El pasado 4 de marzo la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate y por unanimidad la “Ley de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades”, la que permitirá concretar la reforma al artículo 170 de la Constitución Política, y así trasladar paulatinamente a las municipalidades al menos un 10% de los ingresos ordinarios, así como las competencias respectivas. Esta aprobación constituye un hito histórico sobre el que es importante llamar la atención de la ciudadanía, así como de los mismos gobiernos locales.
Aun cuando nos llevó a contar de indicadores sociales y económicos que nos distinguen del resto de la región, el modelo centralizado de organización de las instituciones públicas ha empezado a mostrar sus limitaciones. Las demandas ciudadanas son cada vez más complejas y tienen un referente regional que las hace aun más específicas. La respuesta ante esta nueva realidad es la descentralización del poder, en tanto nadie conoce mejor los retos que tienen los ciudadanos en cada cantón como las municipalidades. Este es un paso impostergable en el camino hacia el desarrollo, pues la experiencia nos enseña que no hay país desarrollado en el mundo con gobiernos locales débiles.
El camino a la descentralización ha enfrentado obstáculos, muchos de ellos a partir de prejuicios relacionados con la capacidad de las municipalidades, no ya de asumir nuevas responsabilidades, si no la de cumplir con las que actualmente tiene. Pero lo cierto es que muchos gobiernos locales no cuentan ni siquiera con algunas condiciones básicas para poder ejecutar sus labores. La lista es larga, pero baste decir que en este momento en Costa Rica solo un 0,6% de la Población Económicamente Activa trabaja en el régimen municipal. En países como España, este porcentaje, incluyendo municipios y comunidades autónomas, se eleva al 10%. Y este es apenas uno de los ámbitos, cuidado si no el más importante, en el que se debe reforzar a las municipalidades para que puedan gradualmente ir asumiendo nuevas competencias.
Paralelamente a los esfuerzos que se venían llevando a cabo para impulsar la aprobación de la ley, el MIDEPLAN, en conjunto con el IFAM y el programa FOMUDE, así como otros actores relevantes, han venido desarrollando una serie de acciones complementarias para apoyar a las municipalidades. Primero, y para superar la ausencia de planificación de mediano y largo plazo existente en muchas de nuestras municipalidades, se desarrollaron 42 Planes de Desarrollo Humano Local en igual cantidad de cantones, Planes que fueron elaborados con una gran participación ciudadana lo que les otorga una gran legitimidad y representatividad
Segundo, se emitió un decreto, y ahora en esta nueva ley se ratifica, creando los denominados Consejos Cantonales de Coordinación Institucional, con el objetivo de que los Alcaldes y Alcaldesas del país puedan convocar a los representantes de las instituciones públicas presentes en sus cantones para armonizar el trabajo de las instituciones con las necesidades comunales, coordinación que precisamente se da en el marco de los Planes de Desarrollo Humano Local mencionados
Finalmente, se estableció un convenio con la UNED para la creación del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, instancia que vendrá a suplir de manera permanente las necesidades de capacitación, actualización y formación de los servidores municipales.
La ley aprobada debe ser reglamentada, para lo cual se dispone de cuatro meses. Pero en MIDEPLAN hemos asumido el compromiso de dejar el reglamento emitido por decreto antes de la finalización del actual período de Gobierno. La idea es que en un período de siete años se trasladen competencias y recursos al menos de un 10% de los ingresos ordinarios del Estado, para lo que MIDEPLAN liderará un órgano consultivo con representación del Ministerio de Hacienda, el IFAM, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, de la Red de Mujeres Municipalistas, CONADECO y el o los Ministerios que vayan a transferir competencias, en el que se definirán cuáles serán esa competencias y los recursos necesarios para que las municipalidades las asuman efectivamente.
La transferencia de recursos y competencias acercará los centros de decisión de las políticas públicas a la ciudadanía. Desde esta perspectiva, el éxito del esquema presupone una participación activa de los ciudadanos, Ahora que se avecina la elección de alcaldes y alcaldesas es importante que se considere la disposición que candidatos y candidatas muestren de ampliar los espacios de participación en la vida municipal, como un elemento a valorar de la oferta electoral. Porque en ese proceso electoral ya no estaremos hablando de municipalidades sin perspectivas de crecimiento, sino de gobiernos locales que pueden paulatinamente ir adquiriendo potestades que efectivamente podrán incidir en la calidad de vida la población. No es poca cosa.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario