Los misteriosos criterios de la Procuraduría de la Ética y el momento de la cosecha

¿Cuáles son los criterios utilizados por la Procuraduría de la Ética para iniciar una investigación de oficio? Una rápida revisión a la normativa legal en la que se apoya el funcionamiento de esta instancia, disponible en la página web de la Procuraduría General de la República, no permite identificar con claridad esos elementos que, en ausencia de una denuncia específica, activan una investigación de oficio.

En ausencia de criterios objetivos, -tal vez el único parece ser la importancia que un caso parezca tener en los medios de comunicación-, la acción de oficio de la Procuraduría de la Ética parece originarse entonces en una valoración subjetiva de cada caso.  El último caso que motivó la acción de oficio de la Procuraduría del Ética es el denominado “autonombramiento”  de los directivos del Banco Nacional en las juntas de las subsidiarias del Banco.

Dadas las implicaciones del caso, parece correcto iniciar de oficio una investigación, pues si efectivamente existe una ley que limita la posibilidad de “autonombrarse”, los implicados deben explicar las razones por las cuales actuaron de la forma en la que lo hicieron, y de la que se ha venido informando con una inusitada profusión en un medio impreso.

Pero en las últimas semanas se han presentado otros casos que inexplicablemente no parecen haber generado el mismo celo en la Procuraduría de la Ética.  Y no queda claro por qué.

Por ejemplo, la noticia de que el director de la DIS contribuyó económicamente al financiamiento de un partido político, pese a que la ley aparentemente se lo prohíbe, se trata de una acusación gravísima. Se trata de una persona que maneja información delicada, y que considera que la obligación de neutralidad política no lo alcanza y no es importante. Pese a la gravedad del asunto, la Procuraduría de la Ética parece que no ha intervenido.

Otro ejemplo es el del recién destituido viceministro de Agricultura, nombrado de manera ilegal en su puesto, dada la restricción que tenía por haberse acogido a la movilidad laboral apenas dos años antes de ser nombrado. Lo grave del asunto es que el ex viceministro admite que tanto el presidente de la República como el ministro del MAG estaban enterados del tema al momento de su nombramiento. Se trata de una acto aparentemente ilegal, justificado según el ex viceministro, por un dictamen mismo de la Procuraduría. A pesar de todos esos elementos, la Procuraduría de la Ética no parece haberse dado por enterada.

Es importante conocer esos criterios mediante los cuales se decide qué se investiga de oficio y qué no. El país necesita una Procuraduría de la Ética fuerte, proactiva, que actúe a partir de criterios objetivos. Lo peor que le puede pasar es que se genere la sensación de que su trabajo es inconsistente, y que se mueve al vaivén de los énfasis noticiosos.

**********************************

La semana pasada no fue una buena semana para el gobierno. (La verdad es que de hace un tiempo para acá, no ha habido buenas semanas para el gobierno). Varias noticias en esos días lo golpearon en un ámbito del que se vanagloriaba no hace mucho: el de la ausencia de acusaciones de corrupción en el ejercicio de la función pública.

Sin duda uno de estos casos por el que se produjo una reacción indignada de la gente, fue el nombramiento ilegal de un viceministro, que no podía ocupar ese cargo por haberse acogido a la movilidad laboral. (Por la que recibió además 53 millones de colones). En la misma línea, la duplicación del salario del presidente del Banco Central, que estrictamente es un acto en el que no tiene injerencia el Poder Ejecutivo, pero cuyas consecuencias igual se “le pegan” al gobierno. (Y no es del todo descabellado hacerlo así, al fin y al cabo al presidente del Banco Central lo nombra el presidente).

A estos casos se suma el fiasco de la destitución del embajador costarricense ante la OEA, objeto de una acusación de acoso laboral ratificada por un demoledor informe interno de la Cancillería, despido que quiso disfrazarse infructuosamente como una renuncia para optar por un nombramiento en la OEA, cosa que fue desmentida por ese organismo continental.

La reacción de la gente ha sido muy dura, como lo es cuando se le vende una cosa en campaña y siente que se está haciendo otra en gobierno. Pero es importante hacer algunas distinciones, porque no todo lo que se dice que es corrupción lo es en realidad.

El nombramiento del exviceministro de Agricultura por ejemplo, es un acto negligente y pobremente fundamentando, forzado seguramente por la dificultad que tuvo el presidente para completar su gabinete. Pero uno no se imagina, ni al presidente ni al ministro, actuando dolosamente, con la aviesa intención de favorecer a una persona en contra de la ley en un acto tan evidente como este. Hay sin duda una ligereza enorme en el nombramiento -rasgo que por cierto es  una marca distintiva de este gobierno-, pero de ahí a llamarlo corrupción hay una gran diferencia.

En el fondo, Solís y su grupo recogen con creces lo que sembraron durante años, en los que se dedicaron a homologar a corrupción cualquier acto negligente en el gobierno. Si la ligereza, la falta de rigor, las contradicciones y la ausencia de resultados es corrupción, este gobierno tiene ante sí una muy empinada cuesta en los próximos 25 meses.

**********************************

Recuerde escuchar el podcast semanal de Café Futbol CR, proyecto de Alvaro Gallardo y Alberto Alfaro.

De como medir la pobreza y las elecciones en Venezuela

Una noticia basada en una investigación de Juan Diego Trejos del IICE de la UCR, señala que al país le tomó 34 años para recuperar el nivel de inversión social que se tenía en los años previos a las crisis de los años 80-82. Solo en el período 2005-2014 la inversión per cápita creció alrededor de un 25%, lo cual es aun mas extraordinario si se considera que en los años posteriores al 2007, el país sufrió las consecuencias de una de las peores crisis financieras de la historia.

Para algunos, esta no es una buena noticia, porque desde su perspectiva ese aumento en la inversión social ha fracasado en tanto la pobreza se mantiene estancada alrededor de un 21%. Si bien es claro que siempre se puede mejorar la eficacia de los programas sociales selectivos, hay algunas consideraciones sobre la naturaleza misma de esos programas, que deben ser valoradas a la hora de emitir un juicio sobre su impacto en la población.

El método utilizado en Costa Rica (y en muchos otros países) para la determinación del nivel de pobreza en Costa Rica es el denominado de “línea de pobreza”.  Este método investiga el nivel de ingreso familiar, y dependiendo de ese monto, se clasifica a las familias como pobres,  extremos (si el ingreso no alcanza para comprar la Canasta Básica Alimentaria), o no extremos (si el ingreso alcanza para la CBA pero no para la Canasta Básica Total, que tiene mas productos y servicios que la primera).

Este método depende del ingreso. Y el ingreso bien puede ser impactado por transferencias de programas sociales selectivos (Avancemos por ejemplo), pero normalmente ese impacto es temporal, sin mencionar que los programas no tienen ese objetivo. Lo que sacaría permanentemente a estas familias de la pobreza es la posibilidad de conseguir  un empleo, algo que no está pasando. Y es cierto que el Estado tiene una responsabilidad enorme en la generación de condiciones para que eso suceda, pero los programas sociales selectivos son apenas una parte –una que de paso genera la mayoría de sus resultados a mediano y largo plazo-, de esa ecuación necesaria para dinamizar la economía y aumentar la inversión.

Existen otro tipo de mediciones que pueden reflejar mejor la acción del estado en la lucha contra la pobreza. Uno es el recién develado Índice de Pobreza Multidimensional, que incluye ámbitos como educación, vivienda y salud entre otros, en los que la acción del Estado es mas evidente. En el caso del IPM,  los datos indican que el porcentaje de familias consideradas pobres se redujo de 26,7% a 21,7% en el período 2010-2014 (en el 2015 se mantuvo sin cambio), un resultado a todas luces estimulante, sobre todo si se considera el esfuerzo que se hizo para sostener la inversión social en tiempos de estrechez fiscal.

Existe otro método, el de Necesidades Básicas Insatisfechas, que analiza posibles carencias que tienen las familias en educación, albergue y otros ámbitos, en el que también es claramente identificable la verdadera efectividad de los programas sociale selectivos. Según la serie histórica de esta medición, del año 2000 al año 2011 el porcentaje de familias con al menos una necesidad básica insatisfecha se redujo 11,5%, acorde al aumento sostenido que ha sufrido la inversión social.

Cualquier debate sobre el efecto de los programas sociales selectivos debería incluir estos elementos. Uno entiende que hay gente que no cree en el Estado y quisiera reducirlo a su mínima expresión, pero sin considerar estos puntos no es posible tener una discusión razonable.

******************************************************************************

El próximo 6 de diciembre se celebran elecciones parlamentarias en Venezuela. Después de casi dos décadas de control mayoritario de los poderes del Estado, el oficialismo parece estar a las puertas de perder la mayoría legislativa, en momentos en que el modelo exhibe enormes carencias. Para algunos, en estas elecciones no solo se juega el futuro de Venezuela, sino además la confirmación de una tendencia que algunos consideran comenzó con la victoria de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales argentinas: el principio del fin de los movimientos populistas en el sur del continente.

Pocos países enfrentan un clima de polarización política y social como Venezuela. Fui testigo de esto hace unos años, cuando hice una pregunta casual sobre el estado de la situación a dos personas de estratos sociales diferentes, provocando una enardecida discusión que en algún momento pensé iba a terminar a puñetazos. Y se trataba de dos personas que antes de mi pregunta conversaban cordialmente, sin imaginarme yo que podían llegar, unos minutos después, a gritarse, nariz con nariz, en un estado de exaltación inquietante.

El resultado de estas elecciones podría detonar una crisis enorme en Venezuela.  Una victoria de la oposición, como apuntan las encuestas, de seguro generará una reacción durísima del régimen. Una victoria del oficialismo sin duda generará dudas sobre la integridad del proceso. No es buena señal, desafortunadamente, que el gobierno no haya permitido una misión de observación electoral de la OEA, aceptando solo la de UNASUR. Pero uno esperaría, a la luz de la posición valiente del nuevo Secretario General de la OEA, que la comunidad internacional no se quede impávida ante lo que pase.

Ojalá que no aparezca la violencia. Pero si el resultado va a generar reacciones como la que generó mi pregunta hace unos años, el panorama no es alentador.