¿Tiró la toalla el país?. Ser socialdemócrata es ser solidario. Impuesto para lo que es

¿Tiró la toalla el país? Dos hechos de las últimas semanas me hacen pensar  que un buen porcentaje de la población simplemente ya perdió la esperanza. El primero, la conclusión de la Procuraduría de la Ética de que el expresidente de la Asamblea Legislativa, Henry Mora, había faltado al deber de probidad al crear una plaza a la medida para la entonces presidenta del PAC. Se trata de un presidente del primer poder de la República, al que se le acusa de haber utilizado su puesto para favorecer a una copartidaria. Es un hecho grave, con profundas implicaciones éticas. La respuesta de la ciudadanía ha sido la indiferencia total.  ¿Será que ya no espera el famoso cambio?

El otro es el informe de actualización del Indice de Confianza del Consumidor, que efectúa la Escuela de Estadística de la UCR. Los datos son aterradores. El valor de Indice es el mas bajo desde el 2008, año en que el país experimentaba los efectos de una de las peores crisis financieras de la historia moderna. Casi 75% de las personas consultadas califica como negativo el manejo de la política económica del gobierno; tres meses atrás, los consumidores pesimistas duplicaban a los optimistas y ahora la cantidad de pesimistas es seis veces más grande.Actualmente 72,3% de los consumidores cree que desempleo será mayor en los próximos 12 meses, cifra que era menor tres meses atrás, un 57,9%.

Cuando se trata de la economía, las expectativas determinan la actuación de las personas, y por eso tienden a hacerse realidad.  No es buena noticia que aparentemente la gente parece haber perdido toda expectativa positiva.

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El Secretario General del PLN publicó un bizarro artículo valorando como "neomarxista" el pensamiento detrás de la "teoría de género". En un posterior escrito, quiso demostrar que los puntos de vista expresados no riñen con la socialdemocracia, a propósito de la reacción de algunos sectores del PLN que consideraban que el Dr. Zamora posiblemente estaría más cómodo siendo Secretario General de otro partido.

Centrar esta discusión alrededor de si la postura del Secretario se apega o no a los principios socialdemócrata es perder el foco del debate. El tema es mas bien como se garantiza que todos los integrantes de una sociedad disfruten del mismo elenco de derechos. Que no haya personas que en razón de su sexo, preferencia sexual o denominación religiosa, vean limitadas sus posibilidades de realizarse plenamente.

Ante un dilema como este, la socialdemocracia es primero una ideología de cambio, y segundo, una ideología de la solidaridad. De cambio porque reconoce que en el orden existen injusticias que deben ser corregidas, y porque al aceptar la historia como un proceso dinámico acepta también que nuevas injusticias surgen en cada coyuntura, ante las cuales debe adaptar su visión; de solidaridad porque se ocupa sobre todo de aquellos que menos tienen, no solo en lo económico, sino también en lo social, y, por qué no, en lo afectivo.

Entonces, si somos socialdemócratas, reconocemos que un sector de la población no cuenta con los derechos que tenemos otros, y por lo tanto, debemos impulsar programas políticos dirigidos a corregir esa injusticia y porque de lo contrario no existe la solidaridad.  No se es socialdemócrata cuando se antepone la convicción personal, desde una posición privilegiada en la que se disfruta de todos los derechos, a  la moralmente imperativa obligación de corregir una desigualdad evidente.  Desde esa perspectiva, tal vez tengan razón los que dicen que el Secretario Zamora podría estar más cómodo en otro partido.

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Desde el 2001 se aprobó una reforma constitucional para fortalecer a los gobiernos locales mediante una transferencia gradual de competencias y recursos. No fue sino hasta el 2010 que se aprobó una ley, la 8801, que definía un camino para iniciar el proceso. Y no es sino hasta el 2015 que se aprueba el primer proyecto, el 18001, que permite comenzar a concretar esta añeja aspiración.

El proyecto modifica los porcentajes que le corresponden a cada una de las instituciones beneficiadas con los recursos provenientes del impuesto único de combustibles. Las municipalidades reciben actualmente apenas un 7,25% del total, con el que deben atender una red vial cantonal que quintuplica en extensión a la red vial nacional, para cuyo mantenimiento CONAVI recibe el 21% de ese impuesto.

(Hay que recordar que el impuesto único sobre los combustibles fue creado para darle mantenimiento a la red vial, tanto nacional como cantonal. Pero del total de lo recaudado, el Ministerio de Hacienda recibe el 66%, recursos que se utilizan en gastos que no tienen nada que ver con el mantenimiento de carreteras.)

El proyecto establece que de ahora en adelante las municipalidades recibirán el 22.25% de esos fondos, lo que les permitirá asumir de pleno y de manera exclusiva la responsabilidad del mantenimiento de la red vial cantonal, responsabilidad que actualmente comparten con el MOPT. La totalidad de lo que los gobiernos locales reciben por concepto de impuesto único de combustibles debe destinarse a inversión, es decir, no se puede usar para otras cosas que no sea el mantenimiento de la red vial. Y hasta ahora, pese a los prejuicios existentes, las municipalidades han exhibido un nivel de ejecución de presupuestos de inversión que en promedio es del 90% en el 90% de los cantones.

Ahora bien, ¿aumentará el déficit fiscal? No si Hacienda hace su trabajo.  En el ministerio tienen el conocimiento y las herramientas necesarias para encontrar  esos 20,000 millones anuales que les van a restar en los próximos 3 años. La renegociación de deuda externa es una posibilidad. Eso sin contar que el aumento en la inversión en mantenimiento de la red vial cantonal puede ayudar a dinamizar las economías locales, creando ese círculo virtuoso que se requiere para tener más empleo, más consumo y más impuestos. 

 En un país centralista como el nuestro, reformas de este tipo siempre despiertan dudas. Le corresponde a los gobiernos locales, mediante una ejecución eficiente y transparente de los recursos que van a recibir, confirmar que, como lo dice don Oscar Arias, impulsor de esta visión desde su primer gobierno, la democracia del siglo XXI debe ser una democracia asentada en gobiernos locales fuertes.

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Del tema de las fallidas denuncias del presidente Solís en su informe de los 100 días me referiré ampliamente en otro texto que estoy preparando. Uno de los peores daños que se le puede hacer a la institucionalidad democrática es hacer denuncias sin fundamento. Pero mejor ni arranco con este tema porque si no, no termino nunca esta entrada de hoy.

Hasta el próximo domingo!

Uber y devoluciones de impuestos. Un proyecto y una renuncia

Uber deja en evidencia lo poco preparados que están los gobiernos para lidiar con el cambio tecnológico. La discusión legal probablemente se resuelva en tribunales, pero la capacidad real del Estado para regular un servicio como este es mínima.

En el fondo, el problema es que el Estado costarricense perdió la habilidad de reformarse a sí mismo. Hacer cambios es complejísimo. Y por eso tenemos instituciones como el CNP o el INVU, que no han podido renovarse para atender de mejor manera demandas ciudadanas que sobrepasan los propósitos originales para los que fueron creadas. De ahí la frustración ciudadana con este Estado inerte, que no logra reaccionar con agilidad al signo de los tiempos.

Y nada ayuda en la situación con Uber la respuesta irreflexiva del gobierno, empoderando a los taxistas "rojos" para que se conviertan en una suerte de vigilantes e informantes ciudadanos, y abriendo un portillo peligrosísimo para la violencia, como desafortunadamente presenciamos la madrugada del sábado 22, cuando un grupo de taxistas "rojos" atacó y causó daños a un vehículo inscrito en Uber. Ojalá que esto no pase a más.

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El gobierno propone "devolver" a las familias pobres lo que gasten en los nuevos impuestos que pretende aprobar. La idea es eliminar las exoneraciones de algunos productos que actualmente están exentos de impuestos, con el argumento que la exoneración beneficia también a quienes más tienen. Para atenuar el impacto que tendría la eliminación del beneficio a ciertos productos y servicios que consumen o usan los pobres, el gobierno propone diseñar una lista de familias a las que se les entregará un subsidio mensual que oscilará entre los 40 y 44,000 colones. Esa es la teoría, pero la idea me genera varias dudas.

Primero, el gobierno ya ha admitido que debe construir la lista de beneficiarios, labor que le llevará de 18 a 24 meses, con las dificultades que tiene una tarea de esta magnitud, y con la rigurosidad que hay que tener para no terminar subsidiando a quien no lo merece o convirtiendo la lista en un mecanismo clientelista. ¿Se necesitará hacer un nuevo censo nacional?¿Qué pasa si el impuesto se comienza a cobrar antes de que se tenga la lista?. Segundo, se dice que las familias que incluirán serán las que se encuentren en los últimos 4 deciles del ingreso. Parece tener sentido, pero hay datos que vale la pena hacer explícitos.

Si se escogiera a la totalidad de las personas que están en esos 4 deciles de ingreso estaríamos hablando de mas de 2 millones de personas, 2.177.698 para ser exactos. El problema es que según las estadística oficial, en Costa Rica hay poco mas de 1 millón de personas pobres (1.170.634 según la ENAHO del INEC). Posiblemente se quiere incluir a gente que está apenas por encima de la línea de pobreza, pero casi doblar el número de beneficiados potenciales de este mecanismo parece exagerado. Sería, además, crear una rigidez más en un presupuesto ya de por sí rígido,  y generaría un gasto bastante alto que crecería año con año, y con cargo a un presupuesto nacional que ya de por sí tiene múltiples disparadores del gasto.

Un elemento adicional. Hay que ver si esta cantidad de gente no termina comiéndose lo recaudado, es decir, que lo que recaude se devuelva en una proporción mayor a lo que le queda al gobierno. Según esta nota de CRHoy, el gobierno terminará devolviendo un monto equivalente al 75% del total recaudado. Pero aquí le otorgo al Ministerio de Hacienda el beneficio de la duda: creo que esto es demasiado obvio como para que lo hayan pasado pasado por alto.  ¿O así fue?

Por otra parte, no se sabe cuáles productos y servicios terminarán siendo exonerados del impuesto y cuales no. Hay una propuesta base del gobierno, pero es de esperarse que los diputados mocionen para incluir algunos otros (muchos creería yo), al punto que el mecanismo de devolución sea totalmente innecesario. Habrá que esperar.

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Esta semana se aprobó en comisión legislativa una iniciativa que pretende poner plazo de votación para algunos proyectos de ley. La idea es que tanto el Ejecutivo, como los partidos políticos con representación legislativa puedan presentar un proyecto en cada legislatura, que deberá ser votado en un máximo de 22 sesiones. Me extraña que esta noticia no haya recibido la relevancia que merece, pues si finalmente el plenario ratifica lo planteado, se abre un camino idóneo para dinamizar notoriamente la acción del Legislativo.

El Gobierno debería tener este proyecto en la mira y convocarlo a sesiones extraordinarias como prioridad. Una vez aprobado, tendría la posibilidad de presentar no uno, sino dos y hasta tres proyectos en cada legislatura, sumando al propio el de su partido y el de su grupo aliado, el Frente Amplio. Me atrevería a sugerir que alguno de esos proyectos debería ser un conjunto de reformas al reglamento legislativo, para facilitar aun mas el trabajo de la Asamblea. Sería un gran avance.

Como nota al margen, este proyecto confirma la buena voluntad del bloque opositor que dirige la Asamblea. Tal vez al gobierno le sirva más que la oposición vuelva a ganar el directorio el próximo año, porque cuando el PAC ha dirigido al Primer Poder de la República, su gestión ha sido de las menos productivas en la historia legislativa.

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En campaña el presidente Solís afirmó enérgico que en un gobierno PAC se acatarían como vinculantes los pronunciamientos de la Procuraduría de la Ética. ¿Qué va a hacer el partido y qué va a decir el Gobierno respecto a la conclusión de la PE, de que el expresidente legislativo Henry Mora faltó al deber de probidad al nombrar a la expresidenta de su partido en una plaza a la medida? Está claro que el presidente no puede destituir al diputado Mora, el que además fue su candidato -y a la vez principal causa de la derrota sufrida-, a la reelección en la presidencia de la Asamblea Legislativa, pero bien puede pronunciarse públicamente y pedirle al cuestionado congresista que abandone su curul.

Otra que debería pedirle la renuncia a Mora es Margarita Bolaños, la presidenta del PAC. El partido que ella lidera, en la figura de su entonces candidato presidencial, asumió un compromiso público que se debe honrar. No parece necesario explicar por qué, pero eso sería no solo una muestra de coherencia, sino además de apoyo al presidente mismo.

Pero finalmente, de quien esperaría uno mayor consistencia y coherencia es del mismo Henry Mora, que debería devolver la lealtad del presidente, una que le costó al gobierno la presidencia de la Asamblea, renunciando a su puesto. La digresión entre moralidad y ética que torpemente esgrimió para tratar de atenuar la imputación de la Procuraduría, no es mas que un burdo intento de desviar la atención sobre el hecho central: abusando de sus potestades como presidente del Directorio de la Asamblea Legislativa, ordenó transformar una plaza de chofer en una plaza profesional para dársela a una copartidaria. Eso no es ni ética ni moralmente aceptable.

Por cierto, ¿está investigando de oficio la Procuraduría de la Ética el caso de los 11 millones de más, que recibió la viceministra de Gobernación?. De primera entrada parece haber elementos que justifican esa investigación. Ojalá que lo hagan.

Hasta el próximo domingo.

Analistas, arreglos, presupuesto

Tengo el propósito de dedicarle mas tiempo al blog a partir de este momento. Como mínimo, voy a publicar todos lo domingos algunos comentarios rápidos sobre temas de la semana que cierra, y de tanto en tanto trataré de escribir algunas reflexiones más extensas. Por supuesto que el énfasis será la política en su dimensión más amplia, pero me aventuraré en otros temas. A ver cómo me va.

El martes 11 el Consejo de Gobierno nombró al analista Victor Ramírez como nuevo miembro de la Junta Directiva del Banco Nacional. En un tuit que envié esta semana, señalé que este gobierno podía apuntarse el mérito de haber puesto en evidencia la filiación política de algunas personas que tuvieron en la campaña electoral del 2014 un papel prominente como analistas en medios de comunicación o en instancias académicas. Ramírez es uno de ellos, asiduo invitado de Ignacio Santos en Canal 7, así como del programa de Amelia Rueda, y de otros medios de comunicación masiva que le brindaron espacio para que valorara el desarrollo del proceso electoral en el que se eligió como presidente al que es ahora su jefe.

Un caso similar es el de Manuel Rojas Bolaños, nombrado embajador en Chile, y que estuvo asociado al Partido Acción Ciudadana en sus inicios, pero se desligó, por lo menos públicamente, de la acción política para dedicarse a escribir en sus espacios de análisis en el diario Extra y en otros medios de comunicación, antes de aceptar el nombramiento diplomático en el 2014. Igual sucedió con el politólogo Alberto Cortés, hasta hace unos meses director del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, quien formó parte del grupo que lanzó la candidatura del actual presidente, pero que se mantuvo alejado del ajetreo electoral, hasta que a finales del 2014 fue nombrado como representante de Costa Rica en el directorio del Banco Centroamericano de Integración Económica, el puesto mejor pagado de la administración pública costarricense.

Está también el caso de Francisco Barahona, el que si bien no fue nombrado en ningún cargo (por lo menos que se conozca), sus hijos Pablo y Alejandro ocupan cargos prominentes en este gobierno, el primero como embajador ante la OEA y el segundo como directivo del Banco Hipotecario de la Vivienda.

También está el caso del periodista Mario Bermúdez, quien tuvo una columna de opinión muy prominente en el periódico El Financiero, desde la que reflexionaba sobre temas relacionados con la acción de gobierno (específicamente el de doña Laura Chinchilla), y quien ahora, junto al también periodista Boris Ramírez, ex-coanfitrión del programa radial Hablando Claro, forma parte del equipo de comunicación del gobierno, liderado por cierto por Mauricio Herrera, exdirector del Semanario Universidad.

Será imposible ignorar esto la próxima vez que estas personas nos den su punto de vista. Y ojo, no tiene nada de malo, todo lo contrario, es bueno saber con quién está quien pretende analizar  en medios la coyuntura política, social y económica. Mas bien es no saberlo lo que no es conveniente para nadie.

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Después de varias semanas y de una fallida mediación del rector de la UNA -que algunos interpretaron como un intento de promocionar a Alberto Salom como posible figura del grupo del presidente para una futura candidatura-, el conflicto por el desalojo de algunas familias que habían invadido tierras en el sur del país fue resuelto de una manera que deja muchas dudas. En una nota de La Prensa Libre, el Ministro de Seguridad anuncia que las familias retornaron a las fincas invadidas y que, al no existir una nueva orden de desalojo, no es posible intervenir con al fuerza pública. Yo entiendo que lo que nos quiere decir el ministro, es que la situación se "resolvió" porque las familias re-invadieron y al no haber orden judicial, se quedarán ahí hasta que nuevamente un juzgado ordene el desalojo.

No sé ustedes pero, a menos que el periodista nos haya transmitido mal lo que quiso decir el ministro, yo entendería que las familias invadieron otras fincas y no las mismas de las que fueron desalojados. Y digo esto, sin ser abogado pero acudiendo al sentido común, porque me parecería muy raro -por no decir completamente inútil-, que las órdenes de desalojo que emiten los tribunales se puedan ejecutar una sola vez y su efecto termine una vez ejecutado un desalojo, como si un retorno de las familias desalojadas a las tierras invadidas no formara parte del mismo proceso y por lo tanto se necesitara iniciar de cero la gestión judicial de desalojo.

Lo que parece mas bien es que ese regreso de las familias es la única salida planteada después del fracaso de la mediación de Alberto Salom, mediación que a su vez se inició por el fallido esfuerzo inicial del ministro de la Presidencia. Pero es claro que la situación no fue resuelta y si el propietario de la tierra acude a la fuerza pública, esta no podría negarse a cumplir la orden vigente del juez, so pena de ser acusada de incumplimiento de deberes. Y además con  el agravante que a las familias les pueden haber creado expectativas falsas. De esa situación no saldrá nada bueno. Bien vale la pena saber cómo se llegó a esta situación, y si se trata de una "arreglo" entre los manifestantes y el gobierno, y quienes son sus responsables.

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Dice el presidente que los recortes que vienen en el presupuesto son dramáticos, "fuertes". Solís se mete en un zapato -otra vez-, por despertar expectativas desmesuradas. Primero, es difícil, si no imposible, tener un presupuesto que disminuya de un año a otro, a menos que se recorte la inversión social, que constituye casi la mitad de lo presupuestado, porque hay un crecimiento "vegetativo" en mucho espoleado por los pluses salariales de los empleados públicos. Segundo, porque aun cuando el presupuesto efectivamente exhiba un crecimiento muy bajo, la base de cálculo es el presupuesto de este año, que como se recuerda creció 19% el año pasado. Así que un crecimiento de 4-5% del presupuesto 2016 no significa mucho porque se parte de un parámetro inflado. No traten de meternos gato por liebre.

Vamos a ver cómo viene ese presupuesto. Es importante porque de eso dependerá la actitud de la oposición frente a los proyectos de reforma fiscal, ya de por sí escéptica dada la deliberada ambigüedad del gobierno frente al tema de empleo público, al que parece no querer meterle bisturí. Y eso que ya existen algunas iniciativas que podrían servir de base para iniciar el proceso de ordenar este tema. Tome el tiempo que tome.

Hasta el próximo domingo.