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domingo, 8 de noviembre de 2015

Las contradicciones no son anécdotas, fideicomisos o no fideicomisos y la protesta espontánea

La presidenta Ejecutiva de la CCSS le pide públicamente al gobierno que anule el decreto que emitió para regularizar la aplicación de la FIV en Costa Rica. El ministro de Agricultura desestima la validez de una comisión técnica integrada en Casa Presidencial para analizar el tema de la importación de aguacate de México. La Viceministra de Infraestructura considera inapropiado el mecanismo del fideicomiso para construir la carretera a San Ramón y a Cartago. El ministro de Seguridad se manifiesta en contra de la iniciativa del Ministerio de Justicia de liberar a algunos privados de libertad para aliviar el hacinamiento carcelario.

No es la primera vez que jerarcas del actual gobierno expresan posiciones contradictorias con la posición de Presidencia o la de colegas de gabinete. Denota graves problemas de coordinación interna, producto de un ausencia de comunicación interna evidente, que es responsabilidad exclusiva de Zapote. Pero probablemente el mayor problema de estas muestras de dispersión, es que a la gente parece ya no importarle. Es más, le parece anecdótico. Lo único que genera es un resignado “¿otra vez?”, expresado con una sonrisa resignada.

No podemos permitir que estas cosas parezcan triviales. La banalización de poder, especialmente el de la Presidencia, puede tener consecuencias enormes para el país. El ejercicio del poder no puede terminar convertido en una anécdota por un gobierno que un día sí y otro también parece evidenciar una indolencia inusitada para consolidar procesos básicos de coordinación y consistencia interna.

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Relacionado con la posición de la Viceministra de Infraestructura respecto al fideicomiso para construir las carreteras a San Ramón y a Cartago, hay algunos elementos que vale la pena mencionar. El fideicomiso es un método adicional de financiamiento de obra, como lo son los préstamos internacionales, las concesiones y los recursos del presupuesto, entre otros. La selección de uno de estos mecanismo depende, esencialmente, del costo. ¿Para qué vamos a usar un fideicomiso cuyos recursos costarán un 6% anual si se puede optar pro un préstamo internacional que cuesta 4%?.

Ese es el primer dilema que hay que solucionar. Fideicomisos para financiar la construcción de la carretera a San Ramón y a Cartago tendrán sentido si son más baratos que si por ejemplo se dieran en concesión. Porque finalmente es el peaje lo que paga el financiamiento. Desde esta perspectiva, la selección del mecanismo no puede estar permeada de prejuicios ideológicos, sino de una objetiva valoración de los costos.

Dicho lo anterior, hay que decir también que la selección de un mecanismo de financiamiento no facilita mas o menos la ejecución de un proyecto. Hay otros factores que inciden de los que destacaría dos, uno, los procesos legales y administrativos que deben cumplirse; el otro, la voluntad de los jerarcas. Un claro ejemplo de esto último es el fideicomiso de infraestructura educativa que quedó listo en el gobierno anterior, cuya ejecución no se ha iniciado por razones que solo pueden explicarse en la falta de interés de los jerarcas del MEP.

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Los organizadores de la última marcha “No más RECOPE” intentaron recoger pancartas que algunas personas llevaban en contra del presidente Solís. Es un dilema moral propiciado por la naturaleza misma de la marcha: en una protesta difusa que parece ser específica contra una institución, pero que recoge un malestar contra una situación más general, ¿es apropiado limitar el derecho de expresarse de algunas personas?.

En un marco ambiguo como este, quienes participan tienen gran libertad para definir su propia motivación para hacerlo. Así una manifestación contra RECOPE puede ser también para mucha gente una manifestación contra el gobierno, o específicamente contra el presidente. O, y tal vez en esto se hayan mostrado más elementos en la convocatoria, contra los sindicatos del sector público, a los que se ha venido señalando mediante una retórica muy peligrosa, que incluye alusiones a la violencia como se muestra en este "meme" que Leonardo Garnier colgó en su murode Facebook.

Precisamente por este tipo de cosas es que hay que pensarse bien seguir convocando este tipo de actividades. No dudo de las buenas intenciones de los que parecen ser –lo digo así porque no está del todo claro-, los organizadores de estas marchas, pero estos deben ser consciente que pueden terminar abriendo espacios para otras manifestaciones más radicales. Ojalá que no sea así.

domingo, 11 de octubre de 2015

¿Asesor del gobierno?, FIV y músculo político y la deuda con Gerardo

Una persona con el sugestivo sobrenombre de "Macho Coca" aparentemente construye de manera ilegal unos muelles en Limón, muelles que según la Policía de Control de Drogas, habrían sido utilizados para el  trasiego de marihuana proveniente de Jamaica. El 18 de agosto la Fuerza Pública, acatando una orden judicial, clausura las instalaciones, las que por cierto habían sido visitadas algunos días antes por algunos jerarcas de gobierno.

Apenas una semana después, y en el marco de una gira por la provincia de Limón, el presidente Solís expresaba su desazón por esta clausura y solicitaba al Poder Judicial que se permitiera reabrir temporalmente los muelles, para que pudieran seguir dando servicio a los barcos pesqueros que también han utilizado este improvisado puerto. Mientras tanto, se daba a conocer que la persona señalada como responsable de la construcción ocupaba un cargo de asesor en INCOPESCA, lo que le agregaba un elemento de incertidumbre adicional alrededor a este espinoso  tema.

Es por todo lo anterior es que la noticia de la detención de "Macho Coca" por supuestamente liderar una red de abastecimiento de drogas a bandas locales, y su posterior destitución del cargo de asesor de INCOPESCA no deja de ser muy inquietante. El gobierno debe investigar a fondo las relaciones de este personaje a lo interno de su administración, el proceso que resultó en su nombramiento en ese cargo, y los funcionarios que propiciaron ese nombramiento. En momentos en el que el país siente la arremetida del crimen organizado -ante la cual el gobierno permanece desesperantemente impasible-, es imprescindible aclarar en todos sus extremos este caso.

Sorprende la pasividad de la ciudadanía y de la prensa ante este caso. Hay que demandar explicaciones de parte del gobierno, el que parece satisfecho con la destitución de esta persona. No puede ser así. Este es un caso que demanda absoluta claridad. Sería un precedente funesto que no fuera así y no pudiéramos saber todos sus entretelones.

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La Sala Constitucional decidió suspender los efectos del decreto que regulaba la FIV mientras analiza varios recursos interpuestos en contra del mismo. Era de esperarse que esto sucediera. Como lo expresé hace algunas semanas, este es un recurso desesperado del Ejecutivo, dada la complejidad y lentitud del debate en la Asamblea, a la que le corresponde en definitiva resolver sobre este asunto.

Pero no puede dejar de analizarse el tema desde otra perspectiva. Acudir a acciones jurídicas para superar la parálisis legislativa, es también una admisión de debilidad política. Con una fracción oficialista tan débil (y de apoyo variable según el tema del que se trate), el ministro de la Presidencia no tiene el músculo político necesario para forjar acuerdos que sean provechosos para otros partidos. Y por eso hay que jugarse chances como este en la Sala.

Y esto es importante mencionarlo porque la discusión de los proyectos de reforma fiscal requerirán sin duda un procedimiento especial que permita acortar los tiempos del proceso. Y la aprobación de un procedimiento de este tipo  requiere 38 votos. Tarea monumental para un ministerio de la Presidencia que no tiene mucho que ofrecer en términos de apoyo propio.

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Se ha iniciado una campaña para pedirle a la mujer víctima del acoso que el joven Gerardo Cruz denunció en redes sociales, que presente una denuncia formal. Un poco el argumento es que "se lo debe a Gerardo", quien sufrió una agresión en circunstancias aun no esclarecidas del todo. Entiendo que se le haga esta solicitud, pero también entendería la reticencia de la mujer en hacerlo. Lo que no entendería, y en Costa Rica somos dados a esto, es que se critique su decisión de no hacerlo, por las razones que sea. En defensa de las víctimas no debemos someterlas a una revictimización de otra índole.

Por otro lado no deja de ser irónico que algunos de los medios que han querido reivindicar el sentimiento de indignación nacional generado por el atentado contra Cruz, sean los mismos que constantemente publican fotografías en las que se explota la imagen de la mujer con fines comerciales, o que las presentan en minifaldas cortas y tacones altos en sus programas de espectáculos y especiales de fin de año. Antes de iniciar una campaña para que la víctima del acoso denuncie, debería iniciarse una campaña para que los medios desistan de explotar de esta manera la imagen de las mujeres. Se lo deben a Gerardo. 

domingo, 13 de septiembre de 2015

La cobija y la FIV, el ministro y el columnista

Una campaña del Gobierno en medios dice que para atender las necesidades del país en el 2016 se va a utilizar "la misma cobija que usó en el 2015". Esto porque el Gobierno "realizó recortes por ¢388,350 millones de colones al presupuesto". Son "hechos, no palabras" declara, me parece que con poca convicción, la narradora del spot.

Tal vez esto último sea pura percepción de mi parte, pero si fuera cierto, la locutora tendría razón de no estar convencida. El Gobierno, tal y como quiso hacerlo con la supuesta renegociación de la convención colectiva del A y A, nos quiere meter gato por liebre. No sé si es desconocimiento de lo que significa recortar de verdad un presupuesto, o si malintencionadamente está tratando de engañar a la gente, pero el mensaje que nos quiere vender con este spot es, para decirlo amablemente, falaz.

Cuando se va a elaborar el presupuesto general de la República, lo primero que se hace es que el ministerio de Hacienda solicita a el resto de los ministerios que envíen sus proyectos de presupuesto. Una vez que se tienen todos los proyectos, invariablemente Hacienda solicita disminuirlos, porque normalmente vienen muy altos. Y los ministerios no tienen opción. Puede haber una estira y encoge y hasta la intervención del presidente, pero los presupuestos originales de los ministerios normal y rutinariamente son recortados antes de ser presentados a la Asamblea Legislativa.

Estas reducciones, a falta de otros logros en esta materia, son las que el Gobierno presenta como "recortes del presupuesto". No lo son. Recortar el presupuesto habría sido, como mínimo, que fuera igual al del año pasado. pero no lo es. Crece casi un 5%.  Y los famosos 388,350 millones nunca estuvieron en el presupuesto y, por lo tanto, no pudieron ser "recortados". Son montos que venían "de más" en los presupuestos del los ministerios, que como podrán imaginarse siempre tratan de "hacerse un colchón" pidiendo el máximo que podrían necesitar. 

Y no podemos olvidar que ese 5% de aumento está calculado con respecto al presupuesto del año anterior, que creció  mas del doble que la inflación. Es decir, la cobija no solo no es exactamente la misma del año pasado, pues es un 5% mas grande, sino que además es muchísimo mas grande que la cobija del 2014.

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El presidente firmó un decreto para permitir la FIV en Costa Rica. La validez del mismo será discutida en la Sala Constitucional. Pero la verdad es que el presidente tenía que intentar algo, que también han intentado otros en el pasado: exasperados por la lentitud del debate y la posibilidad de veto que tiene cada uno de los 57 diputados, tratan, normalmente sin éxito, de brincarse a la Asamblea Legislativa para hacer avanzar ciertos temas.

La discusión no debería ser si el decreto es o no la mejor ruta de acción. La discusión debería ser qué se puede hacer para mejorar y hacer más expedito el proceso de formación de leyes en Costa Rica. Como se hace para que  otra vez las mayorías signifiquen algo. En nuestro país ha pasado algo muy curioso en los últimos años, y es que, no solo estar en una mayoría no significa nada en términos de la posibilidad de empujar ciertas tesis, sino que incluso se ha vuelto éticamente cuestionable pertenecer a una mayoría. "Ustedes lo que quieren es imponerse sobre las minorías!", oímos constantemente, implicando con esta acusación que las actuaciones de la mayoría son, ironía de ironías, antidemocráticas. Hay que darle vuelta a esto y volver a darle a la mayoría el peso que le corresponde en el proceso legislativo.

Dicho lo anterior, y en relación al caso específico de la FIV, es cierto que los diputados de los partidos de orientación religiosa han utilizado todas las armas que les brinda el reglamente legislativo para atrasar la votación de este tema. Pero yo me sospecho que en TODOS los partidos políticos representados en la Asamblea hay gente que se opone a la FIV, a los que les queda muy cómodo dejar que los diputados cristianos pongan la cara ante la opinión pública, mientras con un silencio calculado dejan la impresión de que apoyan una causa que tal vez les brindó réditos electorales, pero en la que no creen del todo.

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Dice el ministro de Comunicación que en una encuesta que circuló en estos días no hay evidencia de un deterioro de la imagen del presidente, y que mas bien hay señales de mejoría. Un periodista me preguntó sobre el tema y yo comenté que me parecía una ingenuidad  decir eso a las puertas de que se inicie un debate tan políticamente costoso como lo es el de una reforma fiscal, y que mas que estar buscando cosas que no existen en esa encuesta debería estar preparándose para  el tsunami que se le viene encima al gobierno, el que en los próximos 12 o 14 meses sufrirá un deterioro aun mayor de su imagen al tener que defender materia tan odiosa como lo son nuevos impuestos.

Confrontado con estas declaraciones mías, el ministro Herrera "responde" hablando, como parece ser la obsesión de ciertos jerarcas de esta administración, del gobierno de la Presidenta Chinchilla, poniendo el énfasis en la cifra de personas que cree que está mejor con este gobierno en comparación al de doña Laura.

Aparte de que el gobierno Solís no ha llegado siquiera a la mitad de su período, como para que la comparación tenga sentido,  el discreto ministro Herrera haría bien en prepararse para lo que viene en vez de estar viendo hacia atrás. La discusión de los nuevos impuestos requerirá mucho más que aguacates o comparaciones con el pasado. Si cree que ese tipo de argumentos va a ayudar a su presidente a mejorar su alicaída imagen, se va a llevar una muy desagradable sorpresa.

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 En su columna del lunes pasado, Juan Carlos Hidalgo se refiere a la escabrosa actuación del fiscal de Alajuela en el caso del Alcalde Roberto Thompson, pero, como es su costumbre, aprovecha para atacar al PLN, diciendo que "lo inusual de este caso es que la víctima haya sido un político liberacionista, cuando no es ningún secreto que los dirigentes de ese partido tienden a salir muy bien parados de los rigores investigativos del Ministerio Público"

Hidalgo tiene memoria selectiva. No recuerda que Karla González, Fernando Zumbado y Pedro Pablo Quirós, tuvieron que enfrentar, y lo hicieron con éxito, acusaciones de la Fiscalía. Tampoco recuerda el caso de Maureen Ballestero, ni que vienen los juicios contra Antonio Calderón y contra Oscar Alfaro. Ni que Roberto Dobles se encuentra en pleno proceso judicial.

También menciona el caso de la ruta 1856 como un ejemplo de ese supuesto favorecimiento de la fiscalía al PLN, preguntándose "¿cuántos funcionarios de la administración Chinchilla han enfrentado a los tribunales por el caso de la trocha fronteriza, donde el desfalco al erario ascendió a más de ¢20.000 millones?" Primero, sorprende que afirme que que se pudo haber malversado esa cantidad. Eso solo se puede decir si se ignora que el proyecto de la ruta no solo era abrir el camino a lo largo del río San Juan, sino que además incluía la rehabilitación de mas de 500 kms de rutas de acceso, el cableado necesario para que por fin llegara la electricidad a una zona en donde nunca hubo, y la posibilidad de mejorar el acceso de los pobladores a servicios de salud y educación.

Segundo, asume que hay "funcionarios" del gobierno de doña Laura involucrados en este caso. No es así. Las indagaciones iniciales de la fiscalía apuntan a mandos medios en colusión con algunos empresarios. Pero aquí habrá que esperar a que la fiscalía, que ya lleva tres años investigando, presente finalmente una acusación. Los mas interesados en esto somos precisamente los "funcionarios" de la administración Chinchilla, empezando por doña Laura misma, que fue quien presentó la denuncia ante la fiscalía para que se procediera a encontrar a los responsables. Y por supuesto, que cada palo aguante su vela.