Mitos y prejuicios fáciles: hay algunas cosas que de repetirse frecuentemente se tornan verdades absolutas que perjudican nuestra percepción de los acontecimientos sociales, políticos y económicos. Y quiero referirme a algunos de los más difundidos, como un aporte que permita dejar claro que la realidad es mucho más compleja de lo que se puede presentar en 30 segundos de una nota periodística en un telenoticiero, o en 4000 caracteres en los medios impresos.
Por ejemplo, siempre se habla con mucho desparpajo de los niveles de ejecución presupuestaria de las instituciones públicas como una prueba inequívoca de su ineficiencia, que además en este país se ha convertido, mediante una interesada extrapolación conceptual, en sinónimo de corrupción. Pero lo cierto es que en la no ejecución de presupuestos confluyen muchos factores. Ciertamente es posible encontrar displicencia en unos pocos funcionarios públicos, pero existen otros elementos que en la mayoría de los casos son los verdaderos responsables del nivel de ejecución de los presupuestos públicos.
Uno de ellos es conceptual: para la Contraloría General de la República no existen mas que dos estados en el proceso de ejecución de presupuesto: presupuestado y gastado. Pero lo cierto es que existe un tercer estado: comprometido. En muchos casos la administración pública compra bienes y servicios que no paga hasta que obtiene los productos adquiridos. Pero esos recursos, aunque no hayan sido estrictamente "gastados", no están disponibles pues están comprometidos para ser utilizados cuando se obtengan los bienes y servicios contratados. Lo ilustro con un ejemplo: el MOPT compra puentes Bailey pero no los paga hasta que lleguen al país, cosa que puede tardar algunos meses. Mientras tanto, los recursos para pagar los puentes se mantienen en las arcas del Estado, aun cuando ya no están disponibles; pese a esto, la CGR considera este monto como presupuesto no ejecutado y lo reporta de una manera tal que parece que hay una gran ineficiencia. Pero la verdad es un poco más compleja.
Segundo, con frecuencia las instituciones reciben los recursos en un momento del año en que ya no tienen tiempo para ejecutarlos. En el caso sobre todo de impuestos para financiar instituciones y programas específicos, los montos que se giran dependen del ritmo de recaudación; en algunos casos el grueso de lo que se recauda se obtiene en el segundo semestre, y dado el ordenamiento jurídico vigente es virtualmente imposible llevar a cabo adquisiciones de cierta magnitud en menos de 6 meses. Por otra parte le Ministerio de Hacienda "jinetea" los recursos, y cuando estos son escasos normalmente se gira lo urgente primero y lo demás se va acomodando a la disponibilidad de recursos. Esto también genera bajos niveles de ejecución, sobre todo a las municipalidades, que tienen partidas millonarias provenientes de impuestos específicos.
Otro mito, que acabo de ver en un noticiero: "tal institución pública adquirió vehículos de lujo para giras de sus funcionarios". Puesta así esta noticia transmite la idea de que los funcionarios públicos utilizan fondos institucionales para darse lujos innecesarios o inmerecidos. Lo cierto es que las licitaciones para la compra de vehículos normalmente no incluyen especificaciones de extras, sino que estas cosas son agregadas por los proveedores como una forma de hacer su oferta más atractiva. Entonces, aun cuando la institución haya licitado la compra de por ejemplo "un vehículo 4x4 con capacidad para 5 personas y motor de al menos 2500 cc", un proveedor puede, para endulzar el trato, ofrecer aros de lujo, radios con entrada mp3, climatizador y estribos, todo sin costo adicional para la administración. Y lo hacen no porque quieran ayudar, por supuesto, sino porque quieren ganar la licitación y establecer relaciones sobre todo con las instituciones que requieren más vehículos para su trabajo. Por eso es que en muchos casos las instituciones públicas terminan con unos chuzos que parecieran demasiado ostentosos, pero que no son realmente lo que la administración licitara.
Finalmente, un mito recurrente que sigo sin entender cómo es que todavía existe: los diputados no obtienen ninguna pensión al final de su período en la Asamblea Legislativa, a menos que tengan derecho en algún otro régimen. Los cuatro años en la Asamblea, a la luz de un reciente pronunciamiento del Ministerio de Trabajo, ni siquiera sirve para aumentar una pensión existente, como pretendían algunos exdiputados que tienen pensiones del Magisterio Nacional. Pero la verdad es que ningún diputado terminará su período como diputado con una pensión de dos millones y medio de colones por el resto de su vida. Si fuera así, José María Villalta sería el pensionado más joven del país.
Sobre el incidente UCR-James Watson: para mí el hecho es relevante porque me confirma algo que vengo denunciando desde hace tiempo. Es increíble que hayamos llegado al punto en que un grupo de autoridades universitarias crean tener razones suficientes para determinar qué es aceptable y qué no lo es para el resto de los universitarios. Es el corolario de una tendencia a la intolerancia que tuvo manifestaciones muy evidentes en el pasado -no se le permitió a un candidato presidencial grabar un programa en Canal 15 en las elecciones del 2006, el debate sobre el TLC terminó siendo una gritería irrespetuosa e intolerante en contra de quienes apoyaban el Tratado-, pero que ahora, asumida aun con razones más elaboradas por el Consejo Universitario, deja en evidencia la necesidad de defender sin ambages ciertos principios definitorios de la vida universitaria.
Y el tema no es si estamos de acuerdo o no con lo que ha dicho Watson -probablemente una mayoría aplastante rechace sus afirmaciones misóginas, racistas y homofóbicas-, sino que hay un peligro objetivo de que comencemos a flexibilizar el criterio de la exclusión y terminemos censurando a quienes no piensen como nosotros. ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión? ¿Quién los define? ¿ Cuáles son los valores éticos "institucionales"? ¿Quién los valida? ¿Qué hacemos con los que no están de acuerdo?
En la página Facebook de mi buen amigo Alberto Cortés, quien defiende la postura del Consejo con verdadera honestidad intelectual y que tiene un punto de vista respetable, Mauricio Herrera escribió algo que me pareció interesante y que comparto con ustedes:
¿Habría que censurar conferencias literarias de Borges por su "ambiguedad" ante la dictadura argentina, o de Vargas Llosa por ser un neoliberal, o un concierto de Shostakovitch por defender el comunismo soviético, o quemar los libros de Juan Ramón Jiménez por maltratar a su esposa, o proscribir a Allan Poe por ser un borracho o a García Márquez por defender a Fidel y a la Revolución? Comenzamos censurando a un biólogo molecular que habla de ciencia ¡en una UNIVERSIDAD¡ y después se podría censurar cualquier discurso que no satisfaga lo que algun@s consideran moral o políticamente correcto. El debate debe ser estimulado, no inhibido, y no podemos andar por ahí diciéndole a la gente lo que debe o no debe escuchar y discutir, con base en lo que un grupo considera que son "valores" apropiados. Lo que sí ha sido peligroso es cuando algunos se sienten poseedores de la verdad acerca de lo que es conveniente para su sociedad, y terminan imponiendo censura: Chávez, Fujimori, Franco, Fidel, Mc Carthy y muchos otros manifestaban muy buenas intenciones morales para sus sociedades... Pareciera que el Consejo Universitario de la UCR cometió un exceso, con las mejores intenciones, y que su decisión configura censura previa y contradice a la Constitución
Excelente aporte que me parece resume de la mejor manera el tema en cuestión.
