¿Cuánto debe ganar un empleado público?

En los últimos meses ha habido un gran debate alrededor del gasto en salarios en el sector público. La discusión es necesaria porque se trata de un tema que trasciende lo meramente económico, al incorporar un fuerte componente ético, que deriva del incontrovertible hecho de que se trata de un gasto que financiamos todos, y que igualmente tiene consecuencias para todos.

Pero, como es frecuente en Costa Rica, la discusión se ha “encharralado”, utilizando la fina expresión presidencial.  Vale la pena ensayar algunas reflexiones, con el afán de ordenar un debate tan necesario como impostergable, en tanto no hay manera de sostener la actual tasa de crecimiento del gasto en salarios.

Desafortunadamente, en este debate está pasando algo que es recurrente en las discusiones públicas en los últimos años. En un afán de reforzar puntos de vista específicos, se acude a argumentos que mezclan cosas que no deberían mezclarse, y a presentar algunos hechos como negativos, no siéndolos del todo.  Y por la importancia que tiene este debate, es necesario separar el grano de la paja, y de centrar la discusión en lo verdaderamente perentorio.

Primero es imprescindible examinar la comparación que se hace de los salarios en el sector público respecto a los del sector privado, argumento frecuente que se acepta sin matices, pero que ignora las diferencias sustantivas entre unos y otros. Por ejemplo, parecería que un ingeniero que trabaja en una empresa privada hace en esencia lo mismo que un ingeniero que trabaja en el MOPT. Tal vez desde el punto de vista estrictamente técnico eso sea así. Pero en el caso del ingeniero del MOPT existe un ámbito adicional, el impacto social de su trabajo,  que debe –ojalá que así sea-, ser incorporado en su labor cotidiana. La comparación vis a vis parece, desde esta perspectiva, incompleta y sin el necesario contexto.

Otra cosa que se ha mencionado es la existencia de instituciones en las que el gasto en salarios consume una importante proporción de su presupuesto.  Se ha presentado como un abuso que, por ejemplo, las universidades gasten un alta proporción de su presupuesto en salarios.

Pero, ¿en qué otra cosa puede gastar la mayor parte de su presupuesto una universidad?.  ¿No es su recurso humano la base del servicio que le brinda a la comunidad? Es lo mismo para instituciones públicas que generan información, brindan servicios  directos a la población o ejecutan labores de supervisión, como el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) , el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el Banco Central y el mismo Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).

Las reflexiones precedentes, sin embargo, no constituyen de ninguna manera una justificación del nivel de los salarios que se pagan en el Estado. Pero deberían debería llevarnos a tratar de responder una pregunta de fondo: ¿cuánto deben ganar los trabajadores del sector público?.

Como primera consideración, un salario debería remunerar adecuadamente el nivel de complejidad del  trabajo que se ejecuta. A mayor complejidad, responsabilidad e impacto social de las labores que se llevan a cabo, así debería ser la remuneración que se recibe. También hay consideraciones de mercado: un salario muy bajo respecto al que se paga en el mercado restringirá las posibilidades del Estado para contratar a profesionales del mas alto nivel.

Esto es fundamental en todo el sector público, pero lo es mucho mas en instancias que por su importancia, debería retribuir adecuadamente a sus funcionarios. Cuando se acude a un hospital, todos aspiramos recibir un servicio de excelencia, provisto por profesionales preparados y del mas alto nivel. Igual pasa con la administración de justicia y la educación pública. Si queremos tener a los mejores, tendremos que mantener un nivel de salarios competitivo.

Pero esto no significa que los salarios en el sector público no deban tener relación con la realidad económica del país. Es cierto, la comparación llana y simple entre salarios entre el sector privado y el sector público no es apropiada, pero eso no nos dice nada respecto a la justeza de la diferencia actual. Desde esta perspectiva, vale preguntarse si será correcto que el salario promedio en el sector público, sea el doble al del sector privado. Es una pregunta válida, que debe tratar de responderse con objetividad, contrastando muestras aspiraciones respecto a la calidad de los servicios que queremos recibir, con lo que estamos dispuestos a pagar por ellos.

Lo mismo es cuanto a la proporción del presupuesto gastado en salarios. Que la UCR gaste el 80% de su presupuesto en salarios, parece apropiado para cumplir con sus objetivos institucionales, pero no nos dice nada respecto a la razonabilidad de pagar salarios que parecen no tener relación con la realidad socioeconómica del país. ¿Debe ser retribuido el esfuerzo personal por estudiar, actualizarse y generar conocimiento, con un salario que ignore la situación salarial del 85% restante de la población?

Es un tema, además de económico, de orden moral. Es parte de esas características particulares que tienen los salarios en el sector público, y que debe incorporarse en cualquier discusión sobre la materia.

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La invitación semanal para que escuchen Café Futbol CR, con la previa del campeonato nacional en este podcast producido por Alvaro Gallardo, Alberto Alfaro y Leonardo Pandolfi.

La verdadera Costa Rica

Detrás del discurso tremendista que pinta a Costa Rica como un país en ruinas, en donde nada funciona y todo está en crisis, existen intereses que se revelan en discursos que comparten una estrategia común: ignorar información que contradice esa construcción interesada de una imagen apocalíptica, de la que ciertos grupos se benefician de distintas maneras.

En estos grupos están por ejemplo los que en la campaña electoral pasada (que parece tan lejana aun cuando solo han pasado poco mas de 2 años), insistían en la idea del cambio en razón de una situación, decían en su momento, caótica, con un país cayéndose a pedazos y en ruta a una debacle de proporciones bíblicas. Son los mismos que, una vez que asumieron el gobierno, presentaban una visión completamente distinta, probablemente mas apegada a la realidad, cuando debieron salir, frecuentemente habría que agregar, a promocionar al país para propiciar la inversión extranjera.

Otro grupo es el de los que desde una trinchera ideológica específica pretende el debilitamiento del Estado. Para esta gente, el país ineludiblemente se dirige al barranco, y  la única manera de evitarlo es descarrilando al Estado, ese monstruo de mil cabezas que reparte privilegios a unos pocos, en medio de una ineficiencia que nos cuesta miles de millones anualmente.

Los discursos se originan, uno, en el oportunismo, y el otro, en el radicalismo ideológico. Pero coinciden en su afán de mostrarnos una realidad parcial, en donde hay poco  que rescatar y en donde la crítica incesante es válida ante una clase política que no escucha. Y uno de los argumentos mas utilizados en este escenario, es el nivel de pobreza, que ha variado poco en los últimos 20 años, como una nuestra fehaciente del fracaso de los políticos y del Estado.

Este línea de razonamiento es pertinente para mostrar la utilización interesada –o mas bien, la no utilización interesada-, de información que el país ha venido generando para comprender mejor su realidad socioeconómica, más allá de la medición de la pobreza por ingreso. Y aquí el propósito no es afirmar de ninguna manera que no hay retos por delante, sino que el panorama que algunos pintan no corresponde fielmente al país que de verdad tenemos.

Hace unos días el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentó la última versión de su Atlas Cantonal de Desarrollo Humano, en el que se recogen “los índices de la familia de desarrollo humano con los que PNUD ha trabajado internacionalmente y los aplica a la realidad costarricense desagregándolos al ámbito cantonal”. Se trata de una medición que valora el nivel de desarrollo en los 81 cantones del país, y que se ha venido realizando desde hace ya varios años.

El Atlas 2015 muestra algunos resultados positivos, que desafortunadamente pasaron desapercibidos para la mayor parte de los medios de comunicación. En el 2014 el 66,7% de la población vivía en cantones ubicados entre los categorías de alto y muy alto desarrollo humano, mientras que en 2010 ese porcentaje fue del 50%” Solo el 0,9% de la población vive en cantones de desarrollo bajo, después de que era un 2,0% en el 2010. Y del 2010 a esta fecha, 16 cantones mejoraron al menos 10 posiciones en el ranking.


Esta información confirma la tendencia que ha venido señalando otros informes que analizan, utilizando datos duros y no percepciones, la evolución del país en distintos ámbitos del desarrollo. En la publicación “Reducir la pobreza en Costa Rica es posible-Propuestas para la acción”  se muestra que la pobreza, medida con el método de Necesidades Básicas Insatisfechas, ha venido mejorando notablemente del 2000 al 2011.

Destaca el dato del porcentaje de hogares pobres y pobres extremos que no tienen necesidades básicas insatisfechas, definidas estas como “acceso a albergue digno; acceso a vida saludable; acceso al conocimiento; y acceso a otros bienes y servicios”. Es decir, las personas clasificadas como pobres porque no tienen ingresos suficientes, tienen cubiertas un conjunto de necesidades básicas. Y eso es resultado del trabajo del Estado.

Un indicador adicional es el Índice de Pobreza Multidimensional, lanzado en este gobierno. Los resultados para el período 2010-2015, por cierto invisibilizados en la presentación oficial del estudio, muestran una mejoría importante, tanto a nivel nacional como regional. Otros datos de otros informes concluyen por ejemplo que la pobreza extrema sería el doble sin las transferencias del Estado, y que el coeficiente de Gini , que mide la desigualdad, sería aun peor sin esa asistencia.

De modo que, aunque seguimos teniendo espacio para mejorar, la realidad no es lo que nos dijeron en el 2014 y lo que repiten hoy los adalides del liberalismo. Ni tampoco una situación que sugiera, como lo hiciera de manera alucinante un columnista venido a menos en un medio digital, la necesidad de una revolución.  La valoración adecuada del camino que hemos venido recorriendo nos permite hacer ajustes serios y pertinentes, y no escuchar los destemplados cantos de sirena que hicieron que el país estuviera dispuesto a apostar al cambio por el cambio.

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Y como siempre, la recomendación para que escuchen el  podcast de Café Futbol CR, producción de Alvaro Gallardo, Alberto Alfaro y Leonardo Pandolfi. Esta semana con temas relacionados al calendario de los equipos nacionales en CONCACAF y el "retorno" MacDonald a la Liga Deportiva Alajuelense, entre otros.

El pronunciamiento de la Procuraduría y el Estado que queremos

No hay duda que otros elementos deben ser tomados en cuenta en la discusión del tema de las consultorías que tanto morbo ha despertado en las últimas semanas. Pero sin duda la naturaleza de los fondos utilizados para la contratación de esos servicios profesionales es un punto de innegable relevancia. Que la Procuraduría haya reafirmado el carácter público de estos recursos confirma lo que el Gobierno ha venido sosteniendo, y contradice directamente las conclusiones temerarias que de algunos malinformados (o malintencionados) en los medios de comunicación. A partir de este informe de la Procuraduría, el debate debería orientarse en otra dirección.

Más allá de los nombres y los montos, el punto más importante en toda esta discusión es por qué el Gobierno debe acudir a este tipo de mecanismos para contratar a personas con el conocimiento especializado. Nuestro Estado se encuentra cercado por un ordenamiento jurídico pensado para controlar y no para facilitar la ejecución de las políticas públicas. Pero además está rodeado de un gran escepticismo y desconfianza en el funcionario público. En el ambiente imperante en este país desde hace ya muchos años (espoleado por intereses políticos de algunos actores sociales y partidistas), sostener que el Estado debe remunerar mejor a sus funcionarios y que deben racionalizarse sus controles para agilizar la acción pública es prácticamente una herejía. Si la ciudadanía no esperara políticas públicas, es decir, si no esperara nada de su Gobierno, no tendría mayor importancia mantener la situación actual. Pero los bienes y servicios que provee el Estado constituyen una parte esencial de lo que ha distinguido a este país en el concierto de las naciones, y es en gran parte lo que nos permitirá ahora, como lo ha hecho en el pasado, paliar los efectos de las crisis internacionales, sobre todo en las clases más vulnerables. Y la gente reclama esos servicios, y se decepciona profundamente cuando no los obtiene con la urgencia y calidad que necesita. Hay también ineficiencia y falta de compromiso. Pero principalmente esto se debe a los obstáculos que enfrentan los poderes públicos de un marco jurídico que muchas veces se ha modelado a partir de respuestas emocionales a coyunturas particulares.

Esta es la discusión verdaderamente importante, una que no podemos seguir evitando. Tenemos que resolver como país la disyuntiva de querer contar con mejores servicios y no dotar al Estado de los recursos, económicos y legales, requeridos para proveerlos. De este debate de fondo bien puede derivarse la sociedad costarricense del futuro.

Consultorías, cooperación internacional y racionalidad del Estado

Como corolario del desafortunado intercambio que tuve con Jorge Guardia, el que terminó dada la insistencia de Guardia de centrar la discusión en (insultar) personas y no sobre los temas, me parece que el editorial de esta semana de Democracia Digital (www.democraciadigital.org) resulta tremendamente esclarecedor, por lo que lo comparto con ustedes:

Consultorías, cooperación internacional y racionalidad del Estado

En 1513 al publicar El Príncipe, Nicolás Maquiavelo, haría célebre la figura de la consejería política, preocupado como estaba por el tema de la unificación del poder en Italia y el manejo organizado del mismo. La literatura política consagra también el tema de la eminencia gris, esto del consejero que, de una manera poco ostensible, inspira las decisiones de un personaje. Originalmente la frase refería a François Leclerc du Tremblay, la llamada mano derecha del Cardenal Richelieu.

En tiempos de especialización de los saberes de los consejeros de las cortes y gobernantes republicanos pasamos al linaje de los consultores y consultoras que de acuerdo con la Real Academia de la Lengua española son personas expertas en una materia sobre la que asesora profesionalmente (tercera acepción del vocablo).

La palabra sugiere una figura respetable. Sin embargo, en la Costa Rica actual la misma adquiere una carga negativa –al igual que muchas otras, entre las que pueden citarse pacto y concertación– en virtud de las denuncias sobre el uso de recursos del BCIE y de la cooperación taiwanesa, manejados ambos por esa entidad, para financiar servicios de consultoría a la Presidencia de la República y al Ministro Rector del sector social y lucha contra la pobreza, respectivamente.

Por la confusión generada sobre el fondo de ambos asuntos por la prensa y los medios de comunicación parece prudente guardar distancia y esperar las conclusiones y recomendaciones de la Contraloría General de la República, que se ha visto compelida a actuar con sentido de urgencia, mientras algunos actores claman por la rápida judicialización del asunto, una tendencia bastante extendida en el tejido social costarricense

Bajo esta perspectiva y respetuosos del marco institucional costarricense en Democracia Digital esperaremos el análisis del órgano contralor, así como del control político en la materia activado por la Comisión legislativa permanente de ingresos y egresos del Estado. Sin embargo desde ya nos parece clave plantear una discusión de fondo sobre rol y marco normativo de la cooperación internacional así como respecto de la racionalidad del Estado en cuanto al manejo de recursos que como los de cooperación tienen repercusiones en lo público pero no pueden, por definición, ser conceptualizados como tales.

La cooperación internacional viene en declive en el país. Para el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 se estimaba una reducción en el orden del 20% en comparación con el nivel alcanzado a niveles de los noventa. Buena parte de la cooperación internacional, especialmente la no financiera, se canaliza mediante acciones de asistencia técnica que involucran la participación de consultorías tanto nacionales como internacionales. Satanizar las consultorías, como se ha venido haciendo en los últimos días, puede generar un efecto de corrida de fuentes de cooperación aún necesaria para el país en virtud del clima hostil que se podría estar presentando para negociar planes, programas, proyectos y acciones de asistencia técnica. El riesgo es real y puede significar la pérdida sensible de mecanismos de apalancamiento de iniciativas y proyectos de desarrollo (infraestructura, de corte social, de protección del medio ambiente, entre otros) de gran escala

Y este tema nos lleva al de la racionalidad del Estado, tanto en relación con el aprovechamiento estratégico de los recursos de cooperación internacional en armonía con los Planes Nacionales de Desarrollo como respecto al fortalecimiento de sus recursos humanos. Sin duda, diversos procesos, incluyendo la llamada fuga de cerebros de los mejores cuadros gerenciales y técnicos del Estado hacia el sector privado han debilitado las capacidades de respuesta del aparato estatal en diversos ámbitos del desarrollo. En busca de alternativas, de manera abusiva, se ha recurrido a la contratación de consultorías satisfactoras de necesidades que deberían ser propias de funcionarios competentes en los Ministerios de línea y a lo largo del espectro institucional. Es tiempo también de repensar esta situación a efectos de elevar el perfil de las políticas de reclutamiento y gestión de recursos humanos, incluyendo la restauración del significado profundo de la consultoría como asesoría al más alto nivel, lo cual encontramos válido para los tres Poderes del Estado.