLAN liderará un órgano consultivo con representación del Ministerio de Hacienda, el IFAM, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, de la Red de Mujeres Municipalistas, CONADECO y el o los Ministerios que vayan a transferir competencias, en el que se definirán cuáles serán esa competencias y los recursos necesarios para que las municipalidades las asuman efectivamente.

La transferencia de recursos y competencias acercará los centros de decisión de las políticas públicas a la ciudadanía. Desde esta perspectiva, el éxito del esquema presupone una participación activa de los ciudadanos, Ahora que se avecina la elección de alcaldes y alcaldesas es importante que se considere la disposición que candidatos y candidatas muestren de ampliar los espacios de participación en la vida municipal, como un elemento a valorar de la oferta electoral. Porque en ese proceso electoral ya no estaremos hablando de municipalidades sin perspectivas de crecimiento, sino de gobiernos locales que pueden paulatinamente ir adquiriendo potestades que efectivamente podrán incidir en la calidad de vida la población. No es poca cosa.