En ausencia de criterios objetivos, -tal vez el único parece ser la importancia que un caso parezca tener en los medios de comunicación-, la acción de oficio de la Procuraduría de la Ética parece originarse entonces en una valoración subjetiva de cada caso. El último caso que motivó la acción de oficio de la Procuraduría del Ética es el denominado “autonombramiento” de los directivos del Banco Nacional en las juntas de las subsidiarias del Banco.
Dadas las implicaciones del caso, parece correcto iniciar de oficio una investigación, pues si efectivamente existe una ley que limita la posibilidad de “autonombrarse”, los implicados deben explicar las razones por las cuales actuaron de la forma en la que lo hicieron, y de la que se ha venido informando con una inusitada profusión en un medio impreso.
Pero en las últimas semanas se han presentado otros casos que inexplicablemente no parecen haber generado el mismo celo en la Procuraduría de la Ética. Y no queda claro por qué.
Por ejemplo, la noticia de que el director de la DIS contribuyó económicamente al financiamiento de un partido político, pese a que la ley aparentemente se lo prohíbe, se trata de una acusación gravísima. Se trata de una persona que maneja información delicada, y que considera que la obligación de neutralidad política no lo alcanza y no es importante. Pese a la gravedad del asunto, la Procuraduría de la Ética parece que no ha intervenido.
Otro ejemplo es el del recién destituido viceministro de Agricultura, nombrado de manera ilegal en su puesto, dada la restricción que tenía por haberse acogido a la movilidad laboral apenas dos años antes de ser nombrado. Lo grave del asunto es que el ex viceministro admite que tanto el presidente de la República como el ministro del MAG estaban enterados del tema al momento de su nombramiento. Se trata de una acto aparentemente ilegal, justificado según el ex viceministro, por un dictamen mismo de la Procuraduría. A pesar de todos esos elementos, la Procuraduría de la Ética no parece haberse dado por enterada.
Es importante conocer esos criterios mediante los cuales se decide qué se investiga de oficio y qué no. El país necesita una Procuraduría de la Ética fuerte, proactiva, que actúe a partir de criterios objetivos. Lo peor que le puede pasar es que se genere la sensación de que su trabajo es inconsistente, y que se mueve al vaivén de los énfasis noticiosos.
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La semana pasada no fue una buena semana para el gobierno. (La verdad es que de hace un tiempo para acá, no ha habido buenas semanas para el gobierno). Varias noticias en esos días lo golpearon en un ámbito del que se vanagloriaba no hace mucho: el de la ausencia de acusaciones de corrupción en el ejercicio de la función pública.
Sin duda uno de estos casos por el que se produjo una reacción indignada de la gente, fue el nombramiento ilegal de un viceministro, que no podía ocupar ese cargo por haberse acogido a la movilidad laboral. (Por la que recibió además 53 millones de colones). En la misma línea, la duplicación del salario del presidente del Banco Central, que estrictamente es un acto en el que no tiene injerencia el Poder Ejecutivo, pero cuyas consecuencias igual se “le pegan” al gobierno. (Y no es del todo descabellado hacerlo así, al fin y al cabo al presidente del Banco Central lo nombra el presidente).
A estos casos se suma el fiasco de la destitución del embajador costarricense ante la OEA, objeto de una acusación de acoso laboral ratificada por un demoledor informe interno de la Cancillería, despido que quiso disfrazarse infructuosamente como una renuncia para optar por un nombramiento en la OEA, cosa que fue desmentida por ese organismo continental.
La reacción de la gente ha sido muy dura, como lo es cuando se le vende una cosa en campaña y siente que se está haciendo otra en gobierno. Pero es importante hacer algunas distinciones, porque no todo lo que se dice que es corrupción lo es en realidad.
El nombramiento del exviceministro de Agricultura por ejemplo, es un acto negligente y pobremente fundamentando, forzado seguramente por la dificultad que tuvo el presidente para completar su gabinete. Pero uno no se imagina, ni al presidente ni al ministro, actuando dolosamente, con la aviesa intención de favorecer a una persona en contra de la ley en un acto tan evidente como este. Hay sin duda una ligereza enorme en el nombramiento -rasgo que por cierto es una marca distintiva de este gobierno-, pero de ahí a llamarlo corrupción hay una gran diferencia.
En el fondo, Solís y su grupo recogen con creces lo que sembraron durante años, en los que se dedicaron a homologar a corrupción cualquier acto negligente en el gobierno. Si la ligereza, la falta de rigor, las contradicciones y la ausencia de resultados es corrupción, este gobierno tiene ante sí una muy empinada cuesta en los próximos 25 meses.
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Recuerde escuchar el podcast semanal de Café Futbol CR, proyecto de Alvaro Gallardo y Alberto Alfaro.
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