Un periodista de un medio escrito publicó hace unos días una nota sobre el Gobierno, en la que cita a un investigador universitario dando unas declaraciones que refuerzan la conclusión a la que el periodista aparentemente quiso llegar. El investigador, a quien conozco desde hace mucho tiempo, pero con el que no he tenido contacto últimamente, le manda un correo electrónico al periodista, con copia a mí, llamándole la atención por haber agregado a esa noticia una opinion que efectivamente él ofreció... ¡hace 8 meses, en un contexto diferente y refiriéndose a un tema distinto!.
Uno se pregunta, ¿Qué se puede hacer en una situación como esta? ¿A quien acudir? ¿Como dejar pasar lo que parece una practica profesional inadecuada sin que se le conceda a esta que es una preocupación legitima una intención ulterior? ¿Quien nos defiende de esta cosas? ¿O me preocupo innecesariamente y el uso de opiniones emitidas meses atrás refiriéndose a otros temas en una coyuntura específica es normal?
miércoles, 7 de diciembre de 2011
¿Que se hace en un caso como este?
miércoles, 23 de noviembre de 2011
Policías despedidos con responsabilidad patronal
¿Por qué se despide con responsabilidad patronal a policías que tienen acusaciones penales? Muy sencillo, porque si se les trata de despedir por causa justificada o sin responsabilidad patronal los afectados pueden plantear recursos ante los tribunales que en promedio tomaría 4 años para resolver, periodo durante el cual los accionantes recibirían salario sin trabajar, o peor aun, trabajando. Por eso se prefiere despedirlos con responsabilidad patronal y pagarles sumas que aunque parecen injustas por ser gente cuestionada, son abismalmente inferiores a las que se tendría que pagar si se trata de hacerlo de otra manera.
Lo que es fundamental es no mantener en la Fuerza Pública a quienes no actúan con honestidad. Limpiar la policía es fundamental para recobrar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.
viernes, 4 de noviembre de 2011
Prejuicios y estereotipos
"¿Es cierto que la Presidenta se va a reunir con una modelo?", me pregunto una persona refiriéndose a la audiencia solicitada por Leonora Jiménez a la Presidenta. Me llamó la atención el tono en que se me formuló la pregunta, así como algunos comentarios posteriores de otras personas en redes sociales, implicando de alguna manera que una audiencia con una "modelo" no podría ser de ninguna manera relevante y que la Presidenta debería ocupar su tiempo en cosas verdaderamente importantes. Esto sin tener idea siquiera del motivo por el cual Leonora solicitó la audiencia, ni las personas que la acompañaron, ni los resultados alcanzados.
Los estereotipos que se reflejan en comentarios como los que menciono son una forma de violencia que debe erradicarse de cualquier sociedad que se precia de ser tolerante y abierta Lo mismo aplica para la arrogancia de creer que somos mejores que otros porque esos otros se dedican a ciertas profesiones, o no se dedican a lo que nos dedicamos nosotros. El respeto es fundamental para la convivencia social, y debe ser una norma de conducta para todos. Si queremos respeto, tratemos a todos con respeto.
Esta es una prueba
Estoy probando una aplicación que me permite escribir en mi blog desde el iPad. Si me funciona como quiero podré actualizar el blog mas menudo con entradas cortas que me permitan comentar mas sobre la coyuntura.
martes, 18 de octubre de 2011
No hay incomodidad
Don Víctor Hugo Murillo y don Armando Mayorga se refieren en la columna “Buenos Días” del 12 y 13 de octubre, respectivamente, al tema de algunos incidentes que se han suscitado involucrando a periodistas que cubren la información de Casa Presidencial. Ambas columnas comparten una premisa: que lo sucedido se deriva de alguna manera por la renuencia de la presidenta de la República a referirse a temas “incómodos”.
Esta es una apreciación que no tiene sustento en los hechos mismos tal y como sucedieron, pero mucho menos cuando se examina la relación que a lo largo de su carrera política ha tenido la Presidenta con la prensa.
En ninguno de los casos mencionados la Presidenta se negó a dar declaraciones porque las preguntas que se hacían eran incómodas. En el caso del periodista Álvaro Murillo, doña Laura ya le había contestado 5 o 6 preguntas antes de retirarse para continuar con una gira que efectuaba por tres cantones de la provincia de Cartago. Es importante mencionar que la pregunta que don Álvaro no pudo hacer versaba sobre temas que ya había tocado en sus preguntas anteriores.
En el caso de los periodistas Mata y Martínez, a ambos se les había informado de previo que la Presidenta no iba a contestar preguntas en ese momento. Al primero porque se tenía programada una conferencia de prensa para el día siguiente y se consideraba más apropiado este espacio para evacuar con más tiempo las consultas de la prensa; y al segundo porque, como se ha venido haciendo en las actividades públicas de la Presidenta, la atención a la prensa se realiza siempre al finalizar los actos en los que participa.
Valga la pena mencionar que cuando el periodista Martínez aborda a la Presidenta, ella se dirigía, en compañía del presidente del BID a inaugurar el Foro Iberoamericano de Microempresa, y que, como mencioné anteriormente, se le había informado previamente a don Andrés que en ese momento la Presidenta no brindaría declaraciones.
Salvo en el caso del periodista Murillo, existe un registro gráfico de estos hechos, dado que el personal de la Dirección de Prensa de la Presidencia de la República graba en video sus actividades públicas. En este se puede apreciar con claridad que de previo a que se haga una sola pregunta se informa a los periodistas que no se atenderá en ese momento ninguna consulta. No es que la Presidenta, “molesta” por algún tema, pidiera a funcionarios de la Presidencia que bloquearan a los periodistas. Doña Laura está absolutamente consciente de sus deberes y las obligaciones que le impone su cargo, y ha actuado consecuentemente a lo largo de su trayectoria como funcionaria pública.
Aunque hemos hecho un esfuerzo para facilitar y ordenar la atención a la prensa en la Presidencia, estamos conscientes de que hay espacio para mejorar, sobre todo con el objetivo de evitar que hechos como estos se repitan en el futuro, por lo que tomaremos las medidas necesarias para asegurarnos, en lo posible, de que así sea.
Esta es una apreciación que no tiene sustento en los hechos mismos tal y como sucedieron, pero mucho menos cuando se examina la relación que a lo largo de su carrera política ha tenido la Presidenta con la prensa.
En ninguno de los casos mencionados la Presidenta se negó a dar declaraciones porque las preguntas que se hacían eran incómodas. En el caso del periodista Álvaro Murillo, doña Laura ya le había contestado 5 o 6 preguntas antes de retirarse para continuar con una gira que efectuaba por tres cantones de la provincia de Cartago. Es importante mencionar que la pregunta que don Álvaro no pudo hacer versaba sobre temas que ya había tocado en sus preguntas anteriores.
En el caso de los periodistas Mata y Martínez, a ambos se les había informado de previo que la Presidenta no iba a contestar preguntas en ese momento. Al primero porque se tenía programada una conferencia de prensa para el día siguiente y se consideraba más apropiado este espacio para evacuar con más tiempo las consultas de la prensa; y al segundo porque, como se ha venido haciendo en las actividades públicas de la Presidenta, la atención a la prensa se realiza siempre al finalizar los actos en los que participa.
Valga la pena mencionar que cuando el periodista Martínez aborda a la Presidenta, ella se dirigía, en compañía del presidente del BID a inaugurar el Foro Iberoamericano de Microempresa, y que, como mencioné anteriormente, se le había informado previamente a don Andrés que en ese momento la Presidenta no brindaría declaraciones.
Salvo en el caso del periodista Murillo, existe un registro gráfico de estos hechos, dado que el personal de la Dirección de Prensa de la Presidencia de la República graba en video sus actividades públicas. En este se puede apreciar con claridad que de previo a que se haga una sola pregunta se informa a los periodistas que no se atenderá en ese momento ninguna consulta. No es que la Presidenta, “molesta” por algún tema, pidiera a funcionarios de la Presidencia que bloquearan a los periodistas. Doña Laura está absolutamente consciente de sus deberes y las obligaciones que le impone su cargo, y ha actuado consecuentemente a lo largo de su trayectoria como funcionaria pública.
Aunque hemos hecho un esfuerzo para facilitar y ordenar la atención a la prensa en la Presidencia, estamos conscientes de que hay espacio para mejorar, sobre todo con el objetivo de evitar que hechos como estos se repitan en el futuro, por lo que tomaremos las medidas necesarias para asegurarnos, en lo posible, de que así sea.
jueves, 6 de octubre de 2011
Video enviado a evento de celebración del día del blog
Como no pude asistir presencialmente, envié este video con una reflexión sobre blogs y otros temas a la celebración del día del blog. Ahí se las dejo.
miércoles, 5 de octubre de 2011
Presidenta no dijo que Plan Fiscal es malo
Me refiero a la nota “Laura cataloga plan fiscal como malo” publicada en la edición del martes 5 de octubre del periodico La Republica. Al respecto debo aclarar enfáticamente que la Presidenta de la República nunca calificó como “malo” el plan fiscal, mas bien reafirmó su necesidad y defendió la decisión de incluir el tema de zonas francas como parte de una negociación que hizo posible avanzar este proyecto en la corriente legislativa.
La reflexión de la Presidenta Chichilla que se menciona en la nota citada surge ante una pregunta específica sobre el tema de los impuestos a empresas de zona franca. Doña Laura en su respuesta aprovechó para recordar que este gravamen se incluyó en el texto resultado de la negociación con el Partido Acción Ciudadana. El Gobierno de la República aceptó dicha negociación pues se consideró que resultará mucho mas gravoso para la estabilidad del país y para el proceso de atracción de inversión extranjera una situación macroeconómica precaria como la que tendrá Costa Rica en caso de que no prospere la reforma fiscal. Sería ese un escenario con un déficit fiscal de 8 o 9% del PIB, un alto nivel de endeudamiento público y tasas de interés a la alza en dos años. Ante esta situación se afectaría la calificación de riesgo del país que hemos logrado alcanzar a nivel internacional generando un impacto negativo sobre la inversión extranjera.
Estas consideraciones guiaron la negociación con el Partido Acción Ciudadana, y permitieron alcanzar un texto que ha concitado el apoyo de otras fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa, en un ejercicio de responsabilidad y patriotismo como no se veía desde hace ya bastante tiempo en el país. La señora Presidenta ha reiterado una y otra vez la imperiosa necesidad de que las fuerzas políticas puedan alcanzar acuerdos serios y rigurosos, producto de una negociación transparente y basada en principios, como lo fue el que produjo esta reforma fiscal y en el que el Partido Acción Ciudadana, el Gobierno y otras fuerzas políticas actuaron con responsabilidad.
El Gobierno de la República sostendrá el compromiso adquirido con las distintas fuerzas políticas en relación con la reforma tributaria.
La reflexión de la Presidenta Chichilla que se menciona en la nota citada surge ante una pregunta específica sobre el tema de los impuestos a empresas de zona franca. Doña Laura en su respuesta aprovechó para recordar que este gravamen se incluyó en el texto resultado de la negociación con el Partido Acción Ciudadana. El Gobierno de la República aceptó dicha negociación pues se consideró que resultará mucho mas gravoso para la estabilidad del país y para el proceso de atracción de inversión extranjera una situación macroeconómica precaria como la que tendrá Costa Rica en caso de que no prospere la reforma fiscal. Sería ese un escenario con un déficit fiscal de 8 o 9% del PIB, un alto nivel de endeudamiento público y tasas de interés a la alza en dos años. Ante esta situación se afectaría la calificación de riesgo del país que hemos logrado alcanzar a nivel internacional generando un impacto negativo sobre la inversión extranjera.
Estas consideraciones guiaron la negociación con el Partido Acción Ciudadana, y permitieron alcanzar un texto que ha concitado el apoyo de otras fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa, en un ejercicio de responsabilidad y patriotismo como no se veía desde hace ya bastante tiempo en el país. La señora Presidenta ha reiterado una y otra vez la imperiosa necesidad de que las fuerzas políticas puedan alcanzar acuerdos serios y rigurosos, producto de una negociación transparente y basada en principios, como lo fue el que produjo esta reforma fiscal y en el que el Partido Acción Ciudadana, el Gobierno y otras fuerzas políticas actuaron con responsabilidad.
El Gobierno de la República sostendrá el compromiso adquirido con las distintas fuerzas políticas en relación con la reforma tributaria.
sábado, 24 de septiembre de 2011
Editorial de Noticias Columbia sobre discurso de la Presidenta Chinchilla ante la Asamblea General de las Naciones Unidas
EDITORIAL DE NOTICIAS COLUMBIA
VIERNES 23 de SETIEMBRE 2011
Todos los temas medulares a exponer ante el mundo quedaron perfectamente interpretados y expuestos por la presidenta Laura Chinchilla, ayer, ante las Naciones Unidas.
Su abordaje del tema de la invasión de la zona norte Caribe costarricense, Isla Calero, por parte de Nicaragua, fue directa, clara, y cargada de ese reproche oportuno al concierto de naciones representadas en ese foro global que es la ONU
En los peores momentos de la invasión, cuando nuestro país barajó todas las opciones que se abrÍan ante la artera acción del gobierno de Daniel Ortega , expertos dijeron: ¡Al consejo de Seguridad! ¡Que las Naciones Unidas pongan en su lugar a Nicaragua! Pero eso no era posible, aconsejaron los que saben, porque Naciones Unidas no reacciona si no hay sangre.
Eso fue lo que con lenguaje directo y sin adornos supo presentar la presidenta Chinchilla, para que se entienda y no se pierda en floridas citas de terceros.
Asimismo, escuchamos en NOTICIAS COLUMBIA, desde el pódium de la ONU en Nueva York a la mandataria precisando el deber de las potencias y los grandes consumidores de droga fuerte, -las potencias-, de indemnizar a estas naciones que son puente, pasto, y ruta de paso de los poderosos cárteles que son poderosos, precisamente porque las potencias compran volumen inimaginable.
La presidenta también abordó el tema del desarrollo y la cooperación, elemento funda mental, para el impulso de las economías, de la educación y las nobles armas que hacen posible el progreso. De nuevo fue muy congruente con lo que nuestra nación, en varias administraciones, ha venido señalándole a las potencias y al mundo en general.
Como Costa Rica tiene un ingreso per cápita mejor que los más desvalidos del África, resulta castigada. No es rica para ver por sÍ misma. No es miserable para que le manden lo básico c. No es, en suma, sujeto de cooperación como quisiéramos.
La presidenta lo ha sabido decir ante Naciones Unidas.
Nos hemos visto bien representados, con una voz que de país, y con un empeño que nos satisface.
VIERNES 23 de SETIEMBRE 2011
Todos los temas medulares a exponer ante el mundo quedaron perfectamente interpretados y expuestos por la presidenta Laura Chinchilla, ayer, ante las Naciones Unidas.
Su abordaje del tema de la invasión de la zona norte Caribe costarricense, Isla Calero, por parte de Nicaragua, fue directa, clara, y cargada de ese reproche oportuno al concierto de naciones representadas en ese foro global que es la ONU
En los peores momentos de la invasión, cuando nuestro país barajó todas las opciones que se abrÍan ante la artera acción del gobierno de Daniel Ortega , expertos dijeron: ¡Al consejo de Seguridad! ¡Que las Naciones Unidas pongan en su lugar a Nicaragua! Pero eso no era posible, aconsejaron los que saben, porque Naciones Unidas no reacciona si no hay sangre.
Eso fue lo que con lenguaje directo y sin adornos supo presentar la presidenta Chinchilla, para que se entienda y no se pierda en floridas citas de terceros.
Asimismo, escuchamos en NOTICIAS COLUMBIA, desde el pódium de la ONU en Nueva York a la mandataria precisando el deber de las potencias y los grandes consumidores de droga fuerte, -las potencias-, de indemnizar a estas naciones que son puente, pasto, y ruta de paso de los poderosos cárteles que son poderosos, precisamente porque las potencias compran volumen inimaginable.
La presidenta también abordó el tema del desarrollo y la cooperación, elemento funda mental, para el impulso de las economías, de la educación y las nobles armas que hacen posible el progreso. De nuevo fue muy congruente con lo que nuestra nación, en varias administraciones, ha venido señalándole a las potencias y al mundo en general.
Como Costa Rica tiene un ingreso per cápita mejor que los más desvalidos del África, resulta castigada. No es rica para ver por sÍ misma. No es miserable para que le manden lo básico c. No es, en suma, sujeto de cooperación como quisiéramos.
La presidenta lo ha sabido decir ante Naciones Unidas.
Nos hemos visto bien representados, con una voz que de país, y con un empeño que nos satisface.
martes, 9 de agosto de 2011
Conocer a los lectores
"Esos alumnos no tienen la culpa de ser ahora incapaces de leer Guerra y Paz o El Quijote. Acostumbrados a picotear información en sus computadoras, sin tener necesidad de hacer prolongados esfuerzos de concentración, han ido perdiendo el hábito y hasta la facultad de hacerlo, y han sido condicionados para contentarse con ese mariposeo cognitivo a que los acostumbra la Red, con sus infinitas conexiones y saltos hacia añadidos y complementos, de modo que han quedado en cierta forma vacunados contra el tipo de atención, reflexión, paciencia y prolongado abandono a aquello que se lee, y que es la única manera de leer, gozando, la gran literatura. Pero no creo que sea sólo la literatura a la que el Internet vuelve superflua: toda obra de creación gratuita, no subordinada a la utilización pragmática, queda fuera del tipo de conocimiento y cultura que propicia la Web" Las anteriores reflexiones las hace el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa en su columna del pasado domingo en el periódico El País. Estamos en medio de un proceso de reconfiguración del lector que, sospecho, nadie está teniendo en cuenta a la hora de producir información.
¿Qué sabemos de los lectores ticos del siglo XXI? No conozco que, más allá del ámbito del mercadeo, que es en mucho la preocupación principal de las empresas comerciales dedicadas a la producción y transmisión de información, haya estudios que nos permitan delinear con claridad los hábitos de lectura de la gente. Pero cuando según lo muestra un estudio de la firma UNIMER publicado en el semanario El Financiero, casi la mitad de la población costarricense forma parte e interactúa en alguna red social, no es descabellado que la descripción que hace Vargas Llosa del lector contemporáneo pueda extrapolarse al lector costarricense.
Y si esto es así, habría que empezar a repensar la forma en que generamos contenido y lo diseminamos. Y esto no es solo para hacer de ese contenido mas atractivo o valioso para ese "picoteador" de información, sino además porque es posible que ciertos aspectos hasta ahora utilizados de una manera tengan que ser evaluados a la luz de esta nueva perspectiva. Un ejemplo de esto debería ser el titular de las noticias en medios impresos. Hasta ahora, el titular pretendía, creo yo y posiblemente además de otras cosas, servir de "gancho" para atraer la atención del lector sobre una noticia en particular. Actualmente es común encontrar un cierto desencuentro entre titular y contenido, y muchas veces la noticia no es lo que el titular parece decir. Pero sospecho que para muchos lectores el titular se ha convertido en la noticia. Y a la luz de una suposición como esta, habría que valorar de manera distinta los titulares, y definirlos con otro sentido. Si el lector tico está "mariposeando cognitivamente", sacrificando la profundidad por la diversidad de fuentes, quedando en lo externo sin adentrarse en los detalles, es lo menos que se puede hacer.
Pero posiblemente lo que haga falta es hacer un estudio concienzudo sobre las características de los hábitos de lectura de los costarricenses. Hacer un retrato integral, saber bien cómo consume los contenidos informativos. Solo de esa manera podremos superar las consecuencias negativas que pueda generar la ligereza con la que muchos lectores, cuidado y no es la mayoría, está recibiendo y procesando su información.
domingo, 10 de julio de 2011
Construimos un país seguro
Primero tengo que decir que estoy algo sorprendido porque una noticia sobre un lema que venimos usando desde hace 2 meses en las cadenas de radio y televisión de pronto se convirtiera en motivo de discusión. La noticia en cuestión dice que se publicó una directriz para homologar el uso del lema en las comunicaciones oficiales y en campañas publicitarias de las instituciones públicas, de manera que quede claro que todas trabajan con un objetivo común, el de construir un país seguro. Pero por alguna razón algunas personas interpretaron la información de manera que le atribuyen a este acto una intención que no tenía.
¿Qué NO es el lema?
NO es una estrategia de combate a la inseguridad. NO tiene como objetivo “convencer” a la gente que vive en un país seguro. NO desconoce las condiciones actuales en el tema de la seguridad ciudadana ni las atribuye a una simple “percepción”. NO refiere a un hecho consumado, sino a un proceso en desarrollo. NO es un "dictum" mediante el cual, por arte de magia o de artificios propagandísticos decretamos el fin de la inseguridad. El sentido del lema NO es, como lo mencionó un twittero “usar este lema es como ponerse el título de LIC apenas entrando a la U”, sino mas bien “estamos trabajando para obtener el título de LIC”.
¿Qué SÍ es este lema?
Es un mensaje que define la línea de nuestra gestión gubernamental, de lo que queremos lograr y cómo concebimos el proceso de lograrlo. Queremos un país seguro que debemos construir todos juntos, en un esfuerzo gradual pero con sentido de urgencia. Además, el concepto de “seguridad” que utilizamos no se circunscribe al combate a la criminalidad, sino que cada acción se orienta a reforzar la seguridad humana en diferentes ámbitos:
• Seguridad social
• Seguridad ambiental
• Seguridad ciudadana
• Seguridad económica
"Construimos un país seguro" se refiere a nuestro proceso de construcción de una Costa Rica de bienestar en todos esos ámbitos.
Ante la inseguridad ciudadana ¿por qué este lema?
Precisamente es un llamado a todos -sociedad civil, empresa privada y Gobierno- para unirnos en la tarea de construir las defensas y los límites ante la criminalidad. La realidad que vivimos los y las costarricenses hoy, es precisamente la que queremos cambiar. Estamos inmersos en la tarea y a un año de Gobierno, aunque ya vemos avances, reconocemos que falta camino por recorrer. De ahí que pidamos la colaboración de la Asamblea Legislativa, todas las instituciones gubernamentales y la ayuda y organización de la sociedad civil.
La discusión de si estamos haciendo suficiente o lo correcto es compleja y estoy seguro que muchos tendrán su punto de vista. Pero el lema no pretendía ser mas que una declaración publica de la Costa Rica que queremos, lo que por supuesto nos compromete aun mas ante la ciudadanía. Estamos convencidos de que los resultados se irán concretando aun cuando el reto es enorme. Lo peor que podemos hacer es caer en el escepticismo y el pesimismo. No debemos dejar que esto suceda.
¿Qué NO es el lema?
NO es una estrategia de combate a la inseguridad. NO tiene como objetivo “convencer” a la gente que vive en un país seguro. NO desconoce las condiciones actuales en el tema de la seguridad ciudadana ni las atribuye a una simple “percepción”. NO refiere a un hecho consumado, sino a un proceso en desarrollo. NO es un "dictum" mediante el cual, por arte de magia o de artificios propagandísticos decretamos el fin de la inseguridad. El sentido del lema NO es, como lo mencionó un twittero “usar este lema es como ponerse el título de LIC apenas entrando a la U”, sino mas bien “estamos trabajando para obtener el título de LIC”.
¿Qué SÍ es este lema?
Es un mensaje que define la línea de nuestra gestión gubernamental, de lo que queremos lograr y cómo concebimos el proceso de lograrlo. Queremos un país seguro que debemos construir todos juntos, en un esfuerzo gradual pero con sentido de urgencia. Además, el concepto de “seguridad” que utilizamos no se circunscribe al combate a la criminalidad, sino que cada acción se orienta a reforzar la seguridad humana en diferentes ámbitos:
• Seguridad social
• Seguridad ambiental
• Seguridad ciudadana
• Seguridad económica
"Construimos un país seguro" se refiere a nuestro proceso de construcción de una Costa Rica de bienestar en todos esos ámbitos.
Ante la inseguridad ciudadana ¿por qué este lema?
Precisamente es un llamado a todos -sociedad civil, empresa privada y Gobierno- para unirnos en la tarea de construir las defensas y los límites ante la criminalidad. La realidad que vivimos los y las costarricenses hoy, es precisamente la que queremos cambiar. Estamos inmersos en la tarea y a un año de Gobierno, aunque ya vemos avances, reconocemos que falta camino por recorrer. De ahí que pidamos la colaboración de la Asamblea Legislativa, todas las instituciones gubernamentales y la ayuda y organización de la sociedad civil.
La discusión de si estamos haciendo suficiente o lo correcto es compleja y estoy seguro que muchos tendrán su punto de vista. Pero el lema no pretendía ser mas que una declaración publica de la Costa Rica que queremos, lo que por supuesto nos compromete aun mas ante la ciudadanía. Estamos convencidos de que los resultados se irán concretando aun cuando el reto es enorme. Lo peor que podemos hacer es caer en el escepticismo y el pesimismo. No debemos dejar que esto suceda.
jueves, 2 de junio de 2011
Estado de la Administración Pública en Centroamérica
Me pidieron, en el evento al que asisto, que fungiera como relator de una de las mesas de trabajo, la dedicada al diagnóstico de la Administración Pública en la región. Comparto con ustedes el informe de relatoría que presentaré en la sesión plenaria que se celebrará más tarde. Recoge las intervenciones de los diferentes participantes, provenientes de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Haití, República Dominicana y Nicaragua.
- La pregunta que debe guiar cualquier valoración de la Administración Pública es ¿cuál es el aporte que la AP debe hacer en el proceso de desarrollo de un país?
- Para comenzar a responder esta pregunta, es imprescindible considerar algunos aspectos medulares, que son el resultado de un proceso de reforma de estado que se impulsó hace 30 años, que aunque se ejecutó desigualmente en los países de la región, es homogénea en sus consecuencias de debilitamiento institucional.
- Hay una crisis de legitimidad institucional, que incluye todos los ámbitos. Hay un descrédito de lo político y lo público, el Estado está arrinconado.
- Una tendencia al hiperlegalismo como respuesta a la corrupción en el sector público, ha resultado en un inmovilismo que en mucho es consecuencia de controles excesivos de la acción pública, pero que también proviene de la inseguridad en la que se encuentra el funcionario público ante un marco legal profuso y en muchos aspectos confuso, que opera en contra de la posibilidad de decidir oportunamente. La relativización de la ley potencia la interpretación y genera incertidumbre en la acción pública, incidiendo directamente en la calidad, pertinencia y oportunidad de los servicios.
- Hemos buscado otros actores que suplan al Estado por su ineficacia. El resultado neto de este esfuerzo ha sido, de manera mas o menos generalizada en la región, un reforzamiento del escepticismo y la desesperanza ciudadana, así como un factor desestimulante de la participación social, ante la virtual desaparición del estado de diferentes ámbitos de la vida nacional.
- Pese a lo anterior, la articulación de intereses usualmente de carácter locales o gremiales ha resultado en la participación de grupos específicos, que plantean demandas especializadas que la Administración Pública no necesariamente tiene la capacidad de atender.
- Se agrava aun mas esta debilidad por la tendencia histórica de cambiar cada cuatro años tanto políticas como funcionarios, lo que no permite la construcción de capacidades a largo plazo.
- La elección de lo que el Estado puede aportar no es del todo voluntaria: la globalización ha impuesto ciertas reformas que no solo limitan las posibles respuestas a la pregunta anterior, pero que constituyen en la práctica una limitación a la soberanía nacional.
- También es necesario considerar la presencia de poderes fácticos que operan al margen de la institucionalidad formal pero influyen de manera real en el proceso de formulación de políticas públicas
- Finalmente, cualquier diagnóstico debe sustentarse en indicadores verificables, que permitan valorar el impacto de las reformas que se planteen
- Pero además es imprescindible incluir ciertos ámbitos que tienen una incidencia directa en las posibilidades de definición de la administración pública del futuro:
o Hay un componente ético, un conjunto de valores, paradigmas y modelos que confluyen y se concretan en la forma que adquieren las instituciones. No es posible debatir sobre las posibilidades reales de reforma y revitalización de la Administración Pública sin considerar este aspecto
o De la misma manera, no es posible discutir sobre el rol de la Administración Pública sin considerar la imperiosa necesidad de incorporar la gestión de riesgo, ineludible en una región que, como la centroamericana, sufre frecuentemente los embates de la naturaleza.
o Hay retos inéditos que derivan de hechos singulares y que generan la necesidad de reformular la manera en que se proveen ciertos servicios. Un ejemplo evidente lo constituye la amenaza del narcotráfico.
o Las reformas del estado deben incluir la modificación de leyes que consolidan esquemas políticos no necesariamente democráticos. La reforma, entendida solo como un ejercicio administrativo que no valore el entorno político y social en el que se desempeñan las instituciones, siempre será insuficiente
o El debate sobre el rol de la administración pública será un debate vacío mientras no se le dote de recursos suficientes para que pueda asumir las responsabilidades que se quiera asignarle de cara a los restos del futuro.
o La necesidad de revitalizar la administración pública requiere que las normas que rigen su funcionamiento tengan rango constitucional o, que como mínimo, deriven de procesos de concertación social
- La pregunta que debe guiar cualquier valoración de la Administración Pública es ¿cuál es el aporte que la AP debe hacer en el proceso de desarrollo de un país?
- Para comenzar a responder esta pregunta, es imprescindible considerar algunos aspectos medulares, que son el resultado de un proceso de reforma de estado que se impulsó hace 30 años, que aunque se ejecutó desigualmente en los países de la región, es homogénea en sus consecuencias de debilitamiento institucional.
- Hay una crisis de legitimidad institucional, que incluye todos los ámbitos. Hay un descrédito de lo político y lo público, el Estado está arrinconado.
- Una tendencia al hiperlegalismo como respuesta a la corrupción en el sector público, ha resultado en un inmovilismo que en mucho es consecuencia de controles excesivos de la acción pública, pero que también proviene de la inseguridad en la que se encuentra el funcionario público ante un marco legal profuso y en muchos aspectos confuso, que opera en contra de la posibilidad de decidir oportunamente. La relativización de la ley potencia la interpretación y genera incertidumbre en la acción pública, incidiendo directamente en la calidad, pertinencia y oportunidad de los servicios.
- Hemos buscado otros actores que suplan al Estado por su ineficacia. El resultado neto de este esfuerzo ha sido, de manera mas o menos generalizada en la región, un reforzamiento del escepticismo y la desesperanza ciudadana, así como un factor desestimulante de la participación social, ante la virtual desaparición del estado de diferentes ámbitos de la vida nacional.
- Pese a lo anterior, la articulación de intereses usualmente de carácter locales o gremiales ha resultado en la participación de grupos específicos, que plantean demandas especializadas que la Administración Pública no necesariamente tiene la capacidad de atender.
- Se agrava aun mas esta debilidad por la tendencia histórica de cambiar cada cuatro años tanto políticas como funcionarios, lo que no permite la construcción de capacidades a largo plazo.
- La elección de lo que el Estado puede aportar no es del todo voluntaria: la globalización ha impuesto ciertas reformas que no solo limitan las posibles respuestas a la pregunta anterior, pero que constituyen en la práctica una limitación a la soberanía nacional.
- También es necesario considerar la presencia de poderes fácticos que operan al margen de la institucionalidad formal pero influyen de manera real en el proceso de formulación de políticas públicas
- Finalmente, cualquier diagnóstico debe sustentarse en indicadores verificables, que permitan valorar el impacto de las reformas que se planteen
- Pero además es imprescindible incluir ciertos ámbitos que tienen una incidencia directa en las posibilidades de definición de la administración pública del futuro:
o Hay un componente ético, un conjunto de valores, paradigmas y modelos que confluyen y se concretan en la forma que adquieren las instituciones. No es posible debatir sobre las posibilidades reales de reforma y revitalización de la Administración Pública sin considerar este aspecto
o De la misma manera, no es posible discutir sobre el rol de la Administración Pública sin considerar la imperiosa necesidad de incorporar la gestión de riesgo, ineludible en una región que, como la centroamericana, sufre frecuentemente los embates de la naturaleza.
o Hay retos inéditos que derivan de hechos singulares y que generan la necesidad de reformular la manera en que se proveen ciertos servicios. Un ejemplo evidente lo constituye la amenaza del narcotráfico.
o Las reformas del estado deben incluir la modificación de leyes que consolidan esquemas políticos no necesariamente democráticos. La reforma, entendida solo como un ejercicio administrativo que no valore el entorno político y social en el que se desempeñan las instituciones, siempre será insuficiente
o El debate sobre el rol de la administración pública será un debate vacío mientras no se le dote de recursos suficientes para que pueda asumir las responsabilidades que se quiera asignarle de cara a los restos del futuro.
o La necesidad de revitalizar la administración pública requiere que las normas que rigen su funcionamiento tengan rango constitucional o, que como mínimo, deriven de procesos de concertación social
lunes, 18 de abril de 2011
Posible directorio legislativo de oposición
Para mí es muy difícil no referirme a los acontecimientos que se han venido suscitando en los últimos días en relación a la posibilidad de que el directorio legislativo quede en manos de la oposición. Aprovecho entonces la oportunidad para hacer algunas reflexiones sobre el tema, y de paso reactivar este abandonado blog.
De entrada el panorama no parece ser positivo: una alianza que no tiene un programa mínimo común, salvo el de establecer el orden para la rotación de los puestos que se van a repartir en los próximos tres años, pretende controlar el directorio legislativo. Se habla de "impulsar una agenda de consenso", pero se deja eso para después: la carreta delante de los bueyes. Lo primero, según yo, era saber para qué se quieren los puestos del directorio, es decir, para qué se quiere el poder y no al revés, primero asumir los cargos y después ver qué se hace. Aquí vale la pena recordar además que solo hace apenas unas semanas, el exministro de la Presidencia, don Marco Vargas, ofreció a la oposición construir una agenda de consenso para los dos meses de sesiones extraordinarias que restaban en ese momento; no fue posible alcanzar un acuerdo por las profundas discrepancias entre los partidos de oposición. Si no se pudo para dos meses, ¿qué podemos esperar para tres años?.
Hay que decir, sin embargo, que es natural que esto fuera así, porque las diferencias entre estos partidos son,aparentemente, irreconciliables. A menos que se esté dispuesto a flexibilizar principios ideológicos que han sido tan pública y entusiastamente reivindicados por cada uno de ellos. Y la cosa sería anecdótica si no fuera porque hay temas que realmente le urgen al país. Por ejemplo, ¿a qué acuerdo pueden llegar Libertarios, PAC y Frente Amplio en el tema de la Ley General de Electricidad? ¿Cómo conciliar posiciones tan divergentes? ¿O será que la respuesta a estas interrogantes es simplemente no discutir estos temas fundamentales?
El resultado neto de todo este ejercicio podría ser el de agregar un obstáculo más a la ya de por sí entrabada acción del Gobierno. Es sentido común puro y simple: no abona a la posibilidad de hacer cosas el que no haya una comunicación fluida entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Y esto no será posible en este caso porque hay intereses disímiles, que son de origen, entre la oposición y el Poder Ejecutivo, que derivan a su vez de responsabilidades igualmente disímiles. Y esta diferencia no hace más que tornar las cosas más difíciles.
Y luego, por supuesto, está el tema de la consistencia. ¿Cómo, después de haber dicho todo lo que se ha dicho, se puede valorar apoyar a grupos con los que hasta ahora se decía tener una distancia insalvable?. Pero eso por supuesto debería ser preocupación de los partidarios de cada uno de esos grupos.
Ojalá que en las dos semanas que quedan para la elección del directorio haya diputados y diputadas que valoren con sentido patriótico y, por qué no, político, el peso de la responsabilidad que podrían tener en este episodio. El país de veras se los agradecería mucho.
De entrada el panorama no parece ser positivo: una alianza que no tiene un programa mínimo común, salvo el de establecer el orden para la rotación de los puestos que se van a repartir en los próximos tres años, pretende controlar el directorio legislativo. Se habla de "impulsar una agenda de consenso", pero se deja eso para después: la carreta delante de los bueyes. Lo primero, según yo, era saber para qué se quieren los puestos del directorio, es decir, para qué se quiere el poder y no al revés, primero asumir los cargos y después ver qué se hace. Aquí vale la pena recordar además que solo hace apenas unas semanas, el exministro de la Presidencia, don Marco Vargas, ofreció a la oposición construir una agenda de consenso para los dos meses de sesiones extraordinarias que restaban en ese momento; no fue posible alcanzar un acuerdo por las profundas discrepancias entre los partidos de oposición. Si no se pudo para dos meses, ¿qué podemos esperar para tres años?.
Hay que decir, sin embargo, que es natural que esto fuera así, porque las diferencias entre estos partidos son,aparentemente, irreconciliables. A menos que se esté dispuesto a flexibilizar principios ideológicos que han sido tan pública y entusiastamente reivindicados por cada uno de ellos. Y la cosa sería anecdótica si no fuera porque hay temas que realmente le urgen al país. Por ejemplo, ¿a qué acuerdo pueden llegar Libertarios, PAC y Frente Amplio en el tema de la Ley General de Electricidad? ¿Cómo conciliar posiciones tan divergentes? ¿O será que la respuesta a estas interrogantes es simplemente no discutir estos temas fundamentales?
El resultado neto de todo este ejercicio podría ser el de agregar un obstáculo más a la ya de por sí entrabada acción del Gobierno. Es sentido común puro y simple: no abona a la posibilidad de hacer cosas el que no haya una comunicación fluida entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Y esto no será posible en este caso porque hay intereses disímiles, que son de origen, entre la oposición y el Poder Ejecutivo, que derivan a su vez de responsabilidades igualmente disímiles. Y esta diferencia no hace más que tornar las cosas más difíciles.
Y luego, por supuesto, está el tema de la consistencia. ¿Cómo, después de haber dicho todo lo que se ha dicho, se puede valorar apoyar a grupos con los que hasta ahora se decía tener una distancia insalvable?. Pero eso por supuesto debería ser preocupación de los partidarios de cada uno de esos grupos.
Ojalá que en las dos semanas que quedan para la elección del directorio haya diputados y diputadas que valoren con sentido patriótico y, por qué no, político, el peso de la responsabilidad que podrían tener en este episodio. El país de veras se los agradecería mucho.
martes, 8 de febrero de 2011
Alberto Cortés y Ana Lorena Brenes
Conozco a Alberto Cortés, Director del Consejo Universitario de la UCR, ahora que lo pienso, desde hace más de 15 años, lo que no es poca cosa. Casi nunca hemos estado de acuerdo en la mayoría de los temas, pero estoy casi seguro que no ha habido una sola vez en la que nuestras discrepancias hayan terminado en alguna discusión altisonante. Mas bien nos hemos enfrascado en debates llenos de humor y fisga, en donde es normal que terminemos riéndonos de alguna cosa que finalmente no tenía nada que ver con la discusión original.
Recuerdo que unos días antes del referéndum sobre el TLC participamos en un debate sobre el papel de la prensa en ese proceso, y lo que algunos imaginaron iba a ser un acalorado intercambio terminó siendo un conversatorio en donde para la sorpresa de muchos Alberto y yo coincidimos en poco y discrepamos en mucho, pero en un marco de respeto que sospecho debe haber decepcionado a buena parte de los asistentes.
Esto ha sido posible porque ambos hemos entendido que nuestras diferencias, aunque grandes, son honestas. En el libro "Conversación en La Catedral" de Mario Vargas Llosa, Zavalita, el personaje principal, se lamenta no tener la convicción que sus camaradas de izquierda tienen en sus ideales, y que esto lo llene de dudas acerca de la sinceridad de su militancia. Alberto no tiene dudas y eso le ha permitido una vida de militancia honesta basada en una gran sensibilidad social y política. Y es por eso, porque no tiene dudas y se echa al agua, que a veces comete errores. Pero hay siempre un fundamento ético en lo que hace, y eso es algo que yo, que creo que está equivocado en muchas cosas, no puedo dejar de admirarle. Incluso en el caso de la fallida censura a Watson.
A Ana Lorena Brenes la conozco hace más tiempo. Lore -y me van a perdonar esta familiaridad que incluso no pude dejar de usar cuando nos reuníamos ella como Procuradora y yo como Ministro-, además de ser la esposa de uno de mis mejores amigos, es una profesional que a mí me angustia porque oyéndola hablar me doy cuenta que yo no conozco tanto -ni creo disfrutar tanto- de lo que hago como ella conoce y disfruta lo que hace. Pero además porque sin ser abogado me doy cuenta que lo que dice está fundamentado con una rigurosidad que solo es posible cuando de veras se sabe mucho de la materia de la que está hablando. Cinco minutos oyendo a Lore es suficiente para comprobar lo que digo.
Por todo esto me ha llamado la atención que haya gente que con una ligereza sorprendente esté pidiendo la renuncia de Ana Lorena a su cargo de Procuradora General de la República, porque, argumentan algunos, la decisión que tomó la PGR de apelar el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo sobre el tema Crucitas se origina en llamadas telefónicas que Lore recibió. Quienes así piensan, estoy seguro, no se han tomado el trabajo de leer el recurso presentando por la Procuraduría, en donde encontrarán una argumentación sólida y producto de un análisis riguroso y objetivo.
Ana Lorena Brenes es una abogada sólida, honesta e íntegra. Si no estuviera convencida de que hay fundamento para hacerlo, nunca habría apelado el fallo de Crucitas. La prueba es precisamente la calidad del alegato que se presentó, y las razones que ella misma ha tratado de exponer, con su habitual seguridad, en medio del circo en el que ha derivado todo este tema. Valdría la pena bajar el tono y poner atención. Tal vez todos aprendamos algo
Recuerdo que unos días antes del referéndum sobre el TLC participamos en un debate sobre el papel de la prensa en ese proceso, y lo que algunos imaginaron iba a ser un acalorado intercambio terminó siendo un conversatorio en donde para la sorpresa de muchos Alberto y yo coincidimos en poco y discrepamos en mucho, pero en un marco de respeto que sospecho debe haber decepcionado a buena parte de los asistentes.
Esto ha sido posible porque ambos hemos entendido que nuestras diferencias, aunque grandes, son honestas. En el libro "Conversación en La Catedral" de Mario Vargas Llosa, Zavalita, el personaje principal, se lamenta no tener la convicción que sus camaradas de izquierda tienen en sus ideales, y que esto lo llene de dudas acerca de la sinceridad de su militancia. Alberto no tiene dudas y eso le ha permitido una vida de militancia honesta basada en una gran sensibilidad social y política. Y es por eso, porque no tiene dudas y se echa al agua, que a veces comete errores. Pero hay siempre un fundamento ético en lo que hace, y eso es algo que yo, que creo que está equivocado en muchas cosas, no puedo dejar de admirarle. Incluso en el caso de la fallida censura a Watson.
A Ana Lorena Brenes la conozco hace más tiempo. Lore -y me van a perdonar esta familiaridad que incluso no pude dejar de usar cuando nos reuníamos ella como Procuradora y yo como Ministro-, además de ser la esposa de uno de mis mejores amigos, es una profesional que a mí me angustia porque oyéndola hablar me doy cuenta que yo no conozco tanto -ni creo disfrutar tanto- de lo que hago como ella conoce y disfruta lo que hace. Pero además porque sin ser abogado me doy cuenta que lo que dice está fundamentado con una rigurosidad que solo es posible cuando de veras se sabe mucho de la materia de la que está hablando. Cinco minutos oyendo a Lore es suficiente para comprobar lo que digo.
Por todo esto me ha llamado la atención que haya gente que con una ligereza sorprendente esté pidiendo la renuncia de Ana Lorena a su cargo de Procuradora General de la República, porque, argumentan algunos, la decisión que tomó la PGR de apelar el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo sobre el tema Crucitas se origina en llamadas telefónicas que Lore recibió. Quienes así piensan, estoy seguro, no se han tomado el trabajo de leer el recurso presentando por la Procuraduría, en donde encontrarán una argumentación sólida y producto de un análisis riguroso y objetivo.
Ana Lorena Brenes es una abogada sólida, honesta e íntegra. Si no estuviera convencida de que hay fundamento para hacerlo, nunca habría apelado el fallo de Crucitas. La prueba es precisamente la calidad del alegato que se presentó, y las razones que ella misma ha tratado de exponer, con su habitual seguridad, en medio del circo en el que ha derivado todo este tema. Valdría la pena bajar el tono y poner atención. Tal vez todos aprendamos algo
jueves, 3 de febrero de 2011
De mitos urbanos, censura y algunas cosas mas
Una ensalada de temas:
Mitos y prejuicios fáciles: hay algunas cosas que de repetirse frecuentemente se tornan verdades absolutas que perjudican nuestra percepción de los acontecimientos sociales, políticos y económicos. Y quiero referirme a algunos de los más difundidos, como un aporte que permita dejar claro que la realidad es mucho más compleja de lo que se puede presentar en 30 segundos de una nota periodística en un telenoticiero, o en 4000 caracteres en los medios impresos.
Por ejemplo, siempre se habla con mucho desparpajo de los niveles de ejecución presupuestaria de las instituciones públicas como una prueba inequívoca de su ineficiencia, que además en este país se ha convertido, mediante una interesada extrapolación conceptual, en sinónimo de corrupción. Pero lo cierto es que en la no ejecución de presupuestos confluyen muchos factores. Ciertamente es posible encontrar displicencia en unos pocos funcionarios públicos, pero existen otros elementos que en la mayoría de los casos son los verdaderos responsables del nivel de ejecución de los presupuestos públicos.
Uno de ellos es conceptual: para la Contraloría General de la República no existen mas que dos estados en el proceso de ejecución de presupuesto: presupuestado y gastado. Pero lo cierto es que existe un tercer estado: comprometido. En muchos casos la administración pública compra bienes y servicios que no paga hasta que obtiene los productos adquiridos. Pero esos recursos, aunque no hayan sido estrictamente "gastados", no están disponibles pues están comprometidos para ser utilizados cuando se obtengan los bienes y servicios contratados. Lo ilustro con un ejemplo: el MOPT compra puentes Bailey pero no los paga hasta que lleguen al país, cosa que puede tardar algunos meses. Mientras tanto, los recursos para pagar los puentes se mantienen en las arcas del Estado, aun cuando ya no están disponibles; pese a esto, la CGR considera este monto como presupuesto no ejecutado y lo reporta de una manera tal que parece que hay una gran ineficiencia. Pero la verdad es un poco más compleja.
Segundo, con frecuencia las instituciones reciben los recursos en un momento del año en que ya no tienen tiempo para ejecutarlos. En el caso sobre todo de impuestos para financiar instituciones y programas específicos, los montos que se giran dependen del ritmo de recaudación; en algunos casos el grueso de lo que se recauda se obtiene en el segundo semestre, y dado el ordenamiento jurídico vigente es virtualmente imposible llevar a cabo adquisiciones de cierta magnitud en menos de 6 meses. Por otra parte le Ministerio de Hacienda "jinetea" los recursos, y cuando estos son escasos normalmente se gira lo urgente primero y lo demás se va acomodando a la disponibilidad de recursos. Esto también genera bajos niveles de ejecución, sobre todo a las municipalidades, que tienen partidas millonarias provenientes de impuestos específicos.
Otro mito, que acabo de ver en un noticiero: "tal institución pública adquirió vehículos de lujo para giras de sus funcionarios". Puesta así esta noticia transmite la idea de que los funcionarios públicos utilizan fondos institucionales para darse lujos innecesarios o inmerecidos. Lo cierto es que las licitaciones para la compra de vehículos normalmente no incluyen especificaciones de extras, sino que estas cosas son agregadas por los proveedores como una forma de hacer su oferta más atractiva. Entonces, aun cuando la institución haya licitado la compra de por ejemplo "un vehículo 4x4 con capacidad para 5 personas y motor de al menos 2500 cc", un proveedor puede, para endulzar el trato, ofrecer aros de lujo, radios con entrada mp3, climatizador y estribos, todo sin costo adicional para la administración. Y lo hacen no porque quieran ayudar, por supuesto, sino porque quieren ganar la licitación y establecer relaciones sobre todo con las instituciones que requieren más vehículos para su trabajo. Por eso es que en muchos casos las instituciones públicas terminan con unos chuzos que parecieran demasiado ostentosos, pero que no son realmente lo que la administración licitara.
Finalmente, un mito recurrente que sigo sin entender cómo es que todavía existe: los diputados no obtienen ninguna pensión al final de su período en la Asamblea Legislativa, a menos que tengan derecho en algún otro régimen. Los cuatro años en la Asamblea, a la luz de un reciente pronunciamiento del Ministerio de Trabajo, ni siquiera sirve para aumentar una pensión existente, como pretendían algunos exdiputados que tienen pensiones del Magisterio Nacional. Pero la verdad es que ningún diputado terminará su período como diputado con una pensión de dos millones y medio de colones por el resto de su vida. Si fuera así, José María Villalta sería el pensionado más joven del país.
Sobre el incidente UCR-James Watson: para mí el hecho es relevante porque me confirma algo que vengo denunciando desde hace tiempo. Es increíble que hayamos llegado al punto en que un grupo de autoridades universitarias crean tener razones suficientes para determinar qué es aceptable y qué no lo es para el resto de los universitarios. Es el corolario de una tendencia a la intolerancia que tuvo manifestaciones muy evidentes en el pasado -no se le permitió a un candidato presidencial grabar un programa en Canal 15 en las elecciones del 2006, el debate sobre el TLC terminó siendo una gritería irrespetuosa e intolerante en contra de quienes apoyaban el Tratado-, pero que ahora, asumida aun con razones más elaboradas por el Consejo Universitario, deja en evidencia la necesidad de defender sin ambages ciertos principios definitorios de la vida universitaria.
Y el tema no es si estamos de acuerdo o no con lo que ha dicho Watson -probablemente una mayoría aplastante rechace sus afirmaciones misóginas, racistas y homofóbicas-, sino que hay un peligro objetivo de que comencemos a flexibilizar el criterio de la exclusión y terminemos censurando a quienes no piensen como nosotros. ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión? ¿Quién los define? ¿ Cuáles son los valores éticos "institucionales"? ¿Quién los valida? ¿Qué hacemos con los que no están de acuerdo?
En la página Facebook de mi buen amigo Alberto Cortés, quien defiende la postura del Consejo con verdadera honestidad intelectual y que tiene un punto de vista respetable, Mauricio Herrera escribió algo que me pareció interesante y que comparto con ustedes:
¿Habría que censurar conferencias literarias de Borges por su "ambiguedad" ante la dictadura argentina, o de Vargas Llosa por ser un neoliberal, o un concierto de Shostakovitch por defender el comunismo soviético, o quemar los libros de Juan Ramón Jiménez por maltratar a su esposa, o proscribir a Allan Poe por ser un borracho o a García Márquez por defender a Fidel y a la Revolución? Comenzamos censurando a un biólogo molecular que habla de ciencia ¡en una UNIVERSIDAD¡ y después se podría censurar cualquier discurso que no satisfaga lo que algun@s consideran moral o políticamente correcto. El debate debe ser estimulado, no inhibido, y no podemos andar por ahí diciéndole a la gente lo que debe o no debe escuchar y discutir, con base en lo que un grupo considera que son "valores" apropiados. Lo que sí ha sido peligroso es cuando algunos se sienten poseedores de la verdad acerca de lo que es conveniente para su sociedad, y terminan imponiendo censura: Chávez, Fujimori, Franco, Fidel, Mc Carthy y muchos otros manifestaban muy buenas intenciones morales para sus sociedades... Pareciera que el Consejo Universitario de la UCR cometió un exceso, con las mejores intenciones, y que su decisión configura censura previa y contradice a la Constitución
Excelente aporte que me parece resume de la mejor manera el tema en cuestión.
Nuevo microprograma de Antonio Alvarez Desanti
Tal vez para los mas jóvenes este sea un tema extraño (salvo tal vez para quienes viven en zonas más alejadas del casco urbano), pero para los que ya tenemos unos añitos esta es posiblemente una de las cosas que más recordamos de nuestra infancia: la existencia del barrio, ese lugar en el que encontrábamos a nuestros compañeros de mejenga, a los cómplices de las travesuras, a nuestra primera novia...
martes, 18 de enero de 2011
¿Quiénes estudian en instituciones privadas? ¿Quiénes lo hacen en las públicas?
Ahora que se presentó el plan fiscal, uno de los puntos que más se ha venido debatiendo es la pertinencia de gravar la educación privada. De un intercambio que tuve con Juan Carlos Hidalgo y Mishelle Mitchell, y a sugerencia de José Francisco Correa, quisiera aportar alguna información que pareciera relevante para este debate. La misma fue elaborada por la M.Sc. Raquel Barrientos, quien fuera mi colaboradora en MIDEPLAN y actualmente es parte de la Junta Directiva del INEC, y a la que siempre acudo cuando necesito información de este tipo.
Cuando se analiza la matrícula educativa respecto al ingreso familiar, los resultados muestran una concentración grande de estudiantes de alto ingreso en las universidades privadas, aun cuando el porcentaje de personas de ingresos medios y bajos es importante. En el caso de la educación universitaria, un 68,41% de quienes estudian en universidades privadas provienen de familias cuyo nivel de ingreso los sitúa en los tres deciles más altos, esto es, el 30% más rico. Por otra parte, solo un 5,69% de los estudiantes de universidades privadas proviene de los tres deciles más bajos, es decir, el 30% más pobre. El restante 25,91% se sitúa en los deciles intermedios.
Los datos que presento a continuación se extrajeron de la Encuesta de Hogares que realizó el INEC en el año 2009. Los datos correspondientes al 2010, año en el que se utilizó una nueva metodología para medir el ingreso familiar aun no están disponibles, aunque es muy probable que los resultados no sean dramáticamente diferentes.
Para el año 2009, 1,128,976 personas cursaban estudios en instituciones públicas, 24,891 en los denominados centros semipúblicos o semioficiales, mientras 283,201 lo hacían en centros privados. En los niveles universitario y parauniversitario hay más personas en instituciones privadas que en las públicas, 159,064 y 124,734 en el primer caso, y 6,024 y 4,651 en el segundo. En los demás niveles hay mas estudiantes en centros públicos que en los privados.
El patrón se repite en el nivel de educación secundaria. Un 77,03% de los estudiantes de colegios privados proviene de los tres deciles superiores, mientras que solo el 0,29% proviene de los tres deciles inferiores y un 22,68 de los intermedios. En la escuela, los porcentajes, prácticamente se repiten: un 76,46% de los estudiantes de la escuelas privadas provienen del 30% más rico, un 3,71% del 30% mas pobre y un 19,83% de los intermedios.
Como conclusiones generales un podría afirmar con base a esta información estadística que en promedio dos terceras partes de quienes actualmente cursan estudios en instituciones privadas no parece que vayan a tener problemas para pagar el impuesto que se propone, dado el nivel de ingreso familiar. Desde esta perspectiva, el impuesto resulta progresivo.
Sin embargo hay otro tercio que bien puede resultar afectado, sobre todo en el nivel universitario, pues en la secundaria se eximirá del impuesto a las mensualidades menores a ¢110,000. Habrá que tener en consideración a ese grupo en el debate de la reforma propuesta.
¿Y qué dice la encuesta sobre la educación pública? En el 2009 el 49,16% de los estudiantes de escuelas públicas provenían de los 3 deciles más bajos, un 39,81% de los intermedios y un 11,03% de los 3 más altos. En el colegio, la cosa empieza a darse vuelta, pues solo el 39,85% de los colegios público proviene del 30% más pobre (y sospecho que esa cifra era más alta antes de que se impulsara el programa Avancemos), un 45,38% de los intermedios y un 14,78% del 30% más rico. Y finalmente en las universidades públicas se vuelca la tortilla: apenas un 8,25% de quienes cursan estudios en universidades públicas proviene de familias cuyos ingresos las clasifican en los 3 deciles más bajos, un 32,42% de los intermedios y un 59,32% de familias cuyo ingreso las clasifica dentro del 30% más rico.
Estos son los números. Hay mucho que discutir alrededor de este panorama, y no solo se trata de una discusión sobre impuestos. Pero si la reforma fiscal propicia esa discusión, en buena hora. Debatamos, eso sí, sobre la base de información real, y no de percepciones subjetivas.
lunes, 17 de enero de 2011
Microprograma de Antonio Alvarez Desanti
A raíz de la gira promocional que hizo con motivo de la publicación de su libro "La Salida", alguna gente le propuso a Antonio que siguiera compartiendo sus ideas y reflexiones, sobre todo acerca de aquellas cosas que le son más cercanas. Aquí está el resultado de esa solicitud, el primero de una serie de micros sobre temas cotidianos.
lunes, 10 de enero de 2011
Descentralizar, qué y cómo
¿Por qué debemos llevar a cabo un proceso de descentralización y fortalecimiento de gobiernos locales en Costa Rica? Aún cuando el modelo centralizado de gestión vigente ha generado resultados muy positivos a lo largo de la historia nacional, sus limitaciones se hacen cada vez más evidentes ante una realidad compleja marcada por profundas desigualdades regionales. Cuando el aparato estatal es centralista por vocación y convicción, sus responsables políticos no siempre son concientes de tales asimetrías.
La mayoría de los países desarrollados asignan un gran peso a las instancias locales como ejecutoras del gasto público total, condición que parece indispensable para aumentar la eficiencia y eficacia del mismo. El Primer Informe Mundial sobre Descentralización y la Democracia Local realizado por la United Cities of Local Governments en el 2008 pone en evidencia contrastes dramáticos: en los países europeos más descentralizados los gastos locales como porcentaje de PIB superan el 20 % (Dinamarca, Suecia, Suiza), en otros se ubican entre el 10 y el 20% (Noruega, Reino Unido, Francia) y los más centralistas alcanzan proporciones de entre el 5 y el 10% (España, Alemania). En Canadá y EEUU este porcentaje asciende al 7,5% y al 9.6% respectivamente; en Japón, los gastos ejecutados por instancias locales ascienden a 12,3% del PIB, en Corea del Sur a 16% y en China, la estrella rutilante de la economía mundial, el porcentaje alcanza un impresionante 22%. Mientras tanto, en Costa Rica los gobiernos locales son responsables de un gasto de apenas 1,2% del PIB, representando un modestísimo 6% del gasto público total.
Con estas cifras no debería haber dudas sobre la necesidad de aumentar recursos a las municipalidades. Pero a esta realidad se opone un argumento que de repetirse constantemente se ha convertido en un prejuicio, basado en una injusta generalización aceptada sin rigor y derivada de un cierto desconocimiento sobre las realidades municipales del país. ¿Cómo se le pueden asignar más recursos a las municipalidades si no son capaces de usar bien los que tienen actualmente? ¿No es cierto que tienen altos niveles de subejecución presupuestaria?.
La respuesta no es sencilla e incluye múltiples elementos que han sido objeto de numerosos estudios en el pasado. La subejecución no siempre es sinónimo de ineficacia: frecuentemente los gobiernos locales no puedan ejecutar presupuestos porque las partidas les son giradas en el segundo semestre del año, lo que hace prácticamente imposible gastarlas oportunamente dentro del actual marco jurídico que regula la actuación de los entes públicos. Pero además es fundamental quebrar el círculo vicioso en que algunas de las municipalidades están metidas: no se pueden ejecutar los recursos actuales porque no cuentan con las condiciones necesarias para hacerlo, condiciones que solo se tendrán cuando tengan los recursos necesarios para construir esas condiciones.
Consideraciones como estas, y la concreción de una reforma constitucional aprobada 10 años antes, motivaron al gobierno del Dr. Oscar Arias a impulsar una ley de transferencia de competencias que ha sido objeto de intensa discusión en este año, ley que por cierto fue aprobada unánimemente en la anterior Asamblea Legislativa. En su artículo 3 se establece que “cada ley especial especificará cuáles competencias se transfieren, las reglas sobre su ejercicio y los fondos necesarios para ejercerla”. De aquí claramente se desprende la posibilidad de definir formas alternativas de transferencia que van más allá del simple traslado de recursos de un lado a otro, que es la única opción que parece haber estado en discusión hasta ahora.
No se trata entonces de un dictum para trasladar dinero desvistiendo un santo para vestir a otro, sino de un marco amplio que permite la definición creativa de alternativas viables, si se tiene, por supuesto, la voluntad política para hacerlo. La ley fue concebida en ese espíritu; desde esta perspectiva, la cifra de ¢40,000 millones que supuestamente deben ser trasladados anualmente a las municipalidades y que es producto de una simple operación aritmética y para cuyo cálculo no era necesario hacer estudios, se esgrime como resultado de una visión inflexible del proceso de descentralización, o de una ausencia de convicción que bien podría admitirse de una vez por todas para que sepamos a qué atenernos en este tema.
Un hecho reciente permite ilustrar lo anterior. Hace unos meses la Contraloría General de la República ordenó al MOPT trasladar todos los recursos destinados al mantenimiento de las rutas cantonales a las municipalidades. El proceso es complejo, porque para poder ejecutar estos recursos se requiere de un aparato técnico-administrativo que la mayor parte de los gobiernos locales no tiene. ¿Por qué no trasladar entonces a las municipalidades la potestad de determinar cómo se deben utilizar estos recursos, manteniendo centralizada la ejecución de los mismos para conservar las ventajas que la economía de escala ofrece?.
En esta misma línea podría hacerse un inventario de los programas de ministerios e instituciones autónomas similares al caso de las rutas cantonales mencionado y trasladar a los gobiernos locales la potestad de la definición de prioridades, dejando en manos de las entidades centralizadas la ejecución de los proyectos. De esta manera se puede iniciar el proceso de fortalecimiento de los gobiernos locales que el país necesita, sin que las apocalípticas profecías de desmantelamiento del estado y despidos masivos de personal que se han esgrimido en este debate se hagan realidad.
La ley 8801 abre una oportunidad única para iniciar una reforma profunda de nuestro estado. El reto debe ser asumido en conjunto por el Poder Ejecutivo y las municipalidades, haciendo un esfuerzo por encontrar formas de descentralización originales que sin causar perjuicios concrete este proceso de transformación del estado costarricense que no podemos seguir posponiendo.
La mayoría de los países desarrollados asignan un gran peso a las instancias locales como ejecutoras del gasto público total, condición que parece indispensable para aumentar la eficiencia y eficacia del mismo. El Primer Informe Mundial sobre Descentralización y la Democracia Local realizado por la United Cities of Local Governments en el 2008 pone en evidencia contrastes dramáticos: en los países europeos más descentralizados los gastos locales como porcentaje de PIB superan el 20 % (Dinamarca, Suecia, Suiza), en otros se ubican entre el 10 y el 20% (Noruega, Reino Unido, Francia) y los más centralistas alcanzan proporciones de entre el 5 y el 10% (España, Alemania). En Canadá y EEUU este porcentaje asciende al 7,5% y al 9.6% respectivamente; en Japón, los gastos ejecutados por instancias locales ascienden a 12,3% del PIB, en Corea del Sur a 16% y en China, la estrella rutilante de la economía mundial, el porcentaje alcanza un impresionante 22%. Mientras tanto, en Costa Rica los gobiernos locales son responsables de un gasto de apenas 1,2% del PIB, representando un modestísimo 6% del gasto público total.
Con estas cifras no debería haber dudas sobre la necesidad de aumentar recursos a las municipalidades. Pero a esta realidad se opone un argumento que de repetirse constantemente se ha convertido en un prejuicio, basado en una injusta generalización aceptada sin rigor y derivada de un cierto desconocimiento sobre las realidades municipales del país. ¿Cómo se le pueden asignar más recursos a las municipalidades si no son capaces de usar bien los que tienen actualmente? ¿No es cierto que tienen altos niveles de subejecución presupuestaria?.
La respuesta no es sencilla e incluye múltiples elementos que han sido objeto de numerosos estudios en el pasado. La subejecución no siempre es sinónimo de ineficacia: frecuentemente los gobiernos locales no puedan ejecutar presupuestos porque las partidas les son giradas en el segundo semestre del año, lo que hace prácticamente imposible gastarlas oportunamente dentro del actual marco jurídico que regula la actuación de los entes públicos. Pero además es fundamental quebrar el círculo vicioso en que algunas de las municipalidades están metidas: no se pueden ejecutar los recursos actuales porque no cuentan con las condiciones necesarias para hacerlo, condiciones que solo se tendrán cuando tengan los recursos necesarios para construir esas condiciones.
Consideraciones como estas, y la concreción de una reforma constitucional aprobada 10 años antes, motivaron al gobierno del Dr. Oscar Arias a impulsar una ley de transferencia de competencias que ha sido objeto de intensa discusión en este año, ley que por cierto fue aprobada unánimemente en la anterior Asamblea Legislativa. En su artículo 3 se establece que “cada ley especial especificará cuáles competencias se transfieren, las reglas sobre su ejercicio y los fondos necesarios para ejercerla”. De aquí claramente se desprende la posibilidad de definir formas alternativas de transferencia que van más allá del simple traslado de recursos de un lado a otro, que es la única opción que parece haber estado en discusión hasta ahora.
No se trata entonces de un dictum para trasladar dinero desvistiendo un santo para vestir a otro, sino de un marco amplio que permite la definición creativa de alternativas viables, si se tiene, por supuesto, la voluntad política para hacerlo. La ley fue concebida en ese espíritu; desde esta perspectiva, la cifra de ¢40,000 millones que supuestamente deben ser trasladados anualmente a las municipalidades y que es producto de una simple operación aritmética y para cuyo cálculo no era necesario hacer estudios, se esgrime como resultado de una visión inflexible del proceso de descentralización, o de una ausencia de convicción que bien podría admitirse de una vez por todas para que sepamos a qué atenernos en este tema.
Un hecho reciente permite ilustrar lo anterior. Hace unos meses la Contraloría General de la República ordenó al MOPT trasladar todos los recursos destinados al mantenimiento de las rutas cantonales a las municipalidades. El proceso es complejo, porque para poder ejecutar estos recursos se requiere de un aparato técnico-administrativo que la mayor parte de los gobiernos locales no tiene. ¿Por qué no trasladar entonces a las municipalidades la potestad de determinar cómo se deben utilizar estos recursos, manteniendo centralizada la ejecución de los mismos para conservar las ventajas que la economía de escala ofrece?.
En esta misma línea podría hacerse un inventario de los programas de ministerios e instituciones autónomas similares al caso de las rutas cantonales mencionado y trasladar a los gobiernos locales la potestad de la definición de prioridades, dejando en manos de las entidades centralizadas la ejecución de los proyectos. De esta manera se puede iniciar el proceso de fortalecimiento de los gobiernos locales que el país necesita, sin que las apocalípticas profecías de desmantelamiento del estado y despidos masivos de personal que se han esgrimido en este debate se hagan realidad.
La ley 8801 abre una oportunidad única para iniciar una reforma profunda de nuestro estado. El reto debe ser asumido en conjunto por el Poder Ejecutivo y las municipalidades, haciendo un esfuerzo por encontrar formas de descentralización originales que sin causar perjuicios concrete este proceso de transformación del estado costarricense que no podemos seguir posponiendo.
martes, 4 de enero de 2011
Angustia 2.0
Voy a escribir esta reflexión porque el sentimiento de culpa no me deja en paz. Parte del problema es que soy muy inflexible y creo a pie juntillas en cierto código de conducta. Y por otro lado me cuesta mucho adaptarme en una época en que la capacidad de adaptación es vital para la supervivencia.
Les cuento rápidamente. El día de mi cumpleaños (20 de diciembre) recibí mas de 400 mensajes, tanto en Twitter como en Facebook, así como en mi correo de Gmail y de la Universidad de Costa Rica (y algunos mensajes de texto al celular). Imaginen que maravilloso arribar a los 50 años recibiendo tantos buenos deseos y felicitaciones. Decidí que lo menos que podía hacer era contestarlos todos, sin pensar cuanto tiempo me podía tomar en esta tarea. Resultó que duré aproximadamente 5 horas y media, repartidas en dos días, contestando los mensajes. Lo hice de veras con gusto, sin pensar en el tiempo que me tomó y realmente agradecido por las muestras de afecto y, en algunos casos, solidaridad por haber llegado, como me dijo un amigo, a la edad desde el cual empezamos a vislumbrar la cima de la montaña.
Pero si antes cumplir años en una fecha tan cercana a otras fechas festivas de alguna manera siempre ha sido una situación particular para mí (en la que recibir un solo regalo por cumpleaños y Navidad es apenas una parte de la historia), con el advenimiento de la era 2.0 la cosa se ha tornado realmente dramática. No había terminado de contestar los mensajes de cumpleaños cuando se inició una igualmente conmovedora seguidilla de mensajes deseándome una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Pero ya para esos momentos el tiempo era escaso y la posibilidad de volver a sentarme 5 horas a contestar los mensaje recibidos no era factible (cenas, compras, preparación de viaje a la playa, en fin, todas esas cosas que nos ocupan esos días). Al principio opté por tratar contestar algunos desde el teléfono, cosa que es bastante laboriosa para quienes nacimos con diez pulgares. Pero no avancé como quería, por lo que los mensajes se apilaban en todos mis contenedores virtuales, causándome cada vez mas angustia.
Finalmente decidí abandonar mi meta de contestar antes de irme a la playa todos los mensajes recibidos hasta ese momento (y con la esperanza que el inicio de las vacaciones disminuiría el ritmo al que recibía los mensajes) y posponer toda actividad hasta llegar a Potrero. Pero la verdad es que una vez estando allá mo parecía razonable perderse del sol, el mar, la brisa, la piscina,los atardeceres celestiales y sobre todo del disfrute infinito de mis nietas para sentarse a contestar mensajes, aun cuando fuera en la noche con una cerveza y buena música. Así que tampoco pude contestar muchos.
Y ahora que volví a San José hay cosas pendientes, proyectos que iniciar, responsabilidades que asumir. Y entonces me invade la angustia 2.0, producto de esa combinación de esta facilidad que tenemos ahora para expresar y distribuir nuestros mejores deseos, con un sentido de responsabilidad que me dice que debería sentarme a contestarle a todos y cada uno de los que me enviaron un mensaje por las fiestas. Pero ya llegué a la conclusión de que la situación me sobrepasó y que no hay nada que pueda hacer para ponerme al día, salvo el propósito de no dejar que se me acumulen los mensajes el próximo año, o cambiar mi cumpleaños a una fecha menos particular.
En todo caso y para aplacar mi conciencia decidí escribir estas líneas, para decirle a todos y cada uno de los que me mandó un mensaje que no haberles respondido no es producto de una naturaleza malagradecida sino de una desordenada, que no es indiferencia, es indisciplina. Pero que les agradezco profundamente los buenos deseos para mí, pero sobre todo para mi familia. Y que todo lo que quieren para mí y para mi familia lo reciban ustedes multiplicado por mil, porque si se tomaron el tiempo de enviar esos mensajes es que se lo merecen. Un abrazo a todos y de veras, de corazón, muchísimas gracias!
Les cuento rápidamente. El día de mi cumpleaños (20 de diciembre) recibí mas de 400 mensajes, tanto en Twitter como en Facebook, así como en mi correo de Gmail y de la Universidad de Costa Rica (y algunos mensajes de texto al celular). Imaginen que maravilloso arribar a los 50 años recibiendo tantos buenos deseos y felicitaciones. Decidí que lo menos que podía hacer era contestarlos todos, sin pensar cuanto tiempo me podía tomar en esta tarea. Resultó que duré aproximadamente 5 horas y media, repartidas en dos días, contestando los mensajes. Lo hice de veras con gusto, sin pensar en el tiempo que me tomó y realmente agradecido por las muestras de afecto y, en algunos casos, solidaridad por haber llegado, como me dijo un amigo, a la edad desde el cual empezamos a vislumbrar la cima de la montaña.
Pero si antes cumplir años en una fecha tan cercana a otras fechas festivas de alguna manera siempre ha sido una situación particular para mí (en la que recibir un solo regalo por cumpleaños y Navidad es apenas una parte de la historia), con el advenimiento de la era 2.0 la cosa se ha tornado realmente dramática. No había terminado de contestar los mensajes de cumpleaños cuando se inició una igualmente conmovedora seguidilla de mensajes deseándome una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Pero ya para esos momentos el tiempo era escaso y la posibilidad de volver a sentarme 5 horas a contestar los mensaje recibidos no era factible (cenas, compras, preparación de viaje a la playa, en fin, todas esas cosas que nos ocupan esos días). Al principio opté por tratar contestar algunos desde el teléfono, cosa que es bastante laboriosa para quienes nacimos con diez pulgares. Pero no avancé como quería, por lo que los mensajes se apilaban en todos mis contenedores virtuales, causándome cada vez mas angustia.
Finalmente decidí abandonar mi meta de contestar antes de irme a la playa todos los mensajes recibidos hasta ese momento (y con la esperanza que el inicio de las vacaciones disminuiría el ritmo al que recibía los mensajes) y posponer toda actividad hasta llegar a Potrero. Pero la verdad es que una vez estando allá mo parecía razonable perderse del sol, el mar, la brisa, la piscina,los atardeceres celestiales y sobre todo del disfrute infinito de mis nietas para sentarse a contestar mensajes, aun cuando fuera en la noche con una cerveza y buena música. Así que tampoco pude contestar muchos.
Y ahora que volví a San José hay cosas pendientes, proyectos que iniciar, responsabilidades que asumir. Y entonces me invade la angustia 2.0, producto de esa combinación de esta facilidad que tenemos ahora para expresar y distribuir nuestros mejores deseos, con un sentido de responsabilidad que me dice que debería sentarme a contestarle a todos y cada uno de los que me enviaron un mensaje por las fiestas. Pero ya llegué a la conclusión de que la situación me sobrepasó y que no hay nada que pueda hacer para ponerme al día, salvo el propósito de no dejar que se me acumulen los mensajes el próximo año, o cambiar mi cumpleaños a una fecha menos particular.
En todo caso y para aplacar mi conciencia decidí escribir estas líneas, para decirle a todos y cada uno de los que me mandó un mensaje que no haberles respondido no es producto de una naturaleza malagradecida sino de una desordenada, que no es indiferencia, es indisciplina. Pero que les agradezco profundamente los buenos deseos para mí, pero sobre todo para mi familia. Y que todo lo que quieren para mí y para mi familia lo reciban ustedes multiplicado por mil, porque si se tomaron el tiempo de enviar esos mensajes es que se lo merecen. Un abrazo a todos y de veras, de corazón, muchísimas gracias!
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