Legislar en caliente

Es una recomendación que oímos cada vez que, al finalizar un partido,  un jugador de futbol hace una declaración fuera de tono: mejor no hablar “en caliente”, con las emociones a flor de piel, cuando los sentimientos toman control y no se tamizan las palabras en el filtro de la racionalidad. Dicho en otras palabras, piense antes de hablar o actuar, no deje que las emociones coyunturales guien sus acciones.

La recomendación debería aplicarse en todos los ámbitos del desempeño profesional. Puede y debe haber pasión en lo que hacemos, pero sustentada en la convicción que deriva saber que se está haciendo lo que en nuestra perspectiva es correcto. Esta debería ser una construcción racional, un proceso reposado de ponderación de factores que nos permitan arribar a convicciones sólidas, precedida de un análisis que debe tratar de atemperar la influencia de factores coyunturales, cuya interferencia puede resultar en conclusiones que pueden parecer correctas en el corto plazo, pero que se revelan con el transcurrir del tiempo como insuficientes, desproporcionadas o inadecuadas.

Si la recomendación a los futbolistas, respecto a acciones individuales que no tienen mayores consecuencias colectivas, nos parece válida, con mayor razón habría que pedir la misma mesura en el proceso de formación de leyes en Costa Rica. Legislar “en caliente” es, desafortunadamente, una práctica común, y que tiene, esa sí, consecuencias sociales de diferente magnitud.

El último ejemplo de esta forma de acometer ciertos asuntos públicos es la reciente aprobación de la ley contra el maltrato animal. Aquí vale la pena mencionar que la legislación es absolutamente necesaria, y que no se pone en duda la urgencia de contar con un marco jurídico que permita castigar la crueldad contra los animales.

Pero, hecha esta precisión, la aprobación de esta ley es un ejemplo fidedigno de lo mencionado anteriormente. El proyecto ha enfrentado un camino empinado, objetado algunos de sus puntos por legisladores sobre todo de zona rural, obstáculos a los que se suma, como ha sido la constante en estos dos años, la desorientación política y la debilidad legislativa de un gobierno preso de sus desmedidas promesas.

El desentrabamiento del proceso se originó, como cada vez es mas frecuente en Costa Rica, por la intervención de los medios. Una cobertura asfixiante de la brutal agresión que sufrió un perro en La Unión, así como el inicio de una campaña para recolectar firmas para la celebración de un referéndum sobre el proyecto, crearon un clima de presión que resultó inmanejable para los diputados.

Visto de esta manera no pareciera haber problemas, pero habría que ver un poco mas allá de la coyuntura. Primero, el poder de fijación de la agenda de debate público que tienen los medios en la actualidad, se ha tornado en un elemento que debe ser analizado con mucho cuidado. Y no nos engañemos: en redes sociales se puede creer tener una gran influencia, pero ningún tema es verdaderamente público hasta que aparece en alguno o algunos de los medios de comunicación tradicionales.

Segundo, en medio de las imágenes desgarradoras del perro agredido, presentadas mañana, tarde y noche, la posibilidad de hacerle reformas al proyecto quedó cerrada. Como pasa muchas veces con temas de naturaleza emocional, se generó un clima de crispación que no permitía ningún asomo de disidencia. Y no está de mas mencionar que muchas de las voces que pretendían acallar a quienes tenían objeciones al proyecto, parecían poner mas atención al mensajero y a su filiación política, que al fondo de sus observaciones.

El resultado del proceso es una ley aprobada apresuradamente, “en caliente”. Hay varias consecuencias, la principal, que terminemos con una ley excesiva cuya reforma -una cosa como una reforma a una ley vigente no generaría nunca el mismo sentido de urgencia-,  puede tomar años, si es que finalmente se pudiera hacer posible. Pero además, para quienes actuaban de buena fe, esta ley puede agregar una frustración adicional, si la Sala Constitucional valora como válidas algunas de las impugnaciones que han surgido, una vez pasada la atmosfera intolerante previa a la aprobación de la ley, respecto al texto final.

El proceso de formación de leyes es demasiado importante para que esté definido en una atmósfera desigual, producto de la desproporcionada influencia de algunos actores, cuyo peso se ve potenciado por el desinterés de la ciudadanía hacia los temas de índole colectivo. Las leyes deben surgir de un proceso dinámico, pero sereno, en el que las exigencias de la coyuntura sean incorporadas de manera racional, permitiendo un debate en el que no se descalifique de entrada ningún argumento. De lo contrario seguiremos legislando “en caliente”, con todo lo que eso significa para el país.

-0-

La valoración de las primeras fechas del campeonato de fútbol de la primera división es uno de los temas que se incluyen en la ultima edición de Café Futbol CR, producción de Alvaro Gallardo, Alberto Alfaro y Leo Pandolfi

Agua, cocodrilos y no es lo mismo verla venir...

A propósito de la celebración del 25 de julio, parece oportuno reflexionar sobre algunos temas relacionados a la provincia de Guanacaste, algunos recurrentes y otros mas coyunturales; algunos muy particulares de la región, otros que se presentan también en otras zonas del país.

Probablemente el problema mas apremiante para Guanacaste es el del suministro de agua, sobre todo para las zonas bajas, la llamada bajura. Dos factores, entre otros, se han conjugado para romper un delicado equilibrio ambiental y social: la sobreexplotación de algunos acuíferos, resultado del vertiginoso crecimiento de la demanda; agudizada además por un cambio climático por el que por cierto los países industrializados deberían meterse la mano a la bolsa, y colaborar con los países tropicales que han venido sintiendo las consecuencias de su irresponsabilidad.

Esta situación ha evidenciado algunos hechos que vale la pena discutir. Dado su papel en las zonas rurales, ¿están las ASADAS preparadas para manejar esta tensión de equilibrar la protección de las fuentes, con la necesidad del desarrollo de las zonas mas pobres del país?.

Para ilustrar esta preocupación, puedo citar como ejemplo la ASADA de Potrero en Santa Cruz, que decidió hace tiempo no otorgar mas autorizaciones de agua para la construcción de nuevos desarrollos inmobiliarios . El argumento es que no hay agua, según lo demuestra un estudio con el que cuentan, elaborado por un consultor contratado por ellos mismos. Los potenciales desarrolladores refutan este estudio con los propios, contratados a sus especialistas. Ante la propuesta de ejecutar un tercer estudio con una universidad pública, que zanje la discrepancia de manera definitiva, la respuesta de la ASADA ha sido tajante: no se necesitan nuevos estudios, y aunque se demuestre que hay disponibilidad de agua, no se va a cambiar de opinión.

La posibilidad de generar empleo en la zona no es suficiente aliciente para los celosos administradores de la ASADA, quienes con esta posición convierten el agua en un recurso de poder, excluyendo cualquier discusión del agua como recurso de desarrollo.

Esta tensión entre el tema ambiental y las necesidades de desarrollo es recurrente en el país. El Índice de Desarrollo Social elaborado por MIDEPLAN en el 2013, mostraba que alrededor de las zonas protegidas en Costa Rica se concentra la población mas pobre del país. Puede haber relación entre una cosa y la otra, o podrían ser otros elementos los que expliquen este fenómeno, pero en Costa Rica hemos llegado al punto en que cuestionarse cosas como estas no es políticamente correcto.

Otro ejemplo que ilustra esta tensión es la proliferación de cocodrilos en zonas turísticas, que ha generado ataques a seres humanos, el mas reciente ocurrido en Tamarindo en la semana precedente al 25 de julio. Desde ya hace varios años algunas organizaciones de hoteleros han venido advirtiendo sobre esta situación, y la respuesta de las autoridades refleja con claridad su visión sobre el tema: no hay sobrepoblación, lo que hay es un “conflicto”, que debe ser “cuidadosa y prontamente enfocado”, y que surge de la ampliación de la actividad humana hacia zonas en donde habitan los reptiles.

Pero lo cierto es que avistamientos de cocodrilos en las playas de Jacó, Herradura, Hermosa de Garabito, Manuel Antonio, Tamarindo y hasta Puntarenas centro, no parecen ser resultado de la intrusión de los seres humanos en los  hábitats tradicionales. En todo caso, aparecería urgente hacer algo mas que “enfocar” cuidadosamente el conflicto, pues se trata de la protección de vidas humanas y de fuentes de trabajo.

Como tema al margen, la ansiedad que el gobierno exhibe respecto a su propio legado, pasada ya la mitad de su período, aparentemente está siendo difícil de manejar, y tiene resultados muy particulares. Evidenciado el recurso de apropiarse de la obra de otros gobierno para presentarla como propia, ahora Solís recurre al argumento de comparar lo hecho con otros gobiernos. Así lo hizo en Guanacaste, en los días previos a la celebración del 25 de julio, sin mencionar, por supuesto, información concreta para respaldar su alegre aseveración.

Los gobiernos deben ser evaluados respecto al cumplimiento de lo que se prometió hacer; eso es lo que define un legado y un cuño distintivo. Al compararse con otros, Solís evidencia una idea de su propia responsabilidad que es el signo definitorio de su gestión: la imposibilidad de acudir a las obras propias como recurso para construir una imagen. En el fondo, la imposibilidad de cumplir lo que desbocadamente se prometió en campaña.  Es decir, en el no es lo mismo verla venir que bailar con ella, que es a la postre lo que mejor define al gobierno que cualquier otra cosa.

-0-

Una nueva edición de Cafe Futbol CR, esta vez con temas relacionados a la salud de Anthony Vargas y el inicio del campeonato nacional. Producción de Alvaro Gallardo, Alberto Alfaro y Leo Pandolfi.

¿Cuánto debe ganar un empleado público?

En los últimos meses ha habido un gran debate alrededor del gasto en salarios en el sector público. La discusión es necesaria porque se trata de un tema que trasciende lo meramente económico, al incorporar un fuerte componente ético, que deriva del incontrovertible hecho de que se trata de un gasto que financiamos todos, y que igualmente tiene consecuencias para todos.

Pero, como es frecuente en Costa Rica, la discusión se ha “encharralado”, utilizando la fina expresión presidencial.  Vale la pena ensayar algunas reflexiones, con el afán de ordenar un debate tan necesario como impostergable, en tanto no hay manera de sostener la actual tasa de crecimiento del gasto en salarios.

Desafortunadamente, en este debate está pasando algo que es recurrente en las discusiones públicas en los últimos años. En un afán de reforzar puntos de vista específicos, se acude a argumentos que mezclan cosas que no deberían mezclarse, y a presentar algunos hechos como negativos, no siéndolos del todo.  Y por la importancia que tiene este debate, es necesario separar el grano de la paja, y de centrar la discusión en lo verdaderamente perentorio.

Primero es imprescindible examinar la comparación que se hace de los salarios en el sector público respecto a los del sector privado, argumento frecuente que se acepta sin matices, pero que ignora las diferencias sustantivas entre unos y otros. Por ejemplo, parecería que un ingeniero que trabaja en una empresa privada hace en esencia lo mismo que un ingeniero que trabaja en el MOPT. Tal vez desde el punto de vista estrictamente técnico eso sea así. Pero en el caso del ingeniero del MOPT existe un ámbito adicional, el impacto social de su trabajo,  que debe –ojalá que así sea-, ser incorporado en su labor cotidiana. La comparación vis a vis parece, desde esta perspectiva, incompleta y sin el necesario contexto.

Otra cosa que se ha mencionado es la existencia de instituciones en las que el gasto en salarios consume una importante proporción de su presupuesto.  Se ha presentado como un abuso que, por ejemplo, las universidades gasten un alta proporción de su presupuesto en salarios.

Pero, ¿en qué otra cosa puede gastar la mayor parte de su presupuesto una universidad?.  ¿No es su recurso humano la base del servicio que le brinda a la comunidad? Es lo mismo para instituciones públicas que generan información, brindan servicios  directos a la población o ejecutan labores de supervisión, como el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) , el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el Banco Central y el mismo Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).

Las reflexiones precedentes, sin embargo, no constituyen de ninguna manera una justificación del nivel de los salarios que se pagan en el Estado. Pero deberían debería llevarnos a tratar de responder una pregunta de fondo: ¿cuánto deben ganar los trabajadores del sector público?.

Como primera consideración, un salario debería remunerar adecuadamente el nivel de complejidad del  trabajo que se ejecuta. A mayor complejidad, responsabilidad e impacto social de las labores que se llevan a cabo, así debería ser la remuneración que se recibe. También hay consideraciones de mercado: un salario muy bajo respecto al que se paga en el mercado restringirá las posibilidades del Estado para contratar a profesionales del mas alto nivel.

Esto es fundamental en todo el sector público, pero lo es mucho mas en instancias que por su importancia, debería retribuir adecuadamente a sus funcionarios. Cuando se acude a un hospital, todos aspiramos recibir un servicio de excelencia, provisto por profesionales preparados y del mas alto nivel. Igual pasa con la administración de justicia y la educación pública. Si queremos tener a los mejores, tendremos que mantener un nivel de salarios competitivo.

Pero esto no significa que los salarios en el sector público no deban tener relación con la realidad económica del país. Es cierto, la comparación llana y simple entre salarios entre el sector privado y el sector público no es apropiada, pero eso no nos dice nada respecto a la justeza de la diferencia actual. Desde esta perspectiva, vale preguntarse si será correcto que el salario promedio en el sector público, sea el doble al del sector privado. Es una pregunta válida, que debe tratar de responderse con objetividad, contrastando muestras aspiraciones respecto a la calidad de los servicios que queremos recibir, con lo que estamos dispuestos a pagar por ellos.

Lo mismo es cuanto a la proporción del presupuesto gastado en salarios. Que la UCR gaste el 80% de su presupuesto en salarios, parece apropiado para cumplir con sus objetivos institucionales, pero no nos dice nada respecto a la razonabilidad de pagar salarios que parecen no tener relación con la realidad socioeconómica del país. ¿Debe ser retribuido el esfuerzo personal por estudiar, actualizarse y generar conocimiento, con un salario que ignore la situación salarial del 85% restante de la población?

Es un tema, además de económico, de orden moral. Es parte de esas características particulares que tienen los salarios en el sector público, y que debe incorporarse en cualquier discusión sobre la materia.

-0-

La invitación semanal para que escuchen Café Futbol CR, con la previa del campeonato nacional en este podcast producido por Alvaro Gallardo, Alberto Alfaro y Leonardo Pandolfi.

El informe de la CGR y la realidad compleja

En el blog de la semana pasada, me referí al tema de cierta información que se ignora deliberadamente a la hora de valorar  la acción del Estado, omisión que se hace por intereses electorales o como resultado de una visión ideológica particular que persigue el debilitamiento del Estado. Esta podría parecer una preocupación académica o teórica, pero en realidad no lo es.

El debate que se da en el ámbito público es importante en tanto de él se derivan políticas públicas. La calidad de ese debate está relacionada directamente a la calidad de la información que se utilice. Que haya discrepancias respecto a la interpretación que se hace de esa información, y respecto a los cursos de acción que deben adoptarse a partir de su análisis, es absolutamente natural en una democracia. Ese no es el punto.

Pero si la discusión se fundamenta en información sesgada, falsa o incompleta, el resultado serán políticas públicas incorrectas, que no harán mas que reforzar ese sentimiento de desánimo ciudadano que resulta de la aparente incapacidad del sistema político para encontrar soluciones a problemas aparentemente simples.

En este sentido, tal vez uno de los problemas mas insidiosos, que devalúa de manera determinante ese debate público, es la simplificación de los temas. Respecto a la administración pública, esta es una ocurrencia cotidiana, derivada, normalmente, de informaciones incompletas, sin contexto, o sin el suficiente rigor que permita un conocimiento adecuado de las complejidades del poder público en nuestro país.

Esto es frecuente en los medios, sobre todo en algunos programas de opinión, en donde diariamente se reduce el ejercicio analítico a desabridos cuestionamientos a jerarcas y a comentarios sin fundamento o conocimiento de la administración pública. Pero también algunas instituciones públicas contribuyen a esto, por paradójico que parezca.

Un ejemplo de esto es un informe de la Contraloría General de la República que se dio a conocer esta semana. El informe, titulado “Informe Acera Del Seguimiento De La Gestión PresupuestariaDe Los Gobierno Locales”, analiza el nivel de ejecución presupuestaria de las municipalidades en el período 2013-2015.

La conclusión general, recogida por laprensa de manera destacada, es que una buena cantidad de recursos no fue ejecutada. Pero, si bien el informe tiene elementos valiosos que pueden y deben ser utilizados por las municipalidades, existen algunos elementos que sirven para contextualizar adecuadamente los datos que se brindan.

Primero, no es posible generalizar. El informe es claro: “no es procedente interpretar que todas las debilidades a que hace referencia el presente informe, están presentes en todas y cada una de las municipalidades del país”. Esto es importante porque hacer la diferenciación permite priorizar esfuerzos de apoyo a los gobiernos locales con debilidades, y revela una complejidad derivada de particularidades regionales que deben ser incorporadas en la definición de las políticas públicas.

Segundo, es importante saber que parte de los presupuestos municipales se nutre de transferencias que debe hacer el gobierno central. Un ejemplo típico son los fondos provenientes de la ley 8114, el impuesto único a los combustibles. El Estado recauda este impuesto y transfiere los recursos en tractos, el ultimo de los cuales puede ocurrir en el ultimo trimestre del año. Dado que los recursos provenientes de esta ley deben usarse exclusivamente en el mantenimiento de las vías cantonales, y a que los procesos de contratación administrativa son tan engorrosos, es prácticamente imposible que los gobiernos locales logren ejecutar los recursos transferidos en el último trimestre antes del final del año, momento en el que cierra el ciclo de ejecución presupuestaria. Lo que no significa, por supuesto, que no loa ejecuten del todo: lo harán posiblemente en el primer semestre del año siguiente, cuando puedan completar los procesos de contratación.

Tercero, para hacer este tipo de análisis, la CGR considera dos categorías: recursos presupuestados y recursos ejecutados. Estos últimos son los que ya salieron del presupuesto, los pagos efectivos que hacen los gobiernos locales, para la ejecución de obras comunales o el mantenimiento de las vías cantonales, entre otras cosas. Pero no reconoce la existencia de una tercera categoría, que podríamos llamar de recursos comprometidos, que serían aquellos que aunque no han sido pagados, están reservados para pagar obras cuando estas se concluyan. Estos aparecen como “no ejecutados”, aunque lo que se está es a la espera de la finalización de las obras para gastarlos; nada de esto es considerado en un informe como este.

Estos son algunos de los elementos que servirían para comprender mejor una realidad que queda parcialmente simplificada en un informe. Un informe además que llama la atención por su formato gráfico, que parece estar mas pensado para la divulgación en medios, que como instrumento de mejora de la gestión municipal, mas un brochure que un informe técnico, lo cual no deja de ser revelador.

-0-

La invitación de siempre para que escuchen Cafe Futbol CR, podcast sobre futbol nacional producido por Alvaro Gallardo, Alberto Alfaro y Leonardo Pandolfi. Esta semana con un análisis de los fichajes de los principales equipos de primera división.

La verdadera Costa Rica

Detrás del discurso tremendista que pinta a Costa Rica como un país en ruinas, en donde nada funciona y todo está en crisis, existen intereses que se revelan en discursos que comparten una estrategia común: ignorar información que contradice esa construcción interesada de una imagen apocalíptica, de la que ciertos grupos se benefician de distintas maneras.

En estos grupos están por ejemplo los que en la campaña electoral pasada (que parece tan lejana aun cuando solo han pasado poco mas de 2 años), insistían en la idea del cambio en razón de una situación, decían en su momento, caótica, con un país cayéndose a pedazos y en ruta a una debacle de proporciones bíblicas. Son los mismos que, una vez que asumieron el gobierno, presentaban una visión completamente distinta, probablemente mas apegada a la realidad, cuando debieron salir, frecuentemente habría que agregar, a promocionar al país para propiciar la inversión extranjera.

Otro grupo es el de los que desde una trinchera ideológica específica pretende el debilitamiento del Estado. Para esta gente, el país ineludiblemente se dirige al barranco, y  la única manera de evitarlo es descarrilando al Estado, ese monstruo de mil cabezas que reparte privilegios a unos pocos, en medio de una ineficiencia que nos cuesta miles de millones anualmente.

Los discursos se originan, uno, en el oportunismo, y el otro, en el radicalismo ideológico. Pero coinciden en su afán de mostrarnos una realidad parcial, en donde hay poco  que rescatar y en donde la crítica incesante es válida ante una clase política que no escucha. Y uno de los argumentos mas utilizados en este escenario, es el nivel de pobreza, que ha variado poco en los últimos 20 años, como una nuestra fehaciente del fracaso de los políticos y del Estado.

Este línea de razonamiento es pertinente para mostrar la utilización interesada –o mas bien, la no utilización interesada-, de información que el país ha venido generando para comprender mejor su realidad socioeconómica, más allá de la medición de la pobreza por ingreso. Y aquí el propósito no es afirmar de ninguna manera que no hay retos por delante, sino que el panorama que algunos pintan no corresponde fielmente al país que de verdad tenemos.

Hace unos días el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentó la última versión de su Atlas Cantonal de Desarrollo Humano, en el que se recogen “los índices de la familia de desarrollo humano con los que PNUD ha trabajado internacionalmente y los aplica a la realidad costarricense desagregándolos al ámbito cantonal”. Se trata de una medición que valora el nivel de desarrollo en los 81 cantones del país, y que se ha venido realizando desde hace ya varios años.

El Atlas 2015 muestra algunos resultados positivos, que desafortunadamente pasaron desapercibidos para la mayor parte de los medios de comunicación. En el 2014 el 66,7% de la población vivía en cantones ubicados entre los categorías de alto y muy alto desarrollo humano, mientras que en 2010 ese porcentaje fue del 50%” Solo el 0,9% de la población vive en cantones de desarrollo bajo, después de que era un 2,0% en el 2010. Y del 2010 a esta fecha, 16 cantones mejoraron al menos 10 posiciones en el ranking.


Esta información confirma la tendencia que ha venido señalando otros informes que analizan, utilizando datos duros y no percepciones, la evolución del país en distintos ámbitos del desarrollo. En la publicación “Reducir la pobreza en Costa Rica es posible-Propuestas para la acción”  se muestra que la pobreza, medida con el método de Necesidades Básicas Insatisfechas, ha venido mejorando notablemente del 2000 al 2011.

Destaca el dato del porcentaje de hogares pobres y pobres extremos que no tienen necesidades básicas insatisfechas, definidas estas como “acceso a albergue digno; acceso a vida saludable; acceso al conocimiento; y acceso a otros bienes y servicios”. Es decir, las personas clasificadas como pobres porque no tienen ingresos suficientes, tienen cubiertas un conjunto de necesidades básicas. Y eso es resultado del trabajo del Estado.

Un indicador adicional es el Índice de Pobreza Multidimensional, lanzado en este gobierno. Los resultados para el período 2010-2015, por cierto invisibilizados en la presentación oficial del estudio, muestran una mejoría importante, tanto a nivel nacional como regional. Otros datos de otros informes concluyen por ejemplo que la pobreza extrema sería el doble sin las transferencias del Estado, y que el coeficiente de Gini , que mide la desigualdad, sería aun peor sin esa asistencia.

De modo que, aunque seguimos teniendo espacio para mejorar, la realidad no es lo que nos dijeron en el 2014 y lo que repiten hoy los adalides del liberalismo. Ni tampoco una situación que sugiera, como lo hiciera de manera alucinante un columnista venido a menos en un medio digital, la necesidad de una revolución.  La valoración adecuada del camino que hemos venido recorriendo nos permite hacer ajustes serios y pertinentes, y no escuchar los destemplados cantos de sirena que hicieron que el país estuviera dispuesto a apostar al cambio por el cambio.

-0-

Y como siempre, la recomendación para que escuchen el  podcast de Café Futbol CR, producción de Alvaro Gallardo, Alberto Alfaro y Leonardo Pandolfi. Esta semana con temas relacionados al calendario de los equipos nacionales en CONCACAF y el "retorno" MacDonald a la Liga Deportiva Alajuelense, entre otros.