El Programa Estado de la Nación dio a conocer hace algunos meses que en Costa Rica un tercio de la Población Económicamente Activa (PEA) recibe menos del salario mínimo. El dato por supuesto es preocupante y requiere una decidida acción pública para que los derechos laborales de esas casi 600,000 personas sean protegidos.
Pero antes de adoptar cualquier medida es necesario analizar a profundidad esta información, extraída de la Encuesta de Hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos en el año 2009. Al respecto el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR acaba de publicar un estudio sobre el tema que es de consulta obligada. Y en este artículo se presentan algunos datos elaborados por la M.Sc. Raquel Barrientos, investigadora y miembro de la Junta Directiva del INEC, como un pequeño aporte a esta discusión.
Es importante hacer algunas consideraciones previas. La Encuesta de Hogares solo indaga el salario monetario, por lo tanto, no valora remuneraciones de otro tipo. Tampoco se considera aquí el tema de la formalidad o informalidad del empleo. Y para tener un panorama más apegado a la realidad, es importante considerar los salarios mínimos en cada rama de actividad como parte del análisis, cosa que excede el ámbito de este texto. Afortunadamente el estudio del IICE mencionado incluye este aspecto con el rigor que caracteriza su trabajo.
Según el INEC, 544,880 personas, un 29,8% de la PEA, ganaban menos de ¢170,950 al mes en el año 2009, pese a que trabajaban al menos 47 horas a la semana. Ese monto constituye el denominado salario “mínimo minimorum” (MM), es decir, el sueldo de protección legal que el Estado garantiza a los trabajadores. De ese grupo, el 61,6% son hombres, 30,5% no son asegurados y 31,2% son asalariados. Más de la mitad (56,25%) tienen solo educación primaria, el 32,67%, secundaria y solo un 5,84% educación universitaria. Por rama de actividad, el porcentaje más grande, un 21,17%, trabaja en “Comercio, reparación de vehículo automotores y enseres domésticos”, seguido por el 20,97% que trabaja en “Agricultura, ganadería, caza y selvicultura”, y el 13,06% que labora en “Hogares privados con servicio doméstico”.
Es importante señalar además que un 46,6% de este grupo son ocupados plenos, es decir, personas que trabajan el tiempo que quieren trabajar, mientras que el 40,1% es subempleado invisible, que se refiere a las personas que reciben como remuneración un ingreso muy bajo en relación con su productividad, o a la persona que realiza tareas que requieren una preparación inferior a la suya. Y en este caso en particular, que reciben además un ingreso menor al mínimo minimorum.
De los datos anteriores hay algunas conclusiones preliminares que pueden servir para delinear una estrategia de intervención. Primero, aunque es necesario actuar en beneficio de todos los afectados, el grupo en el que pareciera se puede incidir con alguna inmediatez es en el 31,2% de asalariados, en tanto un análisis más profundo utilizando las datos de la CCSS podría servir para determinar con relativa facilidad la verdadera situación de este grupo y aplicar las políticas correctivas necesarias.
Segundo, el siguiente grupo de interés es el 40,1% que se encuentra en situación de subempleo invisible. Es importante indagar si en este segmento se encuentran sobre todo personas que trabajan por cuenta propia, o si es gente que está recibiendo menos del salario mínimo en todos o algunos de los trabajos que realizan.
Tercero, las tres ramas de actividad económica que concentran mas del 55% de quienes no reciben el salario MM, deben ser objeto de un examen detallado que permita la caracterización del empleo, en tanto es posible encontrar en esos campos remuneraciones en especie que sumados a los ingresos monetarios sobrepasen el mínimo minimorum.
Finalmente, es fundamental clasificar con precisión el tamaño de las empresas dentro de estas ramas de actividad, y valorar cuidadosamente el impacto que podría tener en el nivel de empleo un cambio en sus sistemas de remuneración. Si alguna enseñanza dejó la crisis del 2009 es que de haberse contado con un marco legal que permitiera alguna flexibilidad en la definición de jornadas de trabajo y su respectiva remuneración probablemente el desempleo no habría aumentado en la proporción que lo hizo.
El análisis cuidadoso de esta situación es requisito imprescindible para elaborar medidas correctivas verdaderamente eficaces. El tema es tan urgente y delicado que requiere que nos tomemos el tiempo necesario, sin que signifique la posposición indefinida de la acción pública, para hacer este ejercicio.
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