El presidente Solís anunció su deseo de
iniciar la carretera a San Ramón antes de terminar su mandato. El presidente aparentemente no tiene información sobre este proyecto, porque lo cierto es que no comenzará a construirse, si todo sale bien, hasta principios del 2019.
En una actividad organizada por el LANANME hace algunas semanas, el Banco de Costa Rica, entidad encargada de establecer el fideicomiso que construirá y operará la carretera, informó del estado del proceso. La imagen muestra la filmina que el personero del Banco utilizó para ilustrar las etapas que deben cumplirse. La primera, completada ya, consistió en recabar información existente, incluyendo la que la concesionaria anterior entregó como parte del finiquito. La segunda etapa es la firma del contrato entre el MOPT y el BCR para establecer el fideicomiso, que es en la que se encuentra el proceso actualmente. Pero para terminar esta etapa, habrá que superar un escollo legal, y no se tiene certeza de que sea posible.
La
ley que originó el fideicomiso establece en su artículo 8 que el contrato debe incluir una estructura tarifaria aprobada por la ARESEP, como requisito ineludible para que sea refrendado por la Contraloría General de la República. El problema es que para poder definir la estructura tarifaria, se necesita tener el costo definitivo de la obra, en tanto la cifra que se ha venido manejando es un estimado en donde faltan elementos como la valoración del costo socioambiental, algunas expropiaciones adicionales y los planos definitivos que son necesarios por haberse cambiado el diseño original.
El Banco tendría que darle vuelta al proceso, es decir, primero hacer los planos para poder tener la estructura tarifaria, antes de ir a la ARESEP y a la Contraloría. Pero, ¿qué tal si la obra termina siendo muy onerosa con un peaje muy alto? El Gobierno podría entonces optar por otra forma de financiamiento, que le resulte mas barata y desechar la idea del fideicomiso. El problema para el Banco es que sin contrato no podría obligar al Gobierno a asumir el costo, y tendría que cargar con el gasto para la elaboración de los planos, que bien puede acercarse a los $20 millones.
Pero aun si se pudiera darle vuelta al proceso y obviar el requisito de la estructura tarifaria para seguir adelante, la autorización de ARESEP y el refrendo de la Contraloría tomará posiblemente el resto de este año. Luego vendría la estructuración financiera, el establecimiento del fideicomiso, y la elaboración del cartel, el concurso y la contratación de la empresa que haría los diseños. La estimación del Banco es que, si todo sale bien, la empresa quedaría contratada en el segundo semestre del 2017. A partir de ahí tomará de 15 a 18 meses para terminar los planos. Eso nos lleva al 2019. Ojalá sea así.
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La lucha para que en Costa Rica exista un disfrute pleno e igualitario de derechos ha sido ardua y empinada. Ha sido así por la oposición de algunos grupos de orientación religiosa, pero también por la división entre los sectores que empujan los cambios.
Esta división tiene que ver con varios temas. Uno es el ámbito mismo de las reivindicaciones. Algunos impulsan cambios graduales, en consideración al conservadurismo imperante en Costa Rica, mientras otros creen que debe apuntarse a lo máximo porque la resistencia igual se presentará con reivindicaciones pequeñas o grandes.
Otro punto de discrepancia tiene que ver con la estrategia misma de lucha. Un sector considera que, en aras de evitar una confrontación política, lo mejor esa tratar de conseguir ampliar el elenco de derechos mediante acciones administrativas o judiciales. Que sean las instituciones –
la CCSS es un ejemplo-, y los estrados judiciales los que otorguen los derechos a los grupos perjudicados, sin tener que pasar por la Asamblea Legislativa.
Pero hay otros grupos que consideran que la lucha mas bien debe ser política, no solo porque posiblemente pueden obtenerse resultados mas contundentes, sino también porque podrían concretarse en menor tiempo. La cuesta es mas empinada, pero posiblemente se dure menos tiempo llegando a la cima.
En el fondo, no deberían ser estrategias excluyentes. Tal vez sea momento de plantearse un proyecto político común, con presencia en la Asamblea Legislativa, desde donde se lideren las acciones políticas y legales.
Esto podría servir además para definir el carácter de la lucha. Se trata de una reivindicación de derechos, no de una cruzada antireligiosa. El ataque a las creencias personales genera rechazo en una población profundamente religiosa, y refuerza el argumento de la amenaza como factor político aglutinador de los grupos religiosos.
Es momento de un cambio cualitativo y definir una estrategia común que permita avanzar con mas decisión los temas de derechos.
Porque en esta coyuntura no se puede actuar sin medir las consecuencias. Exacerbar a los sectores mas conservadores con manifestaciones dirigidas a atacar la fe de la gente, es un error táctico que solo puede resultar en obstáculos aun mayores. Ya tenemos una consecuencia: el fortalecimiento de opciones electorales que sin duda usarán su creciente poder político para intentar atrasarlo todo. Si se sigue atacando las creencias, en vez de centrarse en la batalla legal y política que viene, se va a seguir alimentando el crecimiento de quienes no dudarán en presionar a Zapote con una mayor cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa.
