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jueves, 30 de octubre de 2008

Editorial Democracia Digital

Mas allá de lo ambiental

El debate suscitado en torno al decreto que permite el inicio del proceso de explotación minera en Las Crucitas es en realidad la continuación de un debate más complejo y prolongado, que no parece tener visos de resolverse en el corto plazo. Se trata de la tensión entre preservar y proteger el ambiente, con la realidad socioeconómica que enfrentan algunas comunidades.


Sin duda existen múltiples razones para explicar este aparentemente insalvable desencuentro. Pero está claro que una de las más importantes es el dogmatismo a ultranza. No deja de sorprender la poca sensibilidad que algunos ambientalistas radicales exhiben hacia la circunstancia social y económica que enfrentan algunas comunidades empobrecidas que depositan sus esperanzas en el empleo que pueden brindarle empresas que vienen a realizar actividades de explotación, minera, hídrica, etc.. El pasado lunes los dos grupos, los defensores del ambiente y los vecinos de Las Crucitas se encontraron frente a las instalaciones del MINAET, y fue muy desagradable contrastar la vociferante arrogancia de los primeros con la angustia y asombro de los segundos. Descalificar como razón legítima la preocupación de familias enteras que dependen del trabajo que les brinda la empresa que opera en Las Crucitas no es más que un acto de gran arrogancia e insensibilidad social.

En este caso, existen algunos elementos adicionales. La concesión, otorgada hace casi 10 años, no ha podido entrar a operar por múltiples razones, entre ellas la indolencia del Gobierno anterior que decidió actuar como si la empresa concesionaria no tuviese derechos. Ahora, cuando la amenaza de una demanda multimillonaria es inminente, algunos sectores actúan como si esta no fuera una posibilidad real. Lo cierto es que un arbitraje internacional, si la empresa finalmente no pudiera concretar su derecho, es un elemento que no puede estar ausente de cualquier análisis del tema.

Esta ha sido, durante mucho tiempo, la posición del algunos sectores ambientalistas, la de oponerse -sin considerar la implicación social o legal del tema-, a cualquier iniciativa, sobre todo privada, de explotación de nuestro potencial ambiental. Ciertamente existen mejores prácticas y un país como el nuestro debe no solo cumplirlas, sino impulsarlas universalmente. Pero la oposición radical, muchas veces motivada por razones extra-ambientales, sin considerar todo el panorama y sin ofrecer alternativas, es inaceptable, y no contribuye para alcanzar ese justo medio al que el país debe aspirar, en el que los recursos naturales son explotados sosteniblemente, como una forma de generar mejores condiciones de vida para la población.

Como en muchos otros ámbitos de la vida nacional, la mesura, el respeto, la apertura a otras posiciones y la voluntad de encontrar posiciones comunes debe imperar en la discusión de los temas ambientales.

Desafortunadamente esta no parece ser un estrategia aceptable para algunos.

lunes, 20 de octubre de 2008

Respuesta de Kevin Casas

Hace unas semanas circuló por la red un artículo en donde Kevin Casas hacía algunas reflexiones sobre el libre comercio. Confirmando mi sospecha de que alguna gente aun no ha podido superar la derrota sufrida en el referéndum del 7 de octubre del 2007, las opiniones de Kevin fueron interpretadas, como habitualmente lo hizo a lo largo del debate sobre el TLC un cierto sector del "No", de manera parcial y presentando su posición como contradictoria con lo que defendió en ese debate, sin entender que la realidad no es dicotómica, y que una posición puede tener matices sin dejar de ser coherente.

Kevin, un poco asombrado por la reacción de cierta gente, radactó esta respuesta, con la intención de publicarla en la prensa escrita costarricense.

¿Por qué la incomodidad con la incomodidad?
Kevin Casas Z.

A principios de setiembre publiqué un artículo en la revista Yale Global titulado ¿Por qué la incomodidad con el libre comercio? Para mi sorpresa, el artículo fue publicado en varios países y terminó circulando en Costa Rica. Por expresar puntos de vista críticos sobre el libre comercio generó aquí reacciones curiosas, incluso en estas páginas. Como esas reacciones me parecen reveladoras de serios equívocos no está de más escribir una cuartilla adicional.

En mi artículo señalo claramente que el libre comercio es un objetivo deseable para los países en vías de desarrollo. La evidencia tiende a sustentar ampliamente los efectos beneficiosos de la apertura comercial en los niveles de desarrollo. Correlativamente, sustenta aún mejor los terribles efectos que el proteccionismo comercial tiene sobre el desarrollo, como lo demostró con contundencia la experiencia de la Gran Depresión, la que, por cierto, haríamos bien en revisar con cuidado ahora que la economía mundial está pendiendo de un hilo.

Otra cosa, por supuesto, es cómo se conduce la discusión de la liberalización comercial en la práctica. Sobre esto sí tengo una gran desilusión –que es la misma que tienen desde la OMC hasta OXFAM— de ver cómo lo que podría ser un proceso muy beneficioso para todo el mundo, termina por distorsionarse en los hechos y conduce a resultados menos que óptimos. Fruto de esa desilusión es el artículo que escribí. Al decir que hay hipocresía en el discurso de los países desarrollados, que la asociación de la apertura comercial con la venta de empresas estatales es desafortunada, que el debate democrático sobre el libre comercio ha sido escaso en todas partes y que el libre comercio tiene efectos más bien perjudiciales sobre la desigualdad, no estoy diciendo más que cosas obvias, que yo, al menos, sé desde hace tiempo.

Pero hay que tener mucho cuidado con saltar a la conclusión de que, por todo ello, era mejor rechazar el TLC con EEUU y que, como dijo un muchachón en algún colorido blog, he incurrido en una "nauseabunda contradicción argumental". Quien así argumenta sufre de una enorme pereza mental.

Examinemos cada una de las afirmaciones del artículo. Ciertamente la duplicidad de los países desarrollados ha impedido el éxito de la Ronda de Doha, que es un foro en el que los países en vías de desarrollo pueden defender sus intereses con mucha mayor probabilidad de éxito. Yo deploro esa duplicidad, pero no estoy dispuesto a renunciar a la posibilidad de continuar el proceso de apertura comercial –que es esencial para un país del tamaño de Costa Rica—por medio de acuerdos bilaterales o regionales, por más que estos sean menos deseables. El costo que impone la hipocresía de algunos países es alto pero sigue siendo menor que el costo de darle la espalda a la globalización.

En segundo lugar, puedo entender por qué en el debate público la privatización de empresas públicas ha terminado en el mismo saco que la apertura comercial, pero igual lo lamento, toda vez que se trata de procesos distintos, que a veces caminan juntos y a veces no. Uruguay y Costa Rica han abierto sus economías al comercio, pero no han privatizado. Brasil ha privatizado casi todo, pero sigue siendo una economía relativamente cerrada. Es evidente que muchos procesos de privatización en América Latina fueron un desastre pero eso me dice muy poco sobre los méritos de la apertura comercial. En todo caso, no hay que olvidar que, pese a argumentos en contrario repetidos hasta la saciedad, el TLC no ha privatizado al ICE o al INS y es dudoso que ese vaya a ser el resultado final. Ese no fue el resultado de la apertura de las telecomunicaciones en Uruguay o en los países nórdicos y de nosotros depende que no lo sea en Costa Rica.

En tercer lugar, la afirmación de que el libre comercio no ha ido acompañado de un debate democrático no se aplica a Costa Rica y al TLC, como yo lo advierto en el artículo. Obviamente, hay gente en el país para la que un debate de casi 5 años y un referéndum no son prueba de apertura democrática, pero sospecho que quienes así opinan no tienen un problema con el procedimiento sino con su resultado.

En cuarto lugar, si el TLC va a complicar los problemas distributivos en Costa Rica, eso no es razón suficiente para oponerse a él, sino para impulsar lo que, en mi criterio, tiene la clave para una transformación progresista en Costa Rica: una reforma tributaria digna de ese nombre. A fin de cuentas, los países nórdicos están entre los más equitativos del mundo y, al mismo tiempo, entre las economías más abiertas.

Finalmente, el tema de la propiedad intelectual y el desarrollo, que me preocupa mucho, va bastante más allá del contenido negociado por Costa Rica en el TLC con EEUU. El contenido de las regulaciones globales de protección a la propiedad intelectual es casi tan preocupante como aquel. He ahí un problema que Costa Rica no puede resolver sola, por más vehemente que sea su oposición a lo negociado en el TLC. Tratar de resolverlo ahí es equivocado y es inútil. Me temo que eso requiere una coalición mucho más amplia de países, que trabajen en esa dirección en los foros multilaterales.

Así, ninguno de estos argumentos conduce a rechazar el TLC. Ello por una razón elemental. Nunca he afirmado que el TLC es una muestra óptima y destilada de lo que debe ser un acuerdo de libre comercio. Se trata de un acuerdo con deficiencias serias, pero cuyo balance general para el país es ciertamente defendible, no porque sea la clave de nuestro desarrollo, sino porque la opción de quedarse fuera de él era y sigue siendo mucho peor. Siempre tuve claro que estábamos escogiendo entre opciones muy imperfectas, como tantas veces sucede en la política. Me imagino, por ejemplo, que ningún miembro del Congreso de EEUU está feliz de socializar las pérdidas de Wall Street, pero el precio de no hacerlo es demasiado alto como para contemplar esa opción. Por ello, a pesar de los pesares, volvería a votar a favor del TLC por motivos absolutamente pragmáticos, sin grandes ilusiones y con plena conciencia de las limitaciones de lo que estoy escogiendo.

Así, pues, hay aquí dos proposiciones que no son excluyentes: 1) El libre comercio es un objetivo deseable, pero es imprescindible mejorar y democratizar la forma en que se traduce en la práctica (de eso se trataba mi artículo, no de un manifiesto para defender el proteccionismo. 2) El TLC con EEUU es una muestra bastante imperfecta de acuerdo comercial, pero adoptarlo con sus defectos es mejor que la opción de rechazarlo. Obviamente, ambas proposiciones son debatibles, pero aceptar la primera no obliga a rechazar la segunda.

No espero que estas razones tengan el menor impacto en quienes, con los ojos desorbitados, las venas saltadas y el resentimiento social a flor de piel, son incapaces de ver una onza de verdad en la posición de quienes no piensan como ellos. No es a ellos a quienes me dirijo. Quisiera, más bien, que me leyeran quienes sí están dispuestos a tener una discusión seria y matizada sobre la apertura comercial y sus efectos en el desarrollo. Aunque tuvimos un debate nacional antes del referéndum sobre el TLC todos sabemos que no fue un debate de calidad, sino una discusión deformada por las medias verdades y las descalificaciones mutuas. Yo fui parte –y parte nada menor—de esa falla colectiva. Ahora lo lamento. Por la salud de nuestra discusión pública realmente quisiera ver a muchos otros –en ambos lados de la barrera—hacer aunque solo fuera un atisbo de este reconocimiento.

jueves, 16 de octubre de 2008

Para ser Presidente

Para ser Presidente no es suficiente ser inteligente, o estar preparado. Es fundamental ser también una persona estable emocionalmente, que no sea propensa a los exabruptos. Que no sea temeraria y ligera de palabra, sino mesurada y reflexiva. Para ser Presidente se requieren personas que sepan controlar su temperamento, que no descalifiquen los mensajes acudiendo al pobre recurso de descalificar al mensajero.

Quien aspira a ser Presidente no puede insultar a quienes piensan diferente, primera manifestación de un pensamiento antidemocrático y señal inequívoca de que quien así actúa es propenso al culto a la personalidad. No se puede andar haciendo acusaciones sin sustento, sin tener la humildad necesaria para reconocer que se ha equivocado cuando se le confronta con los hechos.

Para ser Presidente es imprescindible exhibir una estatura moral que le permita elevarse sobre las discrepancias cotidianas. Una elegancia intelectual que lo aparte del común y genere confianza. Una amplitud mental que no lo confine a los estrechos parajes del dogmatismo. Ser Presidente no es solo cosa de preparación e inteligencia, sino de calidad de la persona. Y eso no todos lo tienen.

jueves, 9 de octubre de 2008

Sobre el rol del Estado

Invitado por la Fundación Konrad Adenauer a un foro sobre gasto público y el rol del Estado, mi presentación se centró en algunos puntos que quisiera compartir con ustedes:

- El gasto público de cada país debe ser analizado, para determinar su eficacia y eficiencia, en el contexto del ordenamiento jurídico que regula la acción del Estado. Pero además, no es posible medir en algunos ámbitos el impacto del gasto público de manera anual, porque en muchos casos se requiere de una acumulación plurianual que permita generar resultados.

- En consecuencia, es complejo tratar de comparar eficiencia en el gasto en países diferentes.

- Las demandas ciudadanas se tornan cada vez más sofisticadas, lo que supone retos inéditos para el Estado.

- ¿Complementa el Estado al mercado? La pregunta parece ociosa a la luz de lo que sucede en los mercados financieros mundiales. No se trata tampoco que el mercado complemente al Estado, sino mas bien que las necesidades sociales determinan cuánto mercado y cuánto Estado es necesario. La división Estado-mercado-sociedad no es real, en tanto los dos primeros son construcciones que deben necesariamente adaptarse a las circunstancias sociales.

- Sin embargo, nada puede ser ajeno al Estado. La afirmación "ese ámbito de la actividad económica no le corresponde al Estado" es falaz, en tanto no es una doctrina lo que determina esto, sino lo que la sociedad requiera tanto del Estado como del mercado.

- Es en el gasto público en el que se concreta la acción del Estado. Por lo tanto, si se valora la acción estatal debe dotársele de recursos para que incida de manera significativa en el nivel de vida de la población. No hay estados desarrollados con cargas tributarias inferiores al 20% del PIB.

- El gasto, al igual que los ingresos, debe ser progresivo, es decir, que se gaste más en los que menos tienen.

- Uno de los participantes en el foro, el empresario mexicano Raymundo Díaz Oñate, concluyó que estamos viviendo el fin de la época que comenzó con Bretton Woods, con una gran incertidumbre por lo que viene adelante. Me pareció una observación muy aguda, y el reto de los movimientos socialdemócratas es proponer una alternativa tan estructurada y concreta como lo fue el consenso de Washington en su tiempo.

- Como lo mencioné en un artículo que publicara hace un tiempo en La Nación, la solidaridad puede no ser económicamente rentable, pero que podamos ser solidarios aun si el costo de esto parece prohibitivo debe ser motivo de celebración y no de crítica. De una observación que me hiciera Luis Mesalles pude refinar un poco más el argumento. La necesidad de ejecutar políticas públicas no puede determinarse por una simple relación costo/beneficio. Lo que se va a hacer no puede estar condicionado, pero la ejecución misma debe siempre llevarse a cabo aspirando a la mayor eficiencia y eficacia.

Interesante foro, celebrado en Antigua, la que por cierto no he podido conocer porque no ha parado de llover desde que llegamos el miércoles por la tarde. Otra vez será.

miércoles, 1 de octubre de 2008

Editorial de Democracia Digital de esta semana (www.democraciadigital.org)

Mas que una crisis financiera

La crisis financiera en los Estados Unidos es propicia para hacer algunas reflexiones sobre algunos temas que van más allá de los fríos números y los sombríos pronósticos.

Lo primero que es importante señalar es que esta crisis es producto fundamentalmente de la codicia bancaria, espoleada por un clima de negocios en el que todo se vale: miles de millones de dólares en préstamos fueron concedidos sin garantías suficientes para financiar una y otra vez la adquisición de bienes inmuebles cuyo valor aumentaba especulativamente con cada operación. Como resultado de este proceso irresponsable, el valor real de los bienes respondía solo por una fracción del monto total de las operaciones bancarias. Cuando el aumento de las tasa de interés hizo que los deudores no pudieran cumplir con sus obligaciones, los bancos se encontraron con que una buena parte de sus recursos habían desaparecido, invertidos en bienes cuyos valor había sido inflado artificialmente. Los consumidores tienen parte de la responsabilidad en este asunto, pero sin duda es el afán de ganancias desmesuradas de algunos banqueros rapaces lo que origina todo este proceso.

Ante la necesidad de adoptar acciones correctivas, el Gobierno de los Estados Unidos planteó un paquete de medidas que básicamente consistía en la compra de hipotecas a las instituciones financieras más comprometidas, por un monto de 700 billones de dólares. La reacción ante esta propuesta ha sido sorprendente. Algunos han considerado inaceptable que los contribuyentes carguen con el costo del mal manejo de ejecutivos irresponsables, que no dudaron en apostar el patrimonio de los bancos e instituciones financieras en los que trabajaban para aumentar los millonarios bonos de desempeño que no tuvieron empacho en cobrar, pese al daño que le causaron al sistema financiero con su actuación temeraria.

La crítica es absolutamente válida pues privatizar ganancias y socializar pérdidas es inadmisible, además de éticamente cuestionable. Pero se requiere una acción colectiva para corregir el rumbo, la que por su magnitud solo es posible financiar con dinero de los contribuyentes. Lo que cabe es iniciar investigaciones para determinar si hay responsabilidades criminales en la actuación de ejecutivos mezquinos, pero no adoptar medidas sin duda agudizaría la situación al punto de tornarla inmanejable.

Paralelamente se ha generado una discusión interesante sobre el papel del Estado en la economía. Muchos de los 133 representantes republicanos que votaron en contra del paquete tan fervientemente impulsado por el Presidente Bush lo hicieron para preservar lo que denominan la “esencia del capitalismo estadounidense”. Votaron en contra del intervencionismo, en contra de terminar siendo, como lo dijera algún comentarista, “como los franceses”. Lo correcto es, afirmaron los rebeldes conservadores republicanos, dejar que el mercado se ajuste a sí mismo, porque cualquier interferencia estatal sería negar la esencia del sistema americano.

Pero el problema es demasiado apremiante como para encasillarlo en una dicotomía ideológica demasiado simple para una situación tan compleja. Para una economía que depende del consumo como la estadounidense, la contracción del crédito es antesala a una recesión. De modo que los conservadores tendrán que aceptar esta amarga realidad: la intervención del Estado es a veces imprescindible. La era del mercado sin control puede haber terminado definitivamente en el corazón mismo del capitalismo mundial.

Una nota adicional: si la situación se agudiza en los Estados Unidos sin duda países como el nuestro sufrirán las consecuencias. Pero lo cierto es hasta ahora la economía costarricense ha mostrado una fortaleza que se deriva de la diversificación de su intercambio comercial y financiero con otras regiones del mundo. Desde esta perspectiva, la estrategia que se ha venido siguiendo ha sido la correcta, y se están cosechando los frutos de la consistencia de mantener este proceso de inserción internacional.