Los misteriosos criterios de la Procuraduría de la Ética y el momento de la cosecha

¿Cuáles son los criterios utilizados por la Procuraduría de la Ética para iniciar una investigación de oficio? Una rápida revisión a la normativa legal en la que se apoya el funcionamiento de esta instancia, disponible en la página web de la Procuraduría General de la República, no permite identificar con claridad esos elementos que, en ausencia de una denuncia específica, activan una investigación de oficio.

En ausencia de criterios objetivos, -tal vez el único parece ser la importancia que un caso parezca tener en los medios de comunicación-, la acción de oficio de la Procuraduría de la Ética parece originarse entonces en una valoración subjetiva de cada caso.  El último caso que motivó la acción de oficio de la Procuraduría del Ética es el denominado “autonombramiento”  de los directivos del Banco Nacional en las juntas de las subsidiarias del Banco.

Dadas las implicaciones del caso, parece correcto iniciar de oficio una investigación, pues si efectivamente existe una ley que limita la posibilidad de “autonombrarse”, los implicados deben explicar las razones por las cuales actuaron de la forma en la que lo hicieron, y de la que se ha venido informando con una inusitada profusión en un medio impreso.

Pero en las últimas semanas se han presentado otros casos que inexplicablemente no parecen haber generado el mismo celo en la Procuraduría de la Ética.  Y no queda claro por qué.

Por ejemplo, la noticia de que el director de la DIS contribuyó económicamente al financiamiento de un partido político, pese a que la ley aparentemente se lo prohíbe, se trata de una acusación gravísima. Se trata de una persona que maneja información delicada, y que considera que la obligación de neutralidad política no lo alcanza y no es importante. Pese a la gravedad del asunto, la Procuraduría de la Ética parece que no ha intervenido.

Otro ejemplo es el del recién destituido viceministro de Agricultura, nombrado de manera ilegal en su puesto, dada la restricción que tenía por haberse acogido a la movilidad laboral apenas dos años antes de ser nombrado. Lo grave del asunto es que el ex viceministro admite que tanto el presidente de la República como el ministro del MAG estaban enterados del tema al momento de su nombramiento. Se trata de una acto aparentemente ilegal, justificado según el ex viceministro, por un dictamen mismo de la Procuraduría. A pesar de todos esos elementos, la Procuraduría de la Ética no parece haberse dado por enterada.

Es importante conocer esos criterios mediante los cuales se decide qué se investiga de oficio y qué no. El país necesita una Procuraduría de la Ética fuerte, proactiva, que actúe a partir de criterios objetivos. Lo peor que le puede pasar es que se genere la sensación de que su trabajo es inconsistente, y que se mueve al vaivén de los énfasis noticiosos.

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La semana pasada no fue una buena semana para el gobierno. (La verdad es que de hace un tiempo para acá, no ha habido buenas semanas para el gobierno). Varias noticias en esos días lo golpearon en un ámbito del que se vanagloriaba no hace mucho: el de la ausencia de acusaciones de corrupción en el ejercicio de la función pública.

Sin duda uno de estos casos por el que se produjo una reacción indignada de la gente, fue el nombramiento ilegal de un viceministro, que no podía ocupar ese cargo por haberse acogido a la movilidad laboral. (Por la que recibió además 53 millones de colones). En la misma línea, la duplicación del salario del presidente del Banco Central, que estrictamente es un acto en el que no tiene injerencia el Poder Ejecutivo, pero cuyas consecuencias igual se “le pegan” al gobierno. (Y no es del todo descabellado hacerlo así, al fin y al cabo al presidente del Banco Central lo nombra el presidente).

A estos casos se suma el fiasco de la destitución del embajador costarricense ante la OEA, objeto de una acusación de acoso laboral ratificada por un demoledor informe interno de la Cancillería, despido que quiso disfrazarse infructuosamente como una renuncia para optar por un nombramiento en la OEA, cosa que fue desmentida por ese organismo continental.

La reacción de la gente ha sido muy dura, como lo es cuando se le vende una cosa en campaña y siente que se está haciendo otra en gobierno. Pero es importante hacer algunas distinciones, porque no todo lo que se dice que es corrupción lo es en realidad.

El nombramiento del exviceministro de Agricultura por ejemplo, es un acto negligente y pobremente fundamentando, forzado seguramente por la dificultad que tuvo el presidente para completar su gabinete. Pero uno no se imagina, ni al presidente ni al ministro, actuando dolosamente, con la aviesa intención de favorecer a una persona en contra de la ley en un acto tan evidente como este. Hay sin duda una ligereza enorme en el nombramiento -rasgo que por cierto es  una marca distintiva de este gobierno-, pero de ahí a llamarlo corrupción hay una gran diferencia.

En el fondo, Solís y su grupo recogen con creces lo que sembraron durante años, en los que se dedicaron a homologar a corrupción cualquier acto negligente en el gobierno. Si la ligereza, la falta de rigor, las contradicciones y la ausencia de resultados es corrupción, este gobierno tiene ante sí una muy empinada cuesta en los próximos 25 meses.

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Recuerde escuchar el podcast semanal de Café Futbol CR, proyecto de Alvaro Gallardo y Alberto Alfaro.

Las deudas de los candidatos, beligerancia en la DIS y el diputado Henry Mora

Esta semana varios medios de comunicación informaron sobre la morosidad de 2145 candidatos a puestos en las municipalidades. La Nación incluso publica una llamativa portada con las fotos de los mayores deudores. El dato por supuesto es relevante, pero peligrosamente incompleto, y la generalización en un tema tan delicado le hace un gran daño a la democracia.

Está claro que nadie debería tener deudas  con la CCSS. Pero las notas de prensa sobre la cantidad de morosos postulándose para puestos de elección en las municipalidades, confirmadas con una gran ligereza en redes sociales por la misma Caja, son, en el mejor de los casos, omisas. 

Habrá muchos de los aludidos que son unos irresponsables, pero estoy seguro que también hay explicaciones válidas que nunca conoceremos. La Nación hace un tímido intento y le da espacio a una decena de candidatos, a todas luces insuficiente para contrarrestar el impacto que la noticia generalizada ya debe haber causado en el ánimo de los votantes.

En un editorial de esta misma semana, y en defensa de uno de sus accionistas, La Nación sostiene que los “presuntos” periodistas que informaron sobre el tema de una presunta venta de propiedades a las FARC, “… no hicieron el menor intento de obtener una declaración de  los Terán o de La Nación, ni de constatar con las autoridades si efectivamente hay una investigación en curso. El periodismo infame no respeta las más elementales normas de la profesión que denigra.” 

Pues bueno, esa misma indefensión en la que los Terán quedaron por lo que La Nación llama “periodismo infame”, es la misma en la que quedaron los 2145 personas cuya versión sobre los hechos posiblemente nunca tendremos. Ni mas ni menos.

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¿Qué es lo que pasa con la DIS? O mas bien, ¿por qué no pasa nada con la DIS? No hablemos siquiera de la absurda promesa, estrepitosamente incumplida, de cerrar esta institución, sino mas bien de las cosas que han venido pasando que no generan ninguna responsabilidad.

Primero fue el anuncio impensado de la presencia del supuesto paso de militantes de ISIS por territorio nacional, que después fue desmentido sin mayores explicaciones. Luego, el tránsito de 5 sirios ilegales de los que la población tuvo noticia hasta que Honduras los detuvo. Luego, un informe de la presencia de los hijos del Chapo Guzmán en Costa Rica, informe que el Director en primera instancia desestimó diciendo que “no tenía información” sobre el tema, aun cuando la información fue luego confirmada por su subdirector.

Ahora el TSE anuncia que investiga al Director de la DIS por una donación de dinero a un partido político, que forma parte de la alianza oficialista, en abierta violación del deber de neutralidad que deben observar los cuerpos policiales. Mariano Figueres se defiende diciendo que la prohibición de participar en política no le alcanza, porque la DIS no es un cuerpo policial. Pero mas allá de que el artículo 6 de la Ley de Policía incluye expresamente a la DIS, una persona que dirige una entidad con información tan sensible debería observar una conducta intachable.

Si se demuestra que hubo beligerancia política, el presidente debe destituir al Director. Pero si lo que ha pasado hasta ahora es indicativo de lo que puede pasar en el futuro, el asunto será enterrado y seguiremos en lo mismo.

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El diputado Henry Mora desafía nuestra capacidad de asombro. Primero, le creó una plaza a la medida a una copartidaria, hecho por el cual fue condenado por la Procuraduría de la Ética y se encuentra siendo investigado por el Ministerio Público. Luego, forzó la aprobación de un presupuesto violando la Constitución, y por eso fue condenado por la Sala Constitucional. 

Pese a estos antecedentes, intentó, no sabe uno bajo qué razonamiento, reelegirse como Presidente de la Asamblea, candidatura cuyo rechazo precipitó la alianza opositora que le arrebató el control del directorio legislativo a la alianza oficialista PAC-FA.

Ahora Mora vuelve a las andadas, arremetiendo, no en contra de su partido, sino en contra de sus electores. El Código de Ética del PAC, según Mora, es “puritano, fariseo y absurdo”. Para probarlo, acudiendo a una línea de argumentación muy particular, utilizó un vehículo de la Asamblea Legislativa, cosa expresamente prohibida por ese Código cuyo cumplimiento Mora aceptó como requisito para aspirar a su cargo.

Ahora le corresponde a las estructuras partidarias manifestarse, no solo acerca de la flagrante violación del Código, sino además sobre el desprecio de Mora a sus electores, una gran parte de los cuales votaron, entre otras cosas, por la oferta ética del PAC. En realidad el diputado no debería esperar ningún pronunciamiento, y como mínimo correspondería declararse diputado independiente, si no es que debería irse para la casa. Pero, después de lo que nos ha mostrado a lo largo de estos 20 meses, sería mucho esperar que esto sucediera.