La historia todos las conocen. El Gobierno anunció el traspaso de la concesión de la antigua concesionaria a una firma brasileña. Casi inmediatamente comenzó la oposición al proyecto. En el grupo opositor confluyeron distintos actores con distintas motivaciones. Algunos movidos por razones ideológicas, opuestos a la concesión de obra pública sin plantear alternativas; otros, teniendo un ojo puesto en las elecciones del 2014, algunos incluso en las del 2016. Todos además, ilusamente –o tal vez no-, haciéndole el juego a algunas compañías constructoras que alimentaban el descontento para traerse abajo la concesión, con la secreta esperanza de poder obtener ese contrato.Este bloque opositor contó además con el apoyo irrestricto de algunos medios de comunicación, que a dos manos se sumaron al movimiento. No hubo debate equilibrado. No solo periodistas como Pilar Cisneros y Amelia Rueda convirtieron sus espacios informativos en cajas de reproducción de los incompletos –por no decir falsos-, argumentos de los opositores a la concesión, sino que además brindaron un espacio privilegiado a todo aquel que quisiera expresar su rechazo al plan.
La discusión de los méritos técnicos del proyecto quedó enterrada bajo el aluvión de falsedades, inexactitudes e interpretaciones interesadas que fueron reproducidas una y otra vez en algunos medios de comunicación. Los candidatos presidenciales a las elecciones del 2014, incluido el del partido oficial, fueron incapaces de sustraerse de este ambiente enrarecido y ninguno abogó por lo menos por un debate mesurado y basado en el mérito técnico. En medio de la gritería ensordecedora que acusaba a quien osara defender la concesión de corrupto, se sumaron causas judiciales en contra de las autoridades responsables del proceso, lo que fue objeto de profusa cobertura en algunos medios que mas parecían agencias de relaciones públicas de constructoras que otra cosa.Pero ahora, cuando la situación en la ruta 1 sigue siendo la misma, miles de costarricenses, muy tarde ya, comienzan a darse cuenta que pudo haber sido un error no haber seguido adelante con la concesión. En las tres y hasta cuatro horas que tienen que pasar en esa carretera diariamente, la idea de que ya para este momento se habría ejecutado la totalidad del proyecto, frente a la incertidumbre de la alternativa del fideicomiso, debe atormentar a muchos, que comienzan a poner en una justa perspectiva lo que se quería hacer.
Las razones para rechazar la concesión pierden peso ante la realidad actual de la carretera, pero sobre todo, ante algunos elementos que comienzan a emerger alrededor del proyecto que se proclamó la panacea para resolver el tema. Primero, la fecha de inicio del proyecto sigue siendo incierta, pero todo apunta que no será antes del segundo semestre del 2018, sino es que termina siendo el primero del 2019 (y sin contar la posibilidad de que no pueda hacerse por una cuestión de costo, a menos que el gobierno se meta la mano en la bolsa y aporte un subsidio millonario).Segundo, como parte del financiamiento del fideicomiso, se aumenta el peaje de la carretera en este momento, meses, si no años, antes de iniciar la construcción, con los que miles de vecinos de Occidente verán aumentar su gasto sin recibir nada a cambio. Y tercero, la obra tendrá un costo tal que resultará en un peaje similar al que iba a cobrar en la concesión. Esto se justifica afirmando que se trata de una obra de dimensiones mayores a la que se planteaba en la concesión, pero la verdad es que el costo del peaje fue el argumento central que se utilizó para oponerse a la concesión, aunque ahora, por supuesto les conviene, quieran minimizarlo.
Mientras tanto, los tribunales de justicia rechazaron una a una, y de manera definitiva, las acciones presentadas por particulares en contra de jerarcas de la administración pública: la alucinante demanda por distintos delitos presentada por un particular personaje en contra de decenas de funcionarios públicos nacionales e internacionales, ha sido rechazada repetidamente. Lo mismo con un proceso contencioso administrativo, cuestionando la validez del contrato y su traspaso, ha sido archivado de manera definitiva por parte del Tribunal Contencioso-Administrativo. Las causas que fueron utilizadas maliciosamente para generar dudas alrededor de la actuación del gobierno, y que algunos medios presentaron, pese a las absurdas premisas que las sustentaban, como una prueba de que había acciones cuestionables, han sido archivadas y desestimadas de manera definitiva.
De esta experiencia deberíamos derivar algunas enseñanzas para el futuro. Primero, que los debates alrededor de temas públicos tienen que separar el campo de la ideología del de la técnica. Incluso este gobierno, cuyo aliado político el Frente Amplio es el adalid contra la figura de concesión de obra pública, ha tenido que admitir, en la figura dela viceministra y el mismo ministro, que la concesión es un instrumento válido para el desarrollo de infraestructura. Segundo, que los espacios mediáticos para la discusión de política pública deben ser equilibrados, y que periodistas que no saben de un tema deben fungir como facilitadores del debate, no como jueces de la pertinencia de las posiciones, como lo hicieron en su momento Cisneros y Rueda. Y tercero, que las acusaciones temerarias antes estrados judiciales no representan bajo ninguna circunstancia una confirmación de culpa, por más que actores interesados quieran presentarlo así.Si por lo menos ganamos eso, tal vez valga la pena el sacrificio diario de miles de personas que siguen sufriendo las consecuencias del cálculo político, la desinformación y la mala intención.
Twitter: @robertogallardo
