Oyendo a la Presidenta del Tribunal del juicio de doña Laura Chinchilla contra Rodríguez Baldí, dice que se absolvió a este tipo porque no se demuestra "objetivamente" que la publicación que hiciera en su Facebook haya causado daño al honor de la expresidenta.
Si decir falsamente -porque quedó claro en el juicio que no fue así-, que doña Laura había comprado una propiedad de $2,5 millones, que tiene acciones en una empresa de generación eólica y que ha aumentado su bienestar material de manera acelerada no constituyen afirmaciones que dañan el honor, pues no tengo idea de qué podría serlo.
Y no se trata, como algunos han empezado a decir, de la defensa del derecho a criticar, a vigilar e incluso a insultar a los funcionarios públicos. Se trata de no decir cosas que sean falsas y no atenten en contra del honor de las personas. Nadie, en aras de la libertad de expresión, tiene derecho a llamar a nadie ladrón sin tener pruebas para sustentar semejante acusaciones. Estas cosas debilitan, al contrario de los que algunos piensan, a la democracia.
Quienes hemos fungido en cargos públicos sabemos que estamos expuestos al escrutinio público, que es además 24/7 en esta época de las RRSS. Uno sabe que hay que aguantar palo, porque es consustancial a la naturaleza de los cargos públicos. Pero eso no debería significar que esa flexibilidad, esa tolerancia no tenga límites, como parece derivarse de lo que la Presidenta del Tribunal dijo. Si aceptamos como cierta esta premisa, sólo a quienes no les importe su honor aspirarán a cargos públicos. Y no se sí esa gente es la que queremos al frente del país.
Si decir falsamente -porque quedó claro en el juicio que no fue así-, que doña Laura había comprado una propiedad de $2,5 millones, que tiene acciones en una empresa de generación eólica y que ha aumentado su bienestar material de manera acelerada no constituyen afirmaciones que dañan el honor, pues no tengo idea de qué podría serlo.
Y no se trata, como algunos han empezado a decir, de la defensa del derecho a criticar, a vigilar e incluso a insultar a los funcionarios públicos. Se trata de no decir cosas que sean falsas y no atenten en contra del honor de las personas. Nadie, en aras de la libertad de expresión, tiene derecho a llamar a nadie ladrón sin tener pruebas para sustentar semejante acusaciones. Estas cosas debilitan, al contrario de los que algunos piensan, a la democracia.
Quienes hemos fungido en cargos públicos sabemos que estamos expuestos al escrutinio público, que es además 24/7 en esta época de las RRSS. Uno sabe que hay que aguantar palo, porque es consustancial a la naturaleza de los cargos públicos. Pero eso no debería significar que esa flexibilidad, esa tolerancia no tenga límites, como parece derivarse de lo que la Presidenta del Tribunal dijo. Si aceptamos como cierta esta premisa, sólo a quienes no les importe su honor aspirarán a cargos públicos. Y no se sí esa gente es la que queremos al frente del país.