En los últimos meses ha habido un gran
debate alrededor del gasto en salarios en el sector público. La discusión es
necesaria porque se trata de un tema que trasciende lo meramente económico, al
incorporar un fuerte componente ético, que deriva del incontrovertible hecho de
que se trata de un gasto que financiamos todos, y que igualmente tiene
consecuencias para todos.
Pero, como es frecuente en Costa Rica, la
discusión se ha “encharralado”, utilizando la fina expresión presidencial. Vale la pena ensayar algunas reflexiones, con
el afán de ordenar un debate tan necesario como impostergable, en tanto no hay
manera de sostener la actual tasa de crecimiento del gasto en salarios.
Desafortunadamente, en este debate está pasando algo que es recurrente en las discusiones públicas en los últimos
años. En un afán de reforzar puntos de vista específicos, se acude a argumentos
que mezclan cosas que no deberían mezclarse, y a presentar algunos hechos como
negativos, no siéndolos del todo. Y por
la importancia que tiene este debate, es necesario separar el grano de la paja,
y de centrar la discusión en lo verdaderamente perentorio.
Primero es imprescindible examinar la comparación que se hace de los salarios en el sector público respecto a los del sector privado, argumento frecuente que se acepta sin matices, pero que ignora las diferencias sustantivas entre
unos y otros. Por ejemplo, parecería que un ingeniero que trabaja en una
empresa privada hace en esencia lo mismo que un ingeniero que trabaja en el
MOPT. Tal vez desde el punto de vista estrictamente técnico eso sea así. Pero
en el caso del ingeniero del MOPT existe un ámbito adicional, el impacto social
de su trabajo, que debe –ojalá que así
sea-, ser incorporado en su labor cotidiana. La comparación vis a vis parece,
desde esta perspectiva, incompleta y sin el necesario contexto.
Otra cosa que se ha mencionado es la
existencia de instituciones en las que el gasto en salarios consume una importante proporción de su presupuesto.
Se ha presentado como un abuso que, por ejemplo, las universidades
gasten un alta proporción de su presupuesto en salarios.
Pero, ¿en qué otra cosa puede gastar la
mayor parte de su presupuesto una universidad?.
¿No es su recurso humano la base del servicio que le brinda a la
comunidad? Es lo mismo para instituciones públicas que generan información,
brindan servicios directos a la
población o ejecutan labores de supervisión, como el Instituto Nacional de
Estadística y Censo (INEC) , el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el Banco
Central y el mismo Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).
Las reflexiones precedentes, sin embargo,
no constituyen de ninguna manera una justificación del nivel de los salarios que se pagan en el Estado. Pero deberían debería llevarnos a tratar de
responder una pregunta de fondo: ¿cuánto deben ganar los trabajadores del
sector público?.
Como primera consideración, un salario debería
remunerar adecuadamente el nivel de complejidad del trabajo que se ejecuta. A mayor complejidad,
responsabilidad e impacto social de las labores que se llevan a cabo, así
debería ser la remuneración que se recibe. También hay consideraciones de
mercado: un salario muy bajo respecto al que se paga en el mercado restringirá
las posibilidades del Estado para contratar a profesionales del mas alto nivel.
Esto es fundamental en todo el sector
público, pero lo es mucho mas en instancias que por su importancia, debería
retribuir adecuadamente a sus funcionarios. Cuando se acude a un hospital,
todos aspiramos recibir un servicio de excelencia, provisto por profesionales
preparados y del mas alto nivel. Igual pasa con la administración de justicia y
la educación pública. Si queremos tener a los mejores, tendremos que mantener
un nivel de salarios competitivo.
Pero esto no significa que los salarios
en el sector público no deban tener relación con la realidad económica del
país. Es cierto, la comparación llana y simple entre salarios entre el sector
privado y el sector público no es apropiada, pero eso no nos dice nada respecto
a la justeza de la diferencia actual. Desde esta perspectiva, vale preguntarse
si será correcto que el salario promedio en el sector público, sea el doble al
del sector privado. Es una pregunta válida, que debe tratar de responderse con
objetividad, contrastando muestras aspiraciones respecto a la calidad de los
servicios que queremos recibir, con lo que estamos dispuestos a pagar por
ellos.
Lo mismo es cuanto a la proporción del
presupuesto gastado en salarios. Que la UCR gaste el 80% de su presupuesto en
salarios, parece apropiado para cumplir con sus objetivos institucionales, pero
no nos dice nada respecto a la razonabilidad de pagar salarios que parecen no
tener relación con la realidad socioeconómica del país. ¿Debe ser retribuido el
esfuerzo personal por estudiar, actualizarse y generar conocimiento, con un
salario que ignore la situación salarial del 85% restante de la población?
Es un tema, además de económico, de orden
moral. Es parte de esas características particulares que tienen los salarios en
el sector público, y que debe incorporarse en cualquier discusión sobre la materia.
La invitación semanal para que escuchen Café Futbol CR, con la previa del campeonato nacional en este podcast producido por Alvaro Gallardo, Alberto Alfaro y Leonardo Pandolfi.
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La invitación semanal para que escuchen Café Futbol CR, con la previa del campeonato nacional en este podcast producido por Alvaro Gallardo, Alberto Alfaro y Leonardo Pandolfi.
