La decisión del Comité Ejecutivo del partido, de solicitarle la renuncia al diputado, es natural viniendo de una organización que en el pasado ha lucrado políticamente de exigir renuncias prematuras, desestimando como una excusa de corruptos el principio básico de la presunción de inocencia. Porque finalmente, cuando se le pide la renuncia al diputado, sin siquiera haber escuchado su versión de los hechos, las autoridades del FA no hacen mas que mostrar un evidente desprecio por el debido proceso, práctica característica de organizaciones de talante antidemocrático.
Pero en cierto modo, no tienen alternativa. Han actuado de la misma manera en el pasado, cuando exigir renuncias fulminantes y condenas absolutas les ha representado, según su perspectiva, una ganancia política. No se trata de consistencia –no hay virtud cuando se está consistentemente equivocado-, sino que, prisioneros de su propia retórica, y mostrando su verdadera naturaleza, no pueden hacer otra cosa que repetirse.
Quienes en el pasado les han señalado esta peligrosa tendencia, han sido tachados de corruptos, de ser “los mismos de siempre”. Pero resulta que ahora el llamado de atención viene de sus propias filas. La renuncia de Ricardo Valverde, Presidente del Tribunal de Ética del Frente Amplio, en rechazo de la actuación del Comité Ejecutivo, el que, según su criterio, lo que hace es “jugar para la tribuna de gente que en las redes sociales pide sangre antes que justicia y consecuencia ética", es una llamada de atención para que se respeten, como lo dice Valverde “los principios que se consignan en la Constitución de Costa Rica y los tratados sobre derechos humanos que hemos suscrito". Mas claro, imposible.
Pues precisamente eso es lo que han hecho, durante mucho tiempo, las autoridades de su partido. Disparar primero y preguntar después. Terminarán disparándose a sí mismos.
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En la línea de las anteriores reflexiones, algunas personas parecen creer cualquier cosa que aparece en los medios debe ser atendida de oficio -en el pasado, por ejemplo, esa era una práctica habitual de la Procuraduría de la Ética-. Y no solo eso, si lo que se dice parece apuntar a la existencia de algún hecho irregular o cuestionable, la reacción de los responsables debe ser inmediata, aun cuando los temas de los que se informa sean complejos, y requieran de mas información de la que viene en una nota de 4000 caracteres, o en un video de 30 segundos.
Hace unas semanas se dio un ejemplo de esto. En un editorial publicado el pasado 15 de marzo en el periódico La Nación, se criticaba que los miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional no hubiesen adoptado medidas en contra de un miembro de esa Junta Directiva que se señalaba como parte de una empresas con fuertes movimiento de dinero en el BCR, razón por la cual se había congelado los fondos cuestionados mientras se llevaba a cabo una investigación.
Para el editorialista, el que la Junta Directiva del BNCR, ante las publicaciones de ese diario sobre el caso, decidiera solicitar información oficial al Banco de Costa Rica, es insuficiente, pese a que “el país estaba enterado (por los reportajes del periódico) de las decenas de millones de dólares movilizados por Latco, el inicio de una investigación del Ministerio Público y la intención del Banco de Costa Rica de celebrar una asamblea de accionistas del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), cuyo único otro socio es el Banco Nacional, para remover de la Directiva a Morsink por pérdida de confianza”.
La “pretensión” , tal y como lo califica el editorial, de pedir información oficial sobre un caso del que la Junta Directiva ya está enterada por la prensa, es, siguiendo esta lógica, injustificable. Pese a que el editorialista señala que “…nadie pide una decisión inmediata basada en informaciones de prensa”, de seguido cuestiona si “¿será suficiente sentarse a esperar informes cuando los propios directores aceptaron conocer, en actas, las urgentes explicaciones brindadas por Bicsa a las autoridades estadounidenses, dadas las operaciones de ese banco en aquel país?”
Una información de prensa nunca puede ser suficiente para tomar decisiones en un entorno complejo como el de la administración pública costarricense. Tampoco lo será la interpretación, normalmente incompleta, que se hace de los datos disponibles. El camino que lleva a la toma de decisiones en el sector público es empinado, lleno de obstáculos y trampas legales, sobre todo cuando de destituciones se trata. El respeto al debido proceso no siempre coincide con los tiempos de los editorialistas, pero la realidad es mucho mas compleja cuando se está sentado en una silla con responsabilidades de decisión en la administración pública, que la que se ve frente a una computadora a la hora de escribir una noticia o un editorial. No estaría de más un esfuerzo adicional por comprender esa diferencia.
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