Tiene razón Ricardo Valverde y las realidades diferentes de los medios y la administración

Los acontecimientos alrededor de la detención de un diputado del Frente Amplio, por un caso de supuesta violencia doméstica, nos muestra a un partido político enredado en su propia retórica oportunista, confundiendo impulsividad con decisión, populismo con consistencia.

La decisión del Comité Ejecutivo del partido, de solicitarle la renuncia al diputado, es natural viniendo de una organización que en el pasado ha lucrado políticamente de exigir renuncias prematuras, desestimando como una excusa de corruptos el principio básico de la presunción de inocencia. Porque finalmente, cuando se le pide la renuncia al diputado, sin siquiera haber escuchado su versión de los hechos, las autoridades del FA no hacen mas que mostrar un evidente desprecio por el debido proceso, práctica característica de organizaciones de talante antidemocrático.

Pero en cierto modo, no tienen alternativa. Han actuado de la misma manera en el pasado, cuando exigir renuncias fulminantes y condenas absolutas les ha representado, según su perspectiva, una ganancia política. No se trata de consistencia –no hay virtud cuando se está consistentemente equivocado-, sino que, prisioneros de su propia retórica, y mostrando su verdadera naturaleza, no pueden hacer otra cosa que repetirse.

Quienes en el pasado les han señalado esta peligrosa tendencia, han sido tachados de corruptos, de ser “los mismos de siempre”. Pero resulta que ahora el llamado de atención viene de sus propias filas. La renuncia de Ricardo Valverde, Presidente del Tribunal de Ética del Frente Amplio, en rechazo de la actuación del Comité Ejecutivo, el que, según su criterio, lo que hace es “jugar para la tribuna de gente que en las redes sociales pide sangre antes que justicia y consecuencia ética", es una llamada de atención para que se respeten, como lo dice Valverde “los principios que se consignan en la Constitución de Costa Rica y los tratados sobre derechos humanos que hemos suscrito".  Mas claro, imposible.

Pues precisamente eso es lo que han hecho, durante mucho tiempo, las autoridades de su partido. Disparar primero y preguntar después. Terminarán disparándose a sí mismos.

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 En la línea de las anteriores reflexiones, algunas personas parecen creer cualquier cosa que aparece en los medios debe ser atendida de oficio -en el pasado, por ejemplo, esa era una práctica habitual de la Procuraduría de la Ética-. Y no solo eso, si lo que se dice parece apuntar a la existencia de algún hecho irregular o cuestionable, la reacción de los responsables debe ser inmediata, aun cuando los temas de los que se informa sean complejos, y requieran de mas información de la que viene en una nota de 4000 caracteres, o en un video de 30 segundos.

 Hace unas semanas se dio un ejemplo de esto. En un editorial publicado el pasado 15 de marzo en el periódico La Nación, se criticaba que los miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional no hubiesen adoptado medidas en contra de un miembro de esa Junta Directiva que se señalaba como parte de una empresas con fuertes movimiento de dinero en el BCR, razón por la cual se había congelado los fondos cuestionados mientras se llevaba a cabo una investigación.

Para el editorialista, el que la Junta Directiva del BNCR, ante las publicaciones de ese diario sobre el caso, decidiera solicitar información oficial al Banco de Costa Rica, es insuficiente, pese a que “el país estaba enterado (por los reportajes del periódico) de las decenas de millones de dólares movilizados por Latco, el inicio de una investigación del Ministerio Público y la intención del Banco de Costa Rica de celebrar una asamblea de accionistas del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), cuyo único otro socio es el Banco Nacional, para remover de la Directiva a Morsink por pérdida de confianza”.

La “pretensión” , tal y como lo califica el editorial, de pedir información oficial sobre un caso del que la Junta Directiva ya está enterada por la prensa, es, siguiendo esta lógica, injustificable. Pese a que el editorialista señala que “…nadie pide una decisión inmediata basada en informaciones de prensa”, de seguido cuestiona si  “¿será suficiente sentarse a esperar informes cuando los propios directores aceptaron conocer, en actas, las urgentes explicaciones brindadas por Bicsa a las autoridades estadounidenses, dadas las operaciones de ese banco en aquel país?”

Una información de prensa nunca puede ser suficiente para tomar decisiones en un entorno complejo como el de la administración pública costarricense.  Tampoco lo será la interpretación, normalmente incompleta, que se hace de los datos disponibles. El camino que lleva a la toma de decisiones en el sector público es empinado, lleno de obstáculos y trampas legales, sobre todo cuando de destituciones se trata. El respeto al debido proceso no siempre coincide con los tiempos de los editorialistas, pero la realidad es mucho mas compleja cuando se está sentado en una silla con responsabilidades de decisión en la administración pública, que la que se ve frente a una computadora a la hora de escribir una noticia o un editorial. No estaría de más un esfuerzo adicional por comprender esa diferencia.

Los misteriosos criterios de la Procuraduría de la Ética y el momento de la cosecha

¿Cuáles son los criterios utilizados por la Procuraduría de la Ética para iniciar una investigación de oficio? Una rápida revisión a la normativa legal en la que se apoya el funcionamiento de esta instancia, disponible en la página web de la Procuraduría General de la República, no permite identificar con claridad esos elementos que, en ausencia de una denuncia específica, activan una investigación de oficio.

En ausencia de criterios objetivos, -tal vez el único parece ser la importancia que un caso parezca tener en los medios de comunicación-, la acción de oficio de la Procuraduría de la Ética parece originarse entonces en una valoración subjetiva de cada caso.  El último caso que motivó la acción de oficio de la Procuraduría del Ética es el denominado “autonombramiento”  de los directivos del Banco Nacional en las juntas de las subsidiarias del Banco.

Dadas las implicaciones del caso, parece correcto iniciar de oficio una investigación, pues si efectivamente existe una ley que limita la posibilidad de “autonombrarse”, los implicados deben explicar las razones por las cuales actuaron de la forma en la que lo hicieron, y de la que se ha venido informando con una inusitada profusión en un medio impreso.

Pero en las últimas semanas se han presentado otros casos que inexplicablemente no parecen haber generado el mismo celo en la Procuraduría de la Ética.  Y no queda claro por qué.

Por ejemplo, la noticia de que el director de la DIS contribuyó económicamente al financiamiento de un partido político, pese a que la ley aparentemente se lo prohíbe, se trata de una acusación gravísima. Se trata de una persona que maneja información delicada, y que considera que la obligación de neutralidad política no lo alcanza y no es importante. Pese a la gravedad del asunto, la Procuraduría de la Ética parece que no ha intervenido.

Otro ejemplo es el del recién destituido viceministro de Agricultura, nombrado de manera ilegal en su puesto, dada la restricción que tenía por haberse acogido a la movilidad laboral apenas dos años antes de ser nombrado. Lo grave del asunto es que el ex viceministro admite que tanto el presidente de la República como el ministro del MAG estaban enterados del tema al momento de su nombramiento. Se trata de una acto aparentemente ilegal, justificado según el ex viceministro, por un dictamen mismo de la Procuraduría. A pesar de todos esos elementos, la Procuraduría de la Ética no parece haberse dado por enterada.

Es importante conocer esos criterios mediante los cuales se decide qué se investiga de oficio y qué no. El país necesita una Procuraduría de la Ética fuerte, proactiva, que actúe a partir de criterios objetivos. Lo peor que le puede pasar es que se genere la sensación de que su trabajo es inconsistente, y que se mueve al vaivén de los énfasis noticiosos.

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La semana pasada no fue una buena semana para el gobierno. (La verdad es que de hace un tiempo para acá, no ha habido buenas semanas para el gobierno). Varias noticias en esos días lo golpearon en un ámbito del que se vanagloriaba no hace mucho: el de la ausencia de acusaciones de corrupción en el ejercicio de la función pública.

Sin duda uno de estos casos por el que se produjo una reacción indignada de la gente, fue el nombramiento ilegal de un viceministro, que no podía ocupar ese cargo por haberse acogido a la movilidad laboral. (Por la que recibió además 53 millones de colones). En la misma línea, la duplicación del salario del presidente del Banco Central, que estrictamente es un acto en el que no tiene injerencia el Poder Ejecutivo, pero cuyas consecuencias igual se “le pegan” al gobierno. (Y no es del todo descabellado hacerlo así, al fin y al cabo al presidente del Banco Central lo nombra el presidente).

A estos casos se suma el fiasco de la destitución del embajador costarricense ante la OEA, objeto de una acusación de acoso laboral ratificada por un demoledor informe interno de la Cancillería, despido que quiso disfrazarse infructuosamente como una renuncia para optar por un nombramiento en la OEA, cosa que fue desmentida por ese organismo continental.

La reacción de la gente ha sido muy dura, como lo es cuando se le vende una cosa en campaña y siente que se está haciendo otra en gobierno. Pero es importante hacer algunas distinciones, porque no todo lo que se dice que es corrupción lo es en realidad.

El nombramiento del exviceministro de Agricultura por ejemplo, es un acto negligente y pobremente fundamentando, forzado seguramente por la dificultad que tuvo el presidente para completar su gabinete. Pero uno no se imagina, ni al presidente ni al ministro, actuando dolosamente, con la aviesa intención de favorecer a una persona en contra de la ley en un acto tan evidente como este. Hay sin duda una ligereza enorme en el nombramiento -rasgo que por cierto es  una marca distintiva de este gobierno-, pero de ahí a llamarlo corrupción hay una gran diferencia.

En el fondo, Solís y su grupo recogen con creces lo que sembraron durante años, en los que se dedicaron a homologar a corrupción cualquier acto negligente en el gobierno. Si la ligereza, la falta de rigor, las contradicciones y la ausencia de resultados es corrupción, este gobierno tiene ante sí una muy empinada cuesta en los próximos 25 meses.

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Recuerde escuchar el podcast semanal de Café Futbol CR, proyecto de Alvaro Gallardo y Alberto Alfaro.

Tiene razón Joel y los retos para la democracia

Dos hechos que confluyen, en dos ámbitos distintos. Primero una entrevista que el periódico La Nación le hace a Joel Campbell valorando su paso por el futbol europeo; segundo, una cadena nacional de televisión en la que el gobierno anuncia, con bombos y platillos, ¡la reparación de un puente!.

La entrevista a Campbell revela a un muchacho que ha aprendido muchísimo en su tránsito de 5 años por el viejo continente. Y no solo en lo deportivo, sino además en lo personal, en su visión de vida y  sobre lo que debe hacer en un entorno de excelencia como el futbol europeo.  (Por cierto que en el ultimo episodio de Café Futbol CR, un podcast sobre futbol nacional producido por Alvaro Gallardo y Alberto Alfaro, los anfitriones analizan el futuro de Joel en el Arsenal, vale la pena oírlo)

Las referencias que hace a lo largo de la entrevista a la necesidad de ser fuerte mentalmente, de “trabajar tres veces más” como una forma de superar el venir de un país “pequeño y sin nombre”, denotan una madurez que solo es posible cuando se afrontan los retos con ambición, de alguna manera derrotando un rasgo que Joel señala como parte de la mentalidad costarricense: “los ticos tenemos una ley de que no podemos destacar en cosas grandes, nosotros como somos un país pequeño nos quedamos aspirando a lo pequeño”.

Pues bien, apenas unos días antes, el gobierno había anunciado, nada menos que en cadena nacional de televisión, que el denominado “puente de la platina” será reparado en un año. Un puente que, dice el presidente “se nos ha enredado”. Un símbolo, dicen algunos, de la ineficiencia estatal.

Pero finalmente, y pese a la tendencia nacional a otorgarle un peso desproporcionado a lo simbólico, se trata de un puente. Uno muy importante, el mas conocido del país, pero un puente al fin y al cabo. Por eso la cadena de televisión, el dramatismo que la impregna, el aire grandilocuente del acto,  la orden presidencial al ministro del MOPT, lanzada en tono vibrante y algo amenazador, salen sobrando. Uno entiende que el gobierno realmente está urgido de presentar algún logro para sustentar de alguna manera la enorme promesa del cambio, “la nueva era” de la que hablaba el presidente. Pero la reparación de un puente no parecería ser ese punto de quiebre.

Y aquí vale pena recordar las palabras de Joel: “los ticos tenemos una ley de que no podemos destacar en cosas grandes, nosotros como somos un país pequeño nos quedamos aspirando a lo pequeño’. El gobierno, en esa cadena de televisión, en ese acto que quiso ser superlativo, y terminó siendo desproporcionado,  terminó siendo un fiel reflejo de eso de lo que nos habla el numero 28 del Arsenal.

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¿Cómo resuelven las democracias los “empates” que ha tendido a generar en los últimos tiempo? O dicho de otra manera, ¿cómo vamos a manejar la incapacidad de generar mayorías que se ha vuelto recurrente en los sistemas políticos democráticos?

Las preguntas son de respuesta muy compleja, pero habría que hacer algunas distinciones importantes. En España por ejemplo, los electores decidieron repartir el poder de tal manera que no es posible formar un gobierno viable sin el concurso de al menos tres de los principales cuatro partidos, al menos que los rivales históricos, el PP y el PSOE, lograran un consenso improbable. Pero las diferencias ideológicas son marcadas y encontrar puntos de encuentro se hace muy difícil. El panorama apunta a que habrá nuevas elecciones en junio, lo que se percibe, como  corresponde a una democracia madura, como un fracaso. Pero, ¿qué pasaría si el resultado de esa elecciones es similar al de diciembre pasado? ¿Cómo lo resolverán los partidos políticos?

En Costa Rica la situación tiene matices más dramáticos. Al multipartidismo, resultado del desvanecimiento de los partidos tradicionales, se suma un reglamento legislativo –y en general una práctica política-, que parece premiar el disenso y castigar la construcción de mayorías. Ya no solo se trata de que haya minorías que  tengan mayor peso que cualquier mayoría, sino de la capacidad  de un solo diputado de paralizar un debate legislativo, dejando sin ningún valor al ejercicio de la construcción de acuerdos. En Costa Rica, algunas categorías básicos del juego democrático se encuentran cuestionados: acuerdos, conceptos, mayorías. De su recuperación depende que el sistema nuevamente sea efectivo.

Pero mas allá de los casos particulares, en el fondo somos testigos de los límites de la organización política para poder dar respuesta a una ciudadanía mas informada (y desinformada), con aspiraciones que van mas allá de las categorías básicas relacionadas con educación, salud, infraestructura, etc.. Y hay que encontrar respuestas, porque el apego a la democracia -hemos visto ya varios ejemplos-, no está escrito en piedra. Y cuando la gente está dispuesta a dar un salto al vacío, es muy difícil dar marcha atrás.