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domingo, 21 de agosto de 2016

El taxista y el presidente

Un video en el que un taxista llena de insultos al presidente de la República, que se viralizó en redes y que por respeto no reproduciremos aquí, nos permite hacer varias reflexiones sobre lo que pasa en Costa Rica. Primero, el video es una muestra más de la violencia que un día sí y otro también se presenta en el país. Hasta ahora podríamos decir que se trata de una violencia de baja intensidad, pero su presencia en ámbitos cotidianos y comunes, en las calles atestadas, en las aulas, en los hogares y en las redes sociales, entre otros, demuestra la existencia de un fenómeno social, al que como comunidad deberíamos prestarle atención.

Las amenazas del taxista, sus ominosas referencias a calles llenas de sangre, el lenguaje soez que emplea contra Solís, es a todas luces, no solo inaceptable, sino que debe ser rechazado firmemente, por quienes creemos que cualquier discrepancia debe dirimirse dentro de la institucionalidad, sin necesidad de acudir a ninguna forma de violencia.

Pero, las formas no deben ocultar el problema de fondo, que debe solucionarse. Detrás de la retórica violenta y desabrida del taxista el video, se vislumbra una gran preocupación. Su peligrosa diatriba también trasluce el drama humano: la disminución de sus ingresos, la incertidumbre frente al futuro, la suerte de toda su familia en vilo.

El tema de UBER debe resolverse, pero no puede hacerse bien y de manera sostenida, sin considerar el impacto que tiene, no tanto sobre ese gremio poco apreciado socialmente, sino sobre el futuro de miles de personas que dependen de ellos, de los hijos, nietas y parejas. Reducir la discusión al gremio y a sus equivocadas tácticas de lucha, es un error, porque detrás de ellos se encuentran esas familias, que pueden estar pasando por una situación angustiante.

Y la solución no puede circunscribirse a pedir un mejor servicio de parte de unos, debería también procurar emparejar el terreno para que haya una verdadera competencia, que es lo que finalmente beneficia al usuario, y, sobre todo, normalizar la operación de una empresa cuyo estatus jurídico es nebuloso. Un estado moderno no puede admitir que una cosa como esta suceda sin consecuencias. Aceptar esto sería el principio del fin de un pilar básico ordenador de las sociedades.

La otra cosa que llama la atención es lo que se percibe como una nueva ola de endurecimiento de la opinión pública respecto al gobierno en general, pero sobre todo en la opinión que la población tiene sobre Luis Guillermo Solís.

Cuando parecía, como había mencionado en algún otro momento, que la gente había tirado la toalla con este gobierno, el video del taxista, su difusión en redes, y una reciente encuesta de la firma CID-Gallup, parecen mostrar a una ciudadanía que pasa de la indiferencia a la molestia, de la resignación a la indignación.

No es tanto el hecho de que solo el 1% de los encuestados cree que el gobierno está haciendo muy bien su trabajo, calificación que parece consistente si se contrasta con lo que la gente cree que este gobierno está haciendo -muy poco o nada-, sino en que, después de haber estado en la cresta de la popularidad, Solís aparece como el político con mas opiniones negativas del país.

Ya no es solo que el gobierno es mal calificado, cosa que comenzó a reflejarse en las encuestas bastante rápido, sino que ahora la gente la emprende directamente contra el presidente. En ese sentido, el video es una señal. El taxista no le habla al gobierno, le habla directamente a Solís. Es a él a quien le reclama directamente, a él es a quien le dirige sus peores insultos. Faltando 21 meses para que termine este gobierno, no parece saludable que eso pase, pero se percibe natural que así sea, cuando sus ministros lo han abandonado, dejándolo sólo en el escenario, expuesto al tiroteo continuo de grupos y medios, y cuando parece recibir con frecuencia una cuestionable asesoría de parte de su grupo cercano en Zapote.

Hay una lógica de desgaste en el ejercicio del poder que es inevitable. He sostenido que mientras no se comprenda con claridad el nuevo entorno social y político, que deriva de una nueva dinámica potenciada por la tecnología, es muy difícil que vuelva a haber gobiernos bien calificados. Pero el desgaste de este gobierno, la crispación que exhiben algunos sectores, y la personalización del descontento en la figura que ocupa la Presidencia de la República, apenas pasada la marca de los dos años, debe llamar a la reflexión a todos los actores políticos.

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El análisis del clásico es el tema principal de la ultima edición de Café Futbol CR, producción de Alvaro Gallardo, Alberto Alfaro y el lesionado Leonardo Pandolfi.





domingo, 14 de agosto de 2016

El audio y la verdad

“Buenas tardes a todas y a todos, quiero mandarles un mensaje de prevención a partir de información de la Comisión Nacional de Emergencia, que ha pronosticado que en las próximos horas ocurrirá un terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter, con epicentro en Goicoechea, que afectará severamente todo el Valle Central. Mi recomendación es que se mantengan alertas y se aprovisionen con alimentos enlatados, agua embotellada y radio y baterías para poder seguir las instrucciones de las autoridades. Besitos y que Dios nos acompañe”

Imagine que recibe un audio con este mensaje, y que la persona que habla suena EXACTAMENTE igual que el presidente. ¿Qué haría usted? ¿Iría efectivamente al súper o a la pulpería a comprar lo que se sugiere? ¿Y qué haría si el mensaje lo que dice es que el banco en donde tiene sus ahorros enfrenta problemas financieros y se está pensando declarar la quiebra del mismo? ¿Saldría en carrera a sacar sus ahorros antes de que se los dejen congelados por mucho tiempo?

Los anteriores son dos ejemplos, exagerados si se quiere, de lo que podría hacer una persona que tenga la habilidad de imitar al presidente, como la que nos quieren hacer creer que tiene la persona que el lunes 8 de agosto mandó un audio, advirtiendo sobre posibles enfrentamientos violentos, a propósito de la protesta de taxistas. Y digo que nos quieren hacer creer, porque los acontecimientos posteriores al surgimiento del audio parecen confirmar que el gobierno decidió conscientemente por un curso de acción específico, por razones injustificables, pero que podemos intuir, en el momento en que salió a desmentir que la voz que se escucha en el audio en cuestión es la de Solís.

La primera señal de que estamos ante el posible encubrimiento de un error presidencial, es el intento del gobierno de desestimar el audio como la broma de un excepcional imitador. Si efectivamente se trata de otra persona, esta reacción del gobierno es, en el mejor de los casos, irresponsable. La imitación es perfecta, y la posibilidad de que alguien con esa habilidad pueda causar problemas, es mas que evidente. La única razón por la que se puede desestimar tan alegremente esa amenaza, es que la verdad sea que el del audio es Solís.

La segunda señal es la reticencia de investigar lo sucedido. Primero se dijo que no era necesario, pero luego, presionados por los medios, el jefe de la DIS, al que Solís llama su ‘hermano”, anunció, no muy entusiastamente por cierto, que se iba a investigar “de oficio”, aunque rápidamente le restó importancia a la pesquisa, diciendo que la DIS se ocupa “de cosas mas importantes”.

Pero la principal prueba probablemente sea el audio mismo. Ya no digamos porque expertos imitadores dicen claramente que ese nivel de perfección no es alcanzable, sino porque el país tiene mas de 2 años de estar oyendo a Solís, y lo ha oído lo suficiente para tener un alto nivel de certeza de que quien manda este mensaje es él.

¿Y por qué no admitirlo, por qué negar algo que parece tan evidente? Porque admitir que es Solís, es aceptar que usó información privilegiada para advertir de posibles amenazas a un grupo igualmente privilegiado. Pudo haber justificado el audio diciendo que en realidad no estaba diciendo nada que no se supiera ya, y que sus familiares o grupo cercano deben tomar precauciones especiales. Habría sido muy discutible, pero también habría sido mas honesto.

Pero finalmente optaron por tratar de hacer pasar por falso un audio que cuesta creer que no es verdadero. Algo nos dice de la calidad de la asesoría que recibe Solís en Zapote, para que optaran por la alternativa mas peligrosa y que mas dudas genera.

La Presidencia tiene opciones para establecer definitivamente la verdad de los hechos. Si es Solís, puede dar un paso adelante y admitir la verdad, y afrontar las consecuencias. Un acto de contrición no le caería mal a este gobierno. O puede solicitar una verificación  independiente del audio, para demostrar que no se trata de Solís. Hay en el país el personal calificado y los equipos necesarios para hacer esto, en la Universidad de Costa Rica y en el Organismo de Investigación Judicial, así como una buena cantidad estudios privados. Tan fácil como eso.

No es una cosa superficial, como han querido ver algunos. Se trata, o de un peligroso imitador que puede causar problemas en el futuro, o de una mentira flagrante del gobierno. En ambos casos, el país necesita saber la verdad.

domingo, 7 de agosto de 2016

Lo que el puente de la platina nos revela

Otra vez el denominado “puente de la platina” es noticia, y otra vez el torrente de memes, bromas, quejas y recriminaciones. Concentrados en lo que pasa actualmente, se renuncia a contextualizar un problema en la que sin duda los gobiernos han tenido responsabilidad, pero al que también ha contribuido información insuficiente que permitiría evaluar la situación de una manera mas objetiva. Y mas allá de las implicaciones evidentes, la historia del puente refleja algunos elementos que forman parte de la idiosincrasia nacional.

Contrario a lo que piensa la gente, el problema del puente de la platina no es la superficie de rodamiento; esto es consecuencia de otro problema mayor, relacionado con las bases mismas del puente. La solución definitiva pasa entonces por la reconstrucción de esas bases, labor previa e inevitable para poder rehabilitar de manera adecuada la superficie de rodamiento.

Pero mientras esta labor, invisible para el usuario de la carretera por ser “debajo” del puente, se finaliza, es posible que sigan presentándose problemas como el que se presentó la semana pasada, cuando aparecieron de nuevo algunas fracturas del concreto en la superficie. Los huecos no son solo una confirmación de la negligencia de los gobiernos, como algunos quieren hacerlo ver, son una consecuencia de la situación actual de la estructura del puente, una que no será resuelta hasta que se termine la labor de reforzamiento.

Igual la frustración del usuario es comprensible, pero mas allá de la reacción inmediata de burla, chota, desánimo y crítica, se refleja en la respuesta del costarricense a situaciones como esta, algunos rasgos característicos de la ciudadanía contemporánea. Primero, este es el pueblo de los inmediatos, en donde la constancia es un valor deslegitimado. Por alguna razón se cree que es posible resolver en meses, problemas que tienen años de estarse acumulando.

Creer que esto es así compromete esfuerzos que requieren de constancia para alcanzar resultados, y termina condenando al país al pernicioso vicio de comenzar de cero la solución de problemas que solo se solventan mediante esfuerzos sostenidos. Se podría argumentar que el tema del puente de la platina ya tiene muchos años, y que por lo tanto ya debería haber sido resuelto, pero ese argumento refleja otro problema: la insuficiente información con la que cuenta la gente para formar una opinión fundada.

En este caso, existen razones por las que no es sino hasta ahora que el puente recibe un tratamiento de fondo. En realidad es solo una: la carretera estaba concesionada. No tenía ningún sentido que el gobierno invirtiera miles de millones de colones  para reconstruir y ampliar el puente, si la obra le habría correspondido ejecutarla a la concesionaria.

Por eso la labor de CONAVI durante todos estos años fue la de darle un mantenimiento mínimo al puente, en espera de que la concesionaria de la ruta iniciara los trabajos de fondo. No es casualidad que no es sino hasta después de haber finiquitado la concesión de la carretera, que se decide iniciar la labor estructural imprescindible para solucionar el problema.

(Hay que decir, sin embargo, que hay un problema que habrá que solucionar en el futuro, porque la ley de fideicomiso para la construcción de la ruta San José-San Ramón establece que el trayecto del Monumento al Agua  y el aeropuerto Juan Santamaría será de 8 carriles, y el trabajo de ampliación del puente que se está ejecutando en este momento lo dejará en… ¡6 carriles!).

Y aquí llegamos a otro punto que parece importante y definitorio del ciudadano costarricense del siglo  XXI. En la Costa Rica del 2016, y esto tiene relación con el desvanecimiento de la constancia como valor social, solo existe el presente. Los antecedentes mencionados en los párrafos anteriores no tienen validez, son meras excusas. Lo importante es el hoy y lo que se ve. La discusión, entendida como una sucesión de críticas, es sobre los huecos de la capa superior, no sobre el trabajo de reforzamiento de bases. Lo que pasó, aunque ayude a explicar lo que está pasando, no tiene importancia. Y el futuro, es también objeto de crítica incesante: el pesimismo como forma de comportamiento políticamente correcto.

Por supuesto los gobiernos han contribuido a que se haya configurado un clima de estas características, pero no exclusivamente por negligencia, como parece ser siempre la conclusión de algunos, sino porque en muchos casos no ha podido -o no ha tenido el espacio para hacerlo-, transmitir toda la información necesaria, que permita a la ciudadanía comprender con claridad las opciones que tiene ante sí un gobierno para enfrentar los problemas que se le presentan.


En este caso puntual del puente de la platina, no es que no haya razones para desesperarse y el pesimismo, pero existe una promesa formal, con fecha determinada, (hecha de manera dramática por el presidente debajo del mismísimo puente) en la que se solucionarán los problemas estructurales que permitirán a su vez corregir definitivamente los problemas superficiales. Es lógico que haya dudas, sobre todo porque este gobierno ha sido consistentemente incapaz de cumplir lo que ha prometido, pero no por eso debemos tratar de descarrilar el proceso para iniciar  otra cosa, solo porque no podemos esperar, o no creemos en lo que nos dicen.

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Ya está disponible el episodio #30 de Café Futbol CR, una conversación semanal sobre el futbol nacional con Alvaro Gallardo, Alberto Alfaro y Leo Pandolfi.

domingo, 31 de julio de 2016

Legislar en caliente

Es una recomendación que oímos cada vez que, al finalizar un partido,  un jugador de futbol hace una declaración fuera de tono: mejor no hablar “en caliente”, con las emociones a flor de piel, cuando los sentimientos toman control y no se tamizan las palabras en el filtro de la racionalidad. Dicho en otras palabras, piense antes de hablar o actuar, no deje que las emociones coyunturales guien sus acciones.

La recomendación debería aplicarse en todos los ámbitos del desempeño profesional. Puede y debe haber pasión en lo que hacemos, pero sustentada en la convicción que deriva saber que se está haciendo lo que en nuestra perspectiva es correcto. Esta debería ser una construcción racional, un proceso reposado de ponderación de factores que nos permitan arribar a convicciones sólidas, precedida de un análisis que debe tratar de atemperar la influencia de factores coyunturales, cuya interferencia puede resultar en conclusiones que pueden parecer correctas en el corto plazo, pero que se revelan con el transcurrir del tiempo como insuficientes, desproporcionadas o inadecuadas.

Si la recomendación a los futbolistas, respecto a acciones individuales que no tienen mayores consecuencias colectivas, nos parece válida, con mayor razón habría que pedir la misma mesura en el proceso de formación de leyes en Costa Rica. Legislar “en caliente” es, desafortunadamente, una práctica común, y que tiene, esa sí, consecuencias sociales de diferente magnitud.

El último ejemplo de esta forma de acometer ciertos asuntos públicos es la reciente aprobación de la ley contra el maltrato animal. Aquí vale la pena mencionar que la legislación es absolutamente necesaria, y que no se pone en duda la urgencia de contar con un marco jurídico que permita castigar la crueldad contra los animales.

Pero, hecha esta precisión, la aprobación de esta ley es un ejemplo fidedigno de lo mencionado anteriormente. El proyecto ha enfrentado un camino empinado, objetado algunos de sus puntos por legisladores sobre todo de zona rural, obstáculos a los que se suma, como ha sido la constante en estos dos años, la desorientación política y la debilidad legislativa de un gobierno preso de sus desmedidas promesas.

El desentrabamiento del proceso se originó, como cada vez es mas frecuente en Costa Rica, por la intervención de los medios. Una cobertura asfixiante de la brutal agresión que sufrió un perro en La Unión, así como el inicio de una campaña para recolectar firmas para la celebración de un referéndum sobre el proyecto, crearon un clima de presión que resultó inmanejable para los diputados.

Visto de esta manera no pareciera haber problemas, pero habría que ver un poco mas allá de la coyuntura. Primero, el poder de fijación de la agenda de debate público que tienen los medios en la actualidad, se ha tornado en un elemento que debe ser analizado con mucho cuidado. Y no nos engañemos: en redes sociales se puede creer tener una gran influencia, pero ningún tema es verdaderamente público hasta que aparece en alguno o algunos de los medios de comunicación tradicionales.

Segundo, en medio de las imágenes desgarradoras del perro agredido, presentadas mañana, tarde y noche, la posibilidad de hacerle reformas al proyecto quedó cerrada. Como pasa muchas veces con temas de naturaleza emocional, se generó un clima de crispación que no permitía ningún asomo de disidencia. Y no está de mas mencionar que muchas de las voces que pretendían acallar a quienes tenían objeciones al proyecto, parecían poner mas atención al mensajero y a su filiación política, que al fondo de sus observaciones.

El resultado del proceso es una ley aprobada apresuradamente, “en caliente”. Hay varias consecuencias, la principal, que terminemos con una ley excesiva cuya reforma -una cosa como una reforma a una ley vigente no generaría nunca el mismo sentido de urgencia-,  puede tomar años, si es que finalmente se pudiera hacer posible. Pero además, para quienes actuaban de buena fe, esta ley puede agregar una frustración adicional, si la Sala Constitucional valora como válidas algunas de las impugnaciones que han surgido, una vez pasada la atmosfera intolerante previa a la aprobación de la ley, respecto al texto final.

El proceso de formación de leyes es demasiado importante para que esté definido en una atmósfera desigual, producto de la desproporcionada influencia de algunos actores, cuyo peso se ve potenciado por el desinterés de la ciudadanía hacia los temas de índole colectivo. Las leyes deben surgir de un proceso dinámico, pero sereno, en el que las exigencias de la coyuntura sean incorporadas de manera racional, permitiendo un debate en el que no se descalifique de entrada ningún argumento. De lo contrario seguiremos legislando “en caliente”, con todo lo que eso significa para el país.

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La valoración de las primeras fechas del campeonato de fútbol de la primera división es uno de los temas que se incluyen en la ultima edición de Café Futbol CR, producción de Alvaro Gallardo, Alberto Alfaro y Leo Pandolfi

domingo, 24 de julio de 2016

Agua, cocodrilos y no es lo mismo verla venir...

A propósito de la celebración del 25 de julio, parece oportuno reflexionar sobre algunos temas relacionados a la provincia de Guanacaste, algunos recurrentes y otros mas coyunturales; algunos muy particulares de la región, otros que se presentan también en otras zonas del país.

Probablemente el problema mas apremiante para Guanacaste es el del suministro de agua, sobre todo para las zonas bajas, la llamada bajura. Dos factores, entre otros, se han conjugado para romper un delicado equilibrio ambiental y social: la sobreexplotación de algunos acuíferos, resultado del vertiginoso crecimiento de la demanda; agudizada además por un cambio climático por el que por cierto los países industrializados deberían meterse la mano a la bolsa, y colaborar con los países tropicales que han venido sintiendo las consecuencias de su irresponsabilidad.

Esta situación ha evidenciado algunos hechos que vale la pena discutir. Dado su papel en las zonas rurales, ¿están las ASADAS preparadas para manejar esta tensión de equilibrar la protección de las fuentes, con la necesidad del desarrollo de las zonas mas pobres del país?.

Para ilustrar esta preocupación, puedo citar como ejemplo la ASADA de Potrero en Santa Cruz, que decidió hace tiempo no otorgar mas autorizaciones de agua para la construcción de nuevos desarrollos inmobiliarios . El argumento es que no hay agua, según lo demuestra un estudio con el que cuentan, elaborado por un consultor contratado por ellos mismos. Los potenciales desarrolladores refutan este estudio con los propios, contratados a sus especialistas. Ante la propuesta de ejecutar un tercer estudio con una universidad pública, que zanje la discrepancia de manera definitiva, la respuesta de la ASADA ha sido tajante: no se necesitan nuevos estudios, y aunque se demuestre que hay disponibilidad de agua, no se va a cambiar de opinión.

La posibilidad de generar empleo en la zona no es suficiente aliciente para los celosos administradores de la ASADA, quienes con esta posición convierten el agua en un recurso de poder, excluyendo cualquier discusión del agua como recurso de desarrollo.

Esta tensión entre el tema ambiental y las necesidades de desarrollo es recurrente en el país. El Índice de Desarrollo Social elaborado por MIDEPLAN en el 2013, mostraba que alrededor de las zonas protegidas en Costa Rica se concentra la población mas pobre del país. Puede haber relación entre una cosa y la otra, o podrían ser otros elementos los que expliquen este fenómeno, pero en Costa Rica hemos llegado al punto en que cuestionarse cosas como estas no es políticamente correcto.

Otro ejemplo que ilustra esta tensión es la proliferación de cocodrilos en zonas turísticas, que ha generado ataques a seres humanos, el mas reciente ocurrido en Tamarindo en la semana precedente al 25 de julio. Desde ya hace varios años algunas organizaciones de hoteleros han venido advirtiendo sobre esta situación, y la respuesta de las autoridades refleja con claridad su visión sobre el tema: no hay sobrepoblación, lo que hay es un “conflicto”, que debe ser “cuidadosa y prontamente enfocado”, y que surge de la ampliación de la actividad humana hacia zonas en donde habitan los reptiles.


Pero lo cierto es que avistamientos de cocodrilos en las playas de Jacó, Herradura, Hermosa de Garabito, Manuel Antonio, Tamarindo y hasta Puntarenas centro, no parecen ser resultado de la intrusión de los seres humanos en los  hábitats tradicionales. En todo caso, aparecería urgente hacer algo mas que “enfocar” cuidadosamente el conflicto, pues se trata de la protección de vidas humanas y de fuentes de trabajo.

Como tema al margen, la ansiedad que el gobierno exhibe respecto a su propio legado, pasada ya la mitad de su período, aparentemente está siendo difícil de manejar, y tiene resultados muy particulares. Evidenciado el recurso de apropiarse de la obra de otros gobierno para presentarla como propia, ahora Solís recurre al argumento de comparar lo hecho con otros gobiernos. Así lo hizo en Guanacaste, en los días previos a la celebración del 25 de julio, sin mencionar, por supuesto, información concreta para respaldar su alegre aseveración.


Los gobiernos deben ser evaluados respecto al cumplimiento de lo que se prometió hacer; eso es lo que define un legado y un cuño distintivo. Al compararse con otros, Solís evidencia una idea de su propia responsabilidad que es el signo definitorio de su gestión: la imposibilidad de acudir a las obras propias como recurso para construir una imagen. En el fondo, la imposibilidad de cumplir lo que desbocadamente se prometió en campaña.  Es decir, en el no es lo mismo verla venir que bailar con ella, que es a la postre lo que mejor define al gobierno que cualquier otra cosa.

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Una nueva edición de Cafe Futbol CR, esta vez con temas relacionados a la salud de Anthony Vargas y el inicio del campeonato nacional. Producción de Alvaro Gallardo, Alberto Alfaro y Leo Pandolfi.

domingo, 17 de julio de 2016

¿Cuánto debe ganar un empleado público?

En los últimos meses ha habido un gran debate alrededor del gasto en salarios en el sector público. La discusión es necesaria porque se trata de un tema que trasciende lo meramente económico, al incorporar un fuerte componente ético, que deriva del incontrovertible hecho de que se trata de un gasto que financiamos todos, y que igualmente tiene consecuencias para todos.

Pero, como es frecuente en Costa Rica, la discusión se ha “encharralado”, utilizando la fina expresión presidencial.  Vale la pena ensayar algunas reflexiones, con el afán de ordenar un debate tan necesario como impostergable, en tanto no hay manera de sostener la actual tasa de crecimiento del gasto en salarios.

Desafortunadamente, en este debate está pasando algo que es recurrente en las discusiones públicas en los últimos años. En un afán de reforzar puntos de vista específicos, se acude a argumentos que mezclan cosas que no deberían mezclarse, y a presentar algunos hechos como negativos, no siéndolos del todo.  Y por la importancia que tiene este debate, es necesario separar el grano de la paja, y de centrar la discusión en lo verdaderamente perentorio.

Primero es imprescindible examinar la comparación que se hace de los salarios en el sector público respecto a los del sector privado, argumento frecuente que se acepta sin matices, pero que ignora las diferencias sustantivas entre unos y otros. Por ejemplo, parecería que un ingeniero que trabaja en una empresa privada hace en esencia lo mismo que un ingeniero que trabaja en el MOPT. Tal vez desde el punto de vista estrictamente técnico eso sea así. Pero en el caso del ingeniero del MOPT existe un ámbito adicional, el impacto social de su trabajo,  que debe –ojalá que así sea-, ser incorporado en su labor cotidiana. La comparación vis a vis parece, desde esta perspectiva, incompleta y sin el necesario contexto.

Otra cosa que se ha mencionado es la existencia de instituciones en las que el gasto en salarios consume una importante proporción de su presupuesto.  Se ha presentado como un abuso que, por ejemplo, las universidades gasten un alta proporción de su presupuesto en salarios.

Pero, ¿en qué otra cosa puede gastar la mayor parte de su presupuesto una universidad?.  ¿No es su recurso humano la base del servicio que le brinda a la comunidad? Es lo mismo para instituciones públicas que generan información, brindan servicios  directos a la población o ejecutan labores de supervisión, como el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) , el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el Banco Central y el mismo Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).

Las reflexiones precedentes, sin embargo, no constituyen de ninguna manera una justificación del nivel de los salarios que se pagan en el Estado. Pero deberían debería llevarnos a tratar de responder una pregunta de fondo: ¿cuánto deben ganar los trabajadores del sector público?.

Como primera consideración, un salario debería remunerar adecuadamente el nivel de complejidad del  trabajo que se ejecuta. A mayor complejidad, responsabilidad e impacto social de las labores que se llevan a cabo, así debería ser la remuneración que se recibe. También hay consideraciones de mercado: un salario muy bajo respecto al que se paga en el mercado restringirá las posibilidades del Estado para contratar a profesionales del mas alto nivel.

Esto es fundamental en todo el sector público, pero lo es mucho mas en instancias que por su importancia, debería retribuir adecuadamente a sus funcionarios. Cuando se acude a un hospital, todos aspiramos recibir un servicio de excelencia, provisto por profesionales preparados y del mas alto nivel. Igual pasa con la administración de justicia y la educación pública. Si queremos tener a los mejores, tendremos que mantener un nivel de salarios competitivo.

Pero esto no significa que los salarios en el sector público no deban tener relación con la realidad económica del país. Es cierto, la comparación llana y simple entre salarios entre el sector privado y el sector público no es apropiada, pero eso no nos dice nada respecto a la justeza de la diferencia actual. Desde esta perspectiva, vale preguntarse si será correcto que el salario promedio en el sector público, sea el doble al del sector privado. Es una pregunta válida, que debe tratar de responderse con objetividad, contrastando muestras aspiraciones respecto a la calidad de los servicios que queremos recibir, con lo que estamos dispuestos a pagar por ellos.

Lo mismo es cuanto a la proporción del presupuesto gastado en salarios. Que la UCR gaste el 80% de su presupuesto en salarios, parece apropiado para cumplir con sus objetivos institucionales, pero no nos dice nada respecto a la razonabilidad de pagar salarios que parecen no tener relación con la realidad socioeconómica del país. ¿Debe ser retribuido el esfuerzo personal por estudiar, actualizarse y generar conocimiento, con un salario que ignore la situación salarial del 85% restante de la población?

Es un tema, además de económico, de orden moral. Es parte de esas características particulares que tienen los salarios en el sector público, y que debe incorporarse en cualquier discusión sobre la materia.


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La invitación semanal para que escuchen Café Futbol CR, con la previa del campeonato nacional en este podcast producido por Alvaro Gallardo, Alberto Alfaro y Leonardo Pandolfi.