Tiene razón Ricardo Valverde y las realidades diferentes de los medios y la administración

Los acontecimientos alrededor de la detención de un diputado del Frente Amplio, por un caso de supuesta violencia doméstica, nos muestra a un partido político enredado en su propia retórica oportunista, confundiendo impulsividad con decisión, populismo con consistencia.

La decisión del Comité Ejecutivo del partido, de solicitarle la renuncia al diputado, es natural viniendo de una organización que en el pasado ha lucrado políticamente de exigir renuncias prematuras, desestimando como una excusa de corruptos el principio básico de la presunción de inocencia. Porque finalmente, cuando se le pide la renuncia al diputado, sin siquiera haber escuchado su versión de los hechos, las autoridades del FA no hacen mas que mostrar un evidente desprecio por el debido proceso, práctica característica de organizaciones de talante antidemocrático.

Pero en cierto modo, no tienen alternativa. Han actuado de la misma manera en el pasado, cuando exigir renuncias fulminantes y condenas absolutas les ha representado, según su perspectiva, una ganancia política. No se trata de consistencia –no hay virtud cuando se está consistentemente equivocado-, sino que, prisioneros de su propia retórica, y mostrando su verdadera naturaleza, no pueden hacer otra cosa que repetirse.

Quienes en el pasado les han señalado esta peligrosa tendencia, han sido tachados de corruptos, de ser “los mismos de siempre”. Pero resulta que ahora el llamado de atención viene de sus propias filas. La renuncia de Ricardo Valverde, Presidente del Tribunal de Ética del Frente Amplio, en rechazo de la actuación del Comité Ejecutivo, el que, según su criterio, lo que hace es “jugar para la tribuna de gente que en las redes sociales pide sangre antes que justicia y consecuencia ética", es una llamada de atención para que se respeten, como lo dice Valverde “los principios que se consignan en la Constitución de Costa Rica y los tratados sobre derechos humanos que hemos suscrito".  Mas claro, imposible.

Pues precisamente eso es lo que han hecho, durante mucho tiempo, las autoridades de su partido. Disparar primero y preguntar después. Terminarán disparándose a sí mismos.

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 En la línea de las anteriores reflexiones, algunas personas parecen creer cualquier cosa que aparece en los medios debe ser atendida de oficio -en el pasado, por ejemplo, esa era una práctica habitual de la Procuraduría de la Ética-. Y no solo eso, si lo que se dice parece apuntar a la existencia de algún hecho irregular o cuestionable, la reacción de los responsables debe ser inmediata, aun cuando los temas de los que se informa sean complejos, y requieran de mas información de la que viene en una nota de 4000 caracteres, o en un video de 30 segundos.

 Hace unas semanas se dio un ejemplo de esto. En un editorial publicado el pasado 15 de marzo en el periódico La Nación, se criticaba que los miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional no hubiesen adoptado medidas en contra de un miembro de esa Junta Directiva que se señalaba como parte de una empresas con fuertes movimiento de dinero en el BCR, razón por la cual se había congelado los fondos cuestionados mientras se llevaba a cabo una investigación.

Para el editorialista, el que la Junta Directiva del BNCR, ante las publicaciones de ese diario sobre el caso, decidiera solicitar información oficial al Banco de Costa Rica, es insuficiente, pese a que “el país estaba enterado (por los reportajes del periódico) de las decenas de millones de dólares movilizados por Latco, el inicio de una investigación del Ministerio Público y la intención del Banco de Costa Rica de celebrar una asamblea de accionistas del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), cuyo único otro socio es el Banco Nacional, para remover de la Directiva a Morsink por pérdida de confianza”.

La “pretensión” , tal y como lo califica el editorial, de pedir información oficial sobre un caso del que la Junta Directiva ya está enterada por la prensa, es, siguiendo esta lógica, injustificable. Pese a que el editorialista señala que “…nadie pide una decisión inmediata basada en informaciones de prensa”, de seguido cuestiona si  “¿será suficiente sentarse a esperar informes cuando los propios directores aceptaron conocer, en actas, las urgentes explicaciones brindadas por Bicsa a las autoridades estadounidenses, dadas las operaciones de ese banco en aquel país?”

Una información de prensa nunca puede ser suficiente para tomar decisiones en un entorno complejo como el de la administración pública costarricense.  Tampoco lo será la interpretación, normalmente incompleta, que se hace de los datos disponibles. El camino que lleva a la toma de decisiones en el sector público es empinado, lleno de obstáculos y trampas legales, sobre todo cuando de destituciones se trata. El respeto al debido proceso no siempre coincide con los tiempos de los editorialistas, pero la realidad es mucho mas compleja cuando se está sentado en una silla con responsabilidades de decisión en la administración pública, que la que se ve frente a una computadora a la hora de escribir una noticia o un editorial. No estaría de más un esfuerzo adicional por comprender esa diferencia.

Los misteriosos criterios de la Procuraduría de la Ética y el momento de la cosecha

¿Cuáles son los criterios utilizados por la Procuraduría de la Ética para iniciar una investigación de oficio? Una rápida revisión a la normativa legal en la que se apoya el funcionamiento de esta instancia, disponible en la página web de la Procuraduría General de la República, no permite identificar con claridad esos elementos que, en ausencia de una denuncia específica, activan una investigación de oficio.

En ausencia de criterios objetivos, -tal vez el único parece ser la importancia que un caso parezca tener en los medios de comunicación-, la acción de oficio de la Procuraduría de la Ética parece originarse entonces en una valoración subjetiva de cada caso.  El último caso que motivó la acción de oficio de la Procuraduría del Ética es el denominado “autonombramiento”  de los directivos del Banco Nacional en las juntas de las subsidiarias del Banco.

Dadas las implicaciones del caso, parece correcto iniciar de oficio una investigación, pues si efectivamente existe una ley que limita la posibilidad de “autonombrarse”, los implicados deben explicar las razones por las cuales actuaron de la forma en la que lo hicieron, y de la que se ha venido informando con una inusitada profusión en un medio impreso.

Pero en las últimas semanas se han presentado otros casos que inexplicablemente no parecen haber generado el mismo celo en la Procuraduría de la Ética.  Y no queda claro por qué.

Por ejemplo, la noticia de que el director de la DIS contribuyó económicamente al financiamiento de un partido político, pese a que la ley aparentemente se lo prohíbe, se trata de una acusación gravísima. Se trata de una persona que maneja información delicada, y que considera que la obligación de neutralidad política no lo alcanza y no es importante. Pese a la gravedad del asunto, la Procuraduría de la Ética parece que no ha intervenido.

Otro ejemplo es el del recién destituido viceministro de Agricultura, nombrado de manera ilegal en su puesto, dada la restricción que tenía por haberse acogido a la movilidad laboral apenas dos años antes de ser nombrado. Lo grave del asunto es que el ex viceministro admite que tanto el presidente de la República como el ministro del MAG estaban enterados del tema al momento de su nombramiento. Se trata de una acto aparentemente ilegal, justificado según el ex viceministro, por un dictamen mismo de la Procuraduría. A pesar de todos esos elementos, la Procuraduría de la Ética no parece haberse dado por enterada.

Es importante conocer esos criterios mediante los cuales se decide qué se investiga de oficio y qué no. El país necesita una Procuraduría de la Ética fuerte, proactiva, que actúe a partir de criterios objetivos. Lo peor que le puede pasar es que se genere la sensación de que su trabajo es inconsistente, y que se mueve al vaivén de los énfasis noticiosos.

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La semana pasada no fue una buena semana para el gobierno. (La verdad es que de hace un tiempo para acá, no ha habido buenas semanas para el gobierno). Varias noticias en esos días lo golpearon en un ámbito del que se vanagloriaba no hace mucho: el de la ausencia de acusaciones de corrupción en el ejercicio de la función pública.

Sin duda uno de estos casos por el que se produjo una reacción indignada de la gente, fue el nombramiento ilegal de un viceministro, que no podía ocupar ese cargo por haberse acogido a la movilidad laboral. (Por la que recibió además 53 millones de colones). En la misma línea, la duplicación del salario del presidente del Banco Central, que estrictamente es un acto en el que no tiene injerencia el Poder Ejecutivo, pero cuyas consecuencias igual se “le pegan” al gobierno. (Y no es del todo descabellado hacerlo así, al fin y al cabo al presidente del Banco Central lo nombra el presidente).

A estos casos se suma el fiasco de la destitución del embajador costarricense ante la OEA, objeto de una acusación de acoso laboral ratificada por un demoledor informe interno de la Cancillería, despido que quiso disfrazarse infructuosamente como una renuncia para optar por un nombramiento en la OEA, cosa que fue desmentida por ese organismo continental.

La reacción de la gente ha sido muy dura, como lo es cuando se le vende una cosa en campaña y siente que se está haciendo otra en gobierno. Pero es importante hacer algunas distinciones, porque no todo lo que se dice que es corrupción lo es en realidad.

El nombramiento del exviceministro de Agricultura por ejemplo, es un acto negligente y pobremente fundamentando, forzado seguramente por la dificultad que tuvo el presidente para completar su gabinete. Pero uno no se imagina, ni al presidente ni al ministro, actuando dolosamente, con la aviesa intención de favorecer a una persona en contra de la ley en un acto tan evidente como este. Hay sin duda una ligereza enorme en el nombramiento -rasgo que por cierto es  una marca distintiva de este gobierno-, pero de ahí a llamarlo corrupción hay una gran diferencia.

En el fondo, Solís y su grupo recogen con creces lo que sembraron durante años, en los que se dedicaron a homologar a corrupción cualquier acto negligente en el gobierno. Si la ligereza, la falta de rigor, las contradicciones y la ausencia de resultados es corrupción, este gobierno tiene ante sí una muy empinada cuesta en los próximos 25 meses.

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Recuerde escuchar el podcast semanal de Café Futbol CR, proyecto de Alvaro Gallardo y Alberto Alfaro.

Tiene razón Joel y los retos para la democracia

Dos hechos que confluyen, en dos ámbitos distintos. Primero una entrevista que el periódico La Nación le hace a Joel Campbell valorando su paso por el futbol europeo; segundo, una cadena nacional de televisión en la que el gobierno anuncia, con bombos y platillos, ¡la reparación de un puente!.

La entrevista a Campbell revela a un muchacho que ha aprendido muchísimo en su tránsito de 5 años por el viejo continente. Y no solo en lo deportivo, sino además en lo personal, en su visión de vida y  sobre lo que debe hacer en un entorno de excelencia como el futbol europeo.  (Por cierto que en el ultimo episodio de Café Futbol CR, un podcast sobre futbol nacional producido por Alvaro Gallardo y Alberto Alfaro, los anfitriones analizan el futuro de Joel en el Arsenal, vale la pena oírlo)

Las referencias que hace a lo largo de la entrevista a la necesidad de ser fuerte mentalmente, de “trabajar tres veces más” como una forma de superar el venir de un país “pequeño y sin nombre”, denotan una madurez que solo es posible cuando se afrontan los retos con ambición, de alguna manera derrotando un rasgo que Joel señala como parte de la mentalidad costarricense: “los ticos tenemos una ley de que no podemos destacar en cosas grandes, nosotros como somos un país pequeño nos quedamos aspirando a lo pequeño”.

Pues bien, apenas unos días antes, el gobierno había anunciado, nada menos que en cadena nacional de televisión, que el denominado “puente de la platina” será reparado en un año. Un puente que, dice el presidente “se nos ha enredado”. Un símbolo, dicen algunos, de la ineficiencia estatal.

Pero finalmente, y pese a la tendencia nacional a otorgarle un peso desproporcionado a lo simbólico, se trata de un puente. Uno muy importante, el mas conocido del país, pero un puente al fin y al cabo. Por eso la cadena de televisión, el dramatismo que la impregna, el aire grandilocuente del acto,  la orden presidencial al ministro del MOPT, lanzada en tono vibrante y algo amenazador, salen sobrando. Uno entiende que el gobierno realmente está urgido de presentar algún logro para sustentar de alguna manera la enorme promesa del cambio, “la nueva era” de la que hablaba el presidente. Pero la reparación de un puente no parecería ser ese punto de quiebre.

Y aquí vale pena recordar las palabras de Joel: “los ticos tenemos una ley de que no podemos destacar en cosas grandes, nosotros como somos un país pequeño nos quedamos aspirando a lo pequeño’. El gobierno, en esa cadena de televisión, en ese acto que quiso ser superlativo, y terminó siendo desproporcionado,  terminó siendo un fiel reflejo de eso de lo que nos habla el numero 28 del Arsenal.

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¿Cómo resuelven las democracias los “empates” que ha tendido a generar en los últimos tiempo? O dicho de otra manera, ¿cómo vamos a manejar la incapacidad de generar mayorías que se ha vuelto recurrente en los sistemas políticos democráticos?

Las preguntas son de respuesta muy compleja, pero habría que hacer algunas distinciones importantes. En España por ejemplo, los electores decidieron repartir el poder de tal manera que no es posible formar un gobierno viable sin el concurso de al menos tres de los principales cuatro partidos, al menos que los rivales históricos, el PP y el PSOE, lograran un consenso improbable. Pero las diferencias ideológicas son marcadas y encontrar puntos de encuentro se hace muy difícil. El panorama apunta a que habrá nuevas elecciones en junio, lo que se percibe, como  corresponde a una democracia madura, como un fracaso. Pero, ¿qué pasaría si el resultado de esa elecciones es similar al de diciembre pasado? ¿Cómo lo resolverán los partidos políticos?

En Costa Rica la situación tiene matices más dramáticos. Al multipartidismo, resultado del desvanecimiento de los partidos tradicionales, se suma un reglamento legislativo –y en general una práctica política-, que parece premiar el disenso y castigar la construcción de mayorías. Ya no solo se trata de que haya minorías que  tengan mayor peso que cualquier mayoría, sino de la capacidad  de un solo diputado de paralizar un debate legislativo, dejando sin ningún valor al ejercicio de la construcción de acuerdos. En Costa Rica, algunas categorías básicos del juego democrático se encuentran cuestionados: acuerdos, conceptos, mayorías. De su recuperación depende que el sistema nuevamente sea efectivo.

Pero mas allá de los casos particulares, en el fondo somos testigos de los límites de la organización política para poder dar respuesta a una ciudadanía mas informada (y desinformada), con aspiraciones que van mas allá de las categorías básicas relacionadas con educación, salud, infraestructura, etc.. Y hay que encontrar respuestas, porque el apego a la democracia -hemos visto ya varios ejemplos-, no está escrito en piedra. Y cuando la gente está dispuesta a dar un salto al vacío, es muy difícil dar marcha atrás.

No hay técnica sin política y la verdad detrás de no "meter pie"

El Embajador de los EEUU expresó en una entrevista reciente su preocupación por la actuación del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), órgano del Ministerio de Agricultura y Ganadería, pues según su punto de vista, “esa instancia se ha manejado bajo criterios políticos y no científicos cuando ha detenido la importación de productos agropecuarios provenientes de Estados Unidos y otros países”.

Ya el país enfrentó hace unos meses el malestar de otros socios comerciales como resultado de la acción del SFE. El director de este servicio sostiene que su trabajo es estrictamente técnico, y que no hay ningún elemento político que incida o lo condicione. Pero esta afirmación no parece ser correcta, no solo por razones conceptuales, sino porque lo que hace es consistente con una visión ideológica particular.

La acción técnica en el sector público no se da en el vacío, independiente de la esfera política e ideológica. Existe un marco, definido por los jerarcas de gobierno encabezados por el presidente de la República, que orienta y delimita, en el buen sentido, la acción técnica. De esta manera, es de esperarse que una institución como  el SFE trabaje de una manera en un gobierno que favorece la apertura comercial, y que lo haga de una forma distinta bajo una visión política opuesta.

Y lo cierto es que desde el principio, el gobierno de Solís dejó claro cuál era su visión en este tema. El Plan Nacional de Desarrollo establece claramente, que “…el país debe privilegiar la producción nacional y bajo este principio se impulsará una Política de Estado de seguridad alimentaria (producción y acceso real de alimentos para toda la población) y apoyo a la producción local de frijol, maíz blanco, arroz, papa, cebolla, leche, carne de cerdo, carne de res y otros productos”.

Para conseguir este objetivo, “...como complemento se propone impulsar la reforma del artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica para elevar a rango constitucional la soberanía alimentaria como derecho de todos los costarricenses y el impulso a la Ley Marco de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional”.

A la luz de estas premisas, la acción del SFE es consistente, y se dirige hacia el fortalecimiento de la “soberanía alimentaria”. No es una acción técnica “aséptica”. Aceptar que la técnica no tiene una visión particular, es evitar la discusión en el ámbito correcto: la pertinencia y validez de una visión ideológica particular. El país debe tener ese debate. Lo que no se vale es tratar de esconder detrás de una supuesta neutralidad técnica, una acción fundada en razones políticas.

Mención aparte merece el nuevo episodio de descoordinación en el gabinete de Solís. Dos ministros, de COMEX y Relaciones Exteriores, lamentan la posición desabrida, y francamente irrespetuosa, del director del SFE frente a las declaraciones del embajador. La respuesta del ministro del MAG es respaldar a su subordinado, cuyas declaraciones, afirma, deben haber sido “malinterpretadas” y “sobredimensionadas”, por sus colegas de gabinete.

 Las preguntas que surgen ante una situación como esta es, ¿no tienen los ministros los número de teléfono de sus colegas? ¿No es razonable esperar que este tipo de situaciones se resuelvan internamente?. ¿Se dan cuenta todos los involucrados la imagen que el gobierno proyecta cada vez que se dan estas polémicas a través de los medios?

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El jugador Harold Cummings, defensa panameño que milita en la Liga Deportiva Alajuelense, manifestó candorosamente en una entrevista en la que le pidieron que comparara el nivel de los jugadores costarricenses con el de los panameños, que  “…el tico suele carecer de falta de actitud o de coraje a la hora de marcar una pelota dividida”. Lo que sucedió después nos muestra una de esas cosas que caracteriza a los costarricenses, y devela un lado oscuro de nuestra nacionalidad.

La reacción ante estas declaraciones  no se hizo esperar. Si eso fuera cierto, argumentaron algunos, no habríamos ido a mas mundiales que Panamá. Otros optaron por el camino chovinista: ¿cuántos panameños juegan en Europa? ¿Cuántos Keylors, Bryans y Joels tiene jugando en las principales ligas? Algunos optaron por la mesura y contextualizaron lo dicho por el defensor panameño: no se habla de todos, algunos aquí efectivamente “meten el pie” en jugadas divididas.

Cuando de nosotros se trata, los costarricenses somos críticos feroces. Nos expresamos con extremada dureza cuando nos decepcionan con resultados futbolísticos adversos, y normalmente no dejamos títere sin cabeza. Y una de las cosas que mas se dice cuando estas tragedias deportivas se suscitan, es que el jugador costarricense no tiene carácter. Que se arruga, que no entra al choque, porque ahora su prioridad es el club europeo en el que juega. Cuantas veces oímos eso cuando Honduras o el mismo Panamá  nos derrota.

Pero eso lo podemos decir nosotros, nadie mas. En el fondo, hay un dejo xenófobo en esta actitud. No admitimos críticas de quienes no consideramos que están a nuestra altura. Seguimos viendo a ciertos países por encima del hombro.. Esa condescendencia histórica que hemos mostrado, revela una rasgo tristemente negativo de nuestra nacionalidad. Y pese a lo que supuestamente hemos avanzado, en este campo seguimos siendo los mismos. Seguimos sin meter pie contra esos prejuicios.

Una realidad desvirtuada y el ejercicio de los derechos según la Contraloría

Una noticia de un telenoticiero nacional, una periodista detallaba lo que denominó “las prioridades del nuevo ministro de Obras Públicas y Transportes”. Aparte de la ruta 32, y las carreteras a San Ramón y a San Carlos, la nota  señalaba también la necesidad de “hacer cumplir el contrato de concesión de la ruta 27, de manera que se abran los peajes cuando hay presas”.

Los usuarios de la ruta que vieron la noticia se deben haber llenado de optimismo. No mas esperas en horas pico para pasar los peajes. Con solo que el ministro “haga cumplir el contrato de concesión”, la concesionaria deberá abrir los peajes cada vez que haya congestión. El problema es que el contrato dice una cosa que es mucho mas compleja que lo que la periodista dio a entender en su poco fundamentada nota.

Lo cierto es que para llegar al punto en que el concesionario deba abrir los peajes para aligerar el tránsito, se debe efectuar un trámite que incluye el cumplimiento de un número de condiciones previas. Debe haberse registrado un tiempo de espera mayor a cinco minutos por estación por dos horas consecutivas en un mes calendario. Si esta condición se presentara, el concesionario tendrá que presentar un plan remedial en cinco días, plan que podría incluir la construcción de obras necesarias para aliviar la congestión, para  lo que contaría con 6 meses. Agotado este plazo, y si no se resuelve el problema, el concesionario tendría que abrir los peajes “hasta que la congestión desaparezca”, o sea, por periodos de tiempo relatvamente cortos.

Se puede discutir la justeza de este mecanismo, pero ese sería otro tema. Lo cierto es que la noticia sobre las prioridades del nuevo ministro, debe haber generado una expectativa. Y si las presas se mantienen, el nuevo jerarca no habrá demostrado la “voluntad política” para resolver el problema.
(Por cierto que la campaña electoral del 2014 giró alrededor de la falacia de que las cosas no sucedían por pura negligencia y/o falta de voluntad. Pero apenas unos meses después de asumir su cargo, el mismo presidente, quien aparentemente se creyó esta versión diluida de la realidad, hubo de admitir que no era lo mismo verla venir que bailar con ella).

Uno de los principales problemas en el debate público es esa constante simplificación de la realidad que recibimos diariamente en muchas informaciones. En este caso particular, no habría costado nada revisar el contrato de la concesión, con lo que pudo haberse complementado la nota, dimensionando correctamente lo que puede o no puede hacer el ministro.

Pero al presentar la realidad de esta manera parcial, se generan expectativas que al no ser cumplidas derivan en desánimo, y refuerza algunos prejuicios en contra de la política, representada en este caso por la inhabilidad de las instituciones de “hacer cumplir el contrato”.

No es que no haya razones para quejarse, pero al menos hagámoslo sobre la base de la comprensión integral de las circunstancias que rodean el complejísimo ejercicio del poder, y no de una realidad chapuceramente simplificada, construida por un ejercicio de comunicación poco riguroso, y reforzada por una demagogia política que eventualmente termina reventándole en la cara a quienes acuden a ella.

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La lógica que parece sustentar la noticia “Contraloría acosada por 100 demandas judiciales” es que los procesos que enfrenta a Contraloría no responden a un legítimo ejercicio de derechos constitucionales, sino a torcidos intentos para evadir responsabilidades.

Refuerza esta percepción la misma Contralora, cuando increíblemente dice que “…en su criterio, hay un abuso de los mecanismos que tienen los ciudadanos para defender sus derechos. Esas demandas no solo retrasan la aplicación de sanciones, sino que, en ocasiones, también pueden dejar en suspenso obras públicas. “Esta judicialización del control tiene desde razones legítimas, que son parte de un sano ejercicio en un Estado de derecho, hasta las que obedecen al intento de salvaguardar intereses particulares, lucrar con un litigio o hasta sangran a la hacienda pública”

Aparte de que uno no se explica una expresión como “hay un abuso de los mecanismos que tiene los ciudadanos para defender sus derechos”, la clasificación que hace la Contralora de las demandas con las que se “acosa” a la Contraloría no es de recibo. La justeza o no de las demandas le tocará dilucidarlo a los tribunales de justicia. Pero además, subyace en el razonamiento un sentido de inefabilidad en las actuaciones de la Contraloría, las que, aparentemente, están exentas de errores.

No es así, y los ciudadanos tienen derecho de acudir a los tribunales si se sienten afectados por alguna resolución de la CGR. Es posible que haya que racionalizar algunos procesos para limitar la judicialización de la acción pública, pero mientras no se hagan las reformas necesarias, no se debe deslegitimar el ejercicio de un derecho plenamente vigente. En la defensa de derechos particulares, por definición no puede haber “abusos”.

¿El fin de los gobiernos bien calificados? El tema de FIV es importante, pero mas no poder decidir

¿Cómo calificaría la gestión de un Presidente que durante su gobierno logró disminuir el desempleo a la mitad? ¿Qué lanzó una iniciativa de seguridad social que le permitió a millones de personas contar con servicios médicos? ¿Qué cumplió sus promesas de acabar la participación de su país en dos guerras?.

Ese es parte del legado de Barack Obama en los Estados Unidos. A la distancia parece un cúmulo de logros notables, que deberían derivar en una tasa de aprobación muy alta. Pero, en el mejor de los casos, las encuestas muestran al electorado estadounidense dividido en partes mas o menos iguales, entre aquellos que aprueban su trabajo y aquellos que no.

Es cierto existen factores particulares de la cultura política estadounidense que inciden en el caso de Obama, pero lo cierto es que a lo largo y ancho del planeta es posible encontrar situaciones similares, en los que los gobiernos parecen estar realizando una labor positiva, pero que no es reconocida como tal por la ciudadanía. Probablemente el elemento común que tienen todos estos casos, es la imposibilidad de los gobiernos democráticos de incidir de manera efectiva, en procesos de formación de opinión pública completamente inéditos.

En la sociedad hiperconectada del siglo XXI, en donde todos son potencialmente consumidores y productores de información (dualidad que ha sido plasmada en la expresión inglesa “prosumer”), los aparatos públicos, sin haber logrado entender plenamente las dinámicas implícitas en los procesos de generación, y, sobre todo, de diseminación de información, se encuentran en una situación de desventaja frente a la multiplicidad de fuentes, la falta de rigor de la mayoría de ellas, y el poder imparable de la repetición ad-infinitum, capaz de darle vigencia a noticias pasadas como verdades actuales.

Hay que sumarle a esto la presión que la inmediatez de las redes sociales significa para los medios de comunicación tradicionales. En términos generales, estos medios han tenido que adecuar sus parámetros operativos para no quedar relegados y convertirse en fuentes obsoletas. Desafortunadamente, en buena parte de ellos, el estándar ha tenido que ser adaptado, y encontramos muchos ejemplos de informaciones incompletas, descontextualizadas y abiertamente equivocadas, lanzadas al ciberespacio en franca competencia con las millones de personas, que ahora pueden con un teléfono inteligente convertirse muchas veces en un no muy inteligente reportero.

No significa esto que todos los gobiernos son buenos y deberían ser bien calificados. Pero lo cierto es en un entorno como el descrito, y mientras no se entienda bien como insertarse inteligentemente para presentar su punto de vista de manera efectiva, no sería extraño que no volviera a haber gobiernos calificados positivamente, pese a que cumplan con los criterios “clásicos” para ser bien calificados, como parece haberlo hecho Barack Obama.

Y esto sería una cosa anecdótica si no tuviera un impacto en la legitimidad de las instituciones, como puede tenerlo una prolongado período de escepticismo y pesimismo de la ciudadanía.

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La Sala Constitucional dejó sin efecto el decreto del gobierno que pretendía reglamentar la fertilización en vitro en Costa Rica. El debate sobre la pertinencia de este decreto desde el punto de vista legal es, como usualmente pasa con estos temas, inacabable. Pero sobre esto, sobre lo que ya había reflexionado hace un tiempo desde la perspectiva de la debilidad política del gobierno, vale la pena hacer algunas anotaciones adicionales.

El cumplimiento de las leyes y el acatamiento de los fallos judiciales son principios fundamentales de cualquier sociedad. Como país, nos encontramos desobedeciendo una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en un fallo que no deja resquicios, ordena la país a realizar la FIV a las parejas que lo requieran. La incapacidad del Estado costarricense para cumplirlo, debería preocuparnos más que las posiciones de quienes la adversan y quienes la apoyan.

El debate sobre el tema ha terminado en un callejón sin salida, y cada vez se hace más difícil la posibilidad de encontrar posiciones comunes. El asunto se agrava porque, tal como sucede en la caso de los derechos de las parejas del mismo sexo, quienes propugnan por el cumplimiento de la sentencia acuden al equivocado argumento de atacar las creencias de quienes se oponen, convirtiendo en algo personal algo que no debería serlo.

Ciertamente los grupos  mas conspicuamente opuestos al tema de la FIV y los derechos de parejas del mismo sexo son de corte religioso. Pero lo importante aquí no es cuestionar la validez de las creencias, sino mas bien evidenciar nuestra incapacidad para que  la voluntad de una mayoría pueda concretarse. Lo malo no es que la gente crea o no en Dios, es que no pueda siquiera llegarse a una votación sobre temas tan importantes como la FIV o los derechos de las personas del mismo sexo.

El país de los absolutos, los buenos somos lo malos y la evasión como argumento

¿Cuándo nos volvimos un país del todo, nada, siempre y nunca? ¿Qué fue lo que pasó para que seamos el país de los criterios absolutos, en donde matizar es mal visto, en donde no se reconocen los grises de la realidad, en donde todo es negro y nada es blanco?.

¿Cómo es que ahora TODOS los políticos son corruptos, TODOS los funcionarios públicos negligentes y privilegiados, TODOS los jugadores de futbol son malísimos, TODOS los servicios públicos apestan? ¿A partir de cual momento NADA sirve? ¿Por qué de pronto NADA es posible? “No hay NADA que hacer”, oye uno decir a la gente frecuentemente. Vamos a votar arrastrando los pies –si vamos-, porque estamos convencidos que NADA va a cambiar.

Porque, claro, SIEMPRE pasa lo mismo. SIEMPRE llegan al poder quienes solo quieren robar (llegan de manera espontánea, nunca con nuestros votos). Y por eso NUNCA hacen nada, y NUNCA mejoraremos la situación. Vamos irremediablemente al barranco, si no es que estamos ahí.

Este es, al decir de algunos “un país en ruinas”, en el que, como escribió Carlos Cortés en su novela, “no pasa nada desde el Big Bang”. Y cuando alguien intenta demostrar que ALGO (palabra desterrada del vocabulario político contemporáneo), se ha hecho, la percepción tiene mas valor que los datos, la opinión y el prejuicio mas peso que la estadística. “Usted puede darme todos los datos que quiera, pero la percepción de la “gente” (esa categoría indeterminada que utilizan algunos para contrarrestar las cifras) es completamente otra”, argumentan los heraldos del apocalipsis.

Ciertamente los políticos –me incluyo-, tenemos responsabilidad en este estado de ánimo. Pero no solo son los políticos. Otros actores han contribuido. Comenzó cuando la preocupación de la ética en la función pública dejó de ser una aspiración bien intencionada, y se convirtió en una cacería de brujas que aun no termina. Cuando los linchamientos mediáticos de los reportajes periodísticos sesgados y mal fundamentados, se comenzaron a ver como buen periodismo. Cuando lo políticamente correcto es ser pesimista, criticón y choteador.

Tenemos que saber que si seguimos por este camino, terminaremos siendo lo que decimos que somos.

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En línea con las reflexiones anteriores,  una lógica muy particular se ha apoderado de la valoración de ciertos hechos políticos en Costa Rica. Uno de estos es el abstencionismo, que por una curiosa inversión de valores, es ahora presentado como una manifestación de alto civismo.

Prevalece un discurso anti-político en nuestro país. Hay sin duda responsabilidad de los políticos –aunque no son los únicos-, no solo por el tema de corrupción, sino además por la dificultad creciente para concretar sus promesas electorales, tanto por negligencia, como por un ordenamiento jurídico asfixiante. Pero lo cierto es que la política ha terminado siendo vista como una actividad éticamente cuestionable, en donde prevalece el interés personal, y el interés común es secundario a oscuros designios de corrupción individual.

Quienes votamos entonces no somos buenos ciudadanos, sino cómplices. Somos personas que, en el mejor de los casos, ejercemos un derecho inútil llevado por el peso de la tradición partidaria, o deslumbrados por propaganda sin contenido. En ese contexto, el abstencionista no es una persona que rehúye sus obligaciones con la comunidad, sino un ciudadano pensante, inteligente, que no se deja embaucar por la política y, sobre todo, por los políticos.

Esta visión tiene implicaciones muy negativas.  Ciertamente la no participación es una forma de participación, pero cuando cualquier actividad relacionada con intereses que van más allá de lo personal, es vista como una actividad “política” y, por lo tanto, indigna o irremediablemente corrupta, se erige un obstáculo formidable para que la ciudadanía se integre a la acción comunal, que es uno de los pilares importante del desarrollo de cualquier país.

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El Ministerio de Hacienda anuncia que la evasión y la elusión representan mas del 8% del PIB. Lo hizo de una manera que parece, en el mejor de los casos, imprudente, dado que apenas inicia el debate sobre la reforma fiscal. A partir de ahora, el argumento de “no es necesario aumentar impuestos, con solo controlar la evasión y la elusión sería suficiente para controlar el déficit”, es uno que vamos a escuchar frecuentemente en el debate fiscal.

El tema no es tan sencillo, pero el daño ya está hecho. Combatir la evasión no es fácil, y en algunos casos requiere de tantos recursos que no es rentable hacerlo. Y la elusión posiblemente requiera de reformas legales complejas, en una Asamblea Legislativa en donde estos temas son objeto de interminables discusiones, y en donde habrá grupos que sin duda harán todo lo posible para entrabar aun mas un debate de esta naturaleza.

No significa que no hagamos nada, pero hay una situación urgente ante la que se debe actuar. Hay que eliminar portillos y endurecer controles, pero utilizar este tema para oponerse al aumento de impuestos es incorrecto. Por mas que el Ministerio de Hacienda les haya hecho el favor de presentar esta noticia tan chapuceramente.