Las pensiones y una aspiración a la igualdad absoluta

Como pasa a menudo en los debates relacionados con remuneraciones en el sector público, la discusión sobre las pensiones en el Poder Judicial ha reflejado el gran malestar ciudadano sobre lo que percibe como privilegios exorbitantes. El debate además azuzado por las declaraciones desafortunadas de algunos magistrados, uno de ellos por cierto el favorito de los sectores “progresistas” del país.

Sobre esto habría que decir, por mas obvio que parezca, es que se debe recibir una pensión acorde con el aporte que se haya hecho a lo largo de la vida laboral, incluyendo el ahorro que se pueda haber hecho en fondos complementarios.  Esto significa varias cosas.

En principio los criterios ajenos a esta lógica matemática no deberían servir para definir un monto de pensión, que es lo que pasa en el caso de los beneficiarios de regímenes especiales como el del Poder Judicial. Segundo, que la expectativa de mayores beneficios debería imponer más obligaciones, sea en tiempo servido o en el porcentaje del ingreso que se aporta como ahorro de pensión.

Pero cuando las pensiones no responden a estos criterios, el Estado debe aportar un subsidio. O sea, todos terminamos pagando la parte de las pensiones que no proviene del aporte personal. Por eso nos afecta. Pero más allá de lo obvio, más allá de la  indignación, es necesario hacer algunas consideraciones.

Primero, si el criterio para definir el monto de una pensión es el estrictamente técnico, sería normal que algunas personas tengan pensiones mayores. A mayor aporte, mayor pensión.

Pero en Costa Rica, por lo menos en el régimen universal de la CCSS, la pensión no tiene relación con el aporte, pues existe un techo definido en función de la sostenibilidad del sistema. Es decir, se pone un límite para que los recursos alcancen. La razón de que esto sea así es que no se quiere, aunque es lo que en el papel habría que hacer, aumentar las cuotas o subir la edad de retiro.

En el caso específico de las pensiones de los magistrados, está claro que las pensiones que obtendrían en el sistema actual no son proporcionales a su aporte. Pero eso no significa que su aporte, a partir de un nivel salarial mas alto, no sea mayor al de personas con salarios inferiores. Si el criterio es estrictamente el técnico, los magistrados deberían tener entonces una pensión mayor a la que tendrán personas que hicieron un aporte menor.

La respuesta a esta afirmación podría ser la de cuestionar el nivel de los salarios que se pagan en el Poder Judicial. Y sería válido plantearse este tema, como lo hice hace unos meses en este mismo espacio. Pero no parece haber razones para negar que un mayor aporte debería resultar en una pensión mayor.

En el fondo, y como parte del ambiente antipolítico imperante en Costa Rica y en  otros países, parece existir una corriente de pensamiento que considera que no debería haber ninguna diferencia salarial en Costa Rica, sobre todo si es a favor de una persona que trabaja en el sector público. La respuesta a los abusos debe ser la regulación, pero nunca pretender que no existan diferencias.

Nuevamente, tal y como lo plantee hace unos meses, un salario en el sector público debería “remunerar adecuadamente el nivel de complejidad del  trabajo que se ejecuta. A mayor complejidad, responsabilidad e impacto social de las labores que se llevan a cabo, así debería ser la remuneración que se recibe. También hay consideraciones de mercado: un salario muy bajo respecto al que se paga en el mercado restringirá las posibilidades del Estado para contratar a profesionales del mas alto nivel”.

Lo anterior no significa que el actual nivel salarial del sector público sea aceptable o justo, pero ante esto no cabe la pretensión de negar la existencia de diferencias. Y lo mismo aplica para las pensiones.

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¿Cuánto debe ganar un empleado público?

En los últimos meses ha habido un gran debate alrededor del gasto en salarios en el sector público. La discusión es necesaria porque se trata de un tema que trasciende lo meramente económico, al incorporar un fuerte componente ético, que deriva del incontrovertible hecho de que se trata de un gasto que financiamos todos, y que igualmente tiene consecuencias para todos.

Pero, como es frecuente en Costa Rica, la discusión se ha “encharralado”, utilizando la fina expresión presidencial.  Vale la pena ensayar algunas reflexiones, con el afán de ordenar un debate tan necesario como impostergable, en tanto no hay manera de sostener la actual tasa de crecimiento del gasto en salarios.

Desafortunadamente, en este debate está pasando algo que es recurrente en las discusiones públicas en los últimos años. En un afán de reforzar puntos de vista específicos, se acude a argumentos que mezclan cosas que no deberían mezclarse, y a presentar algunos hechos como negativos, no siéndolos del todo.  Y por la importancia que tiene este debate, es necesario separar el grano de la paja, y de centrar la discusión en lo verdaderamente perentorio.

Primero es imprescindible examinar la comparación que se hace de los salarios en el sector público respecto a los del sector privado, argumento frecuente que se acepta sin matices, pero que ignora las diferencias sustantivas entre unos y otros. Por ejemplo, parecería que un ingeniero que trabaja en una empresa privada hace en esencia lo mismo que un ingeniero que trabaja en el MOPT. Tal vez desde el punto de vista estrictamente técnico eso sea así. Pero en el caso del ingeniero del MOPT existe un ámbito adicional, el impacto social de su trabajo,  que debe –ojalá que así sea-, ser incorporado en su labor cotidiana. La comparación vis a vis parece, desde esta perspectiva, incompleta y sin el necesario contexto.

Otra cosa que se ha mencionado es la existencia de instituciones en las que el gasto en salarios consume una importante proporción de su presupuesto.  Se ha presentado como un abuso que, por ejemplo, las universidades gasten un alta proporción de su presupuesto en salarios.

Pero, ¿en qué otra cosa puede gastar la mayor parte de su presupuesto una universidad?.  ¿No es su recurso humano la base del servicio que le brinda a la comunidad? Es lo mismo para instituciones públicas que generan información, brindan servicios  directos a la población o ejecutan labores de supervisión, como el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) , el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el Banco Central y el mismo Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).

Las reflexiones precedentes, sin embargo, no constituyen de ninguna manera una justificación del nivel de los salarios que se pagan en el Estado. Pero deberían debería llevarnos a tratar de responder una pregunta de fondo: ¿cuánto deben ganar los trabajadores del sector público?.

Como primera consideración, un salario debería remunerar adecuadamente el nivel de complejidad del  trabajo que se ejecuta. A mayor complejidad, responsabilidad e impacto social de las labores que se llevan a cabo, así debería ser la remuneración que se recibe. También hay consideraciones de mercado: un salario muy bajo respecto al que se paga en el mercado restringirá las posibilidades del Estado para contratar a profesionales del mas alto nivel.

Esto es fundamental en todo el sector público, pero lo es mucho mas en instancias que por su importancia, debería retribuir adecuadamente a sus funcionarios. Cuando se acude a un hospital, todos aspiramos recibir un servicio de excelencia, provisto por profesionales preparados y del mas alto nivel. Igual pasa con la administración de justicia y la educación pública. Si queremos tener a los mejores, tendremos que mantener un nivel de salarios competitivo.

Pero esto no significa que los salarios en el sector público no deban tener relación con la realidad económica del país. Es cierto, la comparación llana y simple entre salarios entre el sector privado y el sector público no es apropiada, pero eso no nos dice nada respecto a la justeza de la diferencia actual. Desde esta perspectiva, vale preguntarse si será correcto que el salario promedio en el sector público, sea el doble al del sector privado. Es una pregunta válida, que debe tratar de responderse con objetividad, contrastando muestras aspiraciones respecto a la calidad de los servicios que queremos recibir, con lo que estamos dispuestos a pagar por ellos.

Lo mismo es cuanto a la proporción del presupuesto gastado en salarios. Que la UCR gaste el 80% de su presupuesto en salarios, parece apropiado para cumplir con sus objetivos institucionales, pero no nos dice nada respecto a la razonabilidad de pagar salarios que parecen no tener relación con la realidad socioeconómica del país. ¿Debe ser retribuido el esfuerzo personal por estudiar, actualizarse y generar conocimiento, con un salario que ignore la situación salarial del 85% restante de la población?

Es un tema, además de económico, de orden moral. Es parte de esas características particulares que tienen los salarios en el sector público, y que debe incorporarse en cualquier discusión sobre la materia.

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La invitación semanal para que escuchen Café Futbol CR, con la previa del campeonato nacional en este podcast producido por Alvaro Gallardo, Alberto Alfaro y Leonardo Pandolfi.

De símbolos y críticas

Para ser una persona que aprecia el simbolismo (poda de arbustos, iza de banderas), sorprende que al presidente le parezca "descabellado" que la gente critique su intención de irse de vacaciones en semana santa (http://www.monumental.co.cr/noticia/solis-califica-como-‘descabelladas’-criticas-por-sus-vacaciones-en-semana-santa). Claro que tiene derecho a descansar y es lógico que si tiene vacaciones acumuladas las gaste (¿60 días en diez meses? ¿Hay ahora una convención colectiva en Presidencia que otorga esa cantidad de días de vacaciones?). Pero por ahi no anda la cosa. Y extraña no solo que el presidente no se de cuenta, sino que alguien no se lo haya dicho antes.

Sus derechos, y la necesidad misma de descansar, no está en disputa. Lo que le incomoda a la gente, y no es "descabellado", es que apenas hace unos días el gobierno decidió no mandar a los funcionarios de vacaciones en semana santa, con el argumento de que es bueno para el país que se mantengan trabajando. Pero acto seguido el primer funcionario del país anuncia su intención de no trabajar en esos días. No debería ser difícil ver la contradicción en el discurso, porque efectivamente el país necesita mucho trabajo, y no hay ninguna razón para que el presidente se excluya de esa responsabilidad. No se ve bien, no parece consistente. El presidente puede estar o no de acuerdo, pero no es "descabellado". Y el presidente puede irse de vacaciones, pero no siempre. No al menos que no importe mandar una mensaje contradictorio.

De esta situación, surgen dos reflexiones adicionales. Primero, el presidente parece no contar con gente alrededor que le ayude a no provocar estas pequeñas polémicas que desgastan, -a pellizcos se mata un elefante-, su credibilidad y la de su gobierno. Nada más pernicioso que un presidente se rodee de un coro que se dedique a validar sus argumentos, sin disenso alguno. Las lógicas internas que se desarrollan en grupos cerrados donde no se contrastan posiciones terminan generando murallas y desapego a la realidad. Nada mas peligroso para un gobernante.

Y segundo, el presidente cada vez reacciona mas destempladamente ante las críticas, que muy a su pesar son cada vez mas frecuentes. Cualquier cuestionamiento es infundado, descabellado, una fabricación, acoso mediático o una conspiración de Carlos Roverssi (según dijera en un programa de radio). Puede que no le parezcan justas, proporcionadas o necesarias, pero las críticas son consustanciales al puesto. Y apenas están empezando.

De alguna manera, esas reacciones mencionadas en el segundo punto parecen confirmar la presunción del primero. Cuando solo se oye lo que se quiere oír, todas las críticas siempre terminan siendo producto de la mala intención, la incomprensión o la falta de conocimiento. Y eso ya de por sí es bastante simbólico.