El gobierno retratado

La cadena de acontecimientos desatados por el retiro de la delegación costarricense, encabezada por el presidente y el canciller, para no escuchar el discurso del Presidente de Brasil, confirma las características de un gobierno desarticulado en donde no parece haber ningún tipo comunicación interna, producto, entre otras razones, por la ausencia de liderazgo político de la Casa Presidencial.

La reacción inicial del gobierno mismo, aparentemente cogido por sorpresa por un “gesto” que parece haber sido fraguado al calor del momento, es ya bastante indicativa. El comunicado inicial de Cancillería, titulado ampulosamente como “Declaración Oficial sobre decisión de no escuchar mensaje de Michel Temer en Naciones Unidas” -como mencionó alguien en redes sociales-, parecía haber sido redactado desde un teléfono en el mismo momento que se hacía abandono de la sala.  Justifica la salida como  producto de nuestras dudas que, “ante ciertas actitudes y actuaciones, se quiera aleccionar sobre prácticas democráticas”, una de las frases más enigmáticas de la historia de la política exterior costarricense. Acto seguido, sin embargo, sugiere que el retiro fue casual, pues “no es inusual que todos los Jefes de Estado o de Gobierno no escuchen todos los discursos de sus homólogos”. Pero no puede ser las dos cosas: o es un acto de protesta, o es una salida dentro de la práctica cotidiana. Parece una redacción tensada por la disyuntiva de confirmar la protesta, o atenuar el impacto de una evento que tomó a todo mundo desprevenido.

El canciller González, posiblemente avergonzado por este texto ambiguo, mal escrito y para nada esclarecedor ( y en cuya redacción, según el ministro de Comunicación, participaron la cancillería, la embajada costarricense ante la ONU y la Casa Presidencial, convirtiéndolo posiblemente en los 887 caracteres mas caros que se hayan escrito), decidió acudir a Facebook para exponer su versión de los hechos. El canciller no parece manejar bien la crítica, y no es la primera vez que reacciona de una manera inadecuada a señalamientos que se le hacen respecto al manejo de su cartera, y eso se refleja de inmediato en su escrito, al llamar “opinólogos” a quienes manifestaban su malestar con lo actuado por la delegación costarricense.  No es el tono con el que un servidor público debe rebatir las críticas a su gestión. Veremos cuál es el tono que emplea en su comparecencia ante la Asamblea Legislativa.

El texto en Facebook del canciller deja sin respuesta algunas interrogantes importantes. Primero, saber con certeza si lo que se hizo es una protesta, o es unas salida casual. Segundo, cuál es el razonamiento que sustenta esta actitud ante el gobierno de Brasil y su Presidente, porque no parece haber sido el producto de un proceso de análisis, sino mas bien de una ocurrencia del momento.

Y esto se evidencia en los intentos que el gobierno ha venido haciendo para caracterizar lo actuado. Primero, se quiso presentar como resultado de “dudas” y la intención de “aleccionar sobre prácticas democráticas”; luego, como lo dijera el ministro de Comunicación en varios programas de opinión radiales, se habló de una “preocupación por los hechos posteriores” al proceso de destitución. Pero mientras tanto, el jefe de despacho de la Presidencia de la República, asegura en su Facebook que la decisión del presidente “se efectuó en rechazo del proceso oscuro que culminó con la destitución de Dilma Roussef”. Finalmente, el mismo presidente Solís habla de “mandar un mensaje y hacer un llamado de atención”. Un acto sin duda polisémico, un legítimo cuatro en uno.

Ante este panorama, es razonable suponer que lo que se hizo fue mas una reacción espontánea, que el resultado de una posición madurada de política exterior. No se tenía ninguna señal de que esto iba a pasar. Aunque los elementos parecían estar ahí: así lo consigna el periodista Gilberto Lopes en su Facebook, cuando asegura que el presidente Solís le manifestó que lo sucedido en Brasil había sido “un golpe”. Tal vez esta conversación rondaba la cabeza de Solís cuando decidió levantarse para expresar las dudas/preocupaciones/el rechazo del proceso oscuro/o el envío del mensaje.

Es evidente además que no se valoraron las consecuencias que podía tener  este retiro de la sala de la Asamblea General. Una de las mas graves es que Costa Rica, sea cierto o no, es vista actuando en tándem con los países del ALBA. El canciller y el presidente pueden hablar de una “decisión soberana e individual”, pero no es así como se perciben las cosas en el contexto internacional. Después por supuesto, están las repercusiones en nuestras relaciones con Brasil, las que en un primer momento fueron minimizadas por el presidente, aunque después de que la Cancillería brasileña llamara a cuentas al embajador costarricense en Brasil (uno puede imaginar el rato amargo que debe haber pasado el embajador al ver con gran sorpresa el abandono de la delegación tica), tuvo que admitir que las relaciones diplomáticas con ese país se habían “tensado”.

En solo unos días el país ha tenido nuevamente una muestra del estilo de gobierno que ha caracterizado la administración Solís. Es mas o menos lo que ha venido pasando en estos dos años y cuatro meses. Y posiblemente lo que seguiremos viendo en los restantes 20 meses.

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El MOPT y la embajadora

“Gobierno tiene 0% de avance en 9 grandes obras financiadas con préstamo”, informa en primera plana el diario La Nación, en su edición del pasado 22 de junio. En el cuerpo de la noticia, el medio señala que “Trabajos están varados porque el MOPT se atrasó con los preparativos para ejecutar los proyectos; ministro de Obras Públicas alega que este ritmo de trabajo es normal”. La noticia, dirán algunos, es recurrente, y confirma, una vez mas, la desesperante negligencia y desidia de los responsables, quienes actúan sin ninguna consciencia de la urgencia que tiene construir las obras que están atrasando.

Pero la noticia permite evidenciar algunas otras cosas. Primero, no tenemos suficiente información como para valorar si es o no un ritmo “normal” de trabajo. Lo mas que se dice es que, en opinión de la Contraloría General de la República, el atraso es atribuible a “… a la lentitud del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en el cumplimiento de las condiciones previas para el desembolso del dinero: la creación de una unidad ejecutora del crédito (la cual se concretó en marzo del 2016) y el establecimiento de un fideicomiso de administración, lo que aún está en proceso”.

Pero eso que se expresa fácil, no es fácil de concretar. Un programa de inversiones  de esta magnitud requiere de la elaboración de complejísimos carteles de licitación, labor para la que el MOPT no cuenta con suficientes abogados e ingenieros, como para hacer de este un proceso fluido. Proceso que además es acometido con gran cuidado por los responsables, conscientes que incluso un error involuntario puede terminar en el escarnio público, sino en acusaciones penales.

Otro elemento es la necesidad de contar con diseños para poder hacer esas licitaciones. Los diseños funcionales no se comienzan a hacer sino hasta que se aprueba el préstamo, por lo que el tiempo de su elaboración es ineludible . ¿Por qué no se hacen estos diseños desde antes? Porque por ejemplo en el caso de este préstamo, la Asamblea Legislativa tenía que aprobar, además del préstamo mismo,  el proyecto específico y las obras que se iban a desarrollar. Así  que no tenía sentido gastarse una importante cantidad de tiempo y dinero si existía la posibilidad de que la Asamblea cambiara el proyecto.

Súmele a todos estos factores un ordenamiento jurídico que permite apelaciones irrestrictas en todas las etapas de la contratación, así como los requisitos propios de las instituciones financieras que prestan los recursos, y tendrá una perspectiva mas realista de la dificultad que tiene el MOPT para ejecutar un préstamo de esta magnitud. Cuando se conocen estos elementos, ausentes en la nota periodística, la valoración del trabajo de los funcionarios se hace desde una perspectiva mejor informada. Puede que se siga pensando igual, pero por lo menos no será sobre la base de información incompleta.

Es algo que pasa a menudo, recibimos información que lleva a conclusiones fáciles, que reflejan una realidad sencilla en donde todo sucede o no dependiendo exclusivamente de la voluntad personal. Nada más alejado de lo que sucede cotidianamente en la administración pública.

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Hecha la reflexión anterior, cabría preguntarse si entonces el gobierno se enfrenta a una injusta valoración de su trabajo porque, si el tema pasa más por factores objetivos –las carencia profesional, las leyes y los procedimientos-, no puede haber una responsabilidad objetiva del gobierno y sus jerarcas.

Pero aquí el problema es mas bien otro. El caso del nombramiento de la Embajadora en República Dominicana sirve para ilustrarlo con claridad. Se trata de una persona que evidentemente reúne todos los requisitos legales, profesionales y de idoneidad necesarios para desempeñar el cargo. Pero resulta además que es la madre de la Jefa de Despacho del Canciller, quien es el responsable de su nombramiento.

El canciller, que por cierto no parece manejar bien la crítica y califica la noticia como “…un intento más de desprestigiar la transparencia en el ejercicio de la función pública de esta Administración y, en el caso de hoy, el desempeño de mis funciones como canciller" según escribe en su pagina de Facebook, ha salido a defender el nombramiento, no solo mencionando los atestados de la señora Zúñiga, sino además  sus potestades  para nombrar embajadores. El que sea la mamá de su Jefa de Despacho (la que de paso es colega en el bufete en el que los dos trabajan cuando no están en labores de gobierno), afirma indignado el señor González, no es relevante.

Visto de manera objetiva, el ministro parece tener razón en defender su actuación. Pero, y esta es la clave, no puede obviar que forma parte del gobierno de un partido que cuando fue oposición criticó sin miramientos este tipo de nombramientos. El canciller, por mas que venga de otro partido político, no está exento de la obligación de la coherencia. Y eso es lo que se le cobra a él como parte de este gobierno.

Es lo mismo con el MOPT. Se está pagando el precio de haber prometido cosas desde la ignorancia, y de confundir ética con oportunismo electoral. Es tiempo de asumir las consecuencias de las expectativas infladas y el la utilización política del tema de la ética.

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Como siempre, una invitación para que escuchen el podcast de Café Futbol CR. Esta semana con un interesante análisis del calendario del próximo campeonato de la primera división costarricense, la que por cierto sigue mostrando rasgos artesanales que uno creería ya deberían haber sido superados

Los misteriosos criterios de la Procuraduría de la Ética y el momento de la cosecha

¿Cuáles son los criterios utilizados por la Procuraduría de la Ética para iniciar una investigación de oficio? Una rápida revisión a la normativa legal en la que se apoya el funcionamiento de esta instancia, disponible en la página web de la Procuraduría General de la República, no permite identificar con claridad esos elementos que, en ausencia de una denuncia específica, activan una investigación de oficio.

En ausencia de criterios objetivos, -tal vez el único parece ser la importancia que un caso parezca tener en los medios de comunicación-, la acción de oficio de la Procuraduría de la Ética parece originarse entonces en una valoración subjetiva de cada caso.  El último caso que motivó la acción de oficio de la Procuraduría del Ética es el denominado “autonombramiento”  de los directivos del Banco Nacional en las juntas de las subsidiarias del Banco.

Dadas las implicaciones del caso, parece correcto iniciar de oficio una investigación, pues si efectivamente existe una ley que limita la posibilidad de “autonombrarse”, los implicados deben explicar las razones por las cuales actuaron de la forma en la que lo hicieron, y de la que se ha venido informando con una inusitada profusión en un medio impreso.

Pero en las últimas semanas se han presentado otros casos que inexplicablemente no parecen haber generado el mismo celo en la Procuraduría de la Ética.  Y no queda claro por qué.

Por ejemplo, la noticia de que el director de la DIS contribuyó económicamente al financiamiento de un partido político, pese a que la ley aparentemente se lo prohíbe, se trata de una acusación gravísima. Se trata de una persona que maneja información delicada, y que considera que la obligación de neutralidad política no lo alcanza y no es importante. Pese a la gravedad del asunto, la Procuraduría de la Ética parece que no ha intervenido.

Otro ejemplo es el del recién destituido viceministro de Agricultura, nombrado de manera ilegal en su puesto, dada la restricción que tenía por haberse acogido a la movilidad laboral apenas dos años antes de ser nombrado. Lo grave del asunto es que el ex viceministro admite que tanto el presidente de la República como el ministro del MAG estaban enterados del tema al momento de su nombramiento. Se trata de una acto aparentemente ilegal, justificado según el ex viceministro, por un dictamen mismo de la Procuraduría. A pesar de todos esos elementos, la Procuraduría de la Ética no parece haberse dado por enterada.

Es importante conocer esos criterios mediante los cuales se decide qué se investiga de oficio y qué no. El país necesita una Procuraduría de la Ética fuerte, proactiva, que actúe a partir de criterios objetivos. Lo peor que le puede pasar es que se genere la sensación de que su trabajo es inconsistente, y que se mueve al vaivén de los énfasis noticiosos.

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La semana pasada no fue una buena semana para el gobierno. (La verdad es que de hace un tiempo para acá, no ha habido buenas semanas para el gobierno). Varias noticias en esos días lo golpearon en un ámbito del que se vanagloriaba no hace mucho: el de la ausencia de acusaciones de corrupción en el ejercicio de la función pública.

Sin duda uno de estos casos por el que se produjo una reacción indignada de la gente, fue el nombramiento ilegal de un viceministro, que no podía ocupar ese cargo por haberse acogido a la movilidad laboral. (Por la que recibió además 53 millones de colones). En la misma línea, la duplicación del salario del presidente del Banco Central, que estrictamente es un acto en el que no tiene injerencia el Poder Ejecutivo, pero cuyas consecuencias igual se “le pegan” al gobierno. (Y no es del todo descabellado hacerlo así, al fin y al cabo al presidente del Banco Central lo nombra el presidente).

A estos casos se suma el fiasco de la destitución del embajador costarricense ante la OEA, objeto de una acusación de acoso laboral ratificada por un demoledor informe interno de la Cancillería, despido que quiso disfrazarse infructuosamente como una renuncia para optar por un nombramiento en la OEA, cosa que fue desmentida por ese organismo continental.

La reacción de la gente ha sido muy dura, como lo es cuando se le vende una cosa en campaña y siente que se está haciendo otra en gobierno. Pero es importante hacer algunas distinciones, porque no todo lo que se dice que es corrupción lo es en realidad.

El nombramiento del exviceministro de Agricultura por ejemplo, es un acto negligente y pobremente fundamentando, forzado seguramente por la dificultad que tuvo el presidente para completar su gabinete. Pero uno no se imagina, ni al presidente ni al ministro, actuando dolosamente, con la aviesa intención de favorecer a una persona en contra de la ley en un acto tan evidente como este. Hay sin duda una ligereza enorme en el nombramiento -rasgo que por cierto es  una marca distintiva de este gobierno-, pero de ahí a llamarlo corrupción hay una gran diferencia.

En el fondo, Solís y su grupo recogen con creces lo que sembraron durante años, en los que se dedicaron a homologar a corrupción cualquier acto negligente en el gobierno. Si la ligereza, la falta de rigor, las contradicciones y la ausencia de resultados es corrupción, este gobierno tiene ante sí una muy empinada cuesta en los próximos 25 meses.

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Recuerde escuchar el podcast semanal de Café Futbol CR, proyecto de Alvaro Gallardo y Alberto Alfaro.