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martes, 25 de noviembre de 2008

Rápida anotación desde New York

Atendiendo un evento de PNUD en New York he tenido la oportunidad de palpar de primera mano el nivel de preocupación que tienen los estadounidenses respecto a su situación económica (preocupación que todos debemos compartir por aquello de que si la economía de Estados Unidos estornuda al mundo le da pulmonía). Los pronósticos, desafortunadamente, son pesimistas; algunos hablan (incluido el Presidente electo), de una crisis de proporciones históricas. Para ilustrar el punto y comprobar que el tema no es una elaboración teórica, un reportaje que tuve la oportunidad de ver en alguna cadena de noticias daba cuenta de los problemas que enfrentan los ciudadanos de la tercera edad, quienes en algunos casos han tenido que abandonar su retiro para tratar de reincorporarse a la fuerza laboral y mejorar sus ingresos, parte de los cuales provenía de ahorros que ya no existen.

No está de más decir que las consecuencias de esta deblace nos alcanzarán tarde o temprano en nuestro país. Es de preverse un aumento en el desempleo y por lo tanto en el nivel de pobreza en el 2009, aunque una inflación previsiblemente menor a la que experimentamos este año, junto con el aumento del montos de las pensiones del régimen no contributivo y la ampliación de beneficios de "Avancemos" y de las ayudas para mujeres jefas de hogar con niños en edad escolar, sin duda atenuarán el impacto.

Por lo pronto no deja de ser inquietante sentir este estado que bordea el pánico en el que se encuentra el país más poderoso del mundo. El Presidente electo carga sobre sus espaldas la esperanza de todo un pueblo, incluso aquellos que no votaron por él. Tamaña responsabilidad histórica. Ojalea que le vaya bien.

lunes, 24 de noviembre de 2008

Municipalidades y caminos

Este es un artículo que mandé a La Nación.

En días pasados La Nación informó y editorializó sobre los problemas que las municipalidades enfrentan para darle mantenimiento a las carreteras y caminos en sus cantones. La situación no es nueva, es sumamente compleja, y requiere un esfuerzo concertado entre diferentes instancias para enfrentarla. En esta dirección, el Gobierno ha venido planteando algunas medidas con la intención de coadyuvar en la solución, en el entendido que problemas que se han venido acumulando por décadas requerirán un proceso que bien podría tomar un tiempo similar para que obtenga resultados significativos.

Las municipalidades enfrentan los mismos obstáculos para la ejecución de obras de infraestructura que enfrenta el Gobierno central, producto de un ordenamiento jurídico diseñado para controlar y no para facilitar la ejecución. Para los municipios la situación se agrava pues no siempre se cuenta con los recursos necesarios, tanto humanos como técnicos, que le permitan lidiar con esta maraña legal de manera efectiva y ágil. Y por esto requieren de apoyo.

En esta dirección, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) inició un proceso denominado de reconocimiento a la gestión municipal, que incluye la aplicación de un cuestionario que permitirá identificar áreas en las que las municipalidades tienen debilidades de gestión, como paso previo para realizar los procesos de capacitación e inducción necesarios para solventar esas debilidades. Este proyecto, realizado con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), comenzó con un plan piloto de 16 municipalidades este año, y para el próximo año se llevaría a cabo el trabajo en las municipalidades restantes.

Como complemento de lo anterior, en los primeros días de diciembre se firmará un convenio entre el proyecto de Fortalecimiento Municipal y Descentralización (FOMUDE) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED) para la creación del Instituto de Formación y Capacitación Municipal, que asumirá en gran parte la responsabilidad de ofrecer permanentemente la instrucción necesaria que le permitirá a los funcionarios municipales cumplir con sus responsabilidades de manera más eficiente y fluida.

Pero además del tema de la capacitación y la construcción de capacidades administrativas que permitan una mejor y más eficiente ejecución de sus presupuestos, es importante que las municipalidades tengan la posibilidad de articular el trabajo de las instituciones públicas en sus cantones. Para esto se publicó hace algunos días un decreto que crea los “Consejos Cantonales de Coordinación Institucional”, que se definen como como “órganos colegiados de coordinación y consulta del Poder Ejecutivo y de las instituciones descentralizadas con los Gobiernos Locales respecto de las políticas públicas necesarias para gestionar el desarrollo integrado y sostenible de cada cantón “, y que tendrán entre otras responsabilidades la de “elaborar un programa anual de coordinación y verificación del desarrollo y cumplimiento de las metas y programas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan de Desarrollo Cantonal”.

En la práctica esto significa que las municipalidades pueden constituirse en un ámbito de coordinación interinstitucional, lo que redundará sin duda en una mejor acción pública a nivel local, no solo en relación con las carreteras y caminos, sino en todos los ámbitos relacionados con el desarrollo y mantenimiento de infraestructura.
Como se mencionó anteriormente, los problemas que enfrentan las municipalidades son de larga data. Medidas como las adoptadas, para ser efectivas, requieren de tiempo para generar cambios. En este sentido, vale la pena apostarle a la constancia en este y otros temas relativos al desarrollo nacional, y apoyar el trabajo de las municipalidades, pues no existe país desarrollado con gobiernos locales débiles.

martes, 18 de noviembre de 2008

Más comercio con más mercados

La visita del Presidente de la República Popular China a Costa Rica es importante por los convenios de cooperación firmados, pero además y sobre todo, por el anuncio que se hiciera del inicio de las negociaciones para suscribir un tratado de libre comercio entre los dos países.

Los pronósticos sobre la situación económica mundial no son positivos. Existen divergencias sobre la posible duración e intensidad de la recesión, pero en lo que todos los analistas e instituciones económicas internacionales coinciden es en que el 2009 no será un buen año.

No existe una receta única para enfrentar la crisis que ya estamos empezando a sufrir. Pero para algunos países como el nuestro, existen algunos principios ineludibles. Primero, para sortear la situación no es suficiente estimular la demanda interna. Para una economía como la estadounidense, en la que el consumo actúa como motor del crecimiento, esta es una opción impostergable. Pero para Costa Rica, con un mercado interno pequeño, esta no es una alternativa suficiente.

Hace apenas dos décadas, Costa Rica exportaba una centena de productos a un puñado de países. Del total de lo exportado, un altísimo porcentaje se enviaba a Estados Unidos y a uno que otro país europeo. Hoy el país exporta más de tres mil productos a decenas de países, y el peso porcentual de los destinos de exportación “tradicionales” ha venido disminuyendo paulatinamente. Esto constituye una fortaleza que nos permitirá enfrentar la crisis desde una posición que no teníamos en el pasado.

Aun así, la desaceleración económica mundial tendrá consecuencias y afectará a nuestro país. Ante esto, es importante abrir nuevos mercados, mediante la suscripción de tratados de libre comercio que estimulen el crecimiento de la producción nacional. En un entorno de crisis, tal vez se exporte menos a cada destino, pero esto se compensaría con el aumento de la cantidad de destinos. Se trata por un lado de exportar a más países, pero también de acceder con decisión a mercados hasta ahora tímidamente explotados. Desde esta perspectiva, la posibilidad de establecer un tratado de este tipo con China es a todas luces positiva y debe ser concretada lo antes posible.

El año pasado el país tuvo un superávit cercano a los $600 millones en su comercio con China. Este país se ha convertido en nuestro segundo socio comercial. La negociación y firma de un tratado de libre comercio es una necesidad impostergable, sobre todo en momentos como el actual. Ante la coyuntura internacional, Costa Rica debe optar por más comercio con más mercados.

martes, 11 de noviembre de 2008

El Che era un idiota político

Con este provocativo titular el periódico El País presenta una nota dedicada al libro "Comediantes y mártires", del ensayista Juan José Sebreli. La desmitificación es el primer paso para una valoración objetiva del aporte de los hombres a las causas que decían servir...

Sebreli: "El Che era un idiota político"

El Che fue poco más que un aventurero, un líder egocéntrico negado para la política que fue elevado a la categoría de mito impoluto tras su muerte, según señala el ensayista Juan José Sebreli (Buenos Aires, 1930), prestigioso intelectual argentino, en Comediantes y mártires (Debate), obra en la que analiza cómo cuatro destacadas personalidades del siglo XX han sido convertidas en mitos contemporáneos: el cantor de tangos Carlos Gardel, la actriz y política Evita Perón, el futbolista Diego Armando Maradona y el propio Ernesto Che Guevara.

El análisis más implacable es quizá el que Sebreli dedica al Che, al que califica de "idiota político", aunque añade que tal consideración "no pretende ser un insulto sino la descripción objetiva de un determinado comportamiento" en referencia a la impericia política del guerrillero. Revisando documentos históricos, entrevistas, reportajes, conferencias y los propios diarios personales de Guevara, Sebreli traza una semblanza del Che muy alejada de la popular imagen legendaria. "Puede decirse que él fue, a la vez, un aventurero, un santo y un héroe, pero no un político", señala Sebreli en el libro ganador del I premio de ensayo Debate Casa de América, que ha presentado esta mañana en la Casa de América, en Madrid.

Una mitificación útil

Sebreli señala como punto clave en la historia del Che su reunión con Fidel Castro en México el 8 de julio de 1955. "Si no hubiese conocido en México a Fidel, "probablemente se habría marchado con una beca a estudiar medicina a París, que es lo que quería hacer". Luego llegaría la revolución y los crímenes. "Después del triunfo de la revolución cubana fue el encargado de los fusilamientos en masa, tras juicios sumarios celebrados sin el menor procedimiento legal por los tribunales revolucionarios instalados en la fortaleza La Cabaña. Los muertos llegaron a ciento sesenta y cuatro; no todos habían sido esbirros de Batista, entre ellos había algunos campesinos", escribe Sebreli.

Tras sus viajes a África y Bolivia, la mitificación del Che habría comenzado justo después de su muerte. "Muerto el hombre que le creaba dificultades políticas a Fidel y, además, el único que podía empañar su carisma, el fantasma del guerrillero muerto volvió a ser útil a los intereses castristas y se montó en La Habana una espectacular puesta en escena con el mito del héroe mártir que perdura hasta nuestros días", añade el ensayista. A toda esa glorificación habría contribuido de manera decisiva, según Sebreli, la imagen tomada por el fotógrafo cubano Alberto Korda en La Habana el 2 de marzo de 1960. "El motivo de que los jóvenes lleven camisetas del Che sin saber quién es" -añade el pensador- "denota una insatisfacción que tratan de llenar con estos falsos dioses encarnados".

El Che habría sido, en definitiva, la antítesis del político, según Sebreli. "La tarea del político es lenta, discreta y paciente, se realiza cada día y a través de los años, requiere esfuerzo, obstinación, perseverancia; además, necesita la capacidad de transigir, negociar, consensuar, saber replegarse, establecer alianzas", enumera el pensador argentino en el apartado "El político y el aventurero". "Fidel poseía esas cualidades; el Che, a la inversa, consideraba toda transigencia como traición al ideal revolucionario, encarnaba al sectario 'izquierdista infantil' ridiculizado por Lenin, que negaba por principio todo acuerdo".

Guevarismo opuesto al marxismo

El autor incluso incide en que el legado del Che colisiona diametralmente con el marxismo. "Punto por punto, el guevarismo fue lo opuesto al pensamiento de Marx y del socialismo clásico: sustituía la autoemancipación por la vanguardia iluminada y el jefe carismático, la movilización de masas por el foco, la democracia social por la dictadura política, el partido por la guerrilla, la lucha de clases por la lucha entre naciones ricas y pobres, la clase trabajadora por el campesinado, las condiciones objetivas por el voluntarismo, el socialismo, sólo posible en las sociedades avanzadas, por el de los pueblos más pobres."

En Comediantes y mártires, Sebreli separa la persona del mito construido a su alrededor. Así, en Gardel distingue el artista "excepcional en la historia de la música popular" y lo aleja del "mito gardeliano" impulsado tras su muerte. A Evita, autoproclamada "abanderada de los humildes", le señala su obsesión con la alta costura, y a Maradona lo perfila como un personaje tendente a bascular entre el escándalo y el fraude. Un proceso similar de desmitificación es el que ya acometió Sebreli en El olvido de la razón respecto a algunos de los grandes popes de la filosofía contemporánea, de Nietszche y Heidegger a Levi-Strauss, Lacan y Derrida, entre otros.

"Hago una crítica de los mitos", ha indicado Sebreli durante la presentación. "Creo que una sociedad democrática e igualitaria en que los individuos son conscientes de su libertad no han de poner sus destinos en manos de los mitos". Finalmente, quizá consciente de la polvareda que pueden levantar sus declaraciones, ha advertido: "Los datos [que hay en el libro] son objetivos; las interpretaciones, que son mías, pueden ser discutibles".

sábado, 1 de noviembre de 2008

Vender la concesión al mejor precio posible

El Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA aparentemente no se opone a la concesión del puerto de Moín por razones ideológicas, ni quiere defender ningún principio. La demanda que hiciera SINTRAJAP para que el Estado hiciera una inversión millonaria, modernizara el puerto y lo mantuviera bajo administración de JAPDEVA, no parece haber sido sincera. Lo que finalmente parece es que la dirigencia sindical quiere negociar el monto de la indemnización para cada funcionario. Si la cantidad es "justa", el puerto puede concesionarse.

No puedo pensar en nadie que pueda justificar y mucho menos apoyar una "propuesta" como esta, salvo, por supuesto, los interesados directos. No podría creer que algunos grupos, en su afán de rechazar todo lo que venga del Gobierno, estén dispuestos a legitimar con su apoyo, explícito o por omisión, la actuación de una dirigencia sindical que se retrata de cuerpo entero con esta "contraoferta" para que cada trabajador reciba $500,000 como condición para acceder a la concesión. Estamos hablando de doscientos ochenta millones para cada uno de los 1400 privilegiados trabajadores de JAPDEVA, $700 millones en total. Casi 400,000 millones de colones, un monto casi equivalente al presupuesto anual de la Caja Costarricense del Seguro Social.

Pero bueno, ahora que sabemos qué es lo que aparentemente quiere la dirigencia sindical de JAPDEVA, al menos el panorama está claro. Es cuestión de sacar cuentas y reunir los fondos necesarios. Al parece no se discute sobre principios o se confrontan visiones técnicas sobre la operación del puerto. Se trata, finalmente, de vender la concesión al mejor precio posible.

jueves, 30 de octubre de 2008

Editorial Democracia Digital

Mas allá de lo ambiental

El debate suscitado en torno al decreto que permite el inicio del proceso de explotación minera en Las Crucitas es en realidad la continuación de un debate más complejo y prolongado, que no parece tener visos de resolverse en el corto plazo. Se trata de la tensión entre preservar y proteger el ambiente, con la realidad socioeconómica que enfrentan algunas comunidades.


Sin duda existen múltiples razones para explicar este aparentemente insalvable desencuentro. Pero está claro que una de las más importantes es el dogmatismo a ultranza. No deja de sorprender la poca sensibilidad que algunos ambientalistas radicales exhiben hacia la circunstancia social y económica que enfrentan algunas comunidades empobrecidas que depositan sus esperanzas en el empleo que pueden brindarle empresas que vienen a realizar actividades de explotación, minera, hídrica, etc.. El pasado lunes los dos grupos, los defensores del ambiente y los vecinos de Las Crucitas se encontraron frente a las instalaciones del MINAET, y fue muy desagradable contrastar la vociferante arrogancia de los primeros con la angustia y asombro de los segundos. Descalificar como razón legítima la preocupación de familias enteras que dependen del trabajo que les brinda la empresa que opera en Las Crucitas no es más que un acto de gran arrogancia e insensibilidad social.

En este caso, existen algunos elementos adicionales. La concesión, otorgada hace casi 10 años, no ha podido entrar a operar por múltiples razones, entre ellas la indolencia del Gobierno anterior que decidió actuar como si la empresa concesionaria no tuviese derechos. Ahora, cuando la amenaza de una demanda multimillonaria es inminente, algunos sectores actúan como si esta no fuera una posibilidad real. Lo cierto es que un arbitraje internacional, si la empresa finalmente no pudiera concretar su derecho, es un elemento que no puede estar ausente de cualquier análisis del tema.

Esta ha sido, durante mucho tiempo, la posición del algunos sectores ambientalistas, la de oponerse -sin considerar la implicación social o legal del tema-, a cualquier iniciativa, sobre todo privada, de explotación de nuestro potencial ambiental. Ciertamente existen mejores prácticas y un país como el nuestro debe no solo cumplirlas, sino impulsarlas universalmente. Pero la oposición radical, muchas veces motivada por razones extra-ambientales, sin considerar todo el panorama y sin ofrecer alternativas, es inaceptable, y no contribuye para alcanzar ese justo medio al que el país debe aspirar, en el que los recursos naturales son explotados sosteniblemente, como una forma de generar mejores condiciones de vida para la población.

Como en muchos otros ámbitos de la vida nacional, la mesura, el respeto, la apertura a otras posiciones y la voluntad de encontrar posiciones comunes debe imperar en la discusión de los temas ambientales.

Desafortunadamente esta no parece ser un estrategia aceptable para algunos.

lunes, 20 de octubre de 2008

Respuesta de Kevin Casas

Hace unas semanas circuló por la red un artículo en donde Kevin Casas hacía algunas reflexiones sobre el libre comercio. Confirmando mi sospecha de que alguna gente aun no ha podido superar la derrota sufrida en el referéndum del 7 de octubre del 2007, las opiniones de Kevin fueron interpretadas, como habitualmente lo hizo a lo largo del debate sobre el TLC un cierto sector del "No", de manera parcial y presentando su posición como contradictoria con lo que defendió en ese debate, sin entender que la realidad no es dicotómica, y que una posición puede tener matices sin dejar de ser coherente.

Kevin, un poco asombrado por la reacción de cierta gente, radactó esta respuesta, con la intención de publicarla en la prensa escrita costarricense.

¿Por qué la incomodidad con la incomodidad?
Kevin Casas Z.

A principios de setiembre publiqué un artículo en la revista Yale Global titulado ¿Por qué la incomodidad con el libre comercio? Para mi sorpresa, el artículo fue publicado en varios países y terminó circulando en Costa Rica. Por expresar puntos de vista críticos sobre el libre comercio generó aquí reacciones curiosas, incluso en estas páginas. Como esas reacciones me parecen reveladoras de serios equívocos no está de más escribir una cuartilla adicional.

En mi artículo señalo claramente que el libre comercio es un objetivo deseable para los países en vías de desarrollo. La evidencia tiende a sustentar ampliamente los efectos beneficiosos de la apertura comercial en los niveles de desarrollo. Correlativamente, sustenta aún mejor los terribles efectos que el proteccionismo comercial tiene sobre el desarrollo, como lo demostró con contundencia la experiencia de la Gran Depresión, la que, por cierto, haríamos bien en revisar con cuidado ahora que la economía mundial está pendiendo de un hilo.

Otra cosa, por supuesto, es cómo se conduce la discusión de la liberalización comercial en la práctica. Sobre esto sí tengo una gran desilusión –que es la misma que tienen desde la OMC hasta OXFAM— de ver cómo lo que podría ser un proceso muy beneficioso para todo el mundo, termina por distorsionarse en los hechos y conduce a resultados menos que óptimos. Fruto de esa desilusión es el artículo que escribí. Al decir que hay hipocresía en el discurso de los países desarrollados, que la asociación de la apertura comercial con la venta de empresas estatales es desafortunada, que el debate democrático sobre el libre comercio ha sido escaso en todas partes y que el libre comercio tiene efectos más bien perjudiciales sobre la desigualdad, no estoy diciendo más que cosas obvias, que yo, al menos, sé desde hace tiempo.

Pero hay que tener mucho cuidado con saltar a la conclusión de que, por todo ello, era mejor rechazar el TLC con EEUU y que, como dijo un muchachón en algún colorido blog, he incurrido en una "nauseabunda contradicción argumental". Quien así argumenta sufre de una enorme pereza mental.

Examinemos cada una de las afirmaciones del artículo. Ciertamente la duplicidad de los países desarrollados ha impedido el éxito de la Ronda de Doha, que es un foro en el que los países en vías de desarrollo pueden defender sus intereses con mucha mayor probabilidad de éxito. Yo deploro esa duplicidad, pero no estoy dispuesto a renunciar a la posibilidad de continuar el proceso de apertura comercial –que es esencial para un país del tamaño de Costa Rica—por medio de acuerdos bilaterales o regionales, por más que estos sean menos deseables. El costo que impone la hipocresía de algunos países es alto pero sigue siendo menor que el costo de darle la espalda a la globalización.

En segundo lugar, puedo entender por qué en el debate público la privatización de empresas públicas ha terminado en el mismo saco que la apertura comercial, pero igual lo lamento, toda vez que se trata de procesos distintos, que a veces caminan juntos y a veces no. Uruguay y Costa Rica han abierto sus economías al comercio, pero no han privatizado. Brasil ha privatizado casi todo, pero sigue siendo una economía relativamente cerrada. Es evidente que muchos procesos de privatización en América Latina fueron un desastre pero eso me dice muy poco sobre los méritos de la apertura comercial. En todo caso, no hay que olvidar que, pese a argumentos en contrario repetidos hasta la saciedad, el TLC no ha privatizado al ICE o al INS y es dudoso que ese vaya a ser el resultado final. Ese no fue el resultado de la apertura de las telecomunicaciones en Uruguay o en los países nórdicos y de nosotros depende que no lo sea en Costa Rica.

En tercer lugar, la afirmación de que el libre comercio no ha ido acompañado de un debate democrático no se aplica a Costa Rica y al TLC, como yo lo advierto en el artículo. Obviamente, hay gente en el país para la que un debate de casi 5 años y un referéndum no son prueba de apertura democrática, pero sospecho que quienes así opinan no tienen un problema con el procedimiento sino con su resultado.

En cuarto lugar, si el TLC va a complicar los problemas distributivos en Costa Rica, eso no es razón suficiente para oponerse a él, sino para impulsar lo que, en mi criterio, tiene la clave para una transformación progresista en Costa Rica: una reforma tributaria digna de ese nombre. A fin de cuentas, los países nórdicos están entre los más equitativos del mundo y, al mismo tiempo, entre las economías más abiertas.

Finalmente, el tema de la propiedad intelectual y el desarrollo, que me preocupa mucho, va bastante más allá del contenido negociado por Costa Rica en el TLC con EEUU. El contenido de las regulaciones globales de protección a la propiedad intelectual es casi tan preocupante como aquel. He ahí un problema que Costa Rica no puede resolver sola, por más vehemente que sea su oposición a lo negociado en el TLC. Tratar de resolverlo ahí es equivocado y es inútil. Me temo que eso requiere una coalición mucho más amplia de países, que trabajen en esa dirección en los foros multilaterales.

Así, ninguno de estos argumentos conduce a rechazar el TLC. Ello por una razón elemental. Nunca he afirmado que el TLC es una muestra óptima y destilada de lo que debe ser un acuerdo de libre comercio. Se trata de un acuerdo con deficiencias serias, pero cuyo balance general para el país es ciertamente defendible, no porque sea la clave de nuestro desarrollo, sino porque la opción de quedarse fuera de él era y sigue siendo mucho peor. Siempre tuve claro que estábamos escogiendo entre opciones muy imperfectas, como tantas veces sucede en la política. Me imagino, por ejemplo, que ningún miembro del Congreso de EEUU está feliz de socializar las pérdidas de Wall Street, pero el precio de no hacerlo es demasiado alto como para contemplar esa opción. Por ello, a pesar de los pesares, volvería a votar a favor del TLC por motivos absolutamente pragmáticos, sin grandes ilusiones y con plena conciencia de las limitaciones de lo que estoy escogiendo.

Así, pues, hay aquí dos proposiciones que no son excluyentes: 1) El libre comercio es un objetivo deseable, pero es imprescindible mejorar y democratizar la forma en que se traduce en la práctica (de eso se trataba mi artículo, no de un manifiesto para defender el proteccionismo. 2) El TLC con EEUU es una muestra bastante imperfecta de acuerdo comercial, pero adoptarlo con sus defectos es mejor que la opción de rechazarlo. Obviamente, ambas proposiciones son debatibles, pero aceptar la primera no obliga a rechazar la segunda.

No espero que estas razones tengan el menor impacto en quienes, con los ojos desorbitados, las venas saltadas y el resentimiento social a flor de piel, son incapaces de ver una onza de verdad en la posición de quienes no piensan como ellos. No es a ellos a quienes me dirijo. Quisiera, más bien, que me leyeran quienes sí están dispuestos a tener una discusión seria y matizada sobre la apertura comercial y sus efectos en el desarrollo. Aunque tuvimos un debate nacional antes del referéndum sobre el TLC todos sabemos que no fue un debate de calidad, sino una discusión deformada por las medias verdades y las descalificaciones mutuas. Yo fui parte –y parte nada menor—de esa falla colectiva. Ahora lo lamento. Por la salud de nuestra discusión pública realmente quisiera ver a muchos otros –en ambos lados de la barrera—hacer aunque solo fuera un atisbo de este reconocimiento.

jueves, 16 de octubre de 2008

Para ser Presidente

Para ser Presidente no es suficiente ser inteligente, o estar preparado. Es fundamental ser también una persona estable emocionalmente, que no sea propensa a los exabruptos. Que no sea temeraria y ligera de palabra, sino mesurada y reflexiva. Para ser Presidente se requieren personas que sepan controlar su temperamento, que no descalifiquen los mensajes acudiendo al pobre recurso de descalificar al mensajero.

Quien aspira a ser Presidente no puede insultar a quienes piensan diferente, primera manifestación de un pensamiento antidemocrático y señal inequívoca de que quien así actúa es propenso al culto a la personalidad. No se puede andar haciendo acusaciones sin sustento, sin tener la humildad necesaria para reconocer que se ha equivocado cuando se le confronta con los hechos.

Para ser Presidente es imprescindible exhibir una estatura moral que le permita elevarse sobre las discrepancias cotidianas. Una elegancia intelectual que lo aparte del común y genere confianza. Una amplitud mental que no lo confine a los estrechos parajes del dogmatismo. Ser Presidente no es solo cosa de preparación e inteligencia, sino de calidad de la persona. Y eso no todos lo tienen.

jueves, 9 de octubre de 2008

Sobre el rol del Estado

Invitado por la Fundación Konrad Adenauer a un foro sobre gasto público y el rol del Estado, mi presentación se centró en algunos puntos que quisiera compartir con ustedes:

- El gasto público de cada país debe ser analizado, para determinar su eficacia y eficiencia, en el contexto del ordenamiento jurídico que regula la acción del Estado. Pero además, no es posible medir en algunos ámbitos el impacto del gasto público de manera anual, porque en muchos casos se requiere de una acumulación plurianual que permita generar resultados.

- En consecuencia, es complejo tratar de comparar eficiencia en el gasto en países diferentes.

- Las demandas ciudadanas se tornan cada vez más sofisticadas, lo que supone retos inéditos para el Estado.

- ¿Complementa el Estado al mercado? La pregunta parece ociosa a la luz de lo que sucede en los mercados financieros mundiales. No se trata tampoco que el mercado complemente al Estado, sino mas bien que las necesidades sociales determinan cuánto mercado y cuánto Estado es necesario. La división Estado-mercado-sociedad no es real, en tanto los dos primeros son construcciones que deben necesariamente adaptarse a las circunstancias sociales.

- Sin embargo, nada puede ser ajeno al Estado. La afirmación "ese ámbito de la actividad económica no le corresponde al Estado" es falaz, en tanto no es una doctrina lo que determina esto, sino lo que la sociedad requiera tanto del Estado como del mercado.

- Es en el gasto público en el que se concreta la acción del Estado. Por lo tanto, si se valora la acción estatal debe dotársele de recursos para que incida de manera significativa en el nivel de vida de la población. No hay estados desarrollados con cargas tributarias inferiores al 20% del PIB.

- El gasto, al igual que los ingresos, debe ser progresivo, es decir, que se gaste más en los que menos tienen.

- Uno de los participantes en el foro, el empresario mexicano Raymundo Díaz Oñate, concluyó que estamos viviendo el fin de la época que comenzó con Bretton Woods, con una gran incertidumbre por lo que viene adelante. Me pareció una observación muy aguda, y el reto de los movimientos socialdemócratas es proponer una alternativa tan estructurada y concreta como lo fue el consenso de Washington en su tiempo.

- Como lo mencioné en un artículo que publicara hace un tiempo en La Nación, la solidaridad puede no ser económicamente rentable, pero que podamos ser solidarios aun si el costo de esto parece prohibitivo debe ser motivo de celebración y no de crítica. De una observación que me hiciera Luis Mesalles pude refinar un poco más el argumento. La necesidad de ejecutar políticas públicas no puede determinarse por una simple relación costo/beneficio. Lo que se va a hacer no puede estar condicionado, pero la ejecución misma debe siempre llevarse a cabo aspirando a la mayor eficiencia y eficacia.

Interesante foro, celebrado en Antigua, la que por cierto no he podido conocer porque no ha parado de llover desde que llegamos el miércoles por la tarde. Otra vez será.

miércoles, 1 de octubre de 2008

Editorial de Democracia Digital de esta semana (www.democraciadigital.org)

Mas que una crisis financiera

La crisis financiera en los Estados Unidos es propicia para hacer algunas reflexiones sobre algunos temas que van más allá de los fríos números y los sombríos pronósticos.

Lo primero que es importante señalar es que esta crisis es producto fundamentalmente de la codicia bancaria, espoleada por un clima de negocios en el que todo se vale: miles de millones de dólares en préstamos fueron concedidos sin garantías suficientes para financiar una y otra vez la adquisición de bienes inmuebles cuyo valor aumentaba especulativamente con cada operación. Como resultado de este proceso irresponsable, el valor real de los bienes respondía solo por una fracción del monto total de las operaciones bancarias. Cuando el aumento de las tasa de interés hizo que los deudores no pudieran cumplir con sus obligaciones, los bancos se encontraron con que una buena parte de sus recursos habían desaparecido, invertidos en bienes cuyos valor había sido inflado artificialmente. Los consumidores tienen parte de la responsabilidad en este asunto, pero sin duda es el afán de ganancias desmesuradas de algunos banqueros rapaces lo que origina todo este proceso.

Ante la necesidad de adoptar acciones correctivas, el Gobierno de los Estados Unidos planteó un paquete de medidas que básicamente consistía en la compra de hipotecas a las instituciones financieras más comprometidas, por un monto de 700 billones de dólares. La reacción ante esta propuesta ha sido sorprendente. Algunos han considerado inaceptable que los contribuyentes carguen con el costo del mal manejo de ejecutivos irresponsables, que no dudaron en apostar el patrimonio de los bancos e instituciones financieras en los que trabajaban para aumentar los millonarios bonos de desempeño que no tuvieron empacho en cobrar, pese al daño que le causaron al sistema financiero con su actuación temeraria.

La crítica es absolutamente válida pues privatizar ganancias y socializar pérdidas es inadmisible, además de éticamente cuestionable. Pero se requiere una acción colectiva para corregir el rumbo, la que por su magnitud solo es posible financiar con dinero de los contribuyentes. Lo que cabe es iniciar investigaciones para determinar si hay responsabilidades criminales en la actuación de ejecutivos mezquinos, pero no adoptar medidas sin duda agudizaría la situación al punto de tornarla inmanejable.

Paralelamente se ha generado una discusión interesante sobre el papel del Estado en la economía. Muchos de los 133 representantes republicanos que votaron en contra del paquete tan fervientemente impulsado por el Presidente Bush lo hicieron para preservar lo que denominan la “esencia del capitalismo estadounidense”. Votaron en contra del intervencionismo, en contra de terminar siendo, como lo dijera algún comentarista, “como los franceses”. Lo correcto es, afirmaron los rebeldes conservadores republicanos, dejar que el mercado se ajuste a sí mismo, porque cualquier interferencia estatal sería negar la esencia del sistema americano.

Pero el problema es demasiado apremiante como para encasillarlo en una dicotomía ideológica demasiado simple para una situación tan compleja. Para una economía que depende del consumo como la estadounidense, la contracción del crédito es antesala a una recesión. De modo que los conservadores tendrán que aceptar esta amarga realidad: la intervención del Estado es a veces imprescindible. La era del mercado sin control puede haber terminado definitivamente en el corazón mismo del capitalismo mundial.

Una nota adicional: si la situación se agudiza en los Estados Unidos sin duda países como el nuestro sufrirán las consecuencias. Pero lo cierto es hasta ahora la economía costarricense ha mostrado una fortaleza que se deriva de la diversificación de su intercambio comercial y financiero con otras regiones del mundo. Desde esta perspectiva, la estrategia que se ha venido siguiendo ha sido la correcta, y se están cosechando los frutos de la consistencia de mantener este proceso de inserción internacional.

sábado, 27 de septiembre de 2008

Columna del New York Times

Reproduzco esta columna de Maureen Dowd, editorialista del New York Times, la que me pareció de lo más ingeniosa.

Seeking a President Who Gives Goose Bumps? So’s Obama.

By MAUREEN DOWD
Published: September 20, 2008

Now that he’s finally fired up on the soup-line economy, Barack Obama knows he can’t fade out again. He was eager to talk privately to a Democratic ex-president who could offer more fatherly wisdom — not to mention a surreptitious smoke — and less fraternal rivalry. I called the “West Wing” creator Aaron Sorkin (yes, truly) to get a read-out of the meeting. This is what he wrote and sent me:

BARACK OBAMA knocks on the front door of a 300-year-old New Hampshire farmhouse while his Secret Service detail waits in the driveway. The door opens and OBAMA is standing face to face with former President JED BARTLET.

BARTLET Senator.

OBAMA Mr. President.

BARTLET You seem startled.

OBAMA I didn’t expect you to answer the door yourself.

BARTLET I didn’t expect you to be getting beat by John McCain and a Lancôme rep who thinks “The Flintstones” was based on a true story, so let’s call it even.

OBAMA Yes, sir.

BARTLET Come on in.

BARTLET leads OBAMA into his study.

BARTLET That was a hell of a convention.

OBAMA Thank you, I was proud of it.

BARTLET I meant the Republicans. The Us versus Them-a-thon. As a Democrat I was surprised to learn that I don’t like small towns, God, people with jobs or America. I’ve been a little out of touch but is there a mandate that the vice president be skilled at field dressing a moose —

OBAMA Look —

BARTLET — and selling Air Force Two on eBay?

OBAMA Joke all you want, Mr. President, but it worked.

BARTLET Imagine my surprise. What can I do for you, kid?

OBAMA I’m interested in your advice.

BARTLET I can’t give it to you.

OBAMA Why not?

BARTLET I’m supporting McCain.

OBAMA Why?

BARTLET He’s promised to eradicate evil and that was always on my “to do” list.

OBAMA O.K. —

BARTLET And he’s surrounded himself, I think, with the best possible team to get us out of an economic crisis. Why, Sarah Palin just said Fannie Mae and Freddie Mac had “gotten too big and too expensive to the taxpayers.” Can you spot the error in that statement?

OBAMA Yes, Fannie Mae and Freddie Mac aren’t funded by taxpayers.

BARTLET Well, at least they are now. Kind of reminds you of the time Bush said that Social Security wasn’t a government program. He was only off by a little — Social Security is the largest government program.

OBAMA I appreciate your sense of humor, sir, but I really could use your advice.

BARTLET Well, it seems to me your problem is a lot like the problem I had twice.

OBAMA Which was?

BARTLET A huge number of Americans thought I thought I was superior to them.

OBAMA And?

BARTLET I was.

OBAMA I mean, how did you overcome that?

BARTLET I won’t lie to you, being fictional was a big advantage.

OBAMA What do you mean?

BARTLET I’m a fictional president. You’re dreaming right now, Senator.

OBAMA I’m asleep?

BARTLET Yes, and you’re losing a ton of white women.

OBAMA Yes, sir.

BARTLET I mean tons.

OBAMA I understand.

BARTLET I didn’t even think there were that many white women.

OBAMA I see the numbers, sir. What do they want from me?

BARTLET I’ve been married to a white woman for 40 years and I still don’t know what she wants from me.

OBAMA How did you do it?

BARTLET Well, I say I’m sorry a lot.

OBAMA I don’t mean your marriage, sir. I mean how did you get America on your side?

BARTLET There again, I didn’t have to be president of America, I just had to be president of the people who watched “The West Wing.”

OBAMA That would make it easier.

BARTLET You’d do very well on NBC. Thursday nights in the old “ER” time slot with “30 Rock” as your lead-in, you’d get seven, seven-five in the demo with a 20, 22 share — you’d be selling $450,000 minutes.

OBAMA What the hell does that mean?

BARTLET TV talk. I thought you’d be interested.

OBAMA I’m not. They pivoted off the argument that I was inexperienced to the criticism that I’m — wait for it — the Messiah, who, by the way, was a community organizer. When I speak I try to lead with inspiration and aptitude. How is that a liability?

BARTLET Because the idea of American exceptionalism doesn’t extend to Americans being exceptional. If you excelled academically and are able to casually use 690 SAT words then you might as well have the press shoot video of you giving the finger to the Statue of Liberty while the Dixie Chicks sing the University of the Taliban fight song. The people who want English to be the official language of the United States are uncomfortable with their leaders being fluent in it.

OBAMA You’re saying race doesn’t have anything to do with it?

BARTLET I wouldn’t go that far. Brains made me look arrogant but they make you look uppity. Plus, if you had a black daughter —

OBAMA I have two.

BARTLET — who was 17 and pregnant and unmarried and the father was a teenager hoping to launch a rap career with “Thug Life” inked across his chest, you’d come in fifth behind Bob Barr, Ralph Nader and a ficus.

OBAMA You’re not cheering me up.

BARTLET Is that what you came here for?

OBAMA No, but it wouldn’t kill you.

BARTLET Have you tried doing a two-hour special or a really good Christmas show?

OBAMA Sir —

BARTLET Hang on. Home run. Right here. Is there any chance you could get Michelle pregnant before the fall sweeps?

OBAMA The problem is we can’t appear angry. Bush called us the angry left. Did you see anyone in Denver who was angry?

BARTLET Well ... let me think. ...We went to war against the wrong country, Osama bin Laden just celebrated his seventh anniversary of not being caught either dead or alive, my family’s less safe than it was eight years ago, we’ve lost trillions of dollars, millions of jobs, thousands of lives and we lost an entire city due to bad weather. So, you know ... I’m a little angry.

OBAMA What would you do?

BARTLET GET ANGRIER! Call them liars, because that’s what they are. Sarah Palin didn’t say “thanks but no thanks” to the Bridge to Nowhere. She just said “Thanks.” You were raised by a single mother on food stamps — where does a guy with eight houses who was legacied into Annapolis get off calling you an elitist? And by the way, if you do nothing else, take that word back. Elite is a good word, it means well above average. I’d ask them what their problem is with excellence. While you’re at it, I want the word “patriot” back. McCain can say that the transcendent issue of our time is the spread of Islamic fanaticism or he can choose a running mate who doesn’t know the Bush doctrine from the Monroe Doctrine, but he can’t do both at the same time and call it patriotic. They have to lie — the truth isn’t their friend right now. Get angry. Mock them mercilessly; they’ve earned it. McCain decried agents of intolerance, then chose a running mate who had to ask if she was allowed to ban books from a public library. It’s not bad enough she thinks the planet Earth was created in six days 6,000 years ago complete with a man, a woman and a talking snake, she wants schools to teach the rest of our kids to deny geology, anthropology, archaeology and common sense too? It’s not bad enough she’s forcing her own daughter into a loveless marriage to a teenage hood, she wants the rest of us to guide our daughters in that direction too? It’s not enough that a woman shouldn’t have the right to choose, it should be the law of the land that she has to carry and deliver her rapist’s baby too? I don’t know whether or not Governor Palin has the tenacity of a pit bull, but I know for sure she’s got the qualifications of one. And you’re worried about seeming angry? You could eat their lunch, make them cry and tell their mamas about it and God himself would call it restrained. There are times when you are simply required to be impolite. There are times when condescension is called for!

OBAMA Good to get that off your chest?

BARTLET Am I keeping you from something?

OBAMA Well, it’s not as if I didn’t know all of that and it took you like 20 minutes to say.

BARTLET I know, I have a problem, but admitting it is the first step.

OBAMA What’s the second step?

BARTLET I don’t care.

OBAMA So what about hope? Chuck it for outrage and put-downs?

BARTLET No. You’re elite, you can do both. Four weeks ago you had the best week of your campaign, followed — granted, inexplicably — by the worst week of your campaign. And you’re still in a statistical dead heat. You’re a 47-year-old black man with a foreign-sounding name who went to Harvard and thinks devotion to your country and lapel pins aren’t the same thing and you’re in a statistical tie with a war hero and a Cinemax heroine. To these aged eyes, Senator, that’s what progress looks like. You guys got four debates. Get out of my house and go back to work.

OBAMA Wait, what is it you always used to say? When you hit a bump on the show and your people were down and frustrated? You’d give them a pep talk and then you’d always end it with something. What was it ...?

BARTLET “Break’s over.”

miércoles, 24 de septiembre de 2008

Primer informe sobre Reforma del Estado

El pasado miércoles 10 de setiembre el MIDEPLAN presentó al país el primer informe de la Comisión de Eficiencia Administrativa y Reforma del Estado (CEARE). El trabajo de la CEARE, convocada en junio del 2007 por el Dr. Kevin Casas, entonces Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, parte de tres premisas. Primero, que los procesos de reforma del Estado son permanentes, dada la naturaleza dinámica de las sociedades contemporáneas. En esta época de cambio constante, no es posible ejecutar reformas en períodos acotados que permitan arribar a estadios de organización pública que puedan considerarse definitivos. Segundo, que en muchos casos las medidas de reforma que se adopten tardarán años en tener el efecto deseado, de la misma forma en que ha tomado años llegar al actual estado de las cosas. Esta conclusión reafirma la necesidad de llevar a cabo un esfuerzo sostenido que genere cambios graduales a través del tiempo, en contraposición a lo que típicamente se ha creído, que es posible obtener resultados dramáticos en un plazo corto.

La tercera premisa es que hasta ahora ha prevalecido una concepción parcial de reforma del Estado, centrada en el análisis de los temas relacionados al diseño institucional, especialmente a la cantidad de instituciones existentes. Esta visiónconsideraba posible y deseable realizar una megareforma del Estado, una especie de refundación total de lo público, por lo que se desestimaba profundizar en un ámbito considerado “menor”, el de la valoración y ejecución de cualquier acción, por pequeña que parezca, necesaria para mejorar la prestación cotidiana de servicios a los ciudadanos. Por el contrario, la CEARE ha llevado a cabo un esfuerzo deliberado para explorar medidas en el ámbito micro, sin desestimar a priori ninguna sugerencia. La eficiencia administrativa que resulte en mejores servicios es parte de cualquier proceso integral de reforma del Estado.

El trabajo de la CEARE, coordinada por el M.Sc. Jorge Mora, exrector de la Universidad Nacional, fue organizado en fases. En una primera etapa se analizaron todas aquellas medidas que puedan ser adoptadas directamente por el Poder Ejecutivo. El resultado de ese trabajo se recoge en el informe presentado el miércoles 10, el que puede ser consultado en la página web de MIDEPLAN en la dirección www.mideplan.go.cr. Somos conscientes que ante los apremiantes problemas de gobernabilidad que enfrenta el país, el conjunto de acciones planteadas puede parecer limitado. Pero estamos convencidos que para que un proceso sostenido de reforma sea exitoso debe empezar generando credibilidad sobre todo en los ciudadanos. Y la condición inicial, básica para que esto suceda, es que lo propuesto se concrete en un plazo razonable y efectivamente redunde en mejores servicios. Por eso el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica no solo asumirá la labor de monitorear el cumplimiento de las medidas que aquí se presentan, sino que se responsabilizará de la ejecución de gran parte de ellas.

A partir de este momento, la CEARE inicia una segunda etapa centrada en el análisis de reformas de leyes importantes que permitan desencadenar mejoras sustanciales en la gestión de las instituciones públicas. Esta fase, que terminará en noviembre de este año, se complementa con un trabajo para elaborar una propuesta de reforma del reglamento legislativo que se presentará a consideración de los señores y señoras diputadas en los próximos meses.

Concluida esta segunda etapa la Comisión efectuará un balance de lo actuado y se replantearán nuevos temas. Entre ellos y para nosotros de vital importancia, explorar mecanismos que permitan darle permanencia a este esfuerzo, más allá del actual período de Gobierno, convencidos como estamos que la consistencia y la disciplina para seguir analizando estos temas, redundará en beneficios concretos y profundos para toda la ciudadanía.

domingo, 21 de septiembre de 2008

Criterios provisionales, inseguridad jurídica

En días pasados la Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público toda la información relacionada al caso del fideicomiso establecido por el BCIE y el Ministerio de Vivienda con recursos taiwaneses, para que se determine si existió algún tipo de irregularidad en el manejo de esos fondos. La Fiscalía determinará si hay mérito como para abrir una causa penal, y serán los tribunales, si se llega a esa instancia, quienes tendrán la última palabra. Así se manejan las cosas en un país de Derecho como el nuestro.

Pero hay en este caso un elemento que debería ser motivo de preocupación para todos quienes tenemos responsabilidades en el manejo de recursos de cooperación internacional. Me refiero al cambio de criterio de la Contraloría respecto a la naturaleza de los fondos que conformaban el fideicomiso mencionado, así como el uso de la figura del fideicomiso mismo, figura que por cierto fue sugerida por el Gobierno de Taiwan y no por el Ministerio de Vivienda. Y no solo preocupa el cambio de criterio, sino además que llama la atención las razones que esgrime la Contraloría para justificar su nueva posición.

En mayo del 2007, ante una consulta del auditor del Ministerio de Vivienda, la Contraloría determinó que los fondos que se utilizaban no eran fondos públicos y por lo tanto no estaban sujetos a su fiscalización. Pero al remitir la información al Ministerio Público, la Contraloría se desdice y argumenta que los recursos en realidad sí eran públicos, y que la razón de su pronunciamiento inicial es que ahora cuenta con otros elementos “que el MIVAH en primera instancia no aportó”.

Aquí hay que hacer varias consideraciones. Primero, las instituciones públicas consultan a la Contraloría para estar seguras de que lo que se hace está a derecho, para tener un nivel mínimo de seguridad jurídica. Cuando se realiza la consulta, se aporta la información que se considera importante para que el ente contralor se pronuncie. No conozco detalles de la solicitud del auditor del MIVAH a la CGR, pero es de suponer que debe haber adjuntado la información que según su leal saber y entender le pareció relevante para que la Contraloría emitiera un dictamen fundamentado. Si no fue así en criterio de la Contraloría, lo que parece apropiado es que el ente contralor no se pronunciara hasta contar con todos los datos que desde su perspectiva técnica necesitaba, y así lo hiciera saber al solicitante para que se remitiera la información requerida. Pero en este caso la Contraloría estimó suficiente lo recibido y emitió un criterio, bajo el cuál se operó hasta el momento en que, súbitamente, los fondos son públicos y por lo tanto sujetos a fiscalización pública, y el fideicomiso es una “ficción jurídica” montada para evitar esos controles.

La Contraloría se desdice y habla de información que no tenía. Aquí caben varias preguntas. ¿Por qué no detectó esa carencia de información cuando el auditor del MIVAH presentó su solicitud?. Durante todo este tiempo el MIVAH actuó “amparado” por un criterio de la Contraloría, ¿es imputable alguna responsabilidad ahora que el criterio cambia?. Estamos hablando de una institución pública que trabaja con la “confianza” de que todo está bien, al menos desde el punto de vista de la Contraloría. A la luz de este cambio de opinión de la CGR, ¿deben verificar todas las instituciones públicas que los pronunciamientos que tengan de la Contraloría siguen vigentes? ¿Consultar si para cada uno de esos dictámenes se requería más información? ¿Detener la ejecución de programas ya consultados hasta que se ratifiquen los criterios que los amparan?

No se trata de cuestionar el trabajo de la Contraloría, sino de una preocupación legítima de quienes nos movemos en un entorno jurídico complejo. Administrar recursos ya de por sí es tarea complicada como para que se le añada este elemento de criterios aparentemente “provisionales” que después serán utilizados en contra de los jerarcas, pese a que las falencias de información de esos dictámenes no sean imputables a quienes solicitan el juicio del ente contralor. Queremos saber si estamos haciendo bien las cosas, pero también queremos tener algún grado razonable de certeza. No es mucho pedir.

miércoles, 17 de septiembre de 2008

Sobre la ejecución presupuestaria

Artículo enviado al periódico La Nación.

El tema del nivel de ejecución presupuestaria del sector público, específicamente del Gobierno central, ha sido objeto de discusión recientemente, a raíz de la presentación de un informe de la Contraloría General de la República y de algunas valoraciones que la señora Contralora hiciera hace algunos días en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. Al respecto es importante hacer algunas reflexiones y aclaraciones, no solo porque el tema debe ser objeto de análisis y fiscalización constante, sino porque además parece apropiado tener todos los elementos necesarios para emitir un criterio equilibrado y fundamentado.

Lo primero que habría que decir, aunque parezca obvio, es que la ejecución de un presupuesto público se realiza dentro de un ordenamiento jurídico. Cualquier balance sobre la eficiencia de las instituciones públicas no puede hacerse objetivamente sin considerar la multiplicidad de leyes, decretos, reglamentos y directrices que regula la actuación de los funcionarios públicos, controles que incluso establecen reglas para la realización de tareas cotidianas. Pero además permite una contextualización que parece imprescindible a la hora de juzgar el desempeño institucional y sus resultados.

Segundo, para evaluar el nivel de ejecución presupuestaria debe considerarse la naturaleza de cada Ministerio. No es lo mismo ejecutar, por ejemplo, el presupuesto de MIDEPLAN que el del MOPT. En MIDEPLAN, que por la naturaleza de sus labores requiere de personal profesional y preparado –como lo tiene-, la ejecución consiste básicamente en pagar salarios todos los meses; para el MOPT y en general para los ministerios responsables del desarrollo de infraestructura, la ejecución requiere de complejos y prolongados procesos legales tales como licitaciones públicas. Desde esta perspectiva, podría ser más meritorio un nivel de ejecución presupuestaria de 50% en el MOPT que uno de 80% en MIDEPLAN.

Tercero, la ejecución del presupuesto es un proceso en el que el desembolso de los recursos, único criterio utilizado por el ente contralor para determinar el nivel de ejecución, es en realidad una etapa mas. En los ministerios en los que se deben efectuar licitaciones públicas para poder adquirir bienes y servicios, es prácticamente imposible, dada la duración de los trámites definidos por el ordenamiento jurídico vigente, llegar a efectuar un pago en los primeros seis meses del año. Es muy probable entonces que esos ministerios tengan, al finalizar el primer semestre, un nivel de ejecución bajo si se considera lo pagado como sinónimo de ejecución presupuestaria. Pero eso no significa que el presupuesto no se vaya a utilizar. Una gran parte de los recursos puede estar comprometida y se liquidará cuando se finalicen todos los trámites asociados a esas licitaciones, por lo que cualquier evaluación rigurosa del nivel de ejecución presupuestaria debe considerar no solo los pagos efectuados, sino además los fondos comprometidos y por desembolsar.

Por último, dada la naturaleza dinámica de la función pública y porque, como se indicó anteriormente, es usual que al iniciar el segundo semestre aumente el desembolso de recursos por parte de algunos ministerios, no habría estado de más actualizar la información presentada ante la Comisión legislativa, sobre todo considerando que para la valoración que ahí se hizo se utilizaron datos referidos al primer semestre, específicamente al período que finalizó el 30 de junio, hace casi tres meses.

A pesar de todo lo anterior, vale la pena mencionar que aunque siempre es posible mejorar, los niveles de ejecución presupuestaria de los ministerios en la fecha mencionada mostraban un comportamiento similar al del mismo período del año anterior. Esto hace preveer que el nivel de ejecución del presupuesto en general rondará el 95%, tal y como sucedió en el año 2007. Y este dato es aun más relevante cuando se considera que los ministerios cuentan con presupuestos más grandes, lo que significa que un porcentaje de ejecución presupuestaria similar representa en realidad una mayor cantidad de recursos invertidos. Se puede concluir entonces que el presupuesto se ejecuta eficientemente, a un ritmo que asegura la utilización de prácticamente todos los recursos presupuestados, al contrario de lo que se ha venido afirmando en estos días.

viernes, 12 de septiembre de 2008

La mala noticia es que no haya malas noticias

Retomo el tema de mi última entrada, agregándole algunos elementos. La publicación de toda la información sobre la compra de los denominados bonos chinos ha permitido comprobar que no había nada que ocultar, y por lo tanto, la razón que esgrimía el Gobierno para no dar a conocer los detalles de esta transacción era cierta, es decir, que el Gobierno chino le había solicitado que se mantuviera en secreto los detalles de la transacción, cosa que además han confirmado hasta la saciedad los mismos representantes del gobierno chino. No hubo comisiones para funcionarios públicos, no hubo intermediarios y las condiciones de la compra fueron altamente favorables. La operación misma la llevó a cabo el Gobierno chino a través de su agencia gubernamental (SAFE) que a su vez contrató a su representante financiero global (Bank of New York), que a la vez se apoyó en su agente local (BCT), con quien ha venido trabajando en los últimos 20 años. El Gobierno, amparándose en la Ley del Mercado de Valores, sostuvo la información hasta que la Sala Constitucional consideró que primaba el interés público y el derecho a la información sobre la Ley mencionada. El Gobierno dió a conocer el único dato que le hacía falta revelar, que era la tasa de interés de la operación y se publicaron los documentos relacionados con el establecimiento de relaciones con China y de concreción de la venta de bonos. Eso es todo. Más claro ni echándole agua.

Yo me imagino que para el algunos periodistas esto fue una gran decepción. La mala noticia es que no hay malas noticias. Solo así puede uno explicarse la decisión de publicar un titular como el que publicó La Nación el día de ayer (11-9-08). Esto no es una noticia, sino una conclusión parcializada citando entrevistas pasadas, sin siquiera tomarse la molestia de consultar a los implicados, en lo que parece ser una renuncia tácita a cualquier aspiración de objetividad y equilibrio informativo. Y esta desafortunadamente parece ser una tendencia en algunos medios. Hace unos días Telenoticias presentó una nota sobre el nivel de ejecución presupuestaria de los ministerios en la que no se incluyó ninguna declaración de algún funcionario de Gobierno respecto al tema, cuando uno creería que en aras del balance debería haberse hecho. (Es realmente sorprendente como informa este noticiero sobre algunos temas, sobre todo los relacionados con el Gobierno: a principios de esta semana Ignacio Santos se preguntaba dónde estaban los mil que se decía que estaban pensando en su seguridad -alusión a todas luces inapropiada a la propaganda del PLN en la campaña pasada-, porque según lo confirmaba un estudio de PNUD la inseguridad había aumentado, lo que de alguna manera confirmaba el fracaso del Gobierno en materia de seguridad. ¡El problema es que el informe se refería al período 2003-2005, un año antes de que este gobierno iniciara funciones!. Y lo peor de todo es que en la nota periodística se especificaba claramente este dato, que Santos refirió ignorar).

No es posible que se publiquen notas de este tipo sin hacer un esfuerzo por consultar a las personas involucradas. Cuando no se guarda el debido equilibrio para informar, lo que se hace es expresar una opinión camuflándola de noticia. Eventualmente esto menoscaba la credibilidad de los medios, porque la gente no es tonta y se da cuenta de cuando se quiere meterle gato por liebre. Y la credibilidd de los medios es importante para una democracia como la nuestra. Ojalá que así lo entiendan quienes dirigen los medios de comunicación en nuestro país.

sábado, 6 de septiembre de 2008

Interés público vs interés público

Las dos cosas son importantes y de interés público: garantizar el derecho a la información de los ciudadanos por un lado, y garantizar un mínino de confidencialidad de las transacciones financieras por el otro, sobre todo si media una solicitud expresa de un gobierno. La Sala Constitucional estimó más relevante proteger el derecho a la información y sin duda su interpretación tendrá repercusiones futuras, pero eso solo el tiempo lo dirá.

Lo importante me parece es que quedó claro que el Gobierno en realidad no tenía nada que ocultar, y que de verdad su negativa a dar toda la información se debía a la solicitud que hiciera el Gobierno chino. Y la cosa es tan sencilla que hasta parece lógica, siempre que no se quiera interpretar los hechos interesadamente. Hacienda negocia las condiciones de la compra con la agencia oficial china, el Gobierno chino ordena la transferencia de recursos por medio de su agente (Banco de New York), que a la vez solicita a su agente (BCT), que custodie los bonos emitidos. No hay comisiones millonarias ocultas, funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción o intermediaciones indebidas. El papel del BCT queda claramente explicado, así como las razones por las que es esta entidad la designada como custodio de los bonos. Para algunos la transparencia y sencillez de la transacción es sospechosa,pero habría que recordar que normalmente la explicación más sencilla tiende a ser la correcta.

Ahora es tiempo de pasar la página, esperando que el segundo desembolso prometido por el Gobierno de China no sea comprometido por todos estos acontecimientos.

jueves, 28 de agosto de 2008

Noticia sobre inflación en América Latina

En todos lados se cuecen habas. Algunos creen que la inflación en Costa Rica es un fenómeno local. Pero según esta información de la agencia de noticias ADITAL, lo que pasa aquí está pasando en toda América Latina. Y precisamente una combinación articulada de medidas de política monetaria y política fiscal, como se ha venido haciendo en el país, es lo que se necesita para paliar los efectos de la inflación de origen exógeno.

Cepal: armonía entre política monetaria y fiscal es solución para inflación

La Comisión para América Latina y el Caribe (Cepal) divulgó hoy (28) el Estudio Económico de América Latina y del Caribe 2007 -2008. El estudio constató que el fenómeno de la aceleración inflacionaria afecta a casi toda la región y presenta varios problemas y dilemas políticos a los gobiernos.

El principal desafío es el combate de la inflación "importada" por el aumento de los precios de ciertos productos básicos, como el petróleo y los alimentos. El informe señala que, después de continuas caídas desde 2002, la inflación en América Latina y el Caribe subió a 6,5% en 2007. En junio de 2008, acumuló un alza de doce meses de 8,9%.

La Cepal afirma que el impacto del alza de precios ha sido mayor en las naciones emergentes que en los países desarrollados. En Brasil, Perú y México, el impacto de la inflación fue relativamente menor que en otros países latinoamericanos. Los índices de inflación de la región varían entre 5% y 32% en junio de 2008, mientras que el aumento de los precios de los alimentos en la región acumula un 15,7%, en el mismo período, después de registrar un incremento del 10,7% en 2007.

El alza de la inflación genera diversas preocupaciones, de acuerdo con la Cepal. Primero, afecta en forma desproporcionada a la población de menores ingresos a causa del impacto de los aumentos de los precios de alimentos y combustibles. En segundo lugar, la inflación provoca incertidumbre, deteriorando el clima para la inversión y el crecimiento a largo plazo. Además, las políticas antiinflacionarias pueden acarrear importantes costos a corto y mediano plazo, términos de crecimiento y empleo.

Según el estudio, para enfrentar esa situación, diversos países de la región terminaron por adoptar una política monetaria más restrictiva. También demostraron que la política fiscal debía poner el énfasis en el combate de la inflación, por medio de reducciones del ritmo de expansión de gastos, de impuestos y de introducción de subsidios o mecanismos compensatorios para el alza de los precios externos.

El Estudio económico 2007-2008 destaca el dilema: dado el carácter "importado" de gran parte de la inflación actual, el control de la demanda interna contribuirá a reducir la propagación de la inflación externa al resto de la economía, pero será difícil evitar que afecte el nivel de actividad.

Teniendo en cuenta esto, la Cepal postula que el éxito de la lucha antiinflacionaria requiere la armonización de los objetivos de política fiscal y monetaria. Para la entidad, si solamente se recurre a aumentar la tasa de interés para controlar la demanda agregada, el aumento necesario puede resultar exageradamente alto, con efectos negativos sobre la inversión y el crecimiento futuro.

La Comisión indica que, en contextos de fluctuación libre del cambio y de libertad de los flujos de capital, la apreciación de la moneda inducida por altas tasas de interés repercutirá negativamente sobre la competitividad de los sectores exportadores y substitutivos de importaciones. De esta manera, propone la creación de un espacio fiscal que asegure el financiamiento de los programas que se orienten hacia la reducción de la pobreza, hacia la formación de capital humano y hacia el aumento de la dotación de infraestructura.

viernes, 15 de agosto de 2008

El pronunciamiento de la Procuraduría y el Estado que queremos

No hay duda que otros elementos deben ser tomados en cuenta en la discusión del tema de las consultorías que tanto morbo ha despertado en las últimas semanas. Pero sin duda la naturaleza de los fondos utilizados para la contratación de esos servicios profesionales es un punto de innegable relevancia. Que la Procuraduría haya reafirmado el carácter público de estos recursos confirma lo que el Gobierno ha venido sosteniendo, y contradice directamente las conclusiones temerarias que de algunos malinformados (o malintencionados) en los medios de comunicación. A partir de este informe de la Procuraduría, el debate debería orientarse en otra dirección.

Más allá de los nombres y los montos, el punto más importante en toda esta discusión es por qué el Gobierno debe acudir a este tipo de mecanismos para contratar a personas con el conocimiento especializado. Nuestro Estado se encuentra cercado por un ordenamiento jurídico pensado para controlar y no para facilitar la ejecución de las políticas públicas. Pero además está rodeado de un gran escepticismo y desconfianza en el funcionario público. En el ambiente imperante en este país desde hace ya muchos años (espoleado por intereses políticos de algunos actores sociales y partidistas), sostener que el Estado debe remunerar mejor a sus funcionarios y que deben racionalizarse sus controles para agilizar la acción pública es prácticamente una herejía. Si la ciudadanía no esperara políticas públicas, es decir, si no esperara nada de su Gobierno, no tendría mayor importancia mantener la situación actual. Pero los bienes y servicios que provee el Estado constituyen una parte esencial de lo que ha distinguido a este país en el concierto de las naciones, y es en gran parte lo que nos permitirá ahora, como lo ha hecho en el pasado, paliar los efectos de las crisis internacionales, sobre todo en las clases más vulnerables. Y la gente reclama esos servicios, y se decepciona profundamente cuando no los obtiene con la urgencia y calidad que necesita. Hay también ineficiencia y falta de compromiso. Pero principalmente esto se debe a los obstáculos que enfrentan los poderes públicos de un marco jurídico que muchas veces se ha modelado a partir de respuestas emocionales a coyunturas particulares.

Esta es la discusión verdaderamente importante, una que no podemos seguir evitando. Tenemos que resolver como país la disyuntiva de querer contar con mejores servicios y no dotar al Estado de los recursos, económicos y legales, requeridos para proveerlos. De este debate de fondo bien puede derivarse la sociedad costarricense del futuro.

sábado, 9 de agosto de 2008

Otro acertado editorial de Democracia Digital

Las noticias del fin de semana

Para producir el resumen de noticias que normalmente nos ofrecen los canales de televisión los fines de semana no parece necesario ser periodista. Con tener una unidad móvil a la entrada de la sección de Urgencias de cualquier hospital es suficiente. Es eso o monitorear las frecuencias policiales para enviar un camarógrafo a la escena del crimen o de la colisión del momento.

Luego se agrega una descripción literal de la escena del incidente, se dan los nombres de los involucrados, se insertan algunas crípticas declaraciones de policías, paramédicos y oficiales de tránsito y con eso se tiene el programa de las 6:30 de la noche. Pareciera que no hay otro tipo de noticias el fin de semana, incluso a nivel internacional. Al ver este desbalance noticioso, queda la impresión de que los periodistas no quieren hacer su trabajo, y simplemente optan por la vía más fácil que les permite rellenar sin esfuerzo los treinta minutos que duran estos resúmenes de noticias.

Afortunadamente todavía quedan periodistas como Marcelo Castro. El experimentado presentador de Telenoticias fue el responsable del resumen de noticias del domingo anterior, y al contrario de la emisión monotema que caracteriza estos programas, Castro produjo un programa equilibrado en donde se percibía el esfuerzo de buscar información más allá del recurso fácil de la nota roja. Muchos de sus jóvenes colegas deberían poner atención.

Es frecuente escuchar que los medios de comunicación transmiten las noticias que le interesan a la gente. El carácter dual de esos medios, que son a la vez servicio social y empresas con fines de lucro, genera una tensión que normalmente se resuelve a favor de la noticia de impacto. Se asume que eso es lo que quiere ver la gente, pero como lo demostró Marcelo Castro el fin de semana, vale la pena intentar educar a los televidentes, no aplicar el principio del mínimo esfuerzo o seguir a la masa sin ningún criterio. Los medios tienen un responsabilidad social ineludible y deben asumirla sin excusas.


No se trata, como frecuentemente lo afirman los periodistas cuando se cuestiona este sesgo informativo, de invisibilizar ciertas noticias. Se trata de balancear el contenido de un servicio de información que para ser fiel a la realidad debe tratar de incluir su diversidad. Se trata de balancear, finalmente, el servicio social con la naturaleza empresarial de los medios.

viernes, 1 de agosto de 2008

Consultorías, cooperación internacional y racionalidad del Estado

Como corolario del desafortunado intercambio que tuve con Jorge Guardia, el que terminó dada la insistencia de Guardia de centrar la discusión en (insultar) personas y no sobre los temas, me parece que el editorial de esta semana de Democracia Digital (www.democraciadigital.org) resulta tremendamente esclarecedor, por lo que lo comparto con ustedes:

Consultorías, cooperación internacional y racionalidad del Estado

En 1513 al publicar El Príncipe, Nicolás Maquiavelo, haría célebre la figura de la consejería política, preocupado como estaba por el tema de la unificación del poder en Italia y el manejo organizado del mismo. La literatura política consagra también el tema de la eminencia gris, esto del consejero que, de una manera poco ostensible, inspira las decisiones de un personaje. Originalmente la frase refería a François Leclerc du Tremblay, la llamada mano derecha del Cardenal Richelieu.

En tiempos de especialización de los saberes de los consejeros de las cortes y gobernantes republicanos pasamos al linaje de los consultores y consultoras que de acuerdo con la Real Academia de la Lengua española son personas expertas en una materia sobre la que asesora profesionalmente (tercera acepción del vocablo).

La palabra sugiere una figura respetable. Sin embargo, en la Costa Rica actual la misma adquiere una carga negativa –al igual que muchas otras, entre las que pueden citarse pacto y concertación– en virtud de las denuncias sobre el uso de recursos del BCIE y de la cooperación taiwanesa, manejados ambos por esa entidad, para financiar servicios de consultoría a la Presidencia de la República y al Ministro Rector del sector social y lucha contra la pobreza, respectivamente.

Por la confusión generada sobre el fondo de ambos asuntos por la prensa y los medios de comunicación parece prudente guardar distancia y esperar las conclusiones y recomendaciones de la Contraloría General de la República, que se ha visto compelida a actuar con sentido de urgencia, mientras algunos actores claman por la rápida judicialización del asunto, una tendencia bastante extendida en el tejido social costarricense

Bajo esta perspectiva y respetuosos del marco institucional costarricense en Democracia Digital esperaremos el análisis del órgano contralor, así como del control político en la materia activado por la Comisión legislativa permanente de ingresos y egresos del Estado. Sin embargo desde ya nos parece clave plantear una discusión de fondo sobre rol y marco normativo de la cooperación internacional así como respecto de la racionalidad del Estado en cuanto al manejo de recursos que como los de cooperación tienen repercusiones en lo público pero no pueden, por definición, ser conceptualizados como tales.

La cooperación internacional viene en declive en el país. Para el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 se estimaba una reducción en el orden del 20% en comparación con el nivel alcanzado a niveles de los noventa. Buena parte de la cooperación internacional, especialmente la no financiera, se canaliza mediante acciones de asistencia técnica que involucran la participación de consultorías tanto nacionales como internacionales. Satanizar las consultorías, como se ha venido haciendo en los últimos días, puede generar un efecto de corrida de fuentes de cooperación aún necesaria para el país en virtud del clima hostil que se podría estar presentando para negociar planes, programas, proyectos y acciones de asistencia técnica. El riesgo es real y puede significar la pérdida sensible de mecanismos de apalancamiento de iniciativas y proyectos de desarrollo (infraestructura, de corte social, de protección del medio ambiente, entre otros) de gran escala

Y este tema nos lleva al de la racionalidad del Estado, tanto en relación con el aprovechamiento estratégico de los recursos de cooperación internacional en armonía con los Planes Nacionales de Desarrollo como respecto al fortalecimiento de sus recursos humanos. Sin duda, diversos procesos, incluyendo la llamada fuga de cerebros de los mejores cuadros gerenciales y técnicos del Estado hacia el sector privado han debilitado las capacidades de respuesta del aparato estatal en diversos ámbitos del desarrollo. En busca de alternativas, de manera abusiva, se ha recurrido a la contratación de consultorías satisfactoras de necesidades que deberían ser propias de funcionarios competentes en los Ministerios de línea y a lo largo del espectro institucional. Es tiempo también de repensar esta situación a efectos de elevar el perfil de las políticas de reclutamiento y gestión de recursos humanos, incluyendo la restauración del significado profundo de la consultoría como asesoría al más alto nivel, lo cual encontramos válido para los tres Poderes del Estado.

jueves, 24 de julio de 2008

Mejor un debate informado

Esta es mi respuesta (publicada hoy en La Nación) al artículo de don Jorge Guardia, la que de paso podría servir como explicación a don Rodolfo Rodríguez, quien dejó, cosa que le agradezco, un extenso comentario en el blog:

Me veo obligado a aclarar algunas afirmaciones que hace don Jorge Guardia en su columna del 22 de julio, relacionadas a mi artículo “Consultorías, salarios del Estado y fondos públicos”, publicado en este medio el pasado 16 de julio.

Primero yo no sugiero, ni directa ni indirectamente, que el funcionario público es mal pagado porque no da la talla. Lo que dije y reafirmo es que en parte porque personas como don Jorge y sus compañeros libertarios se han opuesto fervorosamente al aumento de la carga tributaria, no es posible pagar mejores salarios en la administración pública. Y eso hace que cuando se quiera contar sobre todo con la experiencia y el conocimiento especializado, se deba acudir a consultores. Es lo mismo que hacen las empresas o instituciones que contratan a don Jorge como consultor, sin que haya nada ilegal o inmoral en ello.

Segundo, los fondos de cooperación internacional no se utilizan sin control, porque para que los organismos donantes otorguen estas ayudas se suscriben convenios en los que se establece claramente el destino que se le dará a esos recursos. Los más interesados en que se haga un buen uso de los fondos de cooperación son los donantes mismos; por eso se establecen en esos convenios los objetivos que se desean alcanzar, así como los servicios que deben contratarse y bajo qué condiciones.

Tercero, don Jorge trae a colación una parte de un pronunciamiento de hace tres años en el que la Procuraduría valora como públicos los recursos recibidos en una donación. Pero don Jorge parece ignorar –o pretende ignorar-, que no todos los fondos de cooperación constituyen donaciones como la que se menciona en este pronunciamiento de la Procuraduría. Precisamente la donación de “dineros”, como se le denomina en otra sección del mismo dictamen, es extremadamente inusual, siendo lo común el establecimiento de programas de cooperación en las que los fondos NO son administrados por los gobiernos porque NO se otorgan en la forma de dinero contante y sonante que entre a las arcas del Estado. La fórmula habitual con este tipo de ayuda de cooperación es que se presenta un proyecto para la aprobación del donante, se firma un convenio en el que se designa un ente administrador de los fondos, así como un procedimiento para el giro de los mismos y se ejecuta el proyecto según los objetivos definidos y en lo ámbitos especificados en el convenio. Si don Jorge quisiera informarse más sobre el tema puede acudir a las entidades cooperantes establecidas en el país o a las múltiples organizaciones no gubernamentales que funcionan bajo este esquema.

Sobre esta forma de ejecutar la cooperación existen repetidos pronunciamientos de la Contraloría General de la República e incluso de la Sala Constitucional avalando la administración de los fondos sin que ingresen al presupuesto público, aunque, y en esto debo ser muy enfático, eso no significa ni por asomo, que los recursos se utilicen sin ninguna clase de control, pues todos los programas de cooperación son auditados nacional e internacionalmente de manera regular.

No hay, en consecuencia, un uso solapado de fondos públicos al margen de la ley. No es posible, como temerariamente afirma don Jorge, que los ministros hagamos lo que nos da la gana con esos recursos de cooperación, dado que hay convenios que regulan su uso. Don Jorge puede considerar que ciertas contrataciones no son pertinentes o necesarias, pero de ahí a decir que hay algo ilegal solo puede ser motivado por la ignorancia o por la mala intención.

Quisiera reiterar, como lo dije en el artículo anterior, que es posible mejorar procedimientos. Casualmente el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, en conjunto con la Cancillería, ha venido elaborando desde hace varios meses un decreto de reglamento para facilitar y reorganizar la gestión de la cooperación internacional. Pero, como también lo dije ahí, esto no será factible si no se sitúa la discusión en una perspectiva informada, sin trivializarla acudiendo a símiles futbolísticos más apropiados para una gradería de sol que para el debate de temas de relevancia nacional.

miércoles, 23 de julio de 2008

Respuesta de Jorge Guardia a mi artículo

Don Roberto J. Gallardo , ministro de Planificación, tuvo la osadía de defender el uso solapado de millones de dólares donados al Estado, bajo el pretexto –inaceptable- de ser recursos privados ajenos a todo escrutinio. Incurrió en graves errores de derecho y moral. Y ofendió la dignidad de los funcionarios públicos. Tarjeta roja.

Sugirió (indirectamente) que los servidores públicos no son competentes para realizar tareas delicadas ni están a su altura. En su visión, no dan la talla. Por eso son mal pagados. Y prefiere contratar, bajo la mesa, otros “personajes” más doctos, sabidos y sabihondos y mejor pagados -mucho mejor- sin la incómoda fiscalización de la Contraloría. Yo no había visto mayor ofensa ni peor menosprecio al servidor público costarricense.

Don Roberto clama por seguir repartiendo consultorías bajo el predicado de que el derecho privado da mayor celeridad. Aunque fuera cierto, su pretensión debe ceder ante un principio del Derecho Público esencial: no dejar a la libre disposición del gobernante de turno los recursos públicos sin la debida inclusión presupuestaria ni la respectiva fiscalización. Él, evidentemente, lo ignora. Sólo le faltó proponer eliminar el trámite de licitaciones para abandonar las contrataciones del Estado al mero derecho mercantil. Imagínense el festín que armarían los zumbados de este mundo.

Sostener que las donaciones del BCIE y Taiwan (a quien primero le sacaron el dinero y después le patearon en el trasero) son privadas y los ministros pueden hacer de ellas lo que les venga en gana -desde contratar a funcionarios ya en planilla (para favorecerlos con sobresueldos), mensajeros, secretarias y cantantes (para amenizar las noches de don Oscar), hasta engrosar las ganancias de entidades vinculadas a algún ministro-, es ilegal e inmoral. Eso permitió desviar fondos donados para viviendas a consultorías de allegados políticos. Gallardo los defiende. Yo no. Me dan nauseas.

Prefiero ceñirme al criterio de la Procuraduría General de la República del 2005: “Se requiere que los fondos donados sean incorporados al presupuesto de la entidad correspondiente, a efecto de administrarlos con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales establecidas para la administración de fondos públicos. A partir de que los fondos donados ingresen al patrimonio del organismo público no pueden ser administrados por terceros, salvo una autorización expresa del ordenamiento”. Yo agrego que es lo más sano. Si trataron de que el BCIE los administrara directamente para evadirlo, sería una burda triquiñuela formal para violar el fondo de la ley. Y también merece tarjeta roja.

sábado, 19 de julio de 2008

Consultorías, salarios del Estado y fondos públicos

Comparto con ustedes mi artículo "Consultorías, salarios del Estado y fondos públicos" publicado en el períodico La Nación el pasado 16 de julio, sobre un tema que ha dado tanto de que hablar, desafortunadamente en medio de una gran ignorancia, en los últimos días:

En su columna semanal del pasado martes 8 de julio , don Jorge Guardia hace algunas afirmaciones respecto al tema de las consultorías, que me parece requieren un comentario, en aras de precisar adecuadamente el ámbito de una discusión que creo merece mejores argumentos.

Una consultoría es, en su sentido más básico, una contratación de servicios. Estos servicios pueden ser de naturaleza intelectual o manual; en ambos casos acudimos a una “persona experta en una materia sobre la que asesora profesionalmente” (definición de ‘consultor’ en el Diccionario de la Real Academia). Cuando llevamos nuestro vehículo al mecánico, estamos de hecho contratando una consultoría. Dicho de otra manera, cuando se requiere asesoría en materias en las que no se cuenta con el conocimiento requerido, dada su especialización o amplitud, se acude a los consultores.

Pago de consultores. Pero, casi por definición, el conocimiento especializado es difícil de encontrar, y don Jorge, que entiende de estas cosas mejor que yo, sabrá que, cuando un bien es escaso en el mercado, su precio tiende a subir. Nada sería mejor que el Servicio Civil tuviese categorías salariales que retribuyeran la experiencia, la especialización y el conocimiento de los consultores contratados, pero en esta Costa Rica que no termina de resolver el dilema de querer contar con los mejores en la función pública, pero a la vez no estar dispuesta a pagar por ello, eso es sencillamente inviable. Mejor esperar sacrificios personales que meterse la mano a la bolsa y pagar más impuestos, cosa a la que, por cierto, don Jorge se ha opuesto con ferocidad siempre.

En este contexto, para contar con la ayuda de expertos especializados y de trayectoria, que aporten su experiencia y conocimiento a la gestión pública, es necesario acudir a las consultorías. No es razonable pedirle a una persona que acepte un puesto en el Gobierno en el que su salario será apenas una fracción de sus ingresos habituales. Don Jorge cree que los sueldos del Estado no son malos; si fuera así, probablemente todavía estaría trabajando en alguna dependencia del Estado y no dedicado al ejercicio liberal de su profesión, la que me imagino le ha deparado contratos de consultoría acordes con su trayectoria y formación.

El caso del presidente de la Corte y de la Contralora, citados por don Jorge como ejemplo de buenos funcionarios, es aun más meritorio cuando se los valora a la luz del salario que reciben, a todas luces insuficiente para retribuir adecuadamente su preparación, y muy por debajo de los ingresos que obtienen sus pares en otros países.

Fondos de naturaleza privada. La otra idea sobre la que se sustenta la columna de don Jorge es que los fondos del BCIE son públicos. Esto no es cierto y existen pronunciamientos específicos de la Contraloría respecto a la naturaleza privada de este tipo de recursos, tutelados por convenios internacionales. Si existiera un cambio de criterio en este aspecto y se consideraran públicos los recursos de la cooperación internacional no reembolsable, probablemente se produciría una disminución drástica de los montos que por este rubro recibe el país.

Lo menos que necesita una organización de ayuda es que sus recursos terminen en la caja única del Estado, en contraposición a una de las aspiraciones principales de este tipo de entidades, que es precisamente que se manejen con agilidad. Esto no significa que se manejen irresponsablemente, pues es práctica obligatoria que los programas de cooperación sean auditados regularmente, tanto a nivel nacional como internacional.

Pero, además, si estos fondos son públicos en función del ámbito en que se utilizan, habría que incluir en este mismo saco a todas las ONG que con financiamiento de recursos de cooperación no reembolsable atienden problemas públicos. ¿Estarán dispuestas las organizaciones ambientales, de atención a la niñez, de vivienda, de problemas de drogas, etc., a que sus recursos vayan a la caja única del Estado? ¿Que tengan que someterse a todos los procedimientos que hacen tan engorrosa la acción pública (lentitud que en muchos casos justifica la existencia misma de esas organizaciones)?

Lo demás que se afirma en esta columna es producto de la imaginación de don Jorge: que estas contrataciones constituyen pagos de “favores políticos”, acusación bastante temeraria que representa una generalización inaceptable; que son parte de “triquiñuelas políticas” para aprobar las reformas tributarias que tanto desvelan a don Jorge, tanto que termina viendo fantasmas donde no los hay.

No tengo dudas de que es posible mejorar procedimientos, pero no lo haremos si no planteamos el tema de manera correcta, sin acudir a la descalificación personal, que denota una gran arrogancia, ni a la acusación temeraria, que daña honras gratuitamente.

Empezar de nuevo

Hace unos meses y por alguna razón desconocida, mi cuenta de correo Gmail fue eliminada. Como consecuencia de esto, mi anterior blog, "roberto-gallardo.blogspot.com" terminó desapareciendo, dado que no podía actualizarlo. Mas o menos en esa misma época asumí mis nuevas responsabilidades como Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, por lo que en ese momento no tuve tiempo para ocuparme de reactivarlo.

Pero lo cierto es que me quedó la espinita de tener nuevamente un espacio de este tipo, . Así que aprovecho esta lluviosa tarde santaneca para crear de nuevo el blog, esta vez con el nombre rgallardo.blogspot.com, y ver si puedo sacar ratitos y compartir con quienes visiten este sitio algunas reflexiones, documentos y noticias sobre la coyuntura nacional e internacional.

Mi anterior experiencia fue muy positiva en términos de audiencia, dado que tenía una buena cantidad de visitas mensuales. Ojalá en esta nueva etapa pueda ir generando otra vez una audiencia, no solo tan numerosa, sino además tan combativa como la que tuve antes. Ya veremos.