Consultorías, cooperación internacional y racionalidad del Estado
En 1513 al publicar El Príncipe, Nicolás Maquiavelo, haría célebre la figura de la consejería política, preocupado como estaba por el tema de la unificación del poder en Italia y el manejo organizado del mismo. La literatura política consagra también el tema de la eminencia gris, esto del consejero que, de una manera poco ostensible, inspira las decisiones de un personaje. Originalmente la frase refería a François Leclerc du Tremblay, la llamada mano derecha del Cardenal Richelieu.
En tiempos de especialización de los saberes de los consejeros de las cortes y gobernantes republicanos pasamos al linaje de los consultores y consultoras que de acuerdo con la Real Academia de la Lengua española son personas expertas en una materia sobre la que asesora profesionalmente (tercera acepción del vocablo).
La palabra sugiere una figura respetable. Sin embargo, en la Costa Rica actual la misma adquiere una carga negativa –al igual que muchas otras, entre las que pueden citarse pacto y concertación– en virtud de las denuncias sobre el uso de recursos del BCIE y de la cooperación taiwanesa, manejados ambos por esa entidad, para financiar servicios de consultoría a la Presidencia de la República y al Ministro Rector del sector social y lucha contra la pobreza, respectivamente.
Por la confusión generada sobre el fondo de ambos asuntos por la prensa y los medios de comunicación parece prudente guardar distancia y esperar las conclusiones y recomendaciones de la Contraloría General de la República, que se ha visto compelida a actuar con sentido de urgencia, mientras algunos actores claman por la rápida judicialización del asunto, una tendencia bastante extendida en el tejido social costarricense
Bajo esta perspectiva y respetuosos del marco institucional costarricense en Democracia Digital esperaremos el análisis del órgano contralor, así como del control político en la materia activado por la Comisión legislativa permanente de ingresos y egresos del Estado. Sin embargo desde ya nos parece clave plantear una discusión de fondo sobre rol y marco normativo de la cooperación internacional así como respecto de la racionalidad del Estado en cuanto al manejo de recursos que como los de cooperación tienen repercusiones en lo público pero no pueden, por definición, ser conceptualizados como tales.
La cooperación internacional viene en declive en el país. Para el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 se estimaba una reducción en el orden del 20% en comparación con el nivel alcanzado a niveles de los noventa. Buena parte de la cooperación internacional, especialmente la no financiera, se canaliza mediante acciones de asistencia técnica que involucran la participación de consultorías tanto nacionales como internacionales. Satanizar las consultorías, como se ha venido haciendo en los últimos días, puede generar un efecto de corrida de fuentes de cooperación aún necesaria para el país en virtud del clima hostil que se podría estar presentando para negociar planes, programas, proyectos y acciones de asistencia técnica. El riesgo es real y puede significar la pérdida sensible de mecanismos de apalancamiento de iniciativas y proyectos de desarrollo (infraestructura, de corte social, de protección del medio ambiente, entre otros) de gran escala
Y este tema nos lleva al de la racionalidad del Estado, tanto en relación con el aprovechamiento estratégico de los recursos de cooperación internacional en armonía con los Planes Nacionales de Desarrollo como respecto al fortalecimiento de sus recursos humanos. Sin duda, diversos procesos, incluyendo la llamada fuga de cerebros de los mejores cuadros gerenciales y técnicos del Estado hacia el sector privado han debilitado las capacidades de respuesta del aparato estatal en diversos ámbitos del desarrollo. En busca de alternativas, de manera abusiva, se ha recurrido a la contratación de consultorías satisfactoras de necesidades que deberían ser propias de funcionarios competentes en los Ministerios de línea y a lo largo del espectro institucional. Es tiempo también de repensar esta situación a efectos de elevar el perfil de las políticas de reclutamiento y gestión de recursos humanos, incluyendo la restauración del significado profundo de la consultoría como asesoría al más alto nivel, lo cual encontramos válido para los tres Poderes del Estado.
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