Ese es parte del legado de Barack Obama en los Estados Unidos. A la distancia parece un cúmulo de logros notables, que deberían derivar en una tasa de aprobación muy alta. Pero, en el mejor de los casos, las encuestas muestran al electorado estadounidense dividido en partes mas o menos iguales, entre aquellos que aprueban su trabajo y aquellos que no.
Es cierto existen factores particulares de la cultura política estadounidense que inciden en el caso de Obama, pero lo cierto es que a lo largo y ancho del planeta es posible encontrar situaciones similares, en los que los gobiernos parecen estar realizando una labor positiva, pero que no es reconocida como tal por la ciudadanía. Probablemente el elemento común que tienen todos estos casos, es la imposibilidad de los gobiernos democráticos de incidir de manera efectiva, en procesos de formación de opinión pública completamente inéditos.
En la sociedad hiperconectada del siglo XXI, en donde todos son potencialmente consumidores y productores de información (dualidad que ha sido plasmada en la expresión inglesa “prosumer”), los aparatos públicos, sin haber logrado entender plenamente las dinámicas implícitas en los procesos de generación, y, sobre todo, de diseminación de información, se encuentran en una situación de desventaja frente a la multiplicidad de fuentes, la falta de rigor de la mayoría de ellas, y el poder imparable de la repetición ad-infinitum, capaz de darle vigencia a noticias pasadas como verdades actuales.
Hay que sumarle a esto la presión que la inmediatez de las redes sociales significa para los medios de comunicación tradicionales. En términos generales, estos medios han tenido que adecuar sus parámetros operativos para no quedar relegados y convertirse en fuentes obsoletas. Desafortunadamente, en buena parte de ellos, el estándar ha tenido que ser adaptado, y encontramos muchos ejemplos de informaciones incompletas, descontextualizadas y abiertamente equivocadas, lanzadas al ciberespacio en franca competencia con las millones de personas, que ahora pueden con un teléfono inteligente convertirse muchas veces en un no muy inteligente reportero.
No significa esto que todos los gobiernos son buenos y deberían ser bien calificados. Pero lo cierto es en un entorno como el descrito, y mientras no se entienda bien como insertarse inteligentemente para presentar su punto de vista de manera efectiva, no sería extraño que no volviera a haber gobiernos calificados positivamente, pese a que cumplan con los criterios “clásicos” para ser bien calificados, como parece haberlo hecho Barack Obama.
Y esto sería una cosa anecdótica si no tuviera un impacto en la legitimidad de las instituciones, como puede tenerlo una prolongado período de escepticismo y pesimismo de la ciudadanía.
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La Sala Constitucional dejó sin efecto el decreto del gobierno que pretendía reglamentar la fertilización en vitro en Costa Rica. El debate sobre la pertinencia de este decreto desde el punto de vista legal es, como usualmente pasa con estos temas, inacabable. Pero sobre esto, sobre lo que ya había reflexionado hace un tiempo desde la perspectiva de la debilidad política del gobierno, vale la pena hacer algunas anotaciones adicionales.
El cumplimiento de las leyes y el acatamiento de los fallos judiciales son principios fundamentales de cualquier sociedad. Como país, nos encontramos desobedeciendo una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en un fallo que no deja resquicios, ordena la país a realizar la FIV a las parejas que lo requieran. La incapacidad del Estado costarricense para cumplirlo, debería preocuparnos más que las posiciones de quienes la adversan y quienes la apoyan.
El debate sobre el tema ha terminado en un callejón sin salida, y cada vez se hace más difícil la posibilidad de encontrar posiciones comunes. El asunto se agrava porque, tal como sucede en la caso de los derechos de las parejas del mismo sexo, quienes propugnan por el cumplimiento de la sentencia acuden al equivocado argumento de atacar las creencias de quienes se oponen, convirtiendo en algo personal algo que no debería serlo.
Ciertamente los grupos mas conspicuamente opuestos al tema de la FIV y los derechos de parejas del mismo sexo son de corte religioso. Pero lo importante aquí no es cuestionar la validez de las creencias, sino mas bien evidenciar nuestra incapacidad para que la voluntad de una mayoría pueda concretarse. Lo malo no es que la gente crea o no en Dios, es que no pueda siquiera llegarse a una votación sobre temas tan importantes como la FIV o los derechos de las personas del mismo sexo.
