Es común que los medios de comunicación acudan a especialistas para complementar informaciones relevantes. Estos profesionales se han convertido en referente para un sector nada despreciable de la población, por lo que es importante saber separar el grano de la paja. En este caso el uso de esta metáfora es intencional, y además debe ser tomada literalmente.
Hay algunas premisas para juzgar la calidad del análisis que nos brindan estos expertos -aunque hay algunos que en realidad no lo son-. Primero, la objetividad, en las Ciencias Sociales sobre todo, no es posible. La visión que una persona tiene sobre un acontecimiento está permeada de una subjetividad que no es posible eliminar. Esto por supuesto no invalida ninguna opinión, siempre y cuando la gente sepa con claridad quién es el analista, conozca sus antecedentes, filiación política y su formación académica. Y el analista igualmente debe estar consciente de ese sesgo natural, de manera que haga un esfuerzo consciente de tratar de equilibrar lo que dice, o advertir cuándo está dando una opinión.
¿Qué debemos esperar de un analista? Desde mi perspectiva, necesitamos que se contextualice adecuadamente la noticia que se está comentando, lo que significa en muchos casos la utilización de antecedentes históricos, la explicación de conceptos básicos y la identificación de actores relevantes. Además necesitamos toda la información complementaria necesaria que nos permita una comprensión más integral de lo sucedido. De igual utilidad resultaría la prospección de escenarios, un pronóstico educado y fundamentado a partir de los hechos presentados, que nos permita vislumbrar posibles cursos de acción. Finalmente puede ser importante la opinión del consultado, sobre todo si nos revela una percepción que podemos confrontar con nuestras propias creencias.
¿Qué es lo que NO queremos de un analista? Que solamente nos de su opinión. Peor aun, que esa opinión no sea más que una elaboración sofisticada de prejuicios y opiniones comunes, las mismas que oimos en el taxi, en la esquina y en los buses, porque si de eso se tratara preferiríamos quedarnos con las fuentes originales de esas opiniones, es decir, con la de los taxistas, chanceros y las personas que conversan a gritos en el bus.Tampoco queremos que se limite a utilizar el sentido común sin hacer el esfuerzo de informarse para tratar de aportarnos elementos inéditos. Ni que trate de disfrazar deseos ocultos en la definición de escenarios posibles. El ejemplo más claro de esta práctica siempre lo vemos en las interpretaciones que se le hacen a las encuestas, sobre todo las que hablan de intención de voto. Apenas unos días antes de la elección presidencial del 2010, algunos analistas insistían, apelando a una lectura parcial, poco rigurosa e interesada de las encuestas, que habría una segunda ronda. Ya sabemos lo que pasó.
Pero hay otra práctica, que hemos visto sobre todo en los últimos tiempos en "analistas" que aparecen con inusitada frecuencia en varios medios, que es probablemente la mas perjudicial de todas. Es la de utilizar crudamente los espacios que les brindan para promoverse, presentando como análisis objetivo lo que a veces es una no muy bien disimulada apología de ciertos personajes. Quienes incurren en esta práctica no son en realidad analistas, sino propagandistas solapados de partidos políticos y personas. Hay gente, ya lo sabemos, que su único mérito en la vida es una capacidad inagotable de adulación, lo que tratan de encubrir tratando de presentar la "pasada de brocha" como un ejercicio intelectual. Afortunadamente a estos "analistas" -mas bien cortesanos- se les notan rápidamente las carencias. Pero eso no significa que no debamos estar alertas.
Lo importante, finalmente, es buscar siempre otras opiniones, informarse y con eso se pueda construir un criterio propio. Los analistas pueden ayudarle, pero no son infalibles y, como se mencionó, en algunos casos hay intereses de por medio. Por eso es importante que no dependa de solo eso
miércoles, 15 de diciembre de 2010
miércoles, 1 de diciembre de 2010
La verdadera inseguridad jurídica
A raíz del fallo de Crucitas algunas personas han afirmado que el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Administrativo genera inseguridad jurídica para las empresas. Y por otro lado, algunos sostienen que la inseguridad jurídica la crean los funcionarios públicos que actúan en contra de lo establecido en las leyes. Esta es una de esas rarísimas ocasiones en las que todo el mundo tiene razón y todo el mundo está parcialmente equivocado (al menos por omisión).
En principio no puede haber inseguridad jurídica ahí donde se aplica la ley o se corrige una aplicación incorrecta de la ley. Pero por un momento pongámonos en la posición de Industrias Infinito. Hace casi 8 años esta empresa solicitó y obtuvo una concesión para desarrollar aquí su actividad. Para esto simplemente cumplió –o creyó cumplir- con los requisitos establecidos por las instancias correspondientes y las leyes vigentes (o al menos la interpretación que de esas leyes hicieron quienes aprueban este tipo de concesiones). Lo que pasa de la ventanilla en donde hace la solicitud hacia adentro es absolutamente invisible para ella. La empresa parte de una realidad simple: se apersona a las instancias oficiales, hace la solicitud y esa solicitud es respondida con una autorización o con un rechazo. En el momento en que se aprueba la concesión la empresa comienza a operar dentro de una realidad concreta: se tiene un permiso otorgado por una autoridad competente. Lo demás es invisible, no debería ser de otra manera para quienes solicitan este tipo de permiso. Eso es seguridad jurídica.
Hasta este momento la empresa tiene una expectativa basada en hechos aparentemente indisputables. Pero resulta que a la vuelta de… ¡7 años! nada de lo que tenía era real. Esto significa, ni mas ni menos, que aun cuando se tenga un permiso, el mismo siempre será provisional. Esto genera un hecho concreto que es efectivamente un elemento negativo para la inversión extranjera. Y por supuesto que no queremos todo tipo de inversión extranjera en el país, pero la que aceptemos debe contar con un mínimo de seguridad que la proteja.
Pero por otro lado, es cierto que una actuación incorrecta (ojo, incorrecta no siempre equivale a corrupta) de los funcionarios puede ser el origen de esta situación de inseguridad. Y aquí mas bien son los tribunales los que nos devuelven la seguridad jurídica. Sin embargo es importante mencionar que muchas veces algunos permisos que después son cuestionados son concedidos teniendo en cuenta criterios que quienes no forman parte de la administración pública no conocen (y deberían conocer para juzgar de mejor manera la actuación de los funcionarios). Porque partimos por supuesto de la premisa que las simplificaciones burdas que afirman que un permiso siempre se concede porque hay algún grado de corrupción es absurda, a menos por supuesto que uno escoja consciente y malintencionadamente creer en eso como praxis política.
Lo cierto es que muchas veces se autoriza la operación de ciertas empresas porque se considera que podría ser beneficioso para un sector de la población, una región o una actividad económica. Puede que para el ojo externo las razones no sean atendibles o parezcan poco fundamentadas, lo que no significa por supuesto que haya corrupción como un hecho irrefutable. Pero para hacer estas cosas el funcionario público se enfrenta a su propia inseguridad jurídica, la de un marco legal que regula su actuación que es prolífico, contradictorio, omiso, ambiguo, que no le brinda las bases necesarias para una actuación certera. Entonces con frecuencia la actuación de un funcionario público está determinada por lo que quiere alcanzar; su interpretación de ese marco legal dependerá de lo que perciba como resultado favorable, y ahí es donde comienzan los problemas, tanto como cuando se quiere aprobar o como cuando se quiere rechazar una solicitud.
Las personas que tienen responsabilidades en la administración pública se enfrentan diariamente a ese dilema de querer hacer cosas, de generar impactos positivos y la existencia de un marco legal que no siempre permite hacer eso con seguridad. Cualquier discusión sobre un tema como el fallo de Crucitas –así como cualquier otro que involucre la concesión de permisos a empresas privadas-, debe incluir esta dimensión. Porque solo de esta manera podemos empezar a afinar ese ordenamiento jurídico que genera este tipo de cosas. Si no, nunca llegaremos al estado de certeza jurídica necesaria para que no enfrentemos mas situaciones como estas en el futuro, que es lo que asumo es a lo que todos finalmente aspiramos.
En principio no puede haber inseguridad jurídica ahí donde se aplica la ley o se corrige una aplicación incorrecta de la ley. Pero por un momento pongámonos en la posición de Industrias Infinito. Hace casi 8 años esta empresa solicitó y obtuvo una concesión para desarrollar aquí su actividad. Para esto simplemente cumplió –o creyó cumplir- con los requisitos establecidos por las instancias correspondientes y las leyes vigentes (o al menos la interpretación que de esas leyes hicieron quienes aprueban este tipo de concesiones). Lo que pasa de la ventanilla en donde hace la solicitud hacia adentro es absolutamente invisible para ella. La empresa parte de una realidad simple: se apersona a las instancias oficiales, hace la solicitud y esa solicitud es respondida con una autorización o con un rechazo. En el momento en que se aprueba la concesión la empresa comienza a operar dentro de una realidad concreta: se tiene un permiso otorgado por una autoridad competente. Lo demás es invisible, no debería ser de otra manera para quienes solicitan este tipo de permiso. Eso es seguridad jurídica.
Hasta este momento la empresa tiene una expectativa basada en hechos aparentemente indisputables. Pero resulta que a la vuelta de… ¡7 años! nada de lo que tenía era real. Esto significa, ni mas ni menos, que aun cuando se tenga un permiso, el mismo siempre será provisional. Esto genera un hecho concreto que es efectivamente un elemento negativo para la inversión extranjera. Y por supuesto que no queremos todo tipo de inversión extranjera en el país, pero la que aceptemos debe contar con un mínimo de seguridad que la proteja.
Pero por otro lado, es cierto que una actuación incorrecta (ojo, incorrecta no siempre equivale a corrupta) de los funcionarios puede ser el origen de esta situación de inseguridad. Y aquí mas bien son los tribunales los que nos devuelven la seguridad jurídica. Sin embargo es importante mencionar que muchas veces algunos permisos que después son cuestionados son concedidos teniendo en cuenta criterios que quienes no forman parte de la administración pública no conocen (y deberían conocer para juzgar de mejor manera la actuación de los funcionarios). Porque partimos por supuesto de la premisa que las simplificaciones burdas que afirman que un permiso siempre se concede porque hay algún grado de corrupción es absurda, a menos por supuesto que uno escoja consciente y malintencionadamente creer en eso como praxis política.
Lo cierto es que muchas veces se autoriza la operación de ciertas empresas porque se considera que podría ser beneficioso para un sector de la población, una región o una actividad económica. Puede que para el ojo externo las razones no sean atendibles o parezcan poco fundamentadas, lo que no significa por supuesto que haya corrupción como un hecho irrefutable. Pero para hacer estas cosas el funcionario público se enfrenta a su propia inseguridad jurídica, la de un marco legal que regula su actuación que es prolífico, contradictorio, omiso, ambiguo, que no le brinda las bases necesarias para una actuación certera. Entonces con frecuencia la actuación de un funcionario público está determinada por lo que quiere alcanzar; su interpretación de ese marco legal dependerá de lo que perciba como resultado favorable, y ahí es donde comienzan los problemas, tanto como cuando se quiere aprobar o como cuando se quiere rechazar una solicitud.
Las personas que tienen responsabilidades en la administración pública se enfrentan diariamente a ese dilema de querer hacer cosas, de generar impactos positivos y la existencia de un marco legal que no siempre permite hacer eso con seguridad. Cualquier discusión sobre un tema como el fallo de Crucitas –así como cualquier otro que involucre la concesión de permisos a empresas privadas-, debe incluir esta dimensión. Porque solo de esta manera podemos empezar a afinar ese ordenamiento jurídico que genera este tipo de cosas. Si no, nunca llegaremos al estado de certeza jurídica necesaria para que no enfrentemos mas situaciones como estas en el futuro, que es lo que asumo es a lo que todos finalmente aspiramos.
viernes, 26 de noviembre de 2010
Sobre el fallo de Crucitas, por don Oscar Arias
UNA BREVE REFLEXIÓN SOBRE EL FALLO DE CRUCITAS
by Óscar Arias Sánchez
Hace 25 años, no existía la posibilidad de que un ciudadano común iniciara un blog un día cualquiera, y ese blog fuera más leído que un periódico o una revista. No existía la posibilidad de crear un grupo de Facebook y convocar, en cuestión de semanas, a tres millones de personas a manifestarse en torno a una propuesta. No existía la posibilidad de convertir un video casero en un fenómeno de sensación mundial.
Era la época en la que los políticos dependíamos de los medios de comunicación para transmitir nuestros pensamientos o nuestras opiniones, razón por la cual dependíamos de lo que ellos nos quisieran publicar, cuándo lo quisieran publicar y, en la mayoría de los casos, que no quisieran publicarlo.
Esa época ya pasó. Hoy, en cambio, es el mundo en que Wikipedia prácticamente ha desplazado a las enciclopedias, que durante siglos dictaron la palabra oficial del pensamiento. Éste es el mundo en que cualquier persona puede seguir gratuitamente los cursos de Física o de Cálculo del MIT, la más prestigiosa universidad tecnológica del planeta, sin moverse de la sala de su casa. Nunca antes las personas normales, las que no son Presidentes ni Generales ni Gerentes ni Directores, habían tenido tanto poder. Ahora podemos decir lo que pensamos a través de Facebook sin que nadie nos edite, o haga su propia interpretación de lo que queremos decir, y a la vez, en tiempo real podemos saber los que nuestros amigos opinan. Es por eso, que es a ustedes, mis amigos y amigas de Facebook, a quienes les quiero decir lo que pienso del fallo sobre Crucitas.
A lo largo de mi vida pública siempre he respetado las decisiones de las diferentes instancias judiciales en nuestro país. Como lo he manifestado reiteradamente, en una democracia donde existe un Poder Judicial independiente, las sentencias se acatan y se respetan, y no se cuestionan. Sin embargo, como ustedes saben, el Tribunal Contencioso Administrativo resolvió en contra de la sentencia de la Sala Constitucional que había declarado la constitucionalidad y legalidad del decreto de conveniencia nacional que emitimos durante mi Gobierno. Creo que lo más aconsejable en este momento es, con mucha calma y serenidad, y ante las manifestaciones de la empresa afectada de llevar este caso a conocimiento de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que esperemos que sea esa instancia la que en definitiva resuelva, ojalá que en el menor plazo posible, la divergencia de criterios entre los fallos emitidos por la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso Administrativo.
El desarrollo de los pueblos depende del monto de la inversión, tanto nacional como pública, tanto privada como extranjera. En América Latina la inversión extranjera per cápita más elevada la tiene Chile, y es precisamente esa inversión la que le ha permitido convertirse en el país más desarrollado de Latinoamérica. Costa Rica, desde hace muchos años, ha seguido los pasos de Chile creando reglas del juego claras que atraigan dicha inversión.
En toda democracia, los ciudadanos deben saber a qué atenerse en sus relaciones con el Estado. Deben confiar en la observancia y el respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes. Deben tener una expectativa razonablemente fundada sobre cuál será la actuación del poder en la aplicación del Derecho. Es decir, deben ser capaces de anticipar cuáles serán las consecuencias jurídicas de su propio comportamiento. Como dicen los ingleses, “legal security means protection of confidence”.
La seguridad jurídica significa la protección de la confianza, esto es “un saber a qué atenerse”. Nuestro país, tan admirado por su paz, por su democracia, por su tolerancia, no puede quedarse al final de la carrera del mundo. El bien primordial de un mundo globalizado es la confianza. Protegerla empieza por el Gobierno y por el Congreso, pero pasa, sin duda, por el Poder Judicial.
Finalmente, mis queridos amigos y amigas, con respecto a mí, como he dicho en otras ocasiones, el que nada debe nada teme.
by Óscar Arias Sánchez
Hace 25 años, no existía la posibilidad de que un ciudadano común iniciara un blog un día cualquiera, y ese blog fuera más leído que un periódico o una revista. No existía la posibilidad de crear un grupo de Facebook y convocar, en cuestión de semanas, a tres millones de personas a manifestarse en torno a una propuesta. No existía la posibilidad de convertir un video casero en un fenómeno de sensación mundial.
Era la época en la que los políticos dependíamos de los medios de comunicación para transmitir nuestros pensamientos o nuestras opiniones, razón por la cual dependíamos de lo que ellos nos quisieran publicar, cuándo lo quisieran publicar y, en la mayoría de los casos, que no quisieran publicarlo.
Esa época ya pasó. Hoy, en cambio, es el mundo en que Wikipedia prácticamente ha desplazado a las enciclopedias, que durante siglos dictaron la palabra oficial del pensamiento. Éste es el mundo en que cualquier persona puede seguir gratuitamente los cursos de Física o de Cálculo del MIT, la más prestigiosa universidad tecnológica del planeta, sin moverse de la sala de su casa. Nunca antes las personas normales, las que no son Presidentes ni Generales ni Gerentes ni Directores, habían tenido tanto poder. Ahora podemos decir lo que pensamos a través de Facebook sin que nadie nos edite, o haga su propia interpretación de lo que queremos decir, y a la vez, en tiempo real podemos saber los que nuestros amigos opinan. Es por eso, que es a ustedes, mis amigos y amigas de Facebook, a quienes les quiero decir lo que pienso del fallo sobre Crucitas.
A lo largo de mi vida pública siempre he respetado las decisiones de las diferentes instancias judiciales en nuestro país. Como lo he manifestado reiteradamente, en una democracia donde existe un Poder Judicial independiente, las sentencias se acatan y se respetan, y no se cuestionan. Sin embargo, como ustedes saben, el Tribunal Contencioso Administrativo resolvió en contra de la sentencia de la Sala Constitucional que había declarado la constitucionalidad y legalidad del decreto de conveniencia nacional que emitimos durante mi Gobierno. Creo que lo más aconsejable en este momento es, con mucha calma y serenidad, y ante las manifestaciones de la empresa afectada de llevar este caso a conocimiento de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que esperemos que sea esa instancia la que en definitiva resuelva, ojalá que en el menor plazo posible, la divergencia de criterios entre los fallos emitidos por la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso Administrativo.
El desarrollo de los pueblos depende del monto de la inversión, tanto nacional como pública, tanto privada como extranjera. En América Latina la inversión extranjera per cápita más elevada la tiene Chile, y es precisamente esa inversión la que le ha permitido convertirse en el país más desarrollado de Latinoamérica. Costa Rica, desde hace muchos años, ha seguido los pasos de Chile creando reglas del juego claras que atraigan dicha inversión.
En toda democracia, los ciudadanos deben saber a qué atenerse en sus relaciones con el Estado. Deben confiar en la observancia y el respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes. Deben tener una expectativa razonablemente fundada sobre cuál será la actuación del poder en la aplicación del Derecho. Es decir, deben ser capaces de anticipar cuáles serán las consecuencias jurídicas de su propio comportamiento. Como dicen los ingleses, “legal security means protection of confidence”.
La seguridad jurídica significa la protección de la confianza, esto es “un saber a qué atenerse”. Nuestro país, tan admirado por su paz, por su democracia, por su tolerancia, no puede quedarse al final de la carrera del mundo. El bien primordial de un mundo globalizado es la confianza. Protegerla empieza por el Gobierno y por el Congreso, pero pasa, sin duda, por el Poder Judicial.
Finalmente, mis queridos amigos y amigas, con respecto a mí, como he dicho en otras ocasiones, el que nada debe nada teme.
lunes, 15 de noviembre de 2010
Proteger el derecho a disentir
Quiero escribir sobre varios temas que ando desde hace días entre pecho y espalda, pero por ahora voy a hacer una rápida reflexión sobre el conflicto en la frontera. A ver si reactivo este abandonado blog!
Es evidente que lo que pasa en Isla Calero es inaceptable y debe llenarnos de indignación. Pero a partir de este punto, si algo deberíamos haber aprendido después de 60 años sin ejército, nuestra actitud debe ser de una inclaudicable convicción en la capacidad de la institucionalidad internacional para resolver nuestros diferendos con otros países. Esto significa no dejarnos arrastrar por las proclamas incendiarias e irresponsables de algunos que azuzan el fuego de la intolerancia sin comprender con toda amplitud las consecuencias funestas que un desbordamiento de pasiones podría tener en nuestro país. Ponemos a prueba en este momento esa imagen que hemos forjado de nosotros mismos: pacifistas, tolerantes, democráticos; la indignación no puede terminar concretándose en cosas a las que siempre, al menos eso decimos, nos hemos opuesto: la violencia, la intolerancia, la xenofobia disfrazada de un patrioterismo -que no patriotismo-, que la historia nos muestra una y otra vez ha tenido implicaciones dolorosas para los países.
Además de la defensa de nuestro territorio nos enfrentamos hoy a dilemas que pueden reafirmar un conjunto de valores o mostrarnos una cara oculta de nuestra nacionalidad. Yo soy optimista porque hasta hoy solo un puñado de exaltados profieren xenófobas amenazas de violencia, pero me temo que en otros aspectos algunos peligros son mucho menos evidentes, pero no por eso menos graves.
Después del ataque a las Torres Gemelas en setiembre del 2001, el gobierno de Bush solicitó y obtuvo expeditamente autorización del Congreso para una serie de acciones, entre ellas el ataque a Irak,, en nombre de la llamada "seguridad nacional". Recuerdo vívidamente la violenta reacción de los sectores conservadores contra el puñado de senadores y congresistas que se atrevieron a cuestionar la legalidad y la moralidad de alguna de estas acciones. "No es momento", argumentaban, "para cuestionar al Gobierno, es hora de la unidad nacional". El tiempo le dio la razón a quienes tenían dudas y muchas de las cosas que parecían tener sentido en el contexto del ataque del 9-11 se revelaron como legal y éticamente cuestionables. En medio de la angustia provocada por los ataques terroristas, el pueblo estadounidense se traicionó a sí mismo y estuvo dispuesto a sacrificar no solo algunos principios morales y legales que han sido sustento de su esencia nacional, sino además a restringir la discusión pública abierta, contestataria, a restringir, en otras palabras, el disenso.
Nada mas peligroso en una democracia que la restricción del pensamiento, sobre todo si es impuesta a partir de una interpretación parcial en una situación coyuntural. El argumento de "no critiquen porque es hora de la unidad nacional" es un muy mal síntoma que debilita principios que deben mantenerse incólumnes. No hay momentos apropiados o inapropiados para el ejercicio democrático. Aquellos que desean cosechar el fruto de la libertad, escribió Thomas Paine, deben asumir la fatiga de apoyarla. Por eso me ha sorprendido la reacción de un sector de la prensa y de algunos formadores de opinión respecto a las declaraciones que diera el expresidente Arias alrededor de este conflicto. Se puede estar de acuerdo o no, pero desestimar esta o cualquier otra opinión por ser este un momento particular es tan peligroso como el pensamiento de los radicales que lanzaron un coctel molotov contra la embajada nicaragüense.
No perdamos la brújula y ratifiquemos en todo momento nuestra convicción democrática. Este conflicto fronterizo, como muchos que hemos tenido en el pasado, terminará siendo un mal recuerdo en unas semanas. Pero si actuamos en contra de nuestra esencia, el perjuicio será mucho más duradero
Es evidente que lo que pasa en Isla Calero es inaceptable y debe llenarnos de indignación. Pero a partir de este punto, si algo deberíamos haber aprendido después de 60 años sin ejército, nuestra actitud debe ser de una inclaudicable convicción en la capacidad de la institucionalidad internacional para resolver nuestros diferendos con otros países. Esto significa no dejarnos arrastrar por las proclamas incendiarias e irresponsables de algunos que azuzan el fuego de la intolerancia sin comprender con toda amplitud las consecuencias funestas que un desbordamiento de pasiones podría tener en nuestro país. Ponemos a prueba en este momento esa imagen que hemos forjado de nosotros mismos: pacifistas, tolerantes, democráticos; la indignación no puede terminar concretándose en cosas a las que siempre, al menos eso decimos, nos hemos opuesto: la violencia, la intolerancia, la xenofobia disfrazada de un patrioterismo -que no patriotismo-, que la historia nos muestra una y otra vez ha tenido implicaciones dolorosas para los países.
Además de la defensa de nuestro territorio nos enfrentamos hoy a dilemas que pueden reafirmar un conjunto de valores o mostrarnos una cara oculta de nuestra nacionalidad. Yo soy optimista porque hasta hoy solo un puñado de exaltados profieren xenófobas amenazas de violencia, pero me temo que en otros aspectos algunos peligros son mucho menos evidentes, pero no por eso menos graves.
Después del ataque a las Torres Gemelas en setiembre del 2001, el gobierno de Bush solicitó y obtuvo expeditamente autorización del Congreso para una serie de acciones, entre ellas el ataque a Irak,, en nombre de la llamada "seguridad nacional". Recuerdo vívidamente la violenta reacción de los sectores conservadores contra el puñado de senadores y congresistas que se atrevieron a cuestionar la legalidad y la moralidad de alguna de estas acciones. "No es momento", argumentaban, "para cuestionar al Gobierno, es hora de la unidad nacional". El tiempo le dio la razón a quienes tenían dudas y muchas de las cosas que parecían tener sentido en el contexto del ataque del 9-11 se revelaron como legal y éticamente cuestionables. En medio de la angustia provocada por los ataques terroristas, el pueblo estadounidense se traicionó a sí mismo y estuvo dispuesto a sacrificar no solo algunos principios morales y legales que han sido sustento de su esencia nacional, sino además a restringir la discusión pública abierta, contestataria, a restringir, en otras palabras, el disenso.
Nada mas peligroso en una democracia que la restricción del pensamiento, sobre todo si es impuesta a partir de una interpretación parcial en una situación coyuntural. El argumento de "no critiquen porque es hora de la unidad nacional" es un muy mal síntoma que debilita principios que deben mantenerse incólumnes. No hay momentos apropiados o inapropiados para el ejercicio democrático. Aquellos que desean cosechar el fruto de la libertad, escribió Thomas Paine, deben asumir la fatiga de apoyarla. Por eso me ha sorprendido la reacción de un sector de la prensa y de algunos formadores de opinión respecto a las declaraciones que diera el expresidente Arias alrededor de este conflicto. Se puede estar de acuerdo o no, pero desestimar esta o cualquier otra opinión por ser este un momento particular es tan peligroso como el pensamiento de los radicales que lanzaron un coctel molotov contra la embajada nicaragüense.
No perdamos la brújula y ratifiquemos en todo momento nuestra convicción democrática. Este conflicto fronterizo, como muchos que hemos tenido en el pasado, terminará siendo un mal recuerdo en unas semanas. Pero si actuamos en contra de nuestra esencia, el perjuicio será mucho más duradero
lunes, 20 de septiembre de 2010
Pronunciamiento del Consejo Universitario condenando -al fin-, las prácticas intolerantes en la Universidad de Costa Rica
Les confieso que pensé que nunca vería un pronunciamiento como este. Tal vez ahora esos pocos pseudointelectuales que seguían haciendo gimnasia retórica para no condenar a esta gente por fin lo haga. Pero en realidad eso no es importante. Lo importante es que, por fin, el Consejo se pronuncia sin vacilación. Me habría gustado ver este texto en los principales periódicos del país tal y como otros acuerdos, sobre una multiplicidad de temas, que fueron profusamente divulgados, pero la verdad es que me conformo con esto por ahora!
Un grupo importante de estudiantes es en gran parte responsable de esto. Esos 4000 muchachos y muchachas que según la Presidenta de la FEUCR no son nada, y que se pronunciaron firmemente en contra de prácticas que los denigraban como universitarios, tienen que sentirse satisfechos y celebrar que las autoridades de la Universidad se decidieron por fin a acuerparlos. Pero además que estos jóvenes valientes se decidieron a pronunciarse, se negaron a que los identificaran con el extremismo, la intolerancia, el desconocimiento de la realidad. Hay esperanza en la UCR. Felicidades muchachos!!
Pronunciamiento sobre los acontecimientos ocurridos el 26 de agosto de 2010
(Acuerdo firme de la sesión N.º 5474, martes 7 de setiembre de 2010)
El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:
1) La Universidad de Costa Rica, a lo largo de sus siete décadas de existencia, ha cumplido la promesa fundacional de constituirse en una institución de educación superior, autónoma y democrática, tal como lo señala el artículo 1 de su Estatuto Orgánico.
2) En la constitución autónoma y democrática de nuestra institución, ha sido sustantivo el desarrollo de la Universidad como espacio de convivencia, según lo establece el artículo 4 inciso e) de su Estatuto Orgánico:
“e) Respeto a las personas y a la libre expresión: Garantizar, dentro del ámbito universitario, el diálogo y la libre expresión de las ideas y opiniones, así como la coexistencia de las diferentes visiones del mundo y corrientes de pensamiento, sin otra limitación que el respeto mutuo.”
3) Los medios con los cuales la Universidad ha generado una cultura de tolerancia han sido el respeto a la diferencia y el diálogo para resolver las discrepancias, instrumentos consustanciales en la práctica universitaria, y a los cuales se refirió de forma lúcida el ex Rector, Lic. Rodrigo Facio Brenes, en su llamado a la comunidad universitaria en 1960:
“(…) la pequeña república universitaria, forja las virtudes de la absoluta libertad, para todas las personas, completa tolerancia para todas la ideas, diálogo constructivo, responsabilidad acrisolada, selección ética de los medios, preocupación por los problemas verdaderos, esas mismas virtudes que quisiéramos ver prevalecer, sin excepciones ni debilitamientos, en el escenario de la política nacional.”
4) El jueves 26 de agosto del 2010, día del 70.° aniversario de la Universidad de Costa Rica, y en momentos en que el Consejo Universitario, en su sesión N.º 5470, consideraba otorgar audiencia a representantes de la FEUCR y del SINDEU, un grupo de personas irrumpió, mediante el uso de la fuerza, en la sala de sesiones e impidió la salida, durante más de tres horas, a la señora Rectora, a la mayoría de los miembros del Consejo Universitario y al personal de apoyo. Durante este tiempo de retención, además de dañar bienes públicos, dicho grupo coaccionó física y verbalmente a la mayoría de los miembros de este Órgano Colegiado, en particular, a la señora Rectora.
5) Ni las autoridades de la Universidad de Costa Rica ni sus sectores organizados han recurrido a la retención de personas como medio para conseguir sus objetivos. Las distintas manifestaciones de protesta, así como la resolución de las diferencias por medio de la negociación, han seguido un patrón de respeto a la libertad, a la dignidad y a la vida humana, así como a los bienes públicos, acuerdo básico de convivencia y práctica universitaria.
6) La Universidad de Costa Rica siempre ha sabido distinguir la protesta social legítima de actos de vandalismo, de daño a los bienes públicos, de agresión a la integridad y a la vida de las personas. Cuando estas acciones ilegítimas han tenido lugar en el país, la comunidad universitaria y sus autoridades las han condenado y repudiado sin ambages.
ACUERDA:
1) Condenar enfáticamente los actos de agresión que tuvieron lugar el jueves 26 de agosto del 2010, contra la mayoría de los miembros del Consejo Universitario, la señora Rectora y el personal administrativo que labora en el edificio administrativo B-C.
2) Rechazar el uso de la coacción, la retención física, el insulto y la ofensa personal como formas de lograr cualquier objetivo o de manifestar alguna diferencia con otros sectores de la misma institución.
3) Solicitar a la Administración que evalúe los daños a los bienes institucionales, se establezcan las responsabilidades pertinentes y se inicien los procedimientos que indiquen los reglamentos universitarios.
4) Instar a la Rectoría para que promueva la reflexión sobre el proceso de negociación del FEES y el diálogo entre los diferentes sectores de la comunidad universitaria, con el objetivo de lograr aprendizajes y determinar los desafíos para la Universidad de Costa Rica y para la Educación Superior Pública.
5) Divulgar ampliamente este acuerdo en los medios de comunicación universitarios.
ACUERDO FIRME.
Dr. Oldemar Rodríguez Rojas
DIRECTOR
CONSEJO UNIVERSITARIO
Un grupo importante de estudiantes es en gran parte responsable de esto. Esos 4000 muchachos y muchachas que según la Presidenta de la FEUCR no son nada, y que se pronunciaron firmemente en contra de prácticas que los denigraban como universitarios, tienen que sentirse satisfechos y celebrar que las autoridades de la Universidad se decidieron por fin a acuerparlos. Pero además que estos jóvenes valientes se decidieron a pronunciarse, se negaron a que los identificaran con el extremismo, la intolerancia, el desconocimiento de la realidad. Hay esperanza en la UCR. Felicidades muchachos!!
Pronunciamiento sobre los acontecimientos ocurridos el 26 de agosto de 2010
(Acuerdo firme de la sesión N.º 5474, martes 7 de setiembre de 2010)
El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:
1) La Universidad de Costa Rica, a lo largo de sus siete décadas de existencia, ha cumplido la promesa fundacional de constituirse en una institución de educación superior, autónoma y democrática, tal como lo señala el artículo 1 de su Estatuto Orgánico.
2) En la constitución autónoma y democrática de nuestra institución, ha sido sustantivo el desarrollo de la Universidad como espacio de convivencia, según lo establece el artículo 4 inciso e) de su Estatuto Orgánico:
“e) Respeto a las personas y a la libre expresión: Garantizar, dentro del ámbito universitario, el diálogo y la libre expresión de las ideas y opiniones, así como la coexistencia de las diferentes visiones del mundo y corrientes de pensamiento, sin otra limitación que el respeto mutuo.”
3) Los medios con los cuales la Universidad ha generado una cultura de tolerancia han sido el respeto a la diferencia y el diálogo para resolver las discrepancias, instrumentos consustanciales en la práctica universitaria, y a los cuales se refirió de forma lúcida el ex Rector, Lic. Rodrigo Facio Brenes, en su llamado a la comunidad universitaria en 1960:
“(…) la pequeña república universitaria, forja las virtudes de la absoluta libertad, para todas las personas, completa tolerancia para todas la ideas, diálogo constructivo, responsabilidad acrisolada, selección ética de los medios, preocupación por los problemas verdaderos, esas mismas virtudes que quisiéramos ver prevalecer, sin excepciones ni debilitamientos, en el escenario de la política nacional.”
4) El jueves 26 de agosto del 2010, día del 70.° aniversario de la Universidad de Costa Rica, y en momentos en que el Consejo Universitario, en su sesión N.º 5470, consideraba otorgar audiencia a representantes de la FEUCR y del SINDEU, un grupo de personas irrumpió, mediante el uso de la fuerza, en la sala de sesiones e impidió la salida, durante más de tres horas, a la señora Rectora, a la mayoría de los miembros del Consejo Universitario y al personal de apoyo. Durante este tiempo de retención, además de dañar bienes públicos, dicho grupo coaccionó física y verbalmente a la mayoría de los miembros de este Órgano Colegiado, en particular, a la señora Rectora.
5) Ni las autoridades de la Universidad de Costa Rica ni sus sectores organizados han recurrido a la retención de personas como medio para conseguir sus objetivos. Las distintas manifestaciones de protesta, así como la resolución de las diferencias por medio de la negociación, han seguido un patrón de respeto a la libertad, a la dignidad y a la vida humana, así como a los bienes públicos, acuerdo básico de convivencia y práctica universitaria.
6) La Universidad de Costa Rica siempre ha sabido distinguir la protesta social legítima de actos de vandalismo, de daño a los bienes públicos, de agresión a la integridad y a la vida de las personas. Cuando estas acciones ilegítimas han tenido lugar en el país, la comunidad universitaria y sus autoridades las han condenado y repudiado sin ambages.
ACUERDA:
1) Condenar enfáticamente los actos de agresión que tuvieron lugar el jueves 26 de agosto del 2010, contra la mayoría de los miembros del Consejo Universitario, la señora Rectora y el personal administrativo que labora en el edificio administrativo B-C.
2) Rechazar el uso de la coacción, la retención física, el insulto y la ofensa personal como formas de lograr cualquier objetivo o de manifestar alguna diferencia con otros sectores de la misma institución.
3) Solicitar a la Administración que evalúe los daños a los bienes institucionales, se establezcan las responsabilidades pertinentes y se inicien los procedimientos que indiquen los reglamentos universitarios.
4) Instar a la Rectoría para que promueva la reflexión sobre el proceso de negociación del FEES y el diálogo entre los diferentes sectores de la comunidad universitaria, con el objetivo de lograr aprendizajes y determinar los desafíos para la Universidad de Costa Rica y para la Educación Superior Pública.
5) Divulgar ampliamente este acuerdo en los medios de comunicación universitarios.
ACUERDO FIRME.
Dr. Oldemar Rodríguez Rojas
DIRECTOR
CONSEJO UNIVERSITARIO
viernes, 10 de septiembre de 2010
Investiguen lo que quieran, pero no hagan circo
Recientemente se integró una comisión legislativa para "investigar las concesiones", un objetivo bastante ambiguo que sin embargo presupone que hay algún tipo de irregularidad que amerita una "investigación" legislativa. La preocupación de los diputados nace de la queja de algunos exportadores sobre el proceso de concesión del nuevo puerto de Moín, sobre todo con aquellos aspectos relacionados a los cambios que sufrió el cartel de licitación y que solo se haya presentado una compañía, implicando de alguna manera con esto que el cartel se "adecuó" para favorecer a esta empresa.
De octubre de 2007 a mayo del 2010 integré, como parte de las responsabilidades del cargo que ocupé en el gobierno anterior, la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones. Este cuerpo colegiado está integrado por 7 personas, que son los Ministros de Obras Públicas y Transportes, quien lo preside; de Hacienda y de Planificación; el Presidente del Banco Central, y tres representantes de Colegios Profesionales, Sindicatos y Cámaras empresariales. Asiste además, con voz pero sin voto, el Secretario Técnico, quien tiene la responsabilidad de ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva. La Junta es el órgano máximo del CNC, y le corresponde tratar todos los temas relacionados a concesiones y a iniciativas privadas en el país. Es una labor compleja, que incluye aspectos económicos, legales y sociales,pero que por esa complejidad resultó de lo más didáctica para mí, que aprendí sobre un montón de temas.
En el período que formé parte de este grupo se trató frecuentemente la concesión de Moín, como corresponde a un tema tan grande y delicado. Y porque estuve ahí, porque fui parte de este proceso, porque conocí a las personas que estuvieron involucradas y porque fui testigo del esfuerzo que todos en el CNC hacen para que las cosas se hagan bien, es que les digo que yo no tengo ningún problema que investiguen lo que quieran. Vayan y pregunten, revuelquen, pidan papeles, entrevisten a quien quieran. Para contestar las preguntas que tienen posiblemente habría bastado que convocaran al actual Ministro de Obras Públicas y Transportes al plenario para que les explicara con detalle el proceso sin necesidad de constituir un comisión investigadora, pero entiendo que algunos puedan creer que eso no es suficiente, sobre todo si no entienden bien el proceso.
Pero lo que uno quisiera, y en realidad lo que el país necesita, es una investigación rigurosa, completa, pausada y objetiva. Lo que uno no quisiera, y el país no necesita, es una comisión politizada que inicia su labor con criterios formados de antemano. El tema es lo suficientemente delicado para que aspiremos a que se analice con objetividad, con mente abierta y no se haga un uso distorsionado y/o parcial de la información para confirmar conclusiones preconcebidas, siguiendo aquella premisa que dice que si lo que yo pienso de la realidad no es cierto, pues mala suerte para la realidad.
Y que conste que no soy ingenuo: es claro que para algunos diputados la Comisión Investigadora es una oportunidad para anotarse algunos puntos políticos, de tener una cobertura mediática cuya frecuencia e intensidad tiene una relación directamente proporcional a la estridencia de sus denuncias, aun cuando no tengan fundamento real. Pero si la investigación se convierte en el circo que estoy seguro algunos quieren convertirla, todo mundo pierde: las personas cuyas honras sean machadas con acusaciones sin fundamento, la credibilidad de las comisiones legislativas como instancia de investigación sobre temas de importancia para el país,la opinión pública, que no contará con elementos adecuados para formar criterio, los funcionarios del Consejo Nacional de Concesiones, cuyo profesionalismo, honestidad y dedicación pueden ser injustamente puestos en duda. Ojalá que no pase.
De octubre de 2007 a mayo del 2010 integré, como parte de las responsabilidades del cargo que ocupé en el gobierno anterior, la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones. Este cuerpo colegiado está integrado por 7 personas, que son los Ministros de Obras Públicas y Transportes, quien lo preside; de Hacienda y de Planificación; el Presidente del Banco Central, y tres representantes de Colegios Profesionales, Sindicatos y Cámaras empresariales. Asiste además, con voz pero sin voto, el Secretario Técnico, quien tiene la responsabilidad de ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva. La Junta es el órgano máximo del CNC, y le corresponde tratar todos los temas relacionados a concesiones y a iniciativas privadas en el país. Es una labor compleja, que incluye aspectos económicos, legales y sociales,pero que por esa complejidad resultó de lo más didáctica para mí, que aprendí sobre un montón de temas.
En el período que formé parte de este grupo se trató frecuentemente la concesión de Moín, como corresponde a un tema tan grande y delicado. Y porque estuve ahí, porque fui parte de este proceso, porque conocí a las personas que estuvieron involucradas y porque fui testigo del esfuerzo que todos en el CNC hacen para que las cosas se hagan bien, es que les digo que yo no tengo ningún problema que investiguen lo que quieran. Vayan y pregunten, revuelquen, pidan papeles, entrevisten a quien quieran. Para contestar las preguntas que tienen posiblemente habría bastado que convocaran al actual Ministro de Obras Públicas y Transportes al plenario para que les explicara con detalle el proceso sin necesidad de constituir un comisión investigadora, pero entiendo que algunos puedan creer que eso no es suficiente, sobre todo si no entienden bien el proceso.
Pero lo que uno quisiera, y en realidad lo que el país necesita, es una investigación rigurosa, completa, pausada y objetiva. Lo que uno no quisiera, y el país no necesita, es una comisión politizada que inicia su labor con criterios formados de antemano. El tema es lo suficientemente delicado para que aspiremos a que se analice con objetividad, con mente abierta y no se haga un uso distorsionado y/o parcial de la información para confirmar conclusiones preconcebidas, siguiendo aquella premisa que dice que si lo que yo pienso de la realidad no es cierto, pues mala suerte para la realidad.
Y que conste que no soy ingenuo: es claro que para algunos diputados la Comisión Investigadora es una oportunidad para anotarse algunos puntos políticos, de tener una cobertura mediática cuya frecuencia e intensidad tiene una relación directamente proporcional a la estridencia de sus denuncias, aun cuando no tengan fundamento real. Pero si la investigación se convierte en el circo que estoy seguro algunos quieren convertirla, todo mundo pierde: las personas cuyas honras sean machadas con acusaciones sin fundamento, la credibilidad de las comisiones legislativas como instancia de investigación sobre temas de importancia para el país,la opinión pública, que no contará con elementos adecuados para formar criterio, los funcionarios del Consejo Nacional de Concesiones, cuyo profesionalismo, honestidad y dedicación pueden ser injustamente puestos en duda. Ojalá que no pase.
martes, 31 de agosto de 2010
Respuesta de Jorge Cornick a reportaje de La Nación
Reproduzco aquí una nota publicada por Jorge Cornick en Facebook en la que contesta el que es a mi parecer un pobremente fundamentado reportaje que hiciera la periodista Mercedes Aguero sobre la contratación de un edificio por parte del ARESEP, CUATRO MESES después de la salida de Jorge de la Junta Directiva de la Autoridad.
Tenemos que hacer algo con la prensa en este país. ¿Y el Colegio de Periodistas? ¿Y los editores encargados?
Doña Mercedes intenta hacer chocolate sin cacao
by Jorge Cornick on Tuesday, August 31, 2010 at 7:34pm
No se puede hacer chocolate sin cacao, ni se puede crear un escándalo allí donde no hay nada oculto ni torcido. Nunca falta, sin embargo, quien lo intente.
Los reportajes de la periodista Mercedes Agüero han causado preocupación entre algunas personas que me conocen y han llevado a otras, que del todo no me conocen, a condenarme sin haber escuchado mi historia, como puede comprobarlo quienquiera que visite la página de Facebook de La Nación.
Sin embargo, las “denuncias” de La Nación y de la periodista Agüero están hechas del humo y de la nada.
Una situación de conflicto de interés se configura cuando quien trabaja para una institución debe tomar una decisión que afecta tanto a dicha institución como a la persona que toma la decisión, y cuando resulta, además, que lo que más conviene a esa persona podría no ser lo que más conviene a la institución.
Esa situación no se configuró jamás durante mi paso por la Aresep en lo que concierne al alquiler del edificio al que próximamente tiene programado trasladarse dicha institución. De seguido explico por qué.
Como miembro de la Junta Directiva de la ARESEP, era mi deber aprobar cada año el presupuesto de la institución junto con sus correspondientes planes de trabajo. De esta manera, me correspondió aprobar, junto con mis compañeros directores, la propuesta de trasladar la institución a un nuevo edificio y el correspondiente presupuesto. Hasta aquí mi intervención en esta materia.
A partir de este punto, la administración hizo su trabajo, sin intervención alguna de la Junta Directiva. Se inició así el proceso de búsqueda de un inmueble apropiado, se hizo una invitación pública para la presentación de ofertas, que fueron evaluadas por un grupo de trabajo interno, se obtuvo la autorización de la Contraloría General de la República para realizar una contratación directa y, finalmente, el Regulador General, en el uso de sus facultades y sin ningún intervención de la Junta Directiva, asignó el contrato de alquiler al fondo inmobiliario propietario de Multipark.
Estos hechos no están en disputa y La Nación lo reconoce explícitamente cuando reporta que “Como directivo Cornick aprobó el presupuesto para financiar el alquiler de un inmueble, pero no participó en la escogencia del edificio, pues ese trámite estuvo a cargo de la administración y no de la junta”.
Cabe añadir un detalle que no es necesariamente evidente al leer el artículo de doña Mercedes: todo esto sucedió aproximadamente cuatro meses después de que yo hubiera renunciado a la Junta Directiva de la Aresep. Así de claro: cuando el contrato de alquiler fue asignado a Multipark, yo no formaba parte de la Junta Directiva de la Aresep.
Lo que doña Mercedes no pareciera entender es que, dados estos hechos, no se configura un conflicto de interés ni nada que se le parezca. Simple y sencillamente no estuve nunca estuve en una situación en la que, como director de la Aresep, tuviera que tomar una decisión que afectara ni a Multipark ni a sus inversionistas.
Pero, además de mostrar una cierta confusión en cuanto al concepto mismo de conflicto de interés, doña Mercedes invierte la lógica de la investigación periodística cuando afirma “El hecho de que no esté documentado no garantiza que no haya influido”. Las cosas son al revés: si la periodista tuviera indicios sólidos que indicaran que actué de manera indebida, tendría en sus manos material para una denuncia. Como no los tiene y así lo reconoce, su reportaje no pasa de ser un pobre intento de hacer chocolate sin cacao.
Tenemos que hacer algo con la prensa en este país. ¿Y el Colegio de Periodistas? ¿Y los editores encargados?
Doña Mercedes intenta hacer chocolate sin cacao
by Jorge Cornick on Tuesday, August 31, 2010 at 7:34pm
No se puede hacer chocolate sin cacao, ni se puede crear un escándalo allí donde no hay nada oculto ni torcido. Nunca falta, sin embargo, quien lo intente.
Los reportajes de la periodista Mercedes Agüero han causado preocupación entre algunas personas que me conocen y han llevado a otras, que del todo no me conocen, a condenarme sin haber escuchado mi historia, como puede comprobarlo quienquiera que visite la página de Facebook de La Nación.
Sin embargo, las “denuncias” de La Nación y de la periodista Agüero están hechas del humo y de la nada.
Una situación de conflicto de interés se configura cuando quien trabaja para una institución debe tomar una decisión que afecta tanto a dicha institución como a la persona que toma la decisión, y cuando resulta, además, que lo que más conviene a esa persona podría no ser lo que más conviene a la institución.
Esa situación no se configuró jamás durante mi paso por la Aresep en lo que concierne al alquiler del edificio al que próximamente tiene programado trasladarse dicha institución. De seguido explico por qué.
Como miembro de la Junta Directiva de la ARESEP, era mi deber aprobar cada año el presupuesto de la institución junto con sus correspondientes planes de trabajo. De esta manera, me correspondió aprobar, junto con mis compañeros directores, la propuesta de trasladar la institución a un nuevo edificio y el correspondiente presupuesto. Hasta aquí mi intervención en esta materia.
A partir de este punto, la administración hizo su trabajo, sin intervención alguna de la Junta Directiva. Se inició así el proceso de búsqueda de un inmueble apropiado, se hizo una invitación pública para la presentación de ofertas, que fueron evaluadas por un grupo de trabajo interno, se obtuvo la autorización de la Contraloría General de la República para realizar una contratación directa y, finalmente, el Regulador General, en el uso de sus facultades y sin ningún intervención de la Junta Directiva, asignó el contrato de alquiler al fondo inmobiliario propietario de Multipark.
Estos hechos no están en disputa y La Nación lo reconoce explícitamente cuando reporta que “Como directivo Cornick aprobó el presupuesto para financiar el alquiler de un inmueble, pero no participó en la escogencia del edificio, pues ese trámite estuvo a cargo de la administración y no de la junta”.
Cabe añadir un detalle que no es necesariamente evidente al leer el artículo de doña Mercedes: todo esto sucedió aproximadamente cuatro meses después de que yo hubiera renunciado a la Junta Directiva de la Aresep. Así de claro: cuando el contrato de alquiler fue asignado a Multipark, yo no formaba parte de la Junta Directiva de la Aresep.
Lo que doña Mercedes no pareciera entender es que, dados estos hechos, no se configura un conflicto de interés ni nada que se le parezca. Simple y sencillamente no estuve nunca estuve en una situación en la que, como director de la Aresep, tuviera que tomar una decisión que afectara ni a Multipark ni a sus inversionistas.
Pero, además de mostrar una cierta confusión en cuanto al concepto mismo de conflicto de interés, doña Mercedes invierte la lógica de la investigación periodística cuando afirma “El hecho de que no esté documentado no garantiza que no haya influido”. Las cosas son al revés: si la periodista tuviera indicios sólidos que indicaran que actué de manera indebida, tendría en sus manos material para una denuncia. Como no los tiene y así lo reconoce, su reportaje no pasa de ser un pobre intento de hacer chocolate sin cacao.
viernes, 27 de agosto de 2010
Es hora de recuperar nuestra Universidad
Era de esperarse: el puñado de ridículos enmascarados que algunas autoridades universitarias timorata y calculadamente nunca quisieron condenar en el pasado, se ha convertido en un problema real para la UCR. El silencio cómplice está teniendo consecuencias ya no simbólicas sino concretas: La Universidad no pudo celebrar su 70 aniversario, durante dos días no se ha podido impartir clases, se debe conceder un asueto forzado y nuevamente se proyecta una imagen incorrecta de lo que es la institución decana de la educación superior costarricense.
Todo empezó durante el proceso electoral del 2006. En ese año, un grupo de radicales intolerantes impidió la participación de un candidato presidencial en un programa de televisión del Canal 15, transgrediendo un principio fundamental de la acción universitaria: la tolerancia a todas las ideas. De la misma manera, la serie de debates entre candidatos organizados por la Institución fracasó estrepitosamente en medio de la gritería desaforada de quienes no aceptaban que algunos candidatos expusieran sus ideas a favor del TLC. Pero estos actos, que requerían de un repudio oficial sin cortapisas, fueron condonados con un silencio que es el verdadero origen de este problema.
Este fenómeno se agudizó aun más en el 2007, el año del referéndum sobre el TLC. Esta fue una época de ensueño para estos grupos, cuya posición en contra del Tratado coincidía con la posición "oficial". Fue el año en que felices marchaban con la cara cubierta sin ningún cuestionamiento a la par de algunas autoridades universitarias que no quisieron nunca pedirles que protestaran con orgullo, a cara descubierta. Esas mismas autoridades que después de los desmanes que estos radicales organizaban al final de cada marcha -ya uno sabía que después siempre venía el bloqueo de la calle frente a Derecho, con quema de llantas incluida-, acudían a ejercicios retóricos para no condenar a sus aliados en la lucha en contra del TLC.
Ese fue el año en que estos grupos se dieron gusto insultando a quienes pensábamos diferente, de no permitir la entrada a la UCR, acudiendo a la intimidación cercana a la agresión física, de personas que apoyaban el TLC, y de boicotear actividades en donde se trataba de debatir con rigor, pasión y respeto, las distintas posiciones. Y todo sucedía bajo la mirada indiferente, si no de aprobación de algunas autoridades universitarias.
Pues bien, la hora de pagar esa actuación ambigua y calculadora, bajo la filosofía de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ha llegado. Es el momento de que la comunidad universitaria, encabezada por sus autoridades, se desmarque definitivamente de estos grupos y que se sienten responsabilidades administrativas y hasta penales si es pertinente. Es hora de campos pagados con pronunciamientos oficiales del Consejo Universitario, tan presto a manifestarse sobre una infinidad de temas de la vida nacional y tan reticente de hacerlo con un problema universitario que afecta la imagen de miles de estudiantes, docentes y funcionarios administrativos que día a día construyen la UCR de la que nos sentimos orgullosos. No se trata solo de una marcha para desagraviar a la Rectora como la que se organiza para el próximo lunes, se trata de manifestarse públicamente en contra de toma de edificios, de protestas enmascaradas y de la intolerancia. Y hacerlo sin vacilación, con firmeza, sentando responsabilidades. No hacerlo así es seguir permitiendo que la U se nos vaya de las manos.
Es el momento de iniciar la recuperación de nuestra Universidad. De ahora en adelante no debemos permitir que nos coarten nuestro derecho al trabajo, al estudio, a la libre expresión de ideas, Hay que salir a repudiar a estos grupos y condenarlos sin ambages. En estos días apenas hemos tenido una muestra pequeña de lo que podría pasar en el futuro si no actuamos ya. Esperemos que nuestras autoridades asuman su responsabilidad histórica en este momento aciago.
Todo empezó durante el proceso electoral del 2006. En ese año, un grupo de radicales intolerantes impidió la participación de un candidato presidencial en un programa de televisión del Canal 15, transgrediendo un principio fundamental de la acción universitaria: la tolerancia a todas las ideas. De la misma manera, la serie de debates entre candidatos organizados por la Institución fracasó estrepitosamente en medio de la gritería desaforada de quienes no aceptaban que algunos candidatos expusieran sus ideas a favor del TLC. Pero estos actos, que requerían de un repudio oficial sin cortapisas, fueron condonados con un silencio que es el verdadero origen de este problema.
Este fenómeno se agudizó aun más en el 2007, el año del referéndum sobre el TLC. Esta fue una época de ensueño para estos grupos, cuya posición en contra del Tratado coincidía con la posición "oficial". Fue el año en que felices marchaban con la cara cubierta sin ningún cuestionamiento a la par de algunas autoridades universitarias que no quisieron nunca pedirles que protestaran con orgullo, a cara descubierta. Esas mismas autoridades que después de los desmanes que estos radicales organizaban al final de cada marcha -ya uno sabía que después siempre venía el bloqueo de la calle frente a Derecho, con quema de llantas incluida-, acudían a ejercicios retóricos para no condenar a sus aliados en la lucha en contra del TLC.
Ese fue el año en que estos grupos se dieron gusto insultando a quienes pensábamos diferente, de no permitir la entrada a la UCR, acudiendo a la intimidación cercana a la agresión física, de personas que apoyaban el TLC, y de boicotear actividades en donde se trataba de debatir con rigor, pasión y respeto, las distintas posiciones. Y todo sucedía bajo la mirada indiferente, si no de aprobación de algunas autoridades universitarias.
Pues bien, la hora de pagar esa actuación ambigua y calculadora, bajo la filosofía de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ha llegado. Es el momento de que la comunidad universitaria, encabezada por sus autoridades, se desmarque definitivamente de estos grupos y que se sienten responsabilidades administrativas y hasta penales si es pertinente. Es hora de campos pagados con pronunciamientos oficiales del Consejo Universitario, tan presto a manifestarse sobre una infinidad de temas de la vida nacional y tan reticente de hacerlo con un problema universitario que afecta la imagen de miles de estudiantes, docentes y funcionarios administrativos que día a día construyen la UCR de la que nos sentimos orgullosos. No se trata solo de una marcha para desagraviar a la Rectora como la que se organiza para el próximo lunes, se trata de manifestarse públicamente en contra de toma de edificios, de protestas enmascaradas y de la intolerancia. Y hacerlo sin vacilación, con firmeza, sentando responsabilidades. No hacerlo así es seguir permitiendo que la U se nos vaya de las manos.
Es el momento de iniciar la recuperación de nuestra Universidad. De ahora en adelante no debemos permitir que nos coarten nuestro derecho al trabajo, al estudio, a la libre expresión de ideas, Hay que salir a repudiar a estos grupos y condenarlos sin ambages. En estos días apenas hemos tenido una muestra pequeña de lo que podría pasar en el futuro si no actuamos ya. Esperemos que nuestras autoridades asuman su responsabilidad histórica en este momento aciago.
lunes, 16 de agosto de 2010
Respuesta de Leonardo Garnier sobre "Sub/versiones" escrita por él en el 2002
En estos días distintas personas han estado circulando profusamente en Internet una vieja sub/versión que escribí allá por octubre de 2002. Lo simpático es que ahora se circula para mostrar “cuánto he cambiado” o “cómo traiciono hoy lo que ayer dije”. Algunos creen haber descubierto la contradicción fatal entre aquel Leonardo Garnier que defendía la inversión educativa y este que, hoy, al frente del Ministerio de Educación, se ha transmutado en una especie de monstruo neoliberal dispuesto a recortar y cercenar los recursos destinados a la educación y, en particular, a la educación superior.
Siempre es bueno que a uno lo obliguen a confrontar lo que ha dicho, hecho o pensado en otros momentos de su vida, ya sea para evidenciar los cambios que se puede haber tenido a lo largo de la vida – sería trágico no cambiar nunca – o bien para identificar inconsistencias que, por supuesto, debieran ser remediadas cuanto antes. También puede servir, sin embargo, para confirmar que se sigue pensando y sintiendo como cuando se escribía entonces y que los hechos, lejos de contradecir, confirman lo que antes eran tan solo palabras.
Confieso que me halaga la perdurabilidad en el tiempo de aquellas sub/versiones que pretendían ser llamadas de atención coyunturales y que, hoy, años después, parecen seguir siendo de interés para mucha gente. Me alegra.
Pero como algunos han querido usar mi texto para sacar conclusiones distintas a las que la realidad parece permitir, utilizando mis palabras de ayer para tergiversar mis acciones de hoy, me siento con el derecho y en la obligación de recuperar mi texto, para agregar algunos comentarios y reflexiones sobre la situación actual, para que cada quien pueda juzgar si mi ejercicio como Ministro constituye una traición o ha sido más bien un ejercicio de concreción de mis ideas, de mis sub/versiones. En aquellas sub/versiones de 2002 terminaba afirmando lo siguiente:
“¿Cómo decir que le apostamos al futuro y a los jóvenes cuando le regateamos a la educación? Ayer, la educación era gratuita y obligatoria. Hoy, se rige por la contabilidad y las encuestas. Más que un déficit fiscal, parece que padecemos de un grave déficit de liderazgo”.
Ni más ni menos, así lo sentí, lo pensé y lo escribí. Hoy, no le quitaría una coma. El contexto de la columna era, efectivamente, un recorte que se proponía hacer al presupuesto educativo y al curso lectivo; recorte que era más grave aún en el contexto de un mandato constitucional – en el que me tocó jugar un papel – y que desde 1998 establecía que el presupuesto educativo no podría ser inferior al 6% del PIB. El mandato constitucional, sin embargo, seguía sin cumplirse cuatro años después.
En esa negativa a elevar el financiamiento de nuestra educación encontraba yo – y lo mantengo – una falta de liderazgo. Eso decía ayer como columnista.
Hoy, algunos consideran que he dado vuelta en redondo y que, frente a los retos de expandir la inversión educativa y, en particular, frente a la negociación del FEES, caigo en la falta de liderazgo que ayer criticaba. Pero ¿es así?
Mi preocupación mayor al asumir el Ministerio de Educación Pública – como consta tanto en mis publicaciones previas como en la definición de prioridades que guió nuestro trabajo desde un inicio – fue la baja cobertura de la educación secundaria costarricense. Me cuesta encontrar una tragedia mayor que esa incapacidad que hemos tenido como sociedad para garantizar a todos nuestros jóvenes la oportunidad de completar su educación secundaria que, si bien no es suficiente, es indispensable en el mundo de hoy para tener acceso a un trabajo calificado y bien remunerado. La batalla contra la pobreza y la desigualdad, la batalla por reconstituir la clase media de este siglo XXI, pasa por el requisito de universalizar realmente la secundaria.
No digo que allí termine nuestro reto educativo: la universalización de la secundaria debe implicar un gran esfuerzo en términos de calidad y pertinencia, un gran reto en términos de desarrollo de la educación técnica, una tarea profunda y vital en lo que apunta a la formación integral – ética, estética y ciudadana – de nuestros jóvenes y, claro, una tarea irrenunciable en el desarrollo de una educación superior que esté cuantitativa y cualitativamente a la altura de los tiempos.
Estos retos implican un sinnúmero de acciones pero, sin duda, requieren también de financiamiento. Por eso, los retos profundos de la cobertura, la calidad y la pertinencia educativa pasan ineludiblemente por la cuestión de los cincos, por la cuestión presupuestaria.
¿Cómo valorar nuestra gestión desde esta óptica, que era precisamente la que yo cuestionaba como columnista allá por 2002?
Ingresé al Ministerio de Educación Pública en mayo de 2006. Ese año, el presupuesto del sector educación era de ¢570.000 millones y representaba un 5% del PIB. Cuatro años más tarde, este 2010 que me encuentra todavía como Ministro de Educación, el presupuesto del sector educación es de ¢1.330.000 millones que representan un 7,2% del PIB. En términos reales – descontando la inflación – el presupuesto del sector educación ha crecido en un 67% en estos cuatro años, el crecimiento más alto de la historia. Al hacerlo, logramos no solo cumplir con el mandato constitucional del 6% del PIB, sino que llevamos la inversión educativa a un 7,2% del PIB en 2010. De eso, podemos sentirnos orgullosos.
En conjunto con las diversas medidas cualitativas, organizativas y de gestión que hemos impulsado, este aumento dramático en los recursos invertidos en el sector educación contribuyó a que pudiéramos revertir la tendencia a una deserción creciente en el sistema educativo pero, sobre todo, a que pudiéramos reducir la inequidad al interior del propio sistema educativo. Me explico: mientras que las tasas de escolaridad de los dos quintiles de mayores ingresos – que son las más altas - se mantuvieron prácticamente en el mismo nivel de 89% y 96% entre 2006 y 2009, la tasa de escolaridad de los tres quintiles de menores ingresos mejoraron significativamente: la escolaridad del quintil medio subió de 80% a 87%; la del quintil medio-bajo subió de 74% a 83% y la del quintil más pobres subió de 71 a 80%. Así, la mejora promedio en la escolaridad que logramos en esos años, se logró mediante una reducción importante de las desigualdades educativas. De eso, podemos sentirnos orgullosos.
Un elemento clave en búsqueda tanto de la justicia como de la calidad educativa, fue el significativo aumento negociado con las organizaciones gremiales para el personal docente del Ministerio de Educación Pública. En los últimos años, los educadores costarricenses vieron cómo sus remuneraciones prácticamente se duplicaron al aplicar al sector educación la equiparación al percentil 50 del sector público. Esto constituye un logro fundamental no solo en términos del justo reconocimiento al trabajo arduo de los educadores de preescolar, primaria y secundaria, sino como instrumento clave para promover la calidad educativa a largo plazo, al hacer que la profesión docente vuelva a ser atractiva para nuestros jóvenes que, hoy, saben que ejerciendo la docencia pueden también dar un nivel de vida digno a sus familias.
Finalmente, para caer al tema que dio origen a este “redescubrimiento” de mi sub/versión de 2002, tenemos el tema del financiamiento de la educación superior y, en particular, el tema del FEES.
Pues bien, el FEES había caído a su punto más bajo de la historia en 1982, luego de la crisis de fines de la administración Carazo y, a partir de ese momento, se recuperó lentamente a lo largo de los siguientes veintidós años, pasando de 26 mil millones en a 127 mil millones (en colones constantes). Si bien este fue un crecimiento positivo y real del FEES, fue un crecimiento inferior al mostrado por la economía nacional en su conjunto, de manera que la participación del FEES en el PIB se redujo, con altibajos, de 1,18% del PIB en 1985 a un 0,85% del PIB en 2004.
En ese momento, las autoridades universitarias y el Gobierno de entonces negociaron un Convenio de Financiamiento que llevaría el FEES del 0,87% del PIB que mostraba en 2004 a un 1,05% del PIB en 2009. Inicialmente, con un PIB creciente, la aplicación de esta fórmula permitió una importante expansión del FEES; cuando el PIB cayó, el Gobierno estuvo de acuerdo en permitir que el FEES siguiera creciendo en términos reales hasta llegar a los ¢226 mil millones que, hoy, representan un 1,23% del PIB. Ante las críticas que hoy se escuchan con facilidad, es importante destacar que, de haberse aplicado “la fórmula” del último convenio, el FEES apenas habría sido de ¢200 mil millones en 2010, es decir, ¢26 mil millones menos de lo que el Gobierno aceptó cubrir.
De manera que no, no tengo por qué sentir que lo dicho en la sub/versión de 2002 hay sido traicionado por las acciones que permitieron llevar el FEES al punto en que hoy se encuentra. Por el contrario, creo que mis acciones como Ministro han sido totalmente consecuentes con mis pensamientos de ayer. Pero entonces ¿qué decir de la negociación actual, fuente de tanta discordia?
En mi columna del 2002 argumentaba sobre la responsabilidad que cabía a las autoridades políticas en el sentido de permitir y promover un crecimiento real de la inversión educativa. La propuesta que desde el Gobierno actual hemos planteado a las universidades es absolutamente consistente con eso.
A pesar de que algunos hablan de la propuesta gubernamental como si se tratara de un “recorte” del presupuesto universitario, la verdad es simple y distinta: lo que hemos propuesto es que el FEES crezca en términos reales y que crezca a un ritmo mayor del ritmo de crecimiento de la economía nacional. Hemos propuesto que el FEES crezca a un 4,5% real, más la inflación, más un crédito de $200 millones de dólares.
En términos simples esto llevaría el financiamiento a las universidades de los ¢226 mil millones actuales a unos ¢360 mil millones en 2015 (¢400 mil millones si cuantificamos el préstamo). Es difícil entender por qué alguien interpretaría esta clase de aumento, real, como un recorte. Con la propuesta del Gobierno, el FEES alcanzaría su nivel más alto de la historia tanto en términos reales como en su participación en el PIB. En términos de mi columna de 2002, puedo sentirme tranquilo y orgulloso: en medio de una crítica situación fiscal, el Gobierno del que formo parte no solo no recorta la inversión educativa, sino que le permite crecer a un ritmo mayor del ritmo al que crece la economía, del ritmo al que crece el resto del gasto público y del ritmo al que crecen los ingresos tributarios. La prioridad de la educación claramente se mantiene.
Entonces – dirá el lector - ¿por qué tanto conflicto? La razón es fácil de explicar, aunque no sea fácil de corregir.
Las élites universitarias no aceptan un crecimiento del 4,5% real sino que exigen un crecimiento del 11% real. Esto implicaría que el FEES crezca tres veces más rápido que la economía nacional, poniendo una terrible presión sobre el resto de las inversiones sociales y económicas del gobierno, de la sociedad.
¿Por qué exigen un crecimiento tan alto del FEES las élites universitarias?
Según nos han dicho – verbalmente y por escrito – “necesitan” ese aumento desproporcionado para poder pagar por lo que llaman el “costo inercial” de las planillas universitarias: un conjunto de incentivos o privilegios que hacen que, sin contratar un docente más, sin admitir un estudiante más, sin aumentar o mejorar un ápice los servicios que generan las universidades, sus costos se eleven automáticamente en un 8% anual por encima de la inflación… para poder pagar ese aumento automático de los salarios que es, también, de un 8% anual por encima de la inflación.
En pocas palabras, el problema de las universidades no radica en que los Gobiernos no les estén dando suficientes recursos. Por el contrario, tanto durante el quinquenio anterior como en la actual propuesta del Gobierno, los recursos de las universidades aumentan en forma clara y sistemática. Sin embargo, al absorber los incentivos la mayor parte de ese aumento presupuestario, las universidades han optado por frenar la admisión de estudiantes, que no solo quedan por fuera de las universidades públicas, sino que no logran cupo en las carreras de su preferencia.
Entre 2003 y 2010, la Universidad de Costa Rica pasó de 29.004 a 35.524 estudiantes: en siete años apenas aumentó su matrícula en 6.520 estudiantes, menos de mil por año. En el caso de la Universidad Nacional, pasó de 12.940 a 15.444, un aumento de apenas 2.504 en siete años, menos de 400 por año. La UNED aparentemente aumentó en 5.174 aunque lo cierto es que esto solo parece haber ocurrido en el último año, pues entre 2003 y 2009 solamente pasó de 18.659 a 19.521, es decir, apenas 862 alumnos más. El caso más extraño es el del Instituto Tecnológico que, en estos siete años, no solo no aumentó el número de estudiantes ¡sino que lo redujo! El TEC pasó de 8153 a 8.151 estudiantes entre 2003 y 2010.
A lo largo del último quinquenio nuestras universidades públicas aumentaron su matrícula, entre todas, en apenas unos 2000 estudiantes por año. Su matrícula creció apenas en un 15%. De esto no es posible culpar a los Gobiernos por no haberles asignado recursos: los propios rectores han reconocido que ese ha sido el quinquenio en que sus recursos han crecido más: un 80% en términos reales. ¿Cómo explicar que los recursos aumenten un 80% en términos reales, pero la matrícula solamente en un 15%?
Ahora se nos dice – en la propuesta oficial de las y los Rectores – que durante el próximo quinquenio su matrícula aumentará en un 3% anual (es decir, apenas unos 2.500 estudiantes por año). Sin embargo, se pide que el financiamiento (FEES) crezca a un ritmo del 11% por encima de la inflación. ¿Cómo justificar esto?
No creo que los salarios en las universidades deban ser bajos. Por el contrario, me parece bien que sean buenos salarios de manera que podamos atraer a los mejores intelectuales, los mejores científicos, los mejores artistas a la docencia y la investigación. Eso podría justificar que, durante un período – un quinquenio, por ejemplo – los costos suban más que los servicios. Fue lo que ocurrió en el MEP con el aumento de los salarios que realizamos: durante dos o tres años, los costos superan el crecimiento de la matrícula, porque se están recuperando los salarios. Eso está bien.
Lo que no puede estar bien es que estos aumentos se conviertan en un privilegio permanente y automático. Está bien que los salarios sean altos. No está bien que – de acuerdo al sistema vigente – sigan creciendo a un ritmo tan exagerado que se duplican cada ocho años ¡por encima de la inflación!
Por eso, cuando releo mis sub/versiones del 2002 y veo la forma en que creció el financiamiento a las universidades durante mis primeros cuatro años de Ministro; cuando reviso mis ideas de ayer y analizo la propuesta que hoy hemos presentado a los rectores para que el FEES siga creciendo a un ritmo superior al de la economía nacional, me siento bien. Son hechos y propuestas que, bien utilizadas, permitirían a nuestras universidades públicas un crecimiento y una mejora sistemática.
Y también por eso, cuando escucho que se amenaza con recortar becas, con cerrar cupos y carreras, con eliminar estudios de posgrado, aduciendo que la culpa la tiene el Gobierno por “recortar” el presupuesto universitario, me preocupo profundamente. No porque crea que los recursos ofrecidos son insuficientes. Me preocupo por la forma en que esos recursos están siendo utilizados y, sobre todo, me preocupo – y me entristezco – por la forma en que las élites universitarias están argumentando – en contra de sus estudiantes y en contra de nuestras universidades – con tal de no transformar un inadecuado sistema de privilegios.
Como en mis sub/versiones de ayer, creo que tenemos un problema de liderazgo. Solo que el problema parece estar dentro, y no fuera de nuestras universidades.
Siempre es bueno que a uno lo obliguen a confrontar lo que ha dicho, hecho o pensado en otros momentos de su vida, ya sea para evidenciar los cambios que se puede haber tenido a lo largo de la vida – sería trágico no cambiar nunca – o bien para identificar inconsistencias que, por supuesto, debieran ser remediadas cuanto antes. También puede servir, sin embargo, para confirmar que se sigue pensando y sintiendo como cuando se escribía entonces y que los hechos, lejos de contradecir, confirman lo que antes eran tan solo palabras.
Confieso que me halaga la perdurabilidad en el tiempo de aquellas sub/versiones que pretendían ser llamadas de atención coyunturales y que, hoy, años después, parecen seguir siendo de interés para mucha gente. Me alegra.
Pero como algunos han querido usar mi texto para sacar conclusiones distintas a las que la realidad parece permitir, utilizando mis palabras de ayer para tergiversar mis acciones de hoy, me siento con el derecho y en la obligación de recuperar mi texto, para agregar algunos comentarios y reflexiones sobre la situación actual, para que cada quien pueda juzgar si mi ejercicio como Ministro constituye una traición o ha sido más bien un ejercicio de concreción de mis ideas, de mis sub/versiones. En aquellas sub/versiones de 2002 terminaba afirmando lo siguiente:
“¿Cómo decir que le apostamos al futuro y a los jóvenes cuando le regateamos a la educación? Ayer, la educación era gratuita y obligatoria. Hoy, se rige por la contabilidad y las encuestas. Más que un déficit fiscal, parece que padecemos de un grave déficit de liderazgo”.
Ni más ni menos, así lo sentí, lo pensé y lo escribí. Hoy, no le quitaría una coma. El contexto de la columna era, efectivamente, un recorte que se proponía hacer al presupuesto educativo y al curso lectivo; recorte que era más grave aún en el contexto de un mandato constitucional – en el que me tocó jugar un papel – y que desde 1998 establecía que el presupuesto educativo no podría ser inferior al 6% del PIB. El mandato constitucional, sin embargo, seguía sin cumplirse cuatro años después.
En esa negativa a elevar el financiamiento de nuestra educación encontraba yo – y lo mantengo – una falta de liderazgo. Eso decía ayer como columnista.
Hoy, algunos consideran que he dado vuelta en redondo y que, frente a los retos de expandir la inversión educativa y, en particular, frente a la negociación del FEES, caigo en la falta de liderazgo que ayer criticaba. Pero ¿es así?
Mi preocupación mayor al asumir el Ministerio de Educación Pública – como consta tanto en mis publicaciones previas como en la definición de prioridades que guió nuestro trabajo desde un inicio – fue la baja cobertura de la educación secundaria costarricense. Me cuesta encontrar una tragedia mayor que esa incapacidad que hemos tenido como sociedad para garantizar a todos nuestros jóvenes la oportunidad de completar su educación secundaria que, si bien no es suficiente, es indispensable en el mundo de hoy para tener acceso a un trabajo calificado y bien remunerado. La batalla contra la pobreza y la desigualdad, la batalla por reconstituir la clase media de este siglo XXI, pasa por el requisito de universalizar realmente la secundaria.
No digo que allí termine nuestro reto educativo: la universalización de la secundaria debe implicar un gran esfuerzo en términos de calidad y pertinencia, un gran reto en términos de desarrollo de la educación técnica, una tarea profunda y vital en lo que apunta a la formación integral – ética, estética y ciudadana – de nuestros jóvenes y, claro, una tarea irrenunciable en el desarrollo de una educación superior que esté cuantitativa y cualitativamente a la altura de los tiempos.
Estos retos implican un sinnúmero de acciones pero, sin duda, requieren también de financiamiento. Por eso, los retos profundos de la cobertura, la calidad y la pertinencia educativa pasan ineludiblemente por la cuestión de los cincos, por la cuestión presupuestaria.
¿Cómo valorar nuestra gestión desde esta óptica, que era precisamente la que yo cuestionaba como columnista allá por 2002?
Ingresé al Ministerio de Educación Pública en mayo de 2006. Ese año, el presupuesto del sector educación era de ¢570.000 millones y representaba un 5% del PIB. Cuatro años más tarde, este 2010 que me encuentra todavía como Ministro de Educación, el presupuesto del sector educación es de ¢1.330.000 millones que representan un 7,2% del PIB. En términos reales – descontando la inflación – el presupuesto del sector educación ha crecido en un 67% en estos cuatro años, el crecimiento más alto de la historia. Al hacerlo, logramos no solo cumplir con el mandato constitucional del 6% del PIB, sino que llevamos la inversión educativa a un 7,2% del PIB en 2010. De eso, podemos sentirnos orgullosos.
En conjunto con las diversas medidas cualitativas, organizativas y de gestión que hemos impulsado, este aumento dramático en los recursos invertidos en el sector educación contribuyó a que pudiéramos revertir la tendencia a una deserción creciente en el sistema educativo pero, sobre todo, a que pudiéramos reducir la inequidad al interior del propio sistema educativo. Me explico: mientras que las tasas de escolaridad de los dos quintiles de mayores ingresos – que son las más altas - se mantuvieron prácticamente en el mismo nivel de 89% y 96% entre 2006 y 2009, la tasa de escolaridad de los tres quintiles de menores ingresos mejoraron significativamente: la escolaridad del quintil medio subió de 80% a 87%; la del quintil medio-bajo subió de 74% a 83% y la del quintil más pobres subió de 71 a 80%. Así, la mejora promedio en la escolaridad que logramos en esos años, se logró mediante una reducción importante de las desigualdades educativas. De eso, podemos sentirnos orgullosos.
Un elemento clave en búsqueda tanto de la justicia como de la calidad educativa, fue el significativo aumento negociado con las organizaciones gremiales para el personal docente del Ministerio de Educación Pública. En los últimos años, los educadores costarricenses vieron cómo sus remuneraciones prácticamente se duplicaron al aplicar al sector educación la equiparación al percentil 50 del sector público. Esto constituye un logro fundamental no solo en términos del justo reconocimiento al trabajo arduo de los educadores de preescolar, primaria y secundaria, sino como instrumento clave para promover la calidad educativa a largo plazo, al hacer que la profesión docente vuelva a ser atractiva para nuestros jóvenes que, hoy, saben que ejerciendo la docencia pueden también dar un nivel de vida digno a sus familias.
Finalmente, para caer al tema que dio origen a este “redescubrimiento” de mi sub/versión de 2002, tenemos el tema del financiamiento de la educación superior y, en particular, el tema del FEES.
Pues bien, el FEES había caído a su punto más bajo de la historia en 1982, luego de la crisis de fines de la administración Carazo y, a partir de ese momento, se recuperó lentamente a lo largo de los siguientes veintidós años, pasando de 26 mil millones en a 127 mil millones (en colones constantes). Si bien este fue un crecimiento positivo y real del FEES, fue un crecimiento inferior al mostrado por la economía nacional en su conjunto, de manera que la participación del FEES en el PIB se redujo, con altibajos, de 1,18% del PIB en 1985 a un 0,85% del PIB en 2004.
En ese momento, las autoridades universitarias y el Gobierno de entonces negociaron un Convenio de Financiamiento que llevaría el FEES del 0,87% del PIB que mostraba en 2004 a un 1,05% del PIB en 2009. Inicialmente, con un PIB creciente, la aplicación de esta fórmula permitió una importante expansión del FEES; cuando el PIB cayó, el Gobierno estuvo de acuerdo en permitir que el FEES siguiera creciendo en términos reales hasta llegar a los ¢226 mil millones que, hoy, representan un 1,23% del PIB. Ante las críticas que hoy se escuchan con facilidad, es importante destacar que, de haberse aplicado “la fórmula” del último convenio, el FEES apenas habría sido de ¢200 mil millones en 2010, es decir, ¢26 mil millones menos de lo que el Gobierno aceptó cubrir.
De manera que no, no tengo por qué sentir que lo dicho en la sub/versión de 2002 hay sido traicionado por las acciones que permitieron llevar el FEES al punto en que hoy se encuentra. Por el contrario, creo que mis acciones como Ministro han sido totalmente consecuentes con mis pensamientos de ayer. Pero entonces ¿qué decir de la negociación actual, fuente de tanta discordia?
En mi columna del 2002 argumentaba sobre la responsabilidad que cabía a las autoridades políticas en el sentido de permitir y promover un crecimiento real de la inversión educativa. La propuesta que desde el Gobierno actual hemos planteado a las universidades es absolutamente consistente con eso.
A pesar de que algunos hablan de la propuesta gubernamental como si se tratara de un “recorte” del presupuesto universitario, la verdad es simple y distinta: lo que hemos propuesto es que el FEES crezca en términos reales y que crezca a un ritmo mayor del ritmo de crecimiento de la economía nacional. Hemos propuesto que el FEES crezca a un 4,5% real, más la inflación, más un crédito de $200 millones de dólares.
En términos simples esto llevaría el financiamiento a las universidades de los ¢226 mil millones actuales a unos ¢360 mil millones en 2015 (¢400 mil millones si cuantificamos el préstamo). Es difícil entender por qué alguien interpretaría esta clase de aumento, real, como un recorte. Con la propuesta del Gobierno, el FEES alcanzaría su nivel más alto de la historia tanto en términos reales como en su participación en el PIB. En términos de mi columna de 2002, puedo sentirme tranquilo y orgulloso: en medio de una crítica situación fiscal, el Gobierno del que formo parte no solo no recorta la inversión educativa, sino que le permite crecer a un ritmo mayor del ritmo al que crece la economía, del ritmo al que crece el resto del gasto público y del ritmo al que crecen los ingresos tributarios. La prioridad de la educación claramente se mantiene.
Entonces – dirá el lector - ¿por qué tanto conflicto? La razón es fácil de explicar, aunque no sea fácil de corregir.
Las élites universitarias no aceptan un crecimiento del 4,5% real sino que exigen un crecimiento del 11% real. Esto implicaría que el FEES crezca tres veces más rápido que la economía nacional, poniendo una terrible presión sobre el resto de las inversiones sociales y económicas del gobierno, de la sociedad.
¿Por qué exigen un crecimiento tan alto del FEES las élites universitarias?
Según nos han dicho – verbalmente y por escrito – “necesitan” ese aumento desproporcionado para poder pagar por lo que llaman el “costo inercial” de las planillas universitarias: un conjunto de incentivos o privilegios que hacen que, sin contratar un docente más, sin admitir un estudiante más, sin aumentar o mejorar un ápice los servicios que generan las universidades, sus costos se eleven automáticamente en un 8% anual por encima de la inflación… para poder pagar ese aumento automático de los salarios que es, también, de un 8% anual por encima de la inflación.
En pocas palabras, el problema de las universidades no radica en que los Gobiernos no les estén dando suficientes recursos. Por el contrario, tanto durante el quinquenio anterior como en la actual propuesta del Gobierno, los recursos de las universidades aumentan en forma clara y sistemática. Sin embargo, al absorber los incentivos la mayor parte de ese aumento presupuestario, las universidades han optado por frenar la admisión de estudiantes, que no solo quedan por fuera de las universidades públicas, sino que no logran cupo en las carreras de su preferencia.
Entre 2003 y 2010, la Universidad de Costa Rica pasó de 29.004 a 35.524 estudiantes: en siete años apenas aumentó su matrícula en 6.520 estudiantes, menos de mil por año. En el caso de la Universidad Nacional, pasó de 12.940 a 15.444, un aumento de apenas 2.504 en siete años, menos de 400 por año. La UNED aparentemente aumentó en 5.174 aunque lo cierto es que esto solo parece haber ocurrido en el último año, pues entre 2003 y 2009 solamente pasó de 18.659 a 19.521, es decir, apenas 862 alumnos más. El caso más extraño es el del Instituto Tecnológico que, en estos siete años, no solo no aumentó el número de estudiantes ¡sino que lo redujo! El TEC pasó de 8153 a 8.151 estudiantes entre 2003 y 2010.
A lo largo del último quinquenio nuestras universidades públicas aumentaron su matrícula, entre todas, en apenas unos 2000 estudiantes por año. Su matrícula creció apenas en un 15%. De esto no es posible culpar a los Gobiernos por no haberles asignado recursos: los propios rectores han reconocido que ese ha sido el quinquenio en que sus recursos han crecido más: un 80% en términos reales. ¿Cómo explicar que los recursos aumenten un 80% en términos reales, pero la matrícula solamente en un 15%?
Ahora se nos dice – en la propuesta oficial de las y los Rectores – que durante el próximo quinquenio su matrícula aumentará en un 3% anual (es decir, apenas unos 2.500 estudiantes por año). Sin embargo, se pide que el financiamiento (FEES) crezca a un ritmo del 11% por encima de la inflación. ¿Cómo justificar esto?
No creo que los salarios en las universidades deban ser bajos. Por el contrario, me parece bien que sean buenos salarios de manera que podamos atraer a los mejores intelectuales, los mejores científicos, los mejores artistas a la docencia y la investigación. Eso podría justificar que, durante un período – un quinquenio, por ejemplo – los costos suban más que los servicios. Fue lo que ocurrió en el MEP con el aumento de los salarios que realizamos: durante dos o tres años, los costos superan el crecimiento de la matrícula, porque se están recuperando los salarios. Eso está bien.
Lo que no puede estar bien es que estos aumentos se conviertan en un privilegio permanente y automático. Está bien que los salarios sean altos. No está bien que – de acuerdo al sistema vigente – sigan creciendo a un ritmo tan exagerado que se duplican cada ocho años ¡por encima de la inflación!
Por eso, cuando releo mis sub/versiones del 2002 y veo la forma en que creció el financiamiento a las universidades durante mis primeros cuatro años de Ministro; cuando reviso mis ideas de ayer y analizo la propuesta que hoy hemos presentado a los rectores para que el FEES siga creciendo a un ritmo superior al de la economía nacional, me siento bien. Son hechos y propuestas que, bien utilizadas, permitirían a nuestras universidades públicas un crecimiento y una mejora sistemática.
Y también por eso, cuando escucho que se amenaza con recortar becas, con cerrar cupos y carreras, con eliminar estudios de posgrado, aduciendo que la culpa la tiene el Gobierno por “recortar” el presupuesto universitario, me preocupo profundamente. No porque crea que los recursos ofrecidos son insuficientes. Me preocupo por la forma en que esos recursos están siendo utilizados y, sobre todo, me preocupo – y me entristezco – por la forma en que las élites universitarias están argumentando – en contra de sus estudiantes y en contra de nuestras universidades – con tal de no transformar un inadecuado sistema de privilegios.
Como en mis sub/versiones de ayer, creo que tenemos un problema de liderazgo. Solo que el problema parece estar dentro, y no fuera de nuestras universidades.
sábado, 31 de julio de 2010
Mejor solo como Ministro
Una rápida e inusual adición a mi blog (inusual porque casi nunca lo actualizo fines de semana). He leído con gran sorpresa el pronunciamiento de la Contraloría General de la República sobre la posibilidad de que el Ministro de Cultura y Juventud pueda seguir "ejerciendo" su profesión de músico fuera de horas de oficina, y que en ese ejercicio incluso pueda seguir cobrando. Y digo con sorpresa primero porque esa repentina flexibilidad de la Contraloría es inédita para mí, y segundo porque tengo la sensación de que los argumentos esgrimidos son bastante parciales.
La prohibición, que es lo que se le paga a los Ministros y no la dedicación exclusiva, pretende, según mi entender, dos cosas. Primero, asegurar, mediante un plus salarial equivalente al 65% del salario base, un ingreso que le permita al beneficiario dedicarse exclusivamente a las funciones asignadas. Segundo, prevenir que ingresos adicionales de otras fuentes terminen ejerciendo una influencia indebida en la elaboración de las políticas públicas. Ninguna de estas dos consideraciones está presente en el pronunciamiento de la Contraloría, por lo menos no con la misma relevancia que tiene la definición de profesión liberal sobre la que se basa este dictámen.
Y aclaro que por supuesto esto no tiene nada que ver con don Manuel Obregón en lo particular. Aquí el tema es la puerta que se abre con un pronunciamiento como este. Según el criterio del Contraloría, la Dra. María Luisa Avila podría abrir un restaurante (el que además sería un rotundo éxito, porque la Doctora cocina riquísimo), en tanto cocinar no es un profesión liberal. O Leonardo Garnier podría montar una barbería, René Castro cantar con un mariachi (imagínenlo con sombrero de charro y verán que la idea no es descabellada) y Mayi Antillón poner un salón de belleza (o una tienda de ropa!).
La labor al frente de un Ministerio es muy compleja y requiere de tal nivel de dedicación y de concentración -dirían algunos jugadores de futbol-, que no deberían asumirse responsabilidades adicionales, aun cuando sean tan placenteras como la de ofrecer conciertos. Pero aun cuando la urgencia de la manifestación artística sea tal que no pueda ser atenuada, por lo menos debería renunciarse al ingreso que esta produzca, mostrando de esta manera que se estaba dispuesto a asumir el cargo con los sacrificios que conlleva.
Fungir como Ministro es sin duda un honor y tiene grandes privilegios. Pero también requiere sacrificios. Durante el tiempo que se ejerce el cargo son muchas las cosas de las que uno debe privarse: tiempo en familia, un cierto nivel de ingresos, hobbies, y en general en el plano personal se posponen muchas cosas. La gente solo ve el aspecto "glamoroso" del trabajo, los viajes, las cenas y los cocteles, el carro con chofer, pero la verdad es que hay un grado de sacrificio que es invisible. Mucho se descubre en el ejercicio del cargo, mucho se sospecha antes de aceptarlo. Pero cuando uno acepta, tiene que hacerlo con toda la voluntad de asumir esos sacrificios. La verdad es que son solo 4 años, en el mejor de los casos,
Así que yo preferiría que los Ministros y Ministras se dediquen solo a su cargo, pese a lo que diga la Contraloría. Llámenme anticuado pero hay además una cierta solemnidad asociada al cargo que no debe perderse. La idea de que alguien contrate al Ministro de Cultura para que amenice una boda (por supuesto que estoy caricaturizando la situación) no es compatible con esa solemnidad. O que Manuel establezca una compañía con Leo, René, María Luisa y Mayi, de manera que René cante en la boda, Leo le corte el pelo al novio, María Luisa cocine el buffet y Mayi aliste a la novia...
La prohibición, que es lo que se le paga a los Ministros y no la dedicación exclusiva, pretende, según mi entender, dos cosas. Primero, asegurar, mediante un plus salarial equivalente al 65% del salario base, un ingreso que le permita al beneficiario dedicarse exclusivamente a las funciones asignadas. Segundo, prevenir que ingresos adicionales de otras fuentes terminen ejerciendo una influencia indebida en la elaboración de las políticas públicas. Ninguna de estas dos consideraciones está presente en el pronunciamiento de la Contraloría, por lo menos no con la misma relevancia que tiene la definición de profesión liberal sobre la que se basa este dictámen.
Y aclaro que por supuesto esto no tiene nada que ver con don Manuel Obregón en lo particular. Aquí el tema es la puerta que se abre con un pronunciamiento como este. Según el criterio del Contraloría, la Dra. María Luisa Avila podría abrir un restaurante (el que además sería un rotundo éxito, porque la Doctora cocina riquísimo), en tanto cocinar no es un profesión liberal. O Leonardo Garnier podría montar una barbería, René Castro cantar con un mariachi (imagínenlo con sombrero de charro y verán que la idea no es descabellada) y Mayi Antillón poner un salón de belleza (o una tienda de ropa!).
La labor al frente de un Ministerio es muy compleja y requiere de tal nivel de dedicación y de concentración -dirían algunos jugadores de futbol-, que no deberían asumirse responsabilidades adicionales, aun cuando sean tan placenteras como la de ofrecer conciertos. Pero aun cuando la urgencia de la manifestación artística sea tal que no pueda ser atenuada, por lo menos debería renunciarse al ingreso que esta produzca, mostrando de esta manera que se estaba dispuesto a asumir el cargo con los sacrificios que conlleva.
Fungir como Ministro es sin duda un honor y tiene grandes privilegios. Pero también requiere sacrificios. Durante el tiempo que se ejerce el cargo son muchas las cosas de las que uno debe privarse: tiempo en familia, un cierto nivel de ingresos, hobbies, y en general en el plano personal se posponen muchas cosas. La gente solo ve el aspecto "glamoroso" del trabajo, los viajes, las cenas y los cocteles, el carro con chofer, pero la verdad es que hay un grado de sacrificio que es invisible. Mucho se descubre en el ejercicio del cargo, mucho se sospecha antes de aceptarlo. Pero cuando uno acepta, tiene que hacerlo con toda la voluntad de asumir esos sacrificios. La verdad es que son solo 4 años, en el mejor de los casos,
Así que yo preferiría que los Ministros y Ministras se dediquen solo a su cargo, pese a lo que diga la Contraloría. Llámenme anticuado pero hay además una cierta solemnidad asociada al cargo que no debe perderse. La idea de que alguien contrate al Ministro de Cultura para que amenice una boda (por supuesto que estoy caricaturizando la situación) no es compatible con esa solemnidad. O que Manuel establezca una compañía con Leo, René, María Luisa y Mayi, de manera que René cante en la boda, Leo le corte el pelo al novio, María Luisa cocine el buffet y Mayi aliste a la novia...
jueves, 22 de julio de 2010
Otra perspectiva para el FEES
La negociación para dotar de recursos al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) nunca ha sido fácil. Es un proceso extraordinariamente duro porque tiene una inusual particularidad: todos los participantes tienen razón.
¿Cómo es posible que suceda algo así? Las universidades por ejemplo, tienen razón de solicitar más recursos. Aun cuando el país ya invierte en educación superior un porcentaje del PIB similar al promedio de los países de la OCDE -alrededor de un 1.1%-, Canadá, Corea y Estados Unidos asignan un porcentaje de entre 2.5 y 2.9, rango que debería constituir una aspiración para un país que pretende insertarse de manera exitosa en una economía que como la contemporánea está fundada en el conocimiento.
La inversión en educación superior pública es requisito para el desarrollo y debe recibir todo el apoyo necesario para que se convierta en la locomotora que tire de los sueños nacionales de una mejor calidad de vida para la población.
Pero, el Gobierno también tiene razón. No es posible acceder a la solicitud de las universidades. El país solo puede asignar los recursos que produce; si la economía crece un 5% no es posible comprometerse a garantizar un crecimiento de los presupuestos universitarios de un 11%, tal y como lo pretenden las universidades. A menos por supuesto que estemos dispuestos a sacrificar la inversión en otros campos.
Este es un argumento objetivo que se origina en una dura realidad fiscal, y no en oscuros intereses que pretenden acabar con la educación superior pública para favorecer a las universidades privadas. Pensar que a una persona como Leonardo Garnier –quien se ha convertido en el pararrayos de los ataques a la representación gubernamental en la Comisión de Enlace-, lo anima un sentimiento antiuniversitario solo puede ser motivado por un supino desconocimiento de su trayectoria y pensamiento, o por simple y llana mala intención. La verdad es mucho más compleja que un vacío argumento ad-hominem.
La situación se torna aun más complicada cuando las universidades aducen no poder aceptar menos de lo que solicitan por tener un crecimiento automático de sus gastos de un 8% en términos reales. Y para ser absolutamente justos, mucho –no todo-, de ese crecimiento se origina en pluses salariales que han sido otorgados por estrados judiciales. Pero lo cierto es que este es el comportamiento de los gastos en las universidades públicas, y esta es una carga demasiado pesada para las universidades mismas y para el país. Algo debe hacerse.
Con un panorama como este, es natural que la negociación sea particularmente difícil. Tal vez la solución no sea discutir una fórmula de financiamiento para el quinquenio como ha sido la práctica, sino ampliar el plazo de manera que las opciones sean mayores.
Así por ejemplo, se puede plantear un escenario de crecimiento gradual del porcentaje del PIB dedicado a la educación superior de manera que al cabo de 15 o 20 años se alcance un 2.25% del PIB. Esto permitiría varias cosas. Primero, la programación de los recursos fiscales requeridos para asegurar el cumplimiento del acuerdo, incluyendo lo que parece ya una inevitable e impostergable reforma tributaria.
Segundo, las universidades tendrían espacio para hacer una planificación de largo plazo que les permita moderar –de la manera que lo consideren pertinente, el peso de aquellos rubros de gasto que contribuyen a generar ese crecimiento automático que es a todas luces insostenible. Y tercero, y cuidado si esto no es lo más importante, alcanzar un acuerdo de este tipo, una verdadera e inédita política de estado, bien podría constituirse en un modelo para otros ámbitos de la vida nacional, igualmente necesitados de acciones de largo plazo.
Por supuesto, para forjar algo así se requerirá un trabajo técnico arduo y riguroso, que no puede estar sujeto a la presión coyuntural del ciclo presupuestario que ya se inicia. En este sentido, las universidades y el gobierno podrían acordar un presupuesto para el próximo año que garantice un crecimiento de 5% real –en tanto las proyecciones sitúan la tasa de crecimiento del PIB para este año alrededor del 4%-, y la gestión de un préstamo de $150 millones para compensar el porcentaje de crecimiento automático no cubierto y no paralizar del todo los planes de expansión que las universidades tiene en marcha. Esto otorgaría un plazo de un año, necesario para construir una solución de largo aliento.
Con la voluntad política y el compromiso que debería resultar de la posibilidad de llegar a un acuerdo histórico, es posible que estas extenuantes negociaciones de hoy sean, dentro de 20 años, objeto de curiosa investigación por esos jóvenes universitarios que tendrán mayores oportunidades gracias a un sistema de educación superior pública que sea ese motor del desarrollo que el país necesita.
¿Cómo es posible que suceda algo así? Las universidades por ejemplo, tienen razón de solicitar más recursos. Aun cuando el país ya invierte en educación superior un porcentaje del PIB similar al promedio de los países de la OCDE -alrededor de un 1.1%-, Canadá, Corea y Estados Unidos asignan un porcentaje de entre 2.5 y 2.9, rango que debería constituir una aspiración para un país que pretende insertarse de manera exitosa en una economía que como la contemporánea está fundada en el conocimiento.
La inversión en educación superior pública es requisito para el desarrollo y debe recibir todo el apoyo necesario para que se convierta en la locomotora que tire de los sueños nacionales de una mejor calidad de vida para la población.
Pero, el Gobierno también tiene razón. No es posible acceder a la solicitud de las universidades. El país solo puede asignar los recursos que produce; si la economía crece un 5% no es posible comprometerse a garantizar un crecimiento de los presupuestos universitarios de un 11%, tal y como lo pretenden las universidades. A menos por supuesto que estemos dispuestos a sacrificar la inversión en otros campos.
Este es un argumento objetivo que se origina en una dura realidad fiscal, y no en oscuros intereses que pretenden acabar con la educación superior pública para favorecer a las universidades privadas. Pensar que a una persona como Leonardo Garnier –quien se ha convertido en el pararrayos de los ataques a la representación gubernamental en la Comisión de Enlace-, lo anima un sentimiento antiuniversitario solo puede ser motivado por un supino desconocimiento de su trayectoria y pensamiento, o por simple y llana mala intención. La verdad es mucho más compleja que un vacío argumento ad-hominem.
La situación se torna aun más complicada cuando las universidades aducen no poder aceptar menos de lo que solicitan por tener un crecimiento automático de sus gastos de un 8% en términos reales. Y para ser absolutamente justos, mucho –no todo-, de ese crecimiento se origina en pluses salariales que han sido otorgados por estrados judiciales. Pero lo cierto es que este es el comportamiento de los gastos en las universidades públicas, y esta es una carga demasiado pesada para las universidades mismas y para el país. Algo debe hacerse.
Con un panorama como este, es natural que la negociación sea particularmente difícil. Tal vez la solución no sea discutir una fórmula de financiamiento para el quinquenio como ha sido la práctica, sino ampliar el plazo de manera que las opciones sean mayores.
Así por ejemplo, se puede plantear un escenario de crecimiento gradual del porcentaje del PIB dedicado a la educación superior de manera que al cabo de 15 o 20 años se alcance un 2.25% del PIB. Esto permitiría varias cosas. Primero, la programación de los recursos fiscales requeridos para asegurar el cumplimiento del acuerdo, incluyendo lo que parece ya una inevitable e impostergable reforma tributaria.
Segundo, las universidades tendrían espacio para hacer una planificación de largo plazo que les permita moderar –de la manera que lo consideren pertinente, el peso de aquellos rubros de gasto que contribuyen a generar ese crecimiento automático que es a todas luces insostenible. Y tercero, y cuidado si esto no es lo más importante, alcanzar un acuerdo de este tipo, una verdadera e inédita política de estado, bien podría constituirse en un modelo para otros ámbitos de la vida nacional, igualmente necesitados de acciones de largo plazo.
Por supuesto, para forjar algo así se requerirá un trabajo técnico arduo y riguroso, que no puede estar sujeto a la presión coyuntural del ciclo presupuestario que ya se inicia. En este sentido, las universidades y el gobierno podrían acordar un presupuesto para el próximo año que garantice un crecimiento de 5% real –en tanto las proyecciones sitúan la tasa de crecimiento del PIB para este año alrededor del 4%-, y la gestión de un préstamo de $150 millones para compensar el porcentaje de crecimiento automático no cubierto y no paralizar del todo los planes de expansión que las universidades tiene en marcha. Esto otorgaría un plazo de un año, necesario para construir una solución de largo aliento.
Con la voluntad política y el compromiso que debería resultar de la posibilidad de llegar a un acuerdo histórico, es posible que estas extenuantes negociaciones de hoy sean, dentro de 20 años, objeto de curiosa investigación por esos jóvenes universitarios que tendrán mayores oportunidades gracias a un sistema de educación superior pública que sea ese motor del desarrollo que el país necesita.
martes, 6 de julio de 2010
Redes sociales, opinión pública, el pulso del país y cursos de acción
La comunidad de las redes sociales es importante sobre todo cualitativamente en el proceso de formación de eso que denominamos "la opinión pública". Pero NO es la opinión pública. Es un grupo más que hay que tomar en cuenta pero no el único ni el más importante. Digo esto porque tengo la impresión de que en los últimos meses se ha venido sobreestimando el rol que tiene en la sociedad, sobre todo porque algunos temas que de pronto prenden la polémica en el mundo 2.0 terminan siendo objeto de decisiones públicas mas o menos en la línea en que se discutieron en la comunidad virtual.
Pero, ojo, esto solo pasa cuando los medios de comunicación masiva recogen el guante. Si las redes sociales tuvieran la influencia que algunos le atribuyen, otros temas habrían tenido una consecuencia. Ejemplos hay varios. No fue suficiente la instancia masiva de gran parte de esta comunidad para que Greivin Moya se refiriera a los cuestionamientos que se le hicieron en el blog El Infierno Tico. Las acusaciones no solo no fueron contestadas, sino que fueron ignoradas sistemáticamente por el resto de los medios, y por lo tanto pasaron desapercibidas. Es de esperarse que pase lo mismo con las dudas que Alejandro Trejos expone en su blog sobre la cantidad seguidores en Twitter de Amelia Rueda. Si ningún medio le da pelota a Alejandro, es muy probable que sus dudas se queden sin aclarar.
Y en esto tenemos que estar claros: los medios seguirán utilizando lo que pasa aquí para potenciar algunos temas -o reforzar su validez como de interés público-, SOLO Y SOLO SI coincide con su interés del momento. No hablo de conspiraciones ni nada por el estilo, simplemente que lo que trascienda dependerá de si el tema en discusión en el cibermundo resulta interesante para los medios, para que alcance status de tema nacional.
Hago estas reflexiones porque creo que algunos podría estar valorando incorrectamente la representatividad de las redes sociales. Es importante lo que aquí se habla, pero no es lo único ni lo más importante. Es cómodo creerlo, pero no por eso menos equivocado. Llevarle el pulso al país requiere mucho más que encender una computadora y entrar en Twitter o Facebook. Y definir cursos de acción obliga a la consideración de elementos adicionales, un esfuerzo sistemático y riguroso de acopio de información, de contacto permanente con diferentes sectores, de propiciar el conocimiento objetivo de los puntos de vista divergentes. De lo contrario las decisiones serán parciales, y tarde o temprano mostrarán sus limitaciones.
Pero, ojo, esto solo pasa cuando los medios de comunicación masiva recogen el guante. Si las redes sociales tuvieran la influencia que algunos le atribuyen, otros temas habrían tenido una consecuencia. Ejemplos hay varios. No fue suficiente la instancia masiva de gran parte de esta comunidad para que Greivin Moya se refiriera a los cuestionamientos que se le hicieron en el blog El Infierno Tico. Las acusaciones no solo no fueron contestadas, sino que fueron ignoradas sistemáticamente por el resto de los medios, y por lo tanto pasaron desapercibidas. Es de esperarse que pase lo mismo con las dudas que Alejandro Trejos expone en su blog sobre la cantidad seguidores en Twitter de Amelia Rueda. Si ningún medio le da pelota a Alejandro, es muy probable que sus dudas se queden sin aclarar.
Y en esto tenemos que estar claros: los medios seguirán utilizando lo que pasa aquí para potenciar algunos temas -o reforzar su validez como de interés público-, SOLO Y SOLO SI coincide con su interés del momento. No hablo de conspiraciones ni nada por el estilo, simplemente que lo que trascienda dependerá de si el tema en discusión en el cibermundo resulta interesante para los medios, para que alcance status de tema nacional.
Hago estas reflexiones porque creo que algunos podría estar valorando incorrectamente la representatividad de las redes sociales. Es importante lo que aquí se habla, pero no es lo único ni lo más importante. Es cómodo creerlo, pero no por eso menos equivocado. Llevarle el pulso al país requiere mucho más que encender una computadora y entrar en Twitter o Facebook. Y definir cursos de acción obliga a la consideración de elementos adicionales, un esfuerzo sistemático y riguroso de acopio de información, de contacto permanente con diferentes sectores, de propiciar el conocimiento objetivo de los puntos de vista divergentes. De lo contrario las decisiones serán parciales, y tarde o temprano mostrarán sus limitaciones.
miércoles, 30 de junio de 2010
Conocer mejor para corregir mejor
El Programa Estado de la Nación dio a conocer hace algunos meses que en Costa Rica un tercio de la Población Económicamente Activa (PEA) recibe menos del salario mínimo. El dato por supuesto es preocupante y requiere una decidida acción pública para que los derechos laborales de esas casi 600,000 personas sean protegidos.
Pero antes de adoptar cualquier medida es necesario analizar a profundidad esta información, extraída de la Encuesta de Hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos en el año 2009. Al respecto el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR acaba de publicar un estudio sobre el tema que es de consulta obligada. Y en este artículo se presentan algunos datos elaborados por la M.Sc. Raquel Barrientos, investigadora y miembro de la Junta Directiva del INEC, como un pequeño aporte a esta discusión.
Es importante hacer algunas consideraciones previas. La Encuesta de Hogares solo indaga el salario monetario, por lo tanto, no valora remuneraciones de otro tipo. Tampoco se considera aquí el tema de la formalidad o informalidad del empleo. Y para tener un panorama más apegado a la realidad, es importante considerar los salarios mínimos en cada rama de actividad como parte del análisis, cosa que excede el ámbito de este texto. Afortunadamente el estudio del IICE mencionado incluye este aspecto con el rigor que caracteriza su trabajo.
Según el INEC, 544,880 personas, un 29,8% de la PEA, ganaban menos de ¢170,950 al mes en el año 2009, pese a que trabajaban al menos 47 horas a la semana. Ese monto constituye el denominado salario “mínimo minimorum” (MM), es decir, el sueldo de protección legal que el Estado garantiza a los trabajadores. De ese grupo, el 61,6% son hombres, 30,5% no son asegurados y 31,2% son asalariados. Más de la mitad (56,25%) tienen solo educación primaria, el 32,67%, secundaria y solo un 5,84% educación universitaria. Por rama de actividad, el porcentaje más grande, un 21,17%, trabaja en “Comercio, reparación de vehículo automotores y enseres domésticos”, seguido por el 20,97% que trabaja en “Agricultura, ganadería, caza y selvicultura”, y el 13,06% que labora en “Hogares privados con servicio doméstico”.
Es importante señalar además que un 46,6% de este grupo son ocupados plenos, es decir, personas que trabajan el tiempo que quieren trabajar, mientras que el 40,1% es subempleado invisible, que se refiere a las personas que reciben como remuneración un ingreso muy bajo en relación con su productividad, o a la persona que realiza tareas que requieren una preparación inferior a la suya. Y en este caso en particular, que reciben además un ingreso menor al mínimo minimorum.
De los datos anteriores hay algunas conclusiones preliminares que pueden servir para delinear una estrategia de intervención. Primero, aunque es necesario actuar en beneficio de todos los afectados, el grupo en el que pareciera se puede incidir con alguna inmediatez es en el 31,2% de asalariados, en tanto un análisis más profundo utilizando las datos de la CCSS podría servir para determinar con relativa facilidad la verdadera situación de este grupo y aplicar las políticas correctivas necesarias.
Segundo, el siguiente grupo de interés es el 40,1% que se encuentra en situación de subempleo invisible. Es importante indagar si en este segmento se encuentran sobre todo personas que trabajan por cuenta propia, o si es gente que está recibiendo menos del salario mínimo en todos o algunos de los trabajos que realizan.
Tercero, las tres ramas de actividad económica que concentran mas del 55% de quienes no reciben el salario MM, deben ser objeto de un examen detallado que permita la caracterización del empleo, en tanto es posible encontrar en esos campos remuneraciones en especie que sumados a los ingresos monetarios sobrepasen el mínimo minimorum.
Finalmente, es fundamental clasificar con precisión el tamaño de las empresas dentro de estas ramas de actividad, y valorar cuidadosamente el impacto que podría tener en el nivel de empleo un cambio en sus sistemas de remuneración. Si alguna enseñanza dejó la crisis del 2009 es que de haberse contado con un marco legal que permitiera alguna flexibilidad en la definición de jornadas de trabajo y su respectiva remuneración probablemente el desempleo no habría aumentado en la proporción que lo hizo.
El análisis cuidadoso de esta situación es requisito imprescindible para elaborar medidas correctivas verdaderamente eficaces. El tema es tan urgente y delicado que requiere que nos tomemos el tiempo necesario, sin que signifique la posposición indefinida de la acción pública, para hacer este ejercicio.
Pero antes de adoptar cualquier medida es necesario analizar a profundidad esta información, extraída de la Encuesta de Hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos en el año 2009. Al respecto el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR acaba de publicar un estudio sobre el tema que es de consulta obligada. Y en este artículo se presentan algunos datos elaborados por la M.Sc. Raquel Barrientos, investigadora y miembro de la Junta Directiva del INEC, como un pequeño aporte a esta discusión.
Es importante hacer algunas consideraciones previas. La Encuesta de Hogares solo indaga el salario monetario, por lo tanto, no valora remuneraciones de otro tipo. Tampoco se considera aquí el tema de la formalidad o informalidad del empleo. Y para tener un panorama más apegado a la realidad, es importante considerar los salarios mínimos en cada rama de actividad como parte del análisis, cosa que excede el ámbito de este texto. Afortunadamente el estudio del IICE mencionado incluye este aspecto con el rigor que caracteriza su trabajo.
Según el INEC, 544,880 personas, un 29,8% de la PEA, ganaban menos de ¢170,950 al mes en el año 2009, pese a que trabajaban al menos 47 horas a la semana. Ese monto constituye el denominado salario “mínimo minimorum” (MM), es decir, el sueldo de protección legal que el Estado garantiza a los trabajadores. De ese grupo, el 61,6% son hombres, 30,5% no son asegurados y 31,2% son asalariados. Más de la mitad (56,25%) tienen solo educación primaria, el 32,67%, secundaria y solo un 5,84% educación universitaria. Por rama de actividad, el porcentaje más grande, un 21,17%, trabaja en “Comercio, reparación de vehículo automotores y enseres domésticos”, seguido por el 20,97% que trabaja en “Agricultura, ganadería, caza y selvicultura”, y el 13,06% que labora en “Hogares privados con servicio doméstico”.
Es importante señalar además que un 46,6% de este grupo son ocupados plenos, es decir, personas que trabajan el tiempo que quieren trabajar, mientras que el 40,1% es subempleado invisible, que se refiere a las personas que reciben como remuneración un ingreso muy bajo en relación con su productividad, o a la persona que realiza tareas que requieren una preparación inferior a la suya. Y en este caso en particular, que reciben además un ingreso menor al mínimo minimorum.
De los datos anteriores hay algunas conclusiones preliminares que pueden servir para delinear una estrategia de intervención. Primero, aunque es necesario actuar en beneficio de todos los afectados, el grupo en el que pareciera se puede incidir con alguna inmediatez es en el 31,2% de asalariados, en tanto un análisis más profundo utilizando las datos de la CCSS podría servir para determinar con relativa facilidad la verdadera situación de este grupo y aplicar las políticas correctivas necesarias.
Segundo, el siguiente grupo de interés es el 40,1% que se encuentra en situación de subempleo invisible. Es importante indagar si en este segmento se encuentran sobre todo personas que trabajan por cuenta propia, o si es gente que está recibiendo menos del salario mínimo en todos o algunos de los trabajos que realizan.
Tercero, las tres ramas de actividad económica que concentran mas del 55% de quienes no reciben el salario MM, deben ser objeto de un examen detallado que permita la caracterización del empleo, en tanto es posible encontrar en esos campos remuneraciones en especie que sumados a los ingresos monetarios sobrepasen el mínimo minimorum.
Finalmente, es fundamental clasificar con precisión el tamaño de las empresas dentro de estas ramas de actividad, y valorar cuidadosamente el impacto que podría tener en el nivel de empleo un cambio en sus sistemas de remuneración. Si alguna enseñanza dejó la crisis del 2009 es que de haberse contado con un marco legal que permitiera alguna flexibilidad en la definición de jornadas de trabajo y su respectiva remuneración probablemente el desempleo no habría aumentado en la proporción que lo hizo.
El análisis cuidadoso de esta situación es requisito imprescindible para elaborar medidas correctivas verdaderamente eficaces. El tema es tan urgente y delicado que requiere que nos tomemos el tiempo necesario, sin que signifique la posposición indefinida de la acción pública, para hacer este ejercicio.
miércoles, 16 de junio de 2010
Transferencia de competencias a las municipalidades
La aprobación en la legislatura anterior de la Ley de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades constituye un hito en la historia política nacional. O mejor dicho, puede constituir un hito en la historia política nacional. Depende de que se cumplan varias premisas, y sobre todo, de que se inicie de la mejor manera. Al respecto quisiera compartir algunas reflexiones sobre un proceso en el que se cifran grandes esperanzas para el futuro, y el que se ha venido empujando –y resistiendo por algunos-, desde hace muchos años.
Es importante recordar que el proyecto pretende trasladar competencias y recursos equivalentes al menos a un 10% de los ingresos ordinarios del Estado, en cumplimiento de una reforma constitucional aprobada hace casi 10 años. Para que la transferencia se realice de manera ordenada, se acordó que la misma se llevara a cabo gradualmente, mediante 7 leyes aprobadas en igual número de años, en las que se definan el conjunto de competencias -y los recursos necesarios para ejercerlas-, que serán transferidos a las municipalidades en cada ley.
Existe, es innegable, algún escepticismo respecto a la capacidad de las municipalidades para asumir nuevas responsabilidades. Pero hemos creado un círculo vicioso que esta ley debería romper: no se le otorgan recursos a las municipalidades porque no pueden administrarlos, pero no pueden hacerlo porque no tienen los recursos necesarios que lo permitan. En realidad, no tenemos opción: es difícil encontrar un país desarrollado con gobiernos locales débiles. Si queremos dar el salto cualitativo hacia el desarrollo, debemos ejecutar con decisión la transferencia de recursos y competencias a las municipalidades.
Precisamente por ser tan importante es que hay que llevarla a cabo con mucho cuidado. No es exagerado decir que de la primera ley depende el éxito de todo el proceso de transferencia, pues si no se hace correctamente los argumentos en contra podrían pesar al punto de dejar en suspenso las restantes seis leyes.
Afortunadamente el nuevo Gobierno ha dejado claro su apoyo a esta iniciativa que constituye una profunda transformación de la estructura del poder público. La designación de un Ministro de Descentralización y Fortalecimiento Local es un acierto y confirma la convicción democrática de la Presidenta Chinchilla, quien además entiende que dotar de recursos a los Gobiernos Locales es potenciar la participación ciudadana no solo en la identificación de los ámbitos que requieren la intervención pública, pero además en la definición de las políticas públicas necesarias para concretar esa intervención.
El nombramiento de Juan Marín como Ministro es además garantía de que se harán las cosas con conocimiento de causa: Juan no solo es un exitoso exalcalde que conoce la realidad municipal a lo largo y ancho del país, sino que además es un municipalista convencido. El Ministro Marín ha asumido la responsabilidad política de definir el primer proyecto de ley en consulta y con el apoyo de las municipalidades, las que han respondido entusiastamente, conscientes de la oportunidad histórica que tienen. Porque finalmente es a las alcaldesas, alcaldes, intendentes, regidores y síndicos a los que les corresponde en primera instancia vigilar que esta primera ley se concrete, así como la responsabilidad de llevarla a buen puerto en sus cantones.
Es importante además que en esta primera ley se especifiquen adicionalmente a las competencias que se transferirán, indicadores con líneas de base que permitan evaluar la evolución en la calidad de los servicios que se transfieran. El objetivo final y la premisa que inspira este proceso es que dotar de recursos a las instancias de gobierno más cercanas a la ciudadanía como son las municipalidades, redundará en mejoras ostensibles en la calidad y cantidad de servicios que se proveen. Por eso es imprescindible contar con información que permita valorar el impacto de los cambios, y corregir el rumbo cuando así sea necesario. Porque no podemos darnos el lujo de dar marcha atrás.
Es importante recordar que el proyecto pretende trasladar competencias y recursos equivalentes al menos a un 10% de los ingresos ordinarios del Estado, en cumplimiento de una reforma constitucional aprobada hace casi 10 años. Para que la transferencia se realice de manera ordenada, se acordó que la misma se llevara a cabo gradualmente, mediante 7 leyes aprobadas en igual número de años, en las que se definan el conjunto de competencias -y los recursos necesarios para ejercerlas-, que serán transferidos a las municipalidades en cada ley.
Existe, es innegable, algún escepticismo respecto a la capacidad de las municipalidades para asumir nuevas responsabilidades. Pero hemos creado un círculo vicioso que esta ley debería romper: no se le otorgan recursos a las municipalidades porque no pueden administrarlos, pero no pueden hacerlo porque no tienen los recursos necesarios que lo permitan. En realidad, no tenemos opción: es difícil encontrar un país desarrollado con gobiernos locales débiles. Si queremos dar el salto cualitativo hacia el desarrollo, debemos ejecutar con decisión la transferencia de recursos y competencias a las municipalidades.
Precisamente por ser tan importante es que hay que llevarla a cabo con mucho cuidado. No es exagerado decir que de la primera ley depende el éxito de todo el proceso de transferencia, pues si no se hace correctamente los argumentos en contra podrían pesar al punto de dejar en suspenso las restantes seis leyes.
Afortunadamente el nuevo Gobierno ha dejado claro su apoyo a esta iniciativa que constituye una profunda transformación de la estructura del poder público. La designación de un Ministro de Descentralización y Fortalecimiento Local es un acierto y confirma la convicción democrática de la Presidenta Chinchilla, quien además entiende que dotar de recursos a los Gobiernos Locales es potenciar la participación ciudadana no solo en la identificación de los ámbitos que requieren la intervención pública, pero además en la definición de las políticas públicas necesarias para concretar esa intervención.
El nombramiento de Juan Marín como Ministro es además garantía de que se harán las cosas con conocimiento de causa: Juan no solo es un exitoso exalcalde que conoce la realidad municipal a lo largo y ancho del país, sino que además es un municipalista convencido. El Ministro Marín ha asumido la responsabilidad política de definir el primer proyecto de ley en consulta y con el apoyo de las municipalidades, las que han respondido entusiastamente, conscientes de la oportunidad histórica que tienen. Porque finalmente es a las alcaldesas, alcaldes, intendentes, regidores y síndicos a los que les corresponde en primera instancia vigilar que esta primera ley se concrete, así como la responsabilidad de llevarla a buen puerto en sus cantones.
Es importante además que en esta primera ley se especifiquen adicionalmente a las competencias que se transferirán, indicadores con líneas de base que permitan evaluar la evolución en la calidad de los servicios que se transfieran. El objetivo final y la premisa que inspira este proceso es que dotar de recursos a las instancias de gobierno más cercanas a la ciudadanía como son las municipalidades, redundará en mejoras ostensibles en la calidad y cantidad de servicios que se proveen. Por eso es imprescindible contar con información que permita valorar el impacto de los cambios, y corregir el rumbo cuando así sea necesario. Porque no podemos darnos el lujo de dar marcha atrás.
jueves, 3 de junio de 2010
Artículo de la Arq. Jimena Ugarte de Stagno, Madre de Bruno
A MI HIJO LO DEFIENDO YO.
Arq. Jimena Ugarte de Stagno
En vista que nadie ha defendido a mi hijo, lo haré yo; se lo merece. En estas situaciones de cacería mayor las familias son las más afectadas.
Mi hijo, el flamante ex Canciller de la República, quien ha servido al país por 14 años intachables, ha sido y será un ser de excepción, con cualidades y competencias que lo distinguen. En sus 40 años nunca ha dado motivos de preocupación o vergüenza sino todo lo contrario. Como las águilas, ha volado alto, ha sido intrépido, posee una cultura universal amplia y sólida, una comprensión del mundo y una capacidad de análisis privilegiada, es humilde, y extremadamente respetuoso y responsable. Creo sin embargo, que todos estos maravillosos atributos son su peor enemigo pues las aves rastreras y carroñeras que vuelan bajo y en círculos, no soportan su hidalguía porque les hace reflejar su bajeza y mediocridad.
Con respecto al tema en los tabloides del momento, el mal llamado “auto nombramiento”, no sólo refleja lo anteriormente dicho, sino una total ignorancia y ligereza en el análisis de los hechos. Todos los jerarcas, periodistas y diputados que externaron criterios, lo hicieron sin haber leído un expediente, sin entender cuál es realmente el procedimiento correcto, y por supuesto sin un sano juicio. Veamos:
El 2 de marzo del 2010, doña Laura Chinchilla presentó públicamente “su primer nombramiento”, el cual consistió en el nuevo Canciller y en el nuevo Embajador en Naciones Unidas. Este acto fue ampliamente cubierto por periódicos y programas televisivos. Por lo tanto fue doña Laura quien lo escogió y nombró.
Posteriormente al acto de nombramiento del 2 de marzo, La Cancillería emitió un documento para que el Consejo de Gobierno lo ratificara. Por mandato constitucional sólo el Consejo de Gobierno tiene potestad para nombrar o quitar Embajadores. Este documento elaborado por la Dirección Jurídica de La Cancillería, era la solicitud de nombramiento colectivo de muchos embajadores, y entre ellos, el futuro Embajador ante Naciones Unidas. Esta solicitud, debía ser firmada por el Canciller en función que resultaba ser el próximo Embajador. Y éste ha sido el señalamiento del periodista. Esta solicitud de nombramiento en ningún momento fue señalada como ilegal o improcedente por la Dirección Jurídica de la Cancillería o de la Casa Presidencial. Bruno Stagno además, no estuvo presente en el Consejo de Gobierno que vio los nombramientos.
Sin embargo, un amateur de periodismo, quien tiene a su cargo la columna política de La Nación, ha perseguido y acosado en permanencia al ex Ministro (es cosa de revisar los periódicos), nunca ha informado por ejemplo que Bruno fungió como Presidente de la Corte Penal Internacional por tres años, que ahora es Vice Presidente con otras nueve autoridades del más alto rango internacional del Comité Asesor de esta misma Corte, que ha sido el “perfil ideal de estudiante” de Princeton University, entre muchas otras distinciones y logros. Este aprendiz, repito, logró su bajo objetivo porque los jerarcas encargados de defender al Canciller no fueron capaces, o no tuvieron la valentía de hacerlo y prefirieron seguir el juego periodístico, a la caza de protagonismo y futuros votos. La política es así: un juego permanente de oportunismos, donde la lealtad no existe.
Me imagino que Alvaro Murillo se sentirá orgulloso de su desafortunado triunfo y pensará que esta nueva cacería le concederá un nuevo Premio de Periodismo como lo fueron anteriormente los bonos chinos (premio que nunca entendí). ¿Se habrá percatado que existe un segundo informe legal de la Dirección Jurídica de la Cancillería? ¿Informará algún día sobre el mismo?
Lamento que el país por segunda vez pierda a un joven y brillante cerebro. El primero lamentablemente fue Kevin Casas, quien pudo haber sido de gran aporte para el gobierno anterior y ahora lo capitalizan los norteamericanos y ahora le tocó a Bruno Stagno Ugarte.
Agradezco el apoyo de don Oscar Arias, don Rodrigo Arias, don Abel Pacheco y del doctor Edgar Mohs, quienes no tardaron en externar su solidaridad e indignación. Curiosamente los cuatro han sido sus empleadores….
Quiero terminar con las palabras del doctor Oscar Arias Sánchez, en su despedida al Cuerpo Diplomático el 13 de enero del 2010.: “Hoy quiero agradecerle a un diplomático en particular, un diplomático que constituye mucho más que mi mano derecha en materia de política exterior. Es uno de mis más sabios consejeros y un amigo incondicional, cuyo talento extraordinario y notable inteligencia, hacen que Costa Rica sea objeto de envidia en las Cumbres internacionales. Quiero dejar constando aquí, y frente a todos ustedes, que Bruno Stagno es una de las principales razones por las cuales este pueblo ahora ha vuelto a sentir orgullo de su país en el escenario mundial”
Arq. Jimena Ugarte de Stagno
En vista que nadie ha defendido a mi hijo, lo haré yo; se lo merece. En estas situaciones de cacería mayor las familias son las más afectadas.
Mi hijo, el flamante ex Canciller de la República, quien ha servido al país por 14 años intachables, ha sido y será un ser de excepción, con cualidades y competencias que lo distinguen. En sus 40 años nunca ha dado motivos de preocupación o vergüenza sino todo lo contrario. Como las águilas, ha volado alto, ha sido intrépido, posee una cultura universal amplia y sólida, una comprensión del mundo y una capacidad de análisis privilegiada, es humilde, y extremadamente respetuoso y responsable. Creo sin embargo, que todos estos maravillosos atributos son su peor enemigo pues las aves rastreras y carroñeras que vuelan bajo y en círculos, no soportan su hidalguía porque les hace reflejar su bajeza y mediocridad.
Con respecto al tema en los tabloides del momento, el mal llamado “auto nombramiento”, no sólo refleja lo anteriormente dicho, sino una total ignorancia y ligereza en el análisis de los hechos. Todos los jerarcas, periodistas y diputados que externaron criterios, lo hicieron sin haber leído un expediente, sin entender cuál es realmente el procedimiento correcto, y por supuesto sin un sano juicio. Veamos:
El 2 de marzo del 2010, doña Laura Chinchilla presentó públicamente “su primer nombramiento”, el cual consistió en el nuevo Canciller y en el nuevo Embajador en Naciones Unidas. Este acto fue ampliamente cubierto por periódicos y programas televisivos. Por lo tanto fue doña Laura quien lo escogió y nombró.
Posteriormente al acto de nombramiento del 2 de marzo, La Cancillería emitió un documento para que el Consejo de Gobierno lo ratificara. Por mandato constitucional sólo el Consejo de Gobierno tiene potestad para nombrar o quitar Embajadores. Este documento elaborado por la Dirección Jurídica de La Cancillería, era la solicitud de nombramiento colectivo de muchos embajadores, y entre ellos, el futuro Embajador ante Naciones Unidas. Esta solicitud, debía ser firmada por el Canciller en función que resultaba ser el próximo Embajador. Y éste ha sido el señalamiento del periodista. Esta solicitud de nombramiento en ningún momento fue señalada como ilegal o improcedente por la Dirección Jurídica de la Cancillería o de la Casa Presidencial. Bruno Stagno además, no estuvo presente en el Consejo de Gobierno que vio los nombramientos.
Sin embargo, un amateur de periodismo, quien tiene a su cargo la columna política de La Nación, ha perseguido y acosado en permanencia al ex Ministro (es cosa de revisar los periódicos), nunca ha informado por ejemplo que Bruno fungió como Presidente de la Corte Penal Internacional por tres años, que ahora es Vice Presidente con otras nueve autoridades del más alto rango internacional del Comité Asesor de esta misma Corte, que ha sido el “perfil ideal de estudiante” de Princeton University, entre muchas otras distinciones y logros. Este aprendiz, repito, logró su bajo objetivo porque los jerarcas encargados de defender al Canciller no fueron capaces, o no tuvieron la valentía de hacerlo y prefirieron seguir el juego periodístico, a la caza de protagonismo y futuros votos. La política es así: un juego permanente de oportunismos, donde la lealtad no existe.
Me imagino que Alvaro Murillo se sentirá orgulloso de su desafortunado triunfo y pensará que esta nueva cacería le concederá un nuevo Premio de Periodismo como lo fueron anteriormente los bonos chinos (premio que nunca entendí). ¿Se habrá percatado que existe un segundo informe legal de la Dirección Jurídica de la Cancillería? ¿Informará algún día sobre el mismo?
Lamento que el país por segunda vez pierda a un joven y brillante cerebro. El primero lamentablemente fue Kevin Casas, quien pudo haber sido de gran aporte para el gobierno anterior y ahora lo capitalizan los norteamericanos y ahora le tocó a Bruno Stagno Ugarte.
Agradezco el apoyo de don Oscar Arias, don Rodrigo Arias, don Abel Pacheco y del doctor Edgar Mohs, quienes no tardaron en externar su solidaridad e indignación. Curiosamente los cuatro han sido sus empleadores….
Quiero terminar con las palabras del doctor Oscar Arias Sánchez, en su despedida al Cuerpo Diplomático el 13 de enero del 2010.: “Hoy quiero agradecerle a un diplomático en particular, un diplomático que constituye mucho más que mi mano derecha en materia de política exterior. Es uno de mis más sabios consejeros y un amigo incondicional, cuyo talento extraordinario y notable inteligencia, hacen que Costa Rica sea objeto de envidia en las Cumbres internacionales. Quiero dejar constando aquí, y frente a todos ustedes, que Bruno Stagno es una de las principales razones por las cuales este pueblo ahora ha vuelto a sentir orgullo de su país en el escenario mundial”
Respuesta a los comentarios sobre tema Bruno Stagno
Una rápida respuesta a algunas de las preguntas planteadas en los comentarios a mi artículo "El nombramiento de Bruno Stagno":
- La fecha en que se nombró a Bruno es irrelevante si el Gobierno entrante estaba de acuerdo con el nombramiento. Y doña Laura y don René habían expresado públicamente su deseo de nombrar a Bruno en la ONU. Así que no hay ninguna mala intención ni el deseo de imponerle nada al nuevo Gobierno, simplemente la concreción de un deseo expreso de la Presidenta.
- Reitero, el nombramiento lo hizo el Consejo de Gobierno, quien es el facultado para hacerlo. Lo que Bruno hizo fue firmar el acuerdo de nombramiento, ejecutando la voluntad del Consejo. Esa es una omisión, pero no significa una transgresión ética ni que Bruno se "autonombrara", como lo siguen manteniendo algunos periodistas. No hay abuso de poder si no se tiene el poder de nombrarse. No puede haber conflicto de intereses por ejecutar un acuerdo de un órgano superior. Lo que hay es una omisión de tipo administrativo que estoy seguro era subsanable, tal y como lo expresa el actual Canciller.
- El nombramiento de Jorge Urbina ante los organismos internacionales acreditados en Holanda (ratificado por el actual Gobierno, lo que confirma que no hay ninguna irregularidad en el mismo), no se hace para "acomodar" a Bruno. A Jorge se le vencía el nombramiento ante la ONU si mal no recuerdo el 1 de junio, por lo que igual había que nombrar un sustituto. Y la Presidenta y el nuevo Canciller expresaron su deseo de que el que ocupara ese cargo fuera Bruno. Por eso el Consejo de Gobierno lo nombra.
Lo que he querido es brindar información sobre los hechos. Hay errores de errores. Lo que hay es que poner las cosas en una justa perspectiva y no manchar la honra de una persona como Bruno Stagno por puro desconocimiento de lo que realmente sucedió.
- La fecha en que se nombró a Bruno es irrelevante si el Gobierno entrante estaba de acuerdo con el nombramiento. Y doña Laura y don René habían expresado públicamente su deseo de nombrar a Bruno en la ONU. Así que no hay ninguna mala intención ni el deseo de imponerle nada al nuevo Gobierno, simplemente la concreción de un deseo expreso de la Presidenta.
- Reitero, el nombramiento lo hizo el Consejo de Gobierno, quien es el facultado para hacerlo. Lo que Bruno hizo fue firmar el acuerdo de nombramiento, ejecutando la voluntad del Consejo. Esa es una omisión, pero no significa una transgresión ética ni que Bruno se "autonombrara", como lo siguen manteniendo algunos periodistas. No hay abuso de poder si no se tiene el poder de nombrarse. No puede haber conflicto de intereses por ejecutar un acuerdo de un órgano superior. Lo que hay es una omisión de tipo administrativo que estoy seguro era subsanable, tal y como lo expresa el actual Canciller.
- El nombramiento de Jorge Urbina ante los organismos internacionales acreditados en Holanda (ratificado por el actual Gobierno, lo que confirma que no hay ninguna irregularidad en el mismo), no se hace para "acomodar" a Bruno. A Jorge se le vencía el nombramiento ante la ONU si mal no recuerdo el 1 de junio, por lo que igual había que nombrar un sustituto. Y la Presidenta y el nuevo Canciller expresaron su deseo de que el que ocupara ese cargo fuera Bruno. Por eso el Consejo de Gobierno lo nombra.
Lo que he querido es brindar información sobre los hechos. Hay errores de errores. Lo que hay es que poner las cosas en una justa perspectiva y no manchar la honra de una persona como Bruno Stagno por puro desconocimiento de lo que realmente sucedió.
martes, 1 de junio de 2010
Sobre el nombramiento de Bruno Stagno
Este tema es un ejemplo palpable de cómo a veces el desconocimiento puede generar opiniones equivocadas. Voy a tratar de poner algo de perspectiva en un tema que es delicado, sobre todo porque toca a una persona intachable y de una trayectoria impecable.
Bruno Stagno no se "autonombró", como han sugerido -e incluso afirmado con perversa seguridad- algunos. No pudo hacerlo. A los embajadores los nombra por ley el Consejo de Gobierno. Y el Consejo de Gobierno, sin la presencia de Bruno, valga la pena mencionar, ratificó por unanimidad su nombramiento. ¿Cómo no hacerlo si el exCanciller es un diplomático avezado y reconocido internacionalmente por su capacidad e integridad?
Estoy seguro que la mayoría de quienes tan ligeramente han acusado a Bruno de carencias éticas ignoran esto. Habrá otros que no tengan el beneficio de la ignorancia, sino que actúan malintencionadamente y se cobran deudas de esta forma tan rastrera. Pero lo cierto es que no hay abuso de poder ni nada por el estilo. Quienes conocemos a Bruno Stagno sabemos que es una persona intachable, íntegra y honesta.
¿Cuál es la falta? Una verdaderamente menor. Se acusa a Bruno de haber firmado la carta donde se solicita al Consejo de Gobierno cesar a Jorge Urbina como embajador ante la ONU, nombrarlo ante los organismos internacionales con sede en Holanda, y nombrarlo a él mismo como embajador ante la ONU. Esto último es una omisión de parte de Bruno porque habría sido mejor que la carta en cuestión firmara el Vicecanciller, pero no constituye ni por asomo una transgresión ética, pues la solicitud por sí sola no constituye el nombramiento, potestad reservada, como lo indiqué antes, al Consejo de Gobierno. Además se dice que él formalizó el trámite para concretar el acuerdo del Consejo de Gobierno. Igual, esto pudo haber sido firmado por el Vicecanciller. Pero no hay en esto más que descuido administrativo, nunca la intención de abusar de su puesto. Repito, el nombramiento fue hecho por el Consejo de Gobierno, no por el exCanciller.
No puede haber conflicto de intereses cuando las acciones que se señalan como causantes de la transgresión no son las que originan el "beneficio" para el acusado. Y aquí quien en definitiva realizó el nombramiento fue el Consejo de Gobierno.
Como nota adicional me parece muy desafortunadas las declaraciones del procurador de la ética en el periódico La Nación del día de hoy al adelantar criterio sobre un caso que no ha sido puesto a su consideración. Uno esperaría más mesura de quienes resguardan el cumplimiento de la ley.
Ojalá que por ignorancia, demagogia y maledicencia no privemos al país de un representante en el exterior del calibre de Bruno Stagno.
Bruno Stagno no se "autonombró", como han sugerido -e incluso afirmado con perversa seguridad- algunos. No pudo hacerlo. A los embajadores los nombra por ley el Consejo de Gobierno. Y el Consejo de Gobierno, sin la presencia de Bruno, valga la pena mencionar, ratificó por unanimidad su nombramiento. ¿Cómo no hacerlo si el exCanciller es un diplomático avezado y reconocido internacionalmente por su capacidad e integridad?
Estoy seguro que la mayoría de quienes tan ligeramente han acusado a Bruno de carencias éticas ignoran esto. Habrá otros que no tengan el beneficio de la ignorancia, sino que actúan malintencionadamente y se cobran deudas de esta forma tan rastrera. Pero lo cierto es que no hay abuso de poder ni nada por el estilo. Quienes conocemos a Bruno Stagno sabemos que es una persona intachable, íntegra y honesta.
¿Cuál es la falta? Una verdaderamente menor. Se acusa a Bruno de haber firmado la carta donde se solicita al Consejo de Gobierno cesar a Jorge Urbina como embajador ante la ONU, nombrarlo ante los organismos internacionales con sede en Holanda, y nombrarlo a él mismo como embajador ante la ONU. Esto último es una omisión de parte de Bruno porque habría sido mejor que la carta en cuestión firmara el Vicecanciller, pero no constituye ni por asomo una transgresión ética, pues la solicitud por sí sola no constituye el nombramiento, potestad reservada, como lo indiqué antes, al Consejo de Gobierno. Además se dice que él formalizó el trámite para concretar el acuerdo del Consejo de Gobierno. Igual, esto pudo haber sido firmado por el Vicecanciller. Pero no hay en esto más que descuido administrativo, nunca la intención de abusar de su puesto. Repito, el nombramiento fue hecho por el Consejo de Gobierno, no por el exCanciller.
No puede haber conflicto de intereses cuando las acciones que se señalan como causantes de la transgresión no son las que originan el "beneficio" para el acusado. Y aquí quien en definitiva realizó el nombramiento fue el Consejo de Gobierno.
Como nota adicional me parece muy desafortunadas las declaraciones del procurador de la ética en el periódico La Nación del día de hoy al adelantar criterio sobre un caso que no ha sido puesto a su consideración. Uno esperaría más mesura de quienes resguardan el cumplimiento de la ley.
Ojalá que por ignorancia, demagogia y maledicencia no privemos al país de un representante en el exterior del calibre de Bruno Stagno.
martes, 25 de mayo de 2010
Carta a los periodistas
Queridos amigos y amigas periodistas: partimos de la premisa de que ustedes trabajan para nosotros, los ciudadanos de este país. Por lo tanto, nuestra opinión sobre su labor debería ser importante. No queremos que ustedes se conviertan en eso que tanto le achacan ser a los políticos: personas desligadas del sentir nacional. Así que queríamos compartir algunas preocupaciones que tenemos sobre su trabajo.
Primero, no es posible que en este país solo haya noticias de sucesos o “farándula”. Algunos telenoticieros pasan más de la mitad de su emisión informando profusamente de atropellos, asesinatos, las nuevas “bubis” de alguna modelo nacional y lo que pasó en alguno de los programas de variedades del mismo canal. No se trata de negar la realidad, pero pasar dos o tres días hablando repetidamente de un mismo asesinato no parece tener valor informativo. Aquí el tema es que cuando ustedes informan sobre algo en detrimento de otra cosa, una parte de la realidad queda oculta. Pero además asumen que nosotros somos personas morbosas y superficiales que nos regodeamos con la nota roja y de farándula. Y no es así. Pero aún si fuera así, deberían educarnos para interesarnos en otro tipo de información, no simplemente darle rienda suelta al morbo popular.
Segundo, y relacionado con lo anterior, es absolutamente factible informar sobre sucesos sin caer en el sensacionalismo. Nosotros creíamos que esto no era posible, pero ahora que tenemos acceso al cable y por lo tanto a programas de noticias internacionales, nos damos cuenta que sí. No vemos ahí tomas desgarradoras de niños atropellados o insensibles entrevistas con familiares de las víctimas. Sobre todo esto último es insoportable. Hay un umbral íntimo en las familias que nadie, ni siquiera en nombre de la libertad de prensa, tiene derecho a transgredir. No queremos saber si a una madre le duele el asesinato de su hijo, ni si la gente estaba triste en el entierro de la mujer asesinada por su esposo. Lo podemos imaginar.
Tercero, por favor no nos subestimen. No traten de guiarnos a una conclusión específica sobre un tema de interés nacional. No usen adjetivos cuando informan. Hace unos días un matutino publicó en su primera página el titular “Jugoso aumento quieren 45 diputados”. ¿Para qué calificar el aumento? Para las opiniones personales están las secciones correspondientes. ¿No habría sido mejor usar un titular que dijera algo así como “45 diputados impulsan aumento de salario”? La conclusión de si es jugoso o no nos corresponde hacerla a nosotros, no a ustedes, aun una tan obvia como esta. No nos ayuden.
Cuarto, cuestionar el enfoque periodístico no es un ataque a la libertad de expresión. El título de periodista no les otorga objetividad automática. Ustedes, como nosotros, están marcados por la subjetividad. Para tratar de ser objetivo hay que estar consciente de esto y hacer un esfuerzo sostenido para equilibrar las opiniones propias con la necesidad de informar objetivamente. Debe ser muy duro, pero el buen profesional en comunicación tiene que intentarlo siempre.
Quinto, la autocrítica es deseable. Cometer errores no tiene nada de malo. Puede ser que se les haya ido la mano en algo o que hayan presentado una información sesgada aun sin mala intención. La respuesta a esto es tratar de mejorar siempre, no cerrar filas y defenderse a toda costa. Todos, incluso ustedes, somos humanos y por lo tanto propensos a cometer errores. Pero en el caso de ustedes, su error tiene una influencia que no es posible desestimar. Porque en muchos casos, nosotros forjamos una opinión sobre ciertos acontecimientos a través de lo que ustedes nos informan. Por eso tenemos que saber que están dispuestos a aceptar honestamente que se equivocaron. La recompensa es la credibilidad.
Por último, déjennos regodearnos, aunque sea por un día, de alguna buena noticia. Cuando se informa sobre lo que el país ha alcanzado en el algún ámbito de la vida nacional, inmediatamente viene un cuestionamiento. Cuando instituciones internacionales dicen que el país es exitoso en algún campo, celebrémoslo y sigamos adelante. Pero pareciera que para ustedes una noticia de este tipo requiere un desmentido automático. Entendemos que hay algunas fuentes sospechosas, pero en otros casos el sospechoso es el “experto” o la “ONG” a la que se acude para desvirtuar lo alcanzado.
Les hacemos estas observaciones porque estamos conscientes de la importancia del trabajo que ustedes hacen. Y porque necesitamos que sean cada vez mejores, porque si ustedes lo hacen nosotros saldremos beneficiados. Y el país. No es poca cosa.
Atentamente, la opinión pública.
Primero, no es posible que en este país solo haya noticias de sucesos o “farándula”. Algunos telenoticieros pasan más de la mitad de su emisión informando profusamente de atropellos, asesinatos, las nuevas “bubis” de alguna modelo nacional y lo que pasó en alguno de los programas de variedades del mismo canal. No se trata de negar la realidad, pero pasar dos o tres días hablando repetidamente de un mismo asesinato no parece tener valor informativo. Aquí el tema es que cuando ustedes informan sobre algo en detrimento de otra cosa, una parte de la realidad queda oculta. Pero además asumen que nosotros somos personas morbosas y superficiales que nos regodeamos con la nota roja y de farándula. Y no es así. Pero aún si fuera así, deberían educarnos para interesarnos en otro tipo de información, no simplemente darle rienda suelta al morbo popular.
Segundo, y relacionado con lo anterior, es absolutamente factible informar sobre sucesos sin caer en el sensacionalismo. Nosotros creíamos que esto no era posible, pero ahora que tenemos acceso al cable y por lo tanto a programas de noticias internacionales, nos damos cuenta que sí. No vemos ahí tomas desgarradoras de niños atropellados o insensibles entrevistas con familiares de las víctimas. Sobre todo esto último es insoportable. Hay un umbral íntimo en las familias que nadie, ni siquiera en nombre de la libertad de prensa, tiene derecho a transgredir. No queremos saber si a una madre le duele el asesinato de su hijo, ni si la gente estaba triste en el entierro de la mujer asesinada por su esposo. Lo podemos imaginar.
Tercero, por favor no nos subestimen. No traten de guiarnos a una conclusión específica sobre un tema de interés nacional. No usen adjetivos cuando informan. Hace unos días un matutino publicó en su primera página el titular “Jugoso aumento quieren 45 diputados”. ¿Para qué calificar el aumento? Para las opiniones personales están las secciones correspondientes. ¿No habría sido mejor usar un titular que dijera algo así como “45 diputados impulsan aumento de salario”? La conclusión de si es jugoso o no nos corresponde hacerla a nosotros, no a ustedes, aun una tan obvia como esta. No nos ayuden.
Cuarto, cuestionar el enfoque periodístico no es un ataque a la libertad de expresión. El título de periodista no les otorga objetividad automática. Ustedes, como nosotros, están marcados por la subjetividad. Para tratar de ser objetivo hay que estar consciente de esto y hacer un esfuerzo sostenido para equilibrar las opiniones propias con la necesidad de informar objetivamente. Debe ser muy duro, pero el buen profesional en comunicación tiene que intentarlo siempre.
Quinto, la autocrítica es deseable. Cometer errores no tiene nada de malo. Puede ser que se les haya ido la mano en algo o que hayan presentado una información sesgada aun sin mala intención. La respuesta a esto es tratar de mejorar siempre, no cerrar filas y defenderse a toda costa. Todos, incluso ustedes, somos humanos y por lo tanto propensos a cometer errores. Pero en el caso de ustedes, su error tiene una influencia que no es posible desestimar. Porque en muchos casos, nosotros forjamos una opinión sobre ciertos acontecimientos a través de lo que ustedes nos informan. Por eso tenemos que saber que están dispuestos a aceptar honestamente que se equivocaron. La recompensa es la credibilidad.
Por último, déjennos regodearnos, aunque sea por un día, de alguna buena noticia. Cuando se informa sobre lo que el país ha alcanzado en el algún ámbito de la vida nacional, inmediatamente viene un cuestionamiento. Cuando instituciones internacionales dicen que el país es exitoso en algún campo, celebrémoslo y sigamos adelante. Pero pareciera que para ustedes una noticia de este tipo requiere un desmentido automático. Entendemos que hay algunas fuentes sospechosas, pero en otros casos el sospechoso es el “experto” o la “ONG” a la que se acude para desvirtuar lo alcanzado.
Les hacemos estas observaciones porque estamos conscientes de la importancia del trabajo que ustedes hacen. Y porque necesitamos que sean cada vez mejores, porque si ustedes lo hacen nosotros saldremos beneficiados. Y el país. No es poca cosa.
Atentamente, la opinión pública.
miércoles, 19 de mayo de 2010
Déficit y reforma fiscal
Este año el país enfrentará un déficit fiscal de alrededor de un 5%. El tema es serio y merece una reflexión igualmente seria, y no un debate plagado de juicios de valor y sin considerar todos lo elementos necesarios para tener una posición informada.
Lo primero es explicar el origen del déficit. Costa Rica, con una economía muy pequeña para sustentar su crecimiento en la demanda interna, ha apostado por la integración comercial internacional para generar el dinamismo necesario que nos permita alcanzar mejores niveles de vida. Precisamente por esto la crisis tuvo un impacto directo en el país, el que si bien fue menor que otras latitudes, siempre resultó en una disminución de la producción nacional como no se había visto en las últimas décadas.
Y cuando un país produce menos, el Gobierno recauda menos. Pero las necesidades siguen siendo las mismas. La receta tradicional ante un desbalance como este era recortar gastos, sobre todo en el ámbito social, que es normalmente en el que se invierten más recursos. Pero esta vez, con la aquiescencia de los organismos financieros internacionales que hace 25 años recomendaban exactamente lo contrario, se concluyó que lo mejor era enfrentar esta disminución en la producción de riqueza aumentando el gasto público, aunque fuera necesario incurrir en déficits fiscales en el proceso.
Eso precisamente fue lo que se hizo en Costa Rica. Por eso se utilizaron recursos públicos para capitalizar los bancos estatales, de manera que el crédito no dejara de fluir al aparato productivo nacional. En esa dirección se ejecutó un Plan Alimentario que garantizó el suministro de granos básicos, pero además estimuló la actividad agrícola. En la misma línea se agilizó la ejecución de algunos proyectos de infraestructura con fondos del presupuesto. Y así con un conjunto de medidas, recogidas en el Plan Escudo, que tenía como objetivo intentar compensar la desaceleración económica y proteger el empleo.
Pero más importante aún, se reforzaron los presupuestos de los programas de asistencia social, a partir de la premisa de que los que menos tienen debían ser protegidos del embate de la crisis, y que, sobre todo, la pérdida de ingreso familiar no terminara hipotecando el futuro de los jóvenes que se verían obligados a abandonar sus estudios para sumarse prematuramente a la fuerza laboral.
Gracias a esta medidas, el país pudo atenuar el golpe. Pero por supuesto que tuvo un precio: el déficit fiscal. No prueba esto -como están empezando a afirmar algunos economistas que comienzan a asomar la cabeza después de que la aplicación de sus teorías de libre mercado sin regulación precisamente causaran la crisis-, falta de disciplina o irresponsabilidad fiscal, sino más bien la imperiosa necesidad de una reforma fiscal que produzca suficientes recursos para sostener y ampliar la red de asistencia social que requiere el país, así como la inversión en ámbitos estratégicos como infraestructura y ciencia y tecnología que son requisito fundamental para dar ese salto cualitativo que el país necesita.
El problema es evidentemente de estructura tributaria y no tiene que ver únicamente con el nivel de crecimiento económico. Esto quedó claro en los años precedentes a la crisis, en los que pese al dinamismo de la economía y a niveles de recaudación sin precedentes, el país siempre tuvo que sacrificar inversión en algunos ámbitos cuando por ejemplo se presentaba una emergencia. ¿Cuántas nuevas escuelas se habrán tenido que sacrificar para atender daños provocados por inundaciones? ¿Cuántos CEN-CINAI se tuvo que dejar de abrir para poder reconstruir los daños provocados por los temporales en las carreteras? Estos costos de oportunidad existen en proporción directa a la escasez de recursos fiscales y aun una economía boyante como la de esos años no pudo producirlos.
El tema debería ser entonces como dotar de más recursos al Estado y no el de cuáles gastos recortar para equilibrar las finanzas públicas. Una reforma tributaria progresiva no solo es oportuna, sino además impostergable.
Lo primero es explicar el origen del déficit. Costa Rica, con una economía muy pequeña para sustentar su crecimiento en la demanda interna, ha apostado por la integración comercial internacional para generar el dinamismo necesario que nos permita alcanzar mejores niveles de vida. Precisamente por esto la crisis tuvo un impacto directo en el país, el que si bien fue menor que otras latitudes, siempre resultó en una disminución de la producción nacional como no se había visto en las últimas décadas.
Y cuando un país produce menos, el Gobierno recauda menos. Pero las necesidades siguen siendo las mismas. La receta tradicional ante un desbalance como este era recortar gastos, sobre todo en el ámbito social, que es normalmente en el que se invierten más recursos. Pero esta vez, con la aquiescencia de los organismos financieros internacionales que hace 25 años recomendaban exactamente lo contrario, se concluyó que lo mejor era enfrentar esta disminución en la producción de riqueza aumentando el gasto público, aunque fuera necesario incurrir en déficits fiscales en el proceso.
Eso precisamente fue lo que se hizo en Costa Rica. Por eso se utilizaron recursos públicos para capitalizar los bancos estatales, de manera que el crédito no dejara de fluir al aparato productivo nacional. En esa dirección se ejecutó un Plan Alimentario que garantizó el suministro de granos básicos, pero además estimuló la actividad agrícola. En la misma línea se agilizó la ejecución de algunos proyectos de infraestructura con fondos del presupuesto. Y así con un conjunto de medidas, recogidas en el Plan Escudo, que tenía como objetivo intentar compensar la desaceleración económica y proteger el empleo.
Pero más importante aún, se reforzaron los presupuestos de los programas de asistencia social, a partir de la premisa de que los que menos tienen debían ser protegidos del embate de la crisis, y que, sobre todo, la pérdida de ingreso familiar no terminara hipotecando el futuro de los jóvenes que se verían obligados a abandonar sus estudios para sumarse prematuramente a la fuerza laboral.
Gracias a esta medidas, el país pudo atenuar el golpe. Pero por supuesto que tuvo un precio: el déficit fiscal. No prueba esto -como están empezando a afirmar algunos economistas que comienzan a asomar la cabeza después de que la aplicación de sus teorías de libre mercado sin regulación precisamente causaran la crisis-, falta de disciplina o irresponsabilidad fiscal, sino más bien la imperiosa necesidad de una reforma fiscal que produzca suficientes recursos para sostener y ampliar la red de asistencia social que requiere el país, así como la inversión en ámbitos estratégicos como infraestructura y ciencia y tecnología que son requisito fundamental para dar ese salto cualitativo que el país necesita.
El problema es evidentemente de estructura tributaria y no tiene que ver únicamente con el nivel de crecimiento económico. Esto quedó claro en los años precedentes a la crisis, en los que pese al dinamismo de la economía y a niveles de recaudación sin precedentes, el país siempre tuvo que sacrificar inversión en algunos ámbitos cuando por ejemplo se presentaba una emergencia. ¿Cuántas nuevas escuelas se habrán tenido que sacrificar para atender daños provocados por inundaciones? ¿Cuántos CEN-CINAI se tuvo que dejar de abrir para poder reconstruir los daños provocados por los temporales en las carreteras? Estos costos de oportunidad existen en proporción directa a la escasez de recursos fiscales y aun una economía boyante como la de esos años no pudo producirlos.
El tema debería ser entonces como dotar de más recursos al Estado y no el de cuáles gastos recortar para equilibrar las finanzas públicas. Una reforma tributaria progresiva no solo es oportuna, sino además impostergable.
viernes, 14 de mayo de 2010
Ensalada de temas, segunda parte
Consciente de que segundas parte nunca fueron buenas (salvo quizás la de El Padrino), y no completamente seguro ni siquiera que la primera parte lo fuera, me mando con una segunda ensalada, con el firme propósito de que en algún momento me voy a sentar a escribir un artículo como Dios manda.
- El gasto ejecutado del MEP como porcentaje del PIB durante el 2009 fue de 6,47%. El nivel de ejecución presupuestaria de ese Ministerio fue del 97,5%. Si se incluyen los recursos invertidos en el INA, el monto invertido en educación en el país en el año 2009 con respecto al PIB fue de 6,85%.
- NO es cierto que al finalizar su período constitucional los diputados salgan con una pensión de un régimen especial. Esto existió en el pasado pero se derogó hace muchos años. A cada rato oigo este argumento como si fuera cierto y no lo es.
- ¿Marcha nacional en contra del aumento de salario para los diputados? Espero que no haya paro de labores para ir a la marcha, porque la suspensión de servicios públicos le puede terminar costando al país más que el aumento de salario de los diputados...
- Costa Rica no es un país inseguro. Definitivamente se ha vuelto más inseguro que antes y esta es una tendencia que debemos revertir, pero sigue siendo, para los estándares internacionales, un país bastante seguro, el tercero de América, según una reciente publicación internacional. Lo anecdótico no puede desvirtuar las estadísticas.
- La sensación de inseguridad la refuerza el pesimismo. Y el pesimismo se ha convertido en el negocio de muchos medios de comunicación. ¿Cuántas buenas noticias ha escuchado/visto/leído en la última semana? ¿Cuántas noticias negativas? Me resisto a creer que este país esté tan mal como lo pintan algunos medios. Si no, no seríamos el pueblo más feliz del mundo (cosa que esos medios han tratado de desvirtuar a toda costa). ¿Por qué se ha vuelto políticamente incorrecto ser optimista y creer que en este país hay cosas buenas?
- "Jugoso aumento quieren 45 diputados" dice un titular de La República de hoy. No soy periodista, pero me parece que los medios deberían ser muy estrictos respecto al uso de adjetivos a la hora de informar. Yo no quiero que me califiquen las noticias. Dejen que la gente decida si el aumento es jugoso o no y no la guíen a una conclusión determinada, incluso una aparentemente tan obvia como esta.
- El tema del déficit fiscal lo único que prueba es que para sostener la institucionalidad social de la que tanto nos enorgullecemos es imprescindible una reforma tributaria. Porque yo creo que nadie quiere que se disminuyan los recursos para Avancemos, o que no se abran mas CEN/CINAI, o se recorten los fondos para los bonos de vivienda. El déficit se explica también por estos gastos. Posiblemente se pueda ser más austero en algunas cosas y esto generaría algunos ahorros, pero el grueso del gasto público está concentrado en la inversión social. Y eso no debe sacrificarse.
- La encuesta que publica hoy el Diario Extra es de lo más sesgada respecto al tema de las sociedades de convivencia. Se preguntó a los costarricenses si estaba de acuerdo "con que los homosexuales puedan contraer matrimonio en igualdad de condiciones como en el caso de un hombre y una mujer". Por supuesto que 75% iba a oponerse (más bien no deja de llamar la atención que un 25% esté de acuerdo aun con la pregunta planteada de esta manera). No han querido entender que lo que se ha propuesto es un tema de derechos humanos. Nadie ha hablado de matrimonio. Pero definitivamente hay gente que lucra políticamente de la ignorancia de la gente. Qué triste.
- En una entrevista con el periódico La Nación, el Presidente ecuatoriano se despachó a hablar en contra del nuevo Gobierno de Honduras. Pero cuando le preguntaron del desmadre que ocurre en Nicaragua, el hombre sin sonrojarse dijo que Nicaragua es un país soberano. O sea Honduras no lo es o por lo menos no lo suficiente como para descalificar un gobierno electo con un porcentaje de votos superior al que obtuvo Daniel Ortega en su elección.
Ahí les dejo la ensalada. ¡Provecho!
- El gasto ejecutado del MEP como porcentaje del PIB durante el 2009 fue de 6,47%. El nivel de ejecución presupuestaria de ese Ministerio fue del 97,5%. Si se incluyen los recursos invertidos en el INA, el monto invertido en educación en el país en el año 2009 con respecto al PIB fue de 6,85%.
- NO es cierto que al finalizar su período constitucional los diputados salgan con una pensión de un régimen especial. Esto existió en el pasado pero se derogó hace muchos años. A cada rato oigo este argumento como si fuera cierto y no lo es.
- ¿Marcha nacional en contra del aumento de salario para los diputados? Espero que no haya paro de labores para ir a la marcha, porque la suspensión de servicios públicos le puede terminar costando al país más que el aumento de salario de los diputados...
- Costa Rica no es un país inseguro. Definitivamente se ha vuelto más inseguro que antes y esta es una tendencia que debemos revertir, pero sigue siendo, para los estándares internacionales, un país bastante seguro, el tercero de América, según una reciente publicación internacional. Lo anecdótico no puede desvirtuar las estadísticas.
- La sensación de inseguridad la refuerza el pesimismo. Y el pesimismo se ha convertido en el negocio de muchos medios de comunicación. ¿Cuántas buenas noticias ha escuchado/visto/leído en la última semana? ¿Cuántas noticias negativas? Me resisto a creer que este país esté tan mal como lo pintan algunos medios. Si no, no seríamos el pueblo más feliz del mundo (cosa que esos medios han tratado de desvirtuar a toda costa). ¿Por qué se ha vuelto políticamente incorrecto ser optimista y creer que en este país hay cosas buenas?
- "Jugoso aumento quieren 45 diputados" dice un titular de La República de hoy. No soy periodista, pero me parece que los medios deberían ser muy estrictos respecto al uso de adjetivos a la hora de informar. Yo no quiero que me califiquen las noticias. Dejen que la gente decida si el aumento es jugoso o no y no la guíen a una conclusión determinada, incluso una aparentemente tan obvia como esta.
- El tema del déficit fiscal lo único que prueba es que para sostener la institucionalidad social de la que tanto nos enorgullecemos es imprescindible una reforma tributaria. Porque yo creo que nadie quiere que se disminuyan los recursos para Avancemos, o que no se abran mas CEN/CINAI, o se recorten los fondos para los bonos de vivienda. El déficit se explica también por estos gastos. Posiblemente se pueda ser más austero en algunas cosas y esto generaría algunos ahorros, pero el grueso del gasto público está concentrado en la inversión social. Y eso no debe sacrificarse.
- La encuesta que publica hoy el Diario Extra es de lo más sesgada respecto al tema de las sociedades de convivencia. Se preguntó a los costarricenses si estaba de acuerdo "con que los homosexuales puedan contraer matrimonio en igualdad de condiciones como en el caso de un hombre y una mujer". Por supuesto que 75% iba a oponerse (más bien no deja de llamar la atención que un 25% esté de acuerdo aun con la pregunta planteada de esta manera). No han querido entender que lo que se ha propuesto es un tema de derechos humanos. Nadie ha hablado de matrimonio. Pero definitivamente hay gente que lucra políticamente de la ignorancia de la gente. Qué triste.
- En una entrevista con el periódico La Nación, el Presidente ecuatoriano se despachó a hablar en contra del nuevo Gobierno de Honduras. Pero cuando le preguntaron del desmadre que ocurre en Nicaragua, el hombre sin sonrojarse dijo que Nicaragua es un país soberano. O sea Honduras no lo es o por lo menos no lo suficiente como para descalificar un gobierno electo con un porcentaje de votos superior al que obtuvo Daniel Ortega en su elección.
Ahí les dejo la ensalada. ¡Provecho!
martes, 11 de mayo de 2010
Ensalada de temas
Hay temas en los que profundizaré en algún momento, pero por el momento, dos palabras sobre algunos de actualidad y otros no tanto...
- Garantizar el 8% del PIB para educación. En el presupuesto del 2010 están incluidos recursos que constituyen el 7,1% del PIB incluyendo el INA (el por qué la Contraloría no acepta que el presupuesto del INA se incluya en el cálculo de la inversión en educación que hace el país me parece una necedad y un irrespeto a la labor que esta institución realiza). Está bien que se quiera dejar explícito el compromiso del país para que haya un piso en este rubro, pero es bueno saber que se ha avanzado sin necesidad de reformas explícitas, y que el Partido de gobierno ha respaldado con hechos lo que otros por demagogia quieren explotar políticamente. A mí me parece que puede ser más perentorio aprobar reformas legales para hacer más expedita la ejecución presupuestaria del sector público que fijar un porcentaje.
- Crucitas. ¿Alguien sabe de cuánto sería la indemnización que tendría que pagar el país si se cancela una concesión otorgada hace casi 10 años? Pregunto porque he escuchado a algunas personas decir que no importa lo que haya que pagar. Me parece que ese es un dato imprescindible para poder decir algo así. Porque los recursos que usemos para pagar esto tienen que salir de algún lado, incluyendo de la inversión en educación que a algunos tanto les preocupa. Eso sin contar el mensaje que se le mandaría a todos los empresarios del mundo -ya no solo los que se dedican a la minería-, de que en este país la seguridad jurídica no existe, y que una concesión otorgada siguiendo la ley vigente no está en firme nunca.
- Crucitas II. Que quede claro que no estoy a favor de la minería a cielo abierto, pero este tema no es tan sencillo como se ha querido presentar. No es blanco y negro: o está en contra de Crucitas sin importar las consecuencias o usted es corrupto/deshonesto/depredador del ambiente. Un poco la lógica de Bush: o están con nosotros o están en contra de nosotros. Lo mismo está pasando con el asunto del Parque Marino Baulas y en general con los debates que involucran temas ambientales. Investigar un poquito, con objetividad y con la humildad de admitir que siempre podríamos estar equivocados, es un requisito fundamental para tener una posición fundada.
- Pacto PLN-Libertarios. Un acuerdo alrededor de una agenda legislativa, firmado públicamente y negociado transparencia. ¿Qué hay de malo esto? Oigo gente quejándose de la falta de consistencia de los firmantes en tanto en campaña ambos partidos se acusaron de todo. Pero lo que a mí me parece es que después del 1ero de mayo no se le hace un favor al país si en nombre de una falsa consistencia no se puede llegar a acuerdos que sean beneficiosos para el país. Porque por cierto no he oído casi quejas sobre la agenda legislativa que se acordó impulsar conjuntamente. Y como siempre, se quejan los que por su propia inflexibilidad y fundamentalismos son incapaces de lograr acuerdos. En todo caso, prefiero un acuerdo como el de libertarios y liberacionistas que la rebatiña de puestos a la que apuntaba el pacto que en algún momento propiciaron los partidos de oposición.
- Salarios de diputados (y en general de jerarcas del sector público). Varias consideraciones. Primero, no se justifica la disparidad salarial que existe actualmente en el sector público. La Contralora gana casi cuatro millones, los magistrados ganan más de cuatro millones doscientos mil colones (sin contar anualidades), el Regulador General gana más de cinco millones, el Presidente del INS, ocho millones. Pero además prácticamente todos los Directores de instituciones adscritas y los gerentes de instituciones públicas ganan más que un Ministro o Viceministro, lo que es irracional. Segundo, no se trata de que los diputados primero "demuestren que se merecen el aumento", porque lo que se trata es remunerar de acuerdo a las responsabilidades que se tienen. Tercero, los diputados y los jerarcas del sector público no son funcionarios públicos regulares. Sobre ellos pende siempre una responsabilidad que bien puede derivar en consecuencias personales. Finalmente, detrás de este cuestionamiento hay actores interesados. Para algunos, la estigmatización sistemática de diputados, ministros, regidores y todo aquel que ostente un puesto de representación, es una forma de potenciar su propio peso e influencia en la sociedad. En esto se unen sindicatos, cámaras, y sobre todo, programas y columnas de opinión en medios de comunicación. Hay que hacer una diferencia entre una preocupación honesta y una posición interesada.
- El título de doña Laura. Es PresidentA, punto. Mucho les ha costado a las mujeres avanzar para que en nombre de una pureza del lenguaje medio machistona no se reconozca la diferencia. :-)
- Garantizar el 8% del PIB para educación. En el presupuesto del 2010 están incluidos recursos que constituyen el 7,1% del PIB incluyendo el INA (el por qué la Contraloría no acepta que el presupuesto del INA se incluya en el cálculo de la inversión en educación que hace el país me parece una necedad y un irrespeto a la labor que esta institución realiza). Está bien que se quiera dejar explícito el compromiso del país para que haya un piso en este rubro, pero es bueno saber que se ha avanzado sin necesidad de reformas explícitas, y que el Partido de gobierno ha respaldado con hechos lo que otros por demagogia quieren explotar políticamente. A mí me parece que puede ser más perentorio aprobar reformas legales para hacer más expedita la ejecución presupuestaria del sector público que fijar un porcentaje.
- Crucitas. ¿Alguien sabe de cuánto sería la indemnización que tendría que pagar el país si se cancela una concesión otorgada hace casi 10 años? Pregunto porque he escuchado a algunas personas decir que no importa lo que haya que pagar. Me parece que ese es un dato imprescindible para poder decir algo así. Porque los recursos que usemos para pagar esto tienen que salir de algún lado, incluyendo de la inversión en educación que a algunos tanto les preocupa. Eso sin contar el mensaje que se le mandaría a todos los empresarios del mundo -ya no solo los que se dedican a la minería-, de que en este país la seguridad jurídica no existe, y que una concesión otorgada siguiendo la ley vigente no está en firme nunca.
- Crucitas II. Que quede claro que no estoy a favor de la minería a cielo abierto, pero este tema no es tan sencillo como se ha querido presentar. No es blanco y negro: o está en contra de Crucitas sin importar las consecuencias o usted es corrupto/deshonesto/depredador del ambiente. Un poco la lógica de Bush: o están con nosotros o están en contra de nosotros. Lo mismo está pasando con el asunto del Parque Marino Baulas y en general con los debates que involucran temas ambientales. Investigar un poquito, con objetividad y con la humildad de admitir que siempre podríamos estar equivocados, es un requisito fundamental para tener una posición fundada.
- Pacto PLN-Libertarios. Un acuerdo alrededor de una agenda legislativa, firmado públicamente y negociado transparencia. ¿Qué hay de malo esto? Oigo gente quejándose de la falta de consistencia de los firmantes en tanto en campaña ambos partidos se acusaron de todo. Pero lo que a mí me parece es que después del 1ero de mayo no se le hace un favor al país si en nombre de una falsa consistencia no se puede llegar a acuerdos que sean beneficiosos para el país. Porque por cierto no he oído casi quejas sobre la agenda legislativa que se acordó impulsar conjuntamente. Y como siempre, se quejan los que por su propia inflexibilidad y fundamentalismos son incapaces de lograr acuerdos. En todo caso, prefiero un acuerdo como el de libertarios y liberacionistas que la rebatiña de puestos a la que apuntaba el pacto que en algún momento propiciaron los partidos de oposición.
- Salarios de diputados (y en general de jerarcas del sector público). Varias consideraciones. Primero, no se justifica la disparidad salarial que existe actualmente en el sector público. La Contralora gana casi cuatro millones, los magistrados ganan más de cuatro millones doscientos mil colones (sin contar anualidades), el Regulador General gana más de cinco millones, el Presidente del INS, ocho millones. Pero además prácticamente todos los Directores de instituciones adscritas y los gerentes de instituciones públicas ganan más que un Ministro o Viceministro, lo que es irracional. Segundo, no se trata de que los diputados primero "demuestren que se merecen el aumento", porque lo que se trata es remunerar de acuerdo a las responsabilidades que se tienen. Tercero, los diputados y los jerarcas del sector público no son funcionarios públicos regulares. Sobre ellos pende siempre una responsabilidad que bien puede derivar en consecuencias personales. Finalmente, detrás de este cuestionamiento hay actores interesados. Para algunos, la estigmatización sistemática de diputados, ministros, regidores y todo aquel que ostente un puesto de representación, es una forma de potenciar su propio peso e influencia en la sociedad. En esto se unen sindicatos, cámaras, y sobre todo, programas y columnas de opinión en medios de comunicación. Hay que hacer una diferencia entre una preocupación honesta y una posición interesada.
- El título de doña Laura. Es PresidentA, punto. Mucho les ha costado a las mujeres avanzar para que en nombre de una pureza del lenguaje medio machistona no se reconozca la diferencia. :-)
martes, 4 de mayo de 2010
Discurso pronunciado en la firma de la Ley de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las municipalidades
Firma de Ley de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades
4 de mayo 2010
Roberto J. Gallardo N.
Ministro de Planificación Nacional y Política Económica
“El progreso consiste en el cambio”, dijo Unamuno. En los ultimos cuatro años nuestro país ha sufrido una transformación profunda. En el vértigo de la rutina diaria no hemos podido apreciar la magnitud del cambio que ha sufrido Costa Rica. Por eso es importante un acto como este, para hacer una pausa y reflexionar de lo que somos parte en este día, precisamente cuando se celebran 40 años de la emisión del Código Municipal.
Venimos a ratificar uno de esos profundos cambios, uno que nace del sueño que tuvo un Presidente hace 20 años: la oportunidad de democratizar aun más nuestra vida política
La Ley de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades es sin duda un paso decidido hacia el desarrollo. Lo he dicho en otras ocasiones y lo reitero aquí: no hay país desarrollado con gobiernos locales débiles. Mientras que en Costa Rica seguimos siendo presa de los prejuicios fáciles y la generalización desinformada que descalifica a las municipalidades, en otros países, incluso en nuestra región, a la que algunas veces vemos injustificadamente por encima del hombro, se destinan más y más recursos a los gobiernos locales. Esta ley es un primer paso en esa dirección y requiere del compromiso de todos y todas ustedes para que la promesa que en ella encierra se haga realidad.
Somos conscientes del escepticismo que rodea a esta ley. Pero como lo dijera el estadista inglés Winston Churchill, “la cometa se eleva más alto en contra del viento, no a su favor”. Si creemos que estamos actuando acorde a los mejores intereses de nuestro país, debemos ser consistentes.
Tenemos un gran ejemplo en nuestro Presidente, que no olvidó la promesa hecha hace 20 años, porque don Oscar comprendió, como el novelista William Faulkner, que “la sabiduría suprema es tener sueños bastante grandes para no perderlos de vista mientras se persiguen”, y con la serena convicción y la inconmovible determinación que lo caracterizan, retomó el camino de impulsar decididamente el proceso de descentralización en su segunda administración.
Lo primero fue plasmar su compromiso en una Política Nacional de Descentralización y Fortalecimiento Municipal. Aquí se definieron los nortes de la acción de Gobierno. Con la satisfacción del deber cumplido podemos presentarnos hoy ante ustedes y rendir cuentas de lo alcanzado.
En el campo de la autonomía fiscal, se cumplió de manera oportuna con las obligaciones de transferencias económicas a las municipalidades. Pero además se trasladaron ¢26,000 millones de colones adicionales para la ejecución de más de 600 proyectos de interés comunal.
En el área de la modernización municipal, y en el marco del proyecto FOMUDE, se estableció en la UNED el Instituto de Capacitación y Formación Local, como instancia permanente de instrucción y actualización que le permitirá a las municipalidades la profesionalización de su personal, requisito indispensable en su fortalecimiento político, técnico y administrativo. De la misma manera, y con la cooperación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se ejecutó un ambicioso proyecto de elaboración de Planes Cantonales de Desarrollo Humano Local, alrededor de los cuales 42 cantones en nuestro país pueden desplegar sus esfuerzos en procura de mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos y ciudadanas.
Para fomentar la coparticipación, otro de los ejes de la Política, se emitió el decreto de creación de los Consejos Cantonales de Coordinación Institucional, instancia que, refrendada por la ley que se firma hoy, permitirá la armonización de esfuerzos del Gobierno nacional y el Gobierno local, de manera que exista una adecuada correspondencia entre necesidades y recursos
Por último, se incluía en la Política el propósito de emitir legislación para la descentralización y el fortalecimiento de la acción municipal. Sin temor a equivocarme, la ley que firmamos hoy puede marcar un antes y un después en la organización del Estado costarricense. Requiere, eso sí, de su convicción para que por fin se concrete. “El único límite para nuestra comprensión del mañana”, decía Franklin Roosevelt, “serán nuestras dudas del presente”. Si creemos en la descentralización, si creemos que es necesario democratizar la vida política potenciando la participación ciudadana, si creemos en la transparencia en lo gestión de los recursos públicos, no podemos tener dudas hoy si queremos construir un futuro mejor.
Este es el balance, positivo a todas luces. No ha sido fácil. Pero hemos tenido el liderazgo de nuestro Presidente como guía. Su convicción de que, como lo dijo uno de sus poetas favoritos, “si es bueno vivir, todavía es mejor soñar” (Machado). Don Oscar, a lo largo de toda su carrera política, nos ha recordado la importancia de soñar un mejor país. Su obra, como la montaña, se apreciará en toda su dimensión cuando la veamos a la distancia del tiempo. La magnitud de lo hecho en estos cuatro años crecerá como crecerá el cariño de este pueblo agradecido. Porque a usted, don Oscar, se le aplica la máxima de Baltasar de Gracián “lo importante no es el aplauso de la entrada, sino que lo extrañen a la salida”. Sin duda, su pueblo lo extrañará siempre.
4 de mayo 2010
Roberto J. Gallardo N.
Ministro de Planificación Nacional y Política Económica
“El progreso consiste en el cambio”, dijo Unamuno. En los ultimos cuatro años nuestro país ha sufrido una transformación profunda. En el vértigo de la rutina diaria no hemos podido apreciar la magnitud del cambio que ha sufrido Costa Rica. Por eso es importante un acto como este, para hacer una pausa y reflexionar de lo que somos parte en este día, precisamente cuando se celebran 40 años de la emisión del Código Municipal.
Venimos a ratificar uno de esos profundos cambios, uno que nace del sueño que tuvo un Presidente hace 20 años: la oportunidad de democratizar aun más nuestra vida política
La Ley de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades es sin duda un paso decidido hacia el desarrollo. Lo he dicho en otras ocasiones y lo reitero aquí: no hay país desarrollado con gobiernos locales débiles. Mientras que en Costa Rica seguimos siendo presa de los prejuicios fáciles y la generalización desinformada que descalifica a las municipalidades, en otros países, incluso en nuestra región, a la que algunas veces vemos injustificadamente por encima del hombro, se destinan más y más recursos a los gobiernos locales. Esta ley es un primer paso en esa dirección y requiere del compromiso de todos y todas ustedes para que la promesa que en ella encierra se haga realidad.
Somos conscientes del escepticismo que rodea a esta ley. Pero como lo dijera el estadista inglés Winston Churchill, “la cometa se eleva más alto en contra del viento, no a su favor”. Si creemos que estamos actuando acorde a los mejores intereses de nuestro país, debemos ser consistentes.
Tenemos un gran ejemplo en nuestro Presidente, que no olvidó la promesa hecha hace 20 años, porque don Oscar comprendió, como el novelista William Faulkner, que “la sabiduría suprema es tener sueños bastante grandes para no perderlos de vista mientras se persiguen”, y con la serena convicción y la inconmovible determinación que lo caracterizan, retomó el camino de impulsar decididamente el proceso de descentralización en su segunda administración.
Lo primero fue plasmar su compromiso en una Política Nacional de Descentralización y Fortalecimiento Municipal. Aquí se definieron los nortes de la acción de Gobierno. Con la satisfacción del deber cumplido podemos presentarnos hoy ante ustedes y rendir cuentas de lo alcanzado.
En el campo de la autonomía fiscal, se cumplió de manera oportuna con las obligaciones de transferencias económicas a las municipalidades. Pero además se trasladaron ¢26,000 millones de colones adicionales para la ejecución de más de 600 proyectos de interés comunal.
En el área de la modernización municipal, y en el marco del proyecto FOMUDE, se estableció en la UNED el Instituto de Capacitación y Formación Local, como instancia permanente de instrucción y actualización que le permitirá a las municipalidades la profesionalización de su personal, requisito indispensable en su fortalecimiento político, técnico y administrativo. De la misma manera, y con la cooperación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se ejecutó un ambicioso proyecto de elaboración de Planes Cantonales de Desarrollo Humano Local, alrededor de los cuales 42 cantones en nuestro país pueden desplegar sus esfuerzos en procura de mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos y ciudadanas.
Para fomentar la coparticipación, otro de los ejes de la Política, se emitió el decreto de creación de los Consejos Cantonales de Coordinación Institucional, instancia que, refrendada por la ley que se firma hoy, permitirá la armonización de esfuerzos del Gobierno nacional y el Gobierno local, de manera que exista una adecuada correspondencia entre necesidades y recursos
Por último, se incluía en la Política el propósito de emitir legislación para la descentralización y el fortalecimiento de la acción municipal. Sin temor a equivocarme, la ley que firmamos hoy puede marcar un antes y un después en la organización del Estado costarricense. Requiere, eso sí, de su convicción para que por fin se concrete. “El único límite para nuestra comprensión del mañana”, decía Franklin Roosevelt, “serán nuestras dudas del presente”. Si creemos en la descentralización, si creemos que es necesario democratizar la vida política potenciando la participación ciudadana, si creemos en la transparencia en lo gestión de los recursos públicos, no podemos tener dudas hoy si queremos construir un futuro mejor.
Este es el balance, positivo a todas luces. No ha sido fácil. Pero hemos tenido el liderazgo de nuestro Presidente como guía. Su convicción de que, como lo dijo uno de sus poetas favoritos, “si es bueno vivir, todavía es mejor soñar” (Machado). Don Oscar, a lo largo de toda su carrera política, nos ha recordado la importancia de soñar un mejor país. Su obra, como la montaña, se apreciará en toda su dimensión cuando la veamos a la distancia del tiempo. La magnitud de lo hecho en estos cuatro años crecerá como crecerá el cariño de este pueblo agradecido. Porque a usted, don Oscar, se le aplica la máxima de Baltasar de Gracián “lo importante no es el aplauso de la entrada, sino que lo extrañen a la salida”. Sin duda, su pueblo lo extrañará siempre.
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