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domingo, 20 de noviembre de 2016

Los 112,000 empleos perdidos

Salió la Encuesta Continua de Empleo correspondiente al III trimestre el 2016 y el resultado que se comunicó, de pasadita, sin hacer mucho alboroto, es que el desempleo continúa en 9,7%, una cifra invariable respecto al III trimestre del 2015. Pero la encuesta tiene mas datos que vale la pena rescatar. Posiblemente por eso el gobierno prefirió no hacer mucho ruido al respecto.

Primero, que se mantenga el nivel de desempleo refuerza la tesis de que el descenso de la cifra de pobreza anunciado hace algunas semanas está asociada al aumento de las transferencias del gobierno, impacto ayudado por una inflación baja. Tan baja que el costo de la canasta básica alimentaria, que sirve para fijar la línea de ingreso a partir de la cual se clasifican las familias como pobres o no, descendió respecto al 2015. Todos estos factores confluyeron para que la cifra de pobreza disminuyera, y no, como siguen insistiendo algunos jerarcas del gobierno, a un aumento orgánico del nivel de empleo, u algún otro factor relacionado con una metodología particular.

Otro dato interesante, aunque desalentador, es el descenso que viene experimentando la tasa de participación. Con este indicador se mide el porcentaje de la población que busca trabajo, respecto a todo el conjunto de población mayor de 15 años. En ese grupo mas grande hay gente que no busca trabajo, sea porque está estudiando, no lo necesita, está retirado o alguna otra razón; la tasa de participación da cuenta solo de la gente que, estando en edad legal para trabajar, anda efectivamente buscando trabajo.

El examen del comportamiento de la tasa de participación revela una tendencia marcada al descenso. En el III trimestre del 2014, la tasa de participación fue de 62,7%, mientras que en el III trimestre del 2016 fue de 57,7%. Esto significa, en números absolutos, que alrededor de 100,000 personas dejaron de buscar trabajo en los últimos dos años. Las razones pueden ser múltiples, desde un cambio de circunstancia personal hasta la desazón de no encontrar trabajo, pero lo cierto es que la cifra es alta en un período de tiempo tan corto.

Esa disminución de la tasa de participación es lo que mantiene porcentaje de desempleo igual. Si esas 100,000 personas hubiesen seguido buscando trabajo, la cifra habría sido mucho mayor, porque el desempleo se calcula respecto a la cantidad de personas que dice haber buscado trabajo en los últimos meses. Al disminuir la cantidad de personas que busca trabajo, el porcentaje se mantendrá igual aunque haya menos gente trabajando.

Esto se comprueba observando la cantidad absoluta de personas con trabajo. Al III trimestre del 2016, 1,972,128 personas tenían trabajo en Costa Rica. Esta cifra es la mas baja desde el II trimestre del 2012, cuando trabajaban 1,950,266 personas. En ese trimestre por cierto el desempleo fue de 10,2%, pero la tasa de participación fue del 61,9%, 4 puntos mayor a la del III trimestre del 2016. ¡Eso prueba que a veces 10,2 puede ser mejor que 9,7!

Esta cantidad total de personas con empleo tiene mas implicaciones, desafortunadamente negativas, sobre todo si se compara el resultado con la situación al inicio de este gobierno. Para el III trimestre del 2014, 2,065,801 personas tenían empleo en el país, lo que significa que en los últimos dos años la economía costarricense ha perdido 93,673 empleos. Y si llevamos la comparación un poco mas atrás, respecto al I trimestre del 2014, en el que 2,084,210 personas tenían empleo, en este gobierno se han perdido la impresionante cifra de 112,082 trabajos.

Todo lo anterior significa que para cumplir con su promesa de crear 217,000 empleos, el gobierno debería crear 329,082 empleos en los próximos 18 meses (lo que dependería por cierto, y según Solís, de la aprobación de plan fiscal). La meta no parecía ambiciosa cuando se anunció, dado que del III trimestre del 2010 (fecha de la primera Encuesta Continua de Empleo) al I trimestre del 2014 se habían creado 195,841 empleos, pero ante estos resultados tan negativos, lo mejor que podemos esperar es que el gobierno no termine muy en rojo y logre recuperar algo, lo que sea, de esos 112,000 empleos perdidos.

Curiosamente la economía ha venido creciendo mas o menos igual a lo que creció en promedio en el cuatrienio 2010-2014, pero como se mencionó anteriormente, el resultado neto fue positivo al final del gobierno anterior, mientras en el actual es a todas luces negativo y no se vislumbra que vaya a cambiar -mucho menos cumplir con la modesta promesa que se hizo al principio del gobierno-.

¿Qué cosas se habrán hecho en los dos últimos dos años para que con la economía creciendo se destruya empleo a esta tasa? Vale la pena rescatar esta experiencia, para nunca tener que sufrirla de nuevo en el futuro.

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domingo, 6 de noviembre de 2016

Las pensiones y una aspiración a la igualdad absoluta

Como pasa a menudo en los debates relacionados con remuneraciones en el sector público, la discusión sobre las pensiones en el Poder Judicial ha reflejado el gran malestar ciudadano sobre lo que percibe como privilegios exorbitantes. El debate además azuzado por las declaraciones desafortunadas de algunos magistrados, uno de ellos por cierto el favorito de los sectores “progresistas” del país.

Sobre esto habría que decir, por mas obvio que parezca, es que se debe recibir una pensión acorde con el aporte que se haya hecho a lo largo de la vida laboral, incluyendo el ahorro que se pueda haber hecho en fondos complementarios.  Esto significa varias cosas.

En principio los criterios ajenos a esta lógica matemática no deberían servir para definir un monto de pensión, que es lo que pasa en el caso de los beneficiarios de regímenes especiales como el del Poder Judicial. Segundo, que la expectativa de mayores beneficios debería imponer más obligaciones, sea en tiempo servido o en el porcentaje del ingreso que se aporta como ahorro de pensión.

Pero cuando las pensiones no responden a estos criterios, el Estado debe aportar un subsidio. O sea, todos terminamos pagando la parte de las pensiones que no proviene del aporte personal. Por eso nos afecta. Pero más allá de lo obvio, más allá de la  indignación, es necesario hacer algunas consideraciones.

Primero, si el criterio para definir el monto de una pensión es el estrictamente técnico, sería normal que algunas personas tengan pensiones mayores. A mayor aporte, mayor pensión.

Pero en Costa Rica, por lo menos en el régimen universal de la CCSS, la pensión no tiene relación con el aporte, pues existe un techo definido en función de la sostenibilidad del sistema. Es decir, se pone un límite para que los recursos alcancen. La razón de que esto sea así es que no se quiere, aunque es lo que en el papel habría que hacer, aumentar las cuotas o subir la edad de retiro.

En el caso específico de las pensiones de los magistrados, está claro que las pensiones que obtendrían en el sistema actual no son proporcionales a su aporte. Pero eso no significa que su aporte, a partir de un nivel salarial mas alto, no sea mayor al de personas con salarios inferiores. Si el criterio es estrictamente el técnico, los magistrados deberían tener entonces una pensión mayor a la que tendrán personas que hicieron un aporte menor.

La respuesta a esta afirmación podría ser la de cuestionar el nivel de los salarios que se pagan en el Poder Judicial. Y sería válido plantearse este tema, como lo hice hace unos meses en este mismo espacio. Pero no parece haber razones para negar que un mayor aporte debería resultar en una pensión mayor.

En el fondo, y como parte del ambiente antipolítico imperante en Costa Rica y en  otros países, parece existir una corriente de pensamiento que considera que no debería haber ninguna diferencia salarial en Costa Rica, sobre todo si es a favor de una persona que trabaja en el sector público. La respuesta a los abusos debe ser la regulación, pero nunca pretender que no existan diferencias.

Nuevamente, tal y como lo plantee hace unos meses, un salario en el sector público debería “remunerar adecuadamente el nivel de complejidad del  trabajo que se ejecuta. A mayor complejidad, responsabilidad e impacto social de las labores que se llevan a cabo, así debería ser la remuneración que se recibe. También hay consideraciones de mercado: un salario muy bajo respecto al que se paga en el mercado restringirá las posibilidades del Estado para contratar a profesionales del mas alto nivel”.

Lo anterior no significa que el actual nivel salarial del sector público sea aceptable o justo, pero ante esto no cabe la pretensión de negar la existencia de diferencias. Y lo mismo aplica para las pensiones.

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