Cronograma para la construcción de la carretera a San Ramón; la lucha por derechos humanos

El presidente Solís anunció su deseo de iniciar la carretera a San Ramón antes de terminar su mandato. El presidente aparentemente no tiene información sobre este proyecto, porque lo cierto es que no comenzará a construirse, si todo sale bien, hasta principios del 2019.

En una actividad organizada por el LANANME hace algunas semanas, el Banco de Costa Rica, entidad encargada de establecer el fideicomiso que construirá y operará la carretera, informó del estado del proceso. La imagen muestra la filmina que el personero del Banco utilizó para ilustrar las etapas que deben cumplirse. La primera, completada ya, consistió en recabar información existente, incluyendo la que la concesionaria anterior entregó como parte del finiquito. La segunda etapa es la firma del contrato entre el MOPT y el BCR para establecer el fideicomiso, que es en la que se encuentra el proceso actualmente. Pero para terminar esta etapa, habrá que superar un escollo legal, y no se tiene certeza de que sea posible.

La ley que originó el fideicomiso establece en su artículo 8 que el contrato debe incluir una estructura tarifaria aprobada por la ARESEP, como requisito ineludible para que sea refrendado por la Contraloría General de la República. El problema es que para poder definir la estructura tarifaria, se necesita tener el costo definitivo de la obra, en tanto la cifra que se ha venido manejando es un estimado en donde faltan elementos como la valoración del costo socioambiental, algunas expropiaciones adicionales y los planos definitivos que son necesarios por haberse cambiado el diseño original.

El Banco tendría que darle vuelta al proceso, es decir, primero hacer los planos para poder tener la estructura tarifaria, antes de ir a la ARESEP y a la Contraloría. Pero, ¿qué tal si la obra termina siendo muy onerosa con un peaje muy alto? El Gobierno podría entonces optar por otra forma de financiamiento, que le resulte mas barata y desechar la idea del fideicomiso. El problema para el Banco es que sin contrato no podría obligar al Gobierno a asumir el costo, y tendría que cargar con el gasto para la elaboración de los planos, que bien puede acercarse a los $20 millones.

Pero aun si se pudiera darle vuelta al proceso y obviar el requisito de la estructura tarifaria para seguir adelante, la autorización de ARESEP y el refrendo de la Contraloría tomará posiblemente el resto de este año. Luego vendría la estructuración financiera, el establecimiento del fideicomiso, y la elaboración del cartel, el concurso y la contratación de la empresa que haría los diseños. La estimación del Banco es que, si todo sale bien, la empresa quedaría contratada en el segundo semestre del 2017. A partir de ahí tomará de 15 a 18 meses para terminar los  planos. Eso nos lleva al 2019. Ojalá sea así.

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La lucha para que en Costa Rica exista un disfrute pleno e igualitario de derechos ha sido ardua y empinada. Ha sido así por la oposición de algunos grupos de orientación religiosa, pero también por la división entre los sectores que empujan los cambios.

 Esta división tiene que ver con varios temas. Uno es el ámbito mismo de las reivindicaciones. Algunos impulsan cambios graduales, en consideración al conservadurismo imperante en Costa Rica, mientras otros creen que debe apuntarse a lo máximo porque la resistencia igual se presentará con reivindicaciones pequeñas o grandes.

Otro punto de discrepancia tiene que ver con la estrategia misma de lucha. Un sector considera que, en aras de evitar una confrontación política, lo mejor esa tratar de conseguir ampliar el elenco de derechos mediante acciones administrativas o judiciales. Que sean las instituciones –la CCSS es un ejemplo-, y los estrados judiciales los que otorguen los derechos a los grupos perjudicados, sin tener que pasar por la Asamblea Legislativa.

Pero hay otros grupos que consideran que la lucha mas bien debe ser política, no solo porque posiblemente pueden obtenerse resultados mas contundentes, sino también porque podrían concretarse en menor tiempo. La cuesta es mas empinada, pero posiblemente se dure menos tiempo llegando a la cima.

En el fondo, no deberían ser estrategias excluyentes. Tal vez sea momento de plantearse un proyecto político común, con presencia en la Asamblea Legislativa, desde donde se lideren las acciones políticas y legales.

Esto podría servir además para definir el carácter de la lucha. Se trata de una reivindicación de derechos, no de una cruzada antireligiosa. El ataque a las creencias personales genera rechazo en una población profundamente religiosa, y refuerza el argumento de la amenaza como factor político aglutinador de los grupos religiosos.

Es momento de un cambio cualitativo y definir una estrategia común que permita avanzar con mas decisión los temas de derechos.

Ojalá reconocieran esa verdad

En su artículo del domingo 1o de marzo en La Nación, así como en la cadena nacional de television de ese mismo día, el presidente notificó al país que después de apenas 10 meses de gobierno, la crisis apocalíptica en la que hace un año -según él mismo lo decía-, estaba sumida Costa Rica, ha quedado atrás. Ahora todo está bien y lo que existe es un "acoso mediático", de tal intensidad que incluso confundiría a extraterrestres. ¡Imagínense lo que nos puede causar a los pobres terrícolas ticos!.

(Aquí vale la pena hacer un paréntesis y mencionar que el acoso del que se queja el presidente no solo se da en medios tradicionales: la redes sociales, otrora fuente de entusiasta apoyo, es ahora un hervidero de críticas, no solo por lo poco que se ha hecho, sino y sobre todo, por lo que se percibe son constantes yerros de su equipo y por las promesas incumplidas en temas específicos, especialmente las relacionadas con derechos humanos)

Para probar que la realidad no es lo que se informa, el presidente nos da datos que no dejan de ser sorprendentes, por el origen de los mismos. El país hace un año estaba al borde del precipicio. Nada de lo que se hacía estaba bien, todo tenía una segunda intención, todo estaba sujeto a sospechas. Pero resulta que mucho de aquello que el presidente muestra como prueba de que el país avanza, son las cosas que venían en marcha. La Terminal de Contenedores de Moín es un proyecto que se fraguó en el Gobierno Arias, y que fue sostenido contra viento y marea por el Gobierno Chinchilla, enfrentando a sectores aliados de este gobierno que hicieron lo imposible para frenarlo. Lo mismo con la terminal granelera de Caldera, construida por el concesionario -no por el gobierno-, y que no avanzó durante mucho tiempo por las acciones que  interpusiera ANEP, el aliado WhatsApp del gobierno ("ahora les toca a ustedes"). ¡Y no está de mas recordar que el PAC se opuso a la concesión del puerto de Caldera!

Y que decir de la ampliación de la ruta 32, que no pudo ser aprobada en el período legislativo anterior gracias a la oposición del partido de gobierno, que ahora lo muestra como uno de los hitos que le permite decir al presidente que "hay cambio". Finalmente, el proyecto de ley para crear un fideicomiso que permita construir la carretera entre San José y San Ramón, producto del trabajo conjunto de la UCR, el grupo fundador del Foro de Occidente, el Consejo Nacional de Concesiones, el MOPT y MIDEPLAN, todo esto a finales del Gobierno anterior, y aprobado en este período con los votos de todos los partidos políticos.

Lo mismo puede decirse de Banca para el Desarrollo, iniciativa impulsada por el Gobierno Chinchilla, del que además este gobierno copió y pegó su decreto para el congelamiento de plazas, tal y como lo informó la acosadora prensa en su momento, y que el presidente menciona como uno de sus grandes éxitos. O de los 8 meses de estabilidad monetaria, pareciendo ignorar los mas o menos 40 meses anteriores que tuvimos esa misma estabilidad, con los niveles de inflación mas bajos de los últimos 40 años. Y sin precisar además que la estabilidad actual deriva mas de factores internacionales que de una disciplina fiscal que este gobierno no ha exhibido. No es lo mismo estabilidad con precios del petróleo entre $40 y $60, que entre $90-$110. 

En fin, no deja de ser irónico que hace un año todo fuera negativo y se estuviera haciendo todo mal, pero que ahora lo que vino a resolver la situación, a ser el cambio que los medios acosadores no reconocen, sea precisamente un conjunto de iniciativas que se habían planteado y empujado aun en contra de la oposición de los que ahora reclaman se les reconozcan como méritos. A mas no haber, no queda mas que admitir, aun sin que se diga con todas las palabras, que si bien hay cosas que cambiar y que en todo se puede mejorar, el país no era el desastre al que decían que era, y que habían cosas que se estaban haciendo bien. Tan bien que después de 10 meses es lo único que pueden exhibir al país como logros. Ojalá reconocieran esa verdad.