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lunes, 21 de mayo de 2018

Salarios en el sector público: mas allá de los números

Twitter: @robertogallardo

En algún otro momento lo había mencionado y es importante reiterarlo en este momento: el tema de los salarios en el sector público no es solo un asunto de números, sino que tiene un componente ético ineludible. Hay un deber ser en este tema. Y quienes trabajamos en el sector público no podemos pretender que el resto de la sociedad no tenga algo que decir sobre el tema. Después de todo, pagan una buena parte de nuestros salarios.

En este momento en que se discute una reforma fiscal, es oportuno hacer algunas reflexiones y sugerencias. A estas alturas, nadie creerá, salvo los sectores mas reaccionarios y conservadores de los añejos sindicatos del sector público, que es posible una reforma fiscal sostenible sin adoptar medidas que restrinjan el crecimiento del gasto público. Si no se hace así, aun cuando se aumenten los ingresos mediante una combinación de ampliar la base tributaria y subir impuestos, en unos años estaremos en una situación similar a la actual.

La solución permanente al tema de los salarios públicos es la de establecer un sistema de salario único en todo el sector público (salvo en las instituciones en competencia). Esto permitiría varias cosas. Primero, homologar lo que se paga en todo el sector público, de manera que no se den las odiosas diferencias que existen actualmente. Segundo, permitiría ofrecer salarios de entrada mas altos, lo que contribuiría a la atracción de profesionales jóvenes. Actualmente los salarios de ingreso al sector público tienden a ser muy bajos, dada la proporción de recursos presupuestarios que hay que destinar al pago de incentivos de los funcionarios que tienen mas tiempo de laborar en la institución.

En este punto vale la pena comentar un argumento que se ha utilizado para justificar el sistema de incentivos en el sector público. Estos, se dice, permiten retener el talento, el que, después de años de formación y acumulación de experiencia en el sector público, se convierte en un objetivo para los reclutadores del sector privado. Esto es así, pero existen algunas políticas que se pueden adoptar para prevenir esto. Por ejemplo, que quienes reciban capacitación o actualización permanente financiada con fondos públicos, suscriban un convenio que los obligue a permanecer en sus instituciones por un plazo prudencial, que permita al estado beneficiarse de su inversión.


Por otra parte, dejar de trabajar en el sector público no es fácil. La estabilidad que brinda es un factor que pocas veces se considera, pero que es uno de gran importancia. Apostaría que los funcionarios tienen casa propia en una proporción superior a la de los trabajadores del sector privado, no solo por los niveles salariales, sino además por ser sujetos de crédito que cumplen con requisitos fundamentales para los bancos. Ese es un plus que tiene un valor incalculable, y que es un poderoso estímulo para hacer carrera en el sector público.

Pero un sistema de salario único solo puede aplicarse a los nuevos funcionarios. Aun cuando es un momento oportuno para hacerlo, dado que hasta la mitad de los trabajadores del sector público se pensionará en los próximos años, habría que hacer algo con los salarios actuales. No se trata de disminuirlos, sino de moderar su tasa de crecimiento, tomando en cuenta además que la transición a un sistema como el mencionado anteriormente, tendrá un impacto importante sobre las finanzas públicas en sus primeros años.

Por ejemplo, podría plantearse un límite al porcentaje total que se recibe por concepto de anualidades. A como está definido ahora el incentivo, no existe ningún techo, y se puede terminar recibiendo un monto por anualidades que es superior al del salario base. Esta medida no impacta el nivel de ingresos actuales, y establece una criterio de racionalización para moderar el crecimiento del gasto en este rubro.

Para quienes actualmente sobrepasen el porcentaje que se defina como máximo, se puede crear una tasa especial, tal y como se hizo con las pensiones de privilegio, de manera que haya un contribución solidaria de quienes tenemos ya muchos años de trabajar en una institución pública, y que, por lo tanto, afectará sobre todo a las personas de mas altos ingresos.

La última medida que se puede adoptar tiene que ver con el aguinaldo y el denominado salario escolar. No existe una razón de peso, desde el punto de vista ético, para justificar que ambos estén exonerados del pago de impuesto sobre la renta. Y no hay un impuesto mas progresivo que este. Quienes tengan aguinaldo y salario escolar bajo, no pagarán impuestos. Y quienes recibimos salarios mas altos, pagaremos proporcionalmente. Entiendo por supuesto que esta es una medida polémica, pero en la discusión de lo que tenemos que hacer para tener finanzas públicas sanas sostenibles, no puede dejarse ningún tema por fuera.

Reitero lo que dije al principio. Los salarios del sector público son, por su naturaleza, diferentes al resto de los salarios de la sociedad. Tienen un componente ético que no puede ser ignorado. Mas allá  de los fríos números, el debate sobre este tema debe incluir nociones de justicia, coherencia con el entorno social y económico, y el sacrificio que nosotros, los funcionarios, debemos liderar con nuestro ejemplo.

viernes, 19 de enero de 2018

Momento para la mesura

Twitter: @robertogallardo

Habló la Corte, el tema está resuelto. La aplicación del pronunciamiento es inevitable. Todos lo saben, incluso los que ahora dicen públicamente que es posible evitar su vigencia plena. Tomará mas o menos tiempo, pero la cuestión está definitivamente zanjada. Es claro que para un sector importante de la población, esta nueva realidad es difícil de aceptar. Tomará tiempo, e incluso para algunos nunca será aceptable. Los mas activistas incluso tratarán de detener, o al menos retrasar, lo inevitable. Pero todo será en vano.

Ante este panorama, el sector LGBTQI debe asumir este triunfo histórico con una gran serenidad. Con alegría, pero con una inteligente mesura. La amargura de una injusticia sufrida durante tanto tiempo debe ser superada, por mas duro que resulte. No es momento para regodearse con la derrota de nadie, de restregarle el fallo en la cara a nadie. Después de todo, como lo bien lo expresa el hashtag #LoveWins, este es un triunfo del amor sobre la discriminación, la exclusión y el odio.

Porque en esta coyuntura no se puede actuar sin medir las consecuencias. Exacerbar a los sectores mas conservadores con manifestaciones dirigidas a atacar la fe de la gente, es un error táctico que solo puede resultar en obstáculos aun mayores. Ya tenemos una consecuencia: el fortalecimiento de opciones electorales que sin duda usarán su creciente poder político para intentar atrasarlo todo. Si se sigue atacando las creencias, en vez de centrarse en la batalla legal y política que viene, se va a seguir alimentando el crecimiento de quienes no dudarán en presionar a Zapote con una mayor cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa.

La guerra se ganó. Quedan algunas otras batallas, pero el paso ya está dado. Es hora de estar a la altura del cambio logrado. Es hora de ver hacia adelante y aceptar que el triunfo en la Corte no será completo si no se asume desde la tolerancia hacia la diversidad de pensamiento. Así como ahora algunos sectores deben aceptar una realidad legal, el sector LGBTQI debe aceptar que si el cambio legal fue difícil, mas lo será el cambio cultural. Pero se puede acometer ese esfuerzo con la certeza de que el proceso ya inició y es irreversible.

domingo, 15 de octubre de 2017

Libertad de expresión y redes sociales

Twitter: @robertogallardo
La libertad de expresión es un derecho complejo, porque aun cuando se garantice legalmente, también puede ser limitada de múltiples maneras en la práctica cotidiana. No deja de ser paradójico que sea en las redes sociales, una vez celebradas como una promesa para la libertad de expresión, donde se concrete la amenaza contemporánea más importante a ese derecho básico, del que el político estadounidense Daniel Webster alguna vez dijera “si tuviera que renunciar a todos los derechos menos uno, me quedaría con la libertad de expresión, porque desde esta podría recuperar todos los demás”.

Sobre este tema reflexiona el periodista español Juan Soto Ivars en su libro “Arden las redes: la postcensura y el nuevo mundo virtual”. La tesis principal de libro es que en las redes sociales ha aparecido una nueva forma de censura, una que se diferencia de la censura clásica en tanto no depende de un poder centralizado para su imposición, sino que se origina en la acción cotidiana de grupos formados alrededor de coyunturas específicas, y que se apoya en gente “sin más compromiso que la necesidad de que el grupo les dé la razón”. Estos grupos, junto a “un nuevo tipo de prensa sensacionalista (que) promociona y legitima estos sentimientos exacerbados”, nos han sumido en una “guerra intransigente de puntos de vista”, en la que el “debate racional es prácticamente imposible”.

En este entorno, la postcensura se presenta como un fenómeno de “silenciamiento”, en el que las personas limitan su libertad de expresión ante el temor al linchamiento digital. Así ciertas ideas desaparecen del debate público, cosa que es celebrada por grupos que tienen una concepción restringida de la libertad de expresión. Y no se trata de una situación sutil: hay grupos que exigen, a nombre de una causa, de una visión o simplemente desde su disenso, el recorte de la libertad de expresión. Y lo hacen, frecuentemente, en nombre de una moralidad que se presenta como progresista, pero que en realidad es profundamente autoritaria.

Y no solo se trata de las ideas, sino de los momentos en los que se puede o no expresar esas ideas. Un ejemplo de esto se dio recientemente durante la emergencia provocada por la tormenta Nate. Cualquier intento de cuestionar de la actuación de las autoridades ante la emergencia, resultó en una reacción propia de una sociedad que no soporta la libertad de expresión, o peor aún, que simula soportarla, pero que en la práctica cuestiona. Uno entonces podría preguntarse, ¿se ha llegado demasiado lejos con la libertad de expresión? ¿Es este un valor que debe respetarse en cualquier momento? ¿O hay circunstancias en las que el derecho queda supeditado a consideraciones coyunturales?

La respuesta, citada por Ivars Soto en su libro, viene del Comité de Derechos Humanos de la ONU: ""el derecho a la libertad de expresión no solo se aplica a las informaciones e ideas generalmente consideradas útiles o correctas", sino que incluye expresiones controvertidas, chocantes e incluso falsas: “El mero hecho de que una idea sea desagradable o sea considerada incorrecta no justifica su censura"". Agregaría, además, en línea con lo que manifiesta el Comité, que no existe un momento idóneo para el ejercicio de la libertad de expresión; este no se debe limitar a la existencia de condiciones particulares o coyunturales específicas.

Así pues, tanto la censura clásica como la postcensura se presenta en “el choque que se produce cuando el individuo libre quiere expresar una idea y la comunidad quiere impedírselo. No son simplemente herramientas de poder, “sino la consecuencia de que un individuo o un grupo se arrogue el derecho de silenciar a otros individuos o grupos”. Esto es a todas luces inaceptable.

Si queremos un sistema democrático en el que el derecho de libertad de expresión sea efectivo, nos dice el abogado y profesor estadounidense Cass Sunstein, “las personas deben ser expuestas a materiales que no hayan escogido. Encuentros no anticipados ni planeados con ideas diferentes son centrales para la democracia en sí misma. Esos encuentros deben incluir puntos de vista que la gente no haya buscado y que incluso encuentre molestos, pero que podrían pese a todo cambiar sus propias visiones. Estos son importantes para combatir la fragmentación, la polarización y el extremismo, que son resultados predecibles cuando solo se habla con la gente que piensa parecido a uno”.

La forma más eficaz de combatir la postcensura, y resistir el avance del autoritarismo en las redes sociales, y eventualmente en la sociedad misma, es no renunciar nunca a nuestro derecho a expresar una idea en el momento en que lo consideremos pertinente. Si comenzamos a ceder ante los grupos que pretenden limitar no solo la expresión de esas ideas, sino además los momentos en las que pueden expresarse, estaremos comenzando a resignar  ese derecho que como dijo Webster, es el que nos permitiría recobrar todos los que podamos perder. No lo permitamos.

jueves, 25 de mayo de 2017

¿Cuáles son los que quedan?

Dice Luis Guillermo Solís que las obras de infraestructura que ha inaugurado, y que vienen, TODAS, –menos una-, de otras administraciones, son del pueblo de Costa Rica y nadie puede reivindicarlas como propias.  Aparte de la evidente contradicción de decir que nadie puede apropiarse de esas obras, precisamente en actos de inauguración en los que su gobierno trata de hacer precisamente eso (ofreciéndolas como prueba de que el cambio prometido se ha concretado), hay un problema mayor que trasciende este debate, y que podría resumirse en una sencilla pregunta al presidente: ¿y cuales son las obras que deja en marcha su gobierno?

Para alcanzar el desarrollo, se requiere de un esfuerzo sostenido. Cuando de infraestructura se trata, ese esfuerzo debe ser aun mayor. Y en un país como Costa Rica, en el que cuesta tanto hacer las cosas, esto es particularmente cierto, por lo que es poco probable que un gobierno pueda completar todos las etapas del ciclo de un proyecto.

Por esto es común que un gobierno termine inaugurando obras iniciados en gobiernos anteriores, como le ha pasado al actual gobierno con TODAS, –menos una- de las obras que ha inaugurado. Si se quiere reconocer o no el aporte de predecesores en esto, en realidad, es secundario, aunque sirve para calibrar la generosidad o mezquindad de algunas personas. Pero para el país es importante, en esa aspiración al desarrollo que tenemos como sociedad, no solo lo que se inaugura hoy, si no lo que se inaugurará mañana.

Y aquí es donde comienzan los problemas. El actual gobierno no deja NINGÚN proyecto de infraestructura en marcha. No hay NINGÚN proyecto que esté siquiera en sus fases iniciales, ni hablar de su financiamiento o diseño. Nada. La interrupción del ciclo de proyectos de infraestructura que venían ejecutándose desde el 2006, tendrá un impacto en el proceso de desarrollo, cuyas consecuencias la sufrirán las futuras generaciones. Es un resultado esperado de un gobierno que prefirió siempre ver hacia atrás y nunca hacia adelante.

Una nota aparte. Aparentemente estamos perdiendo la ambición como país. Hacer de la inauguración de un puente nuevo, por paradigmático que sea, un evento nacional y un motivo de debate acalorado, refleja una mentalidad muy chiquitita, que ojalá no se convierta en el listón contra el cual se mida el progreso de ahora en adelante. No nos resignemos. Se puede hacer mas y se ha hecho antes.


lunes, 15 de mayo de 2017

En tres años el gobierno ha creado... ¡12,000 empleos!

La última Encuesta Continua de Empleo revela un desempleo de 9,1% al I trimestre del 2017. Estadísticamente no hay una variación significativa, ni con el trimestre anterior ni con el mismo trimestre de 2016. Es decir, el desempleo se encuentra estancado.

Ante este dato tan poco alentador, y en el frenesí propagandístico en el que está este gobierno, se destaca la cifra del número de ocupados, que aumenta en 68,000 personas en un año, como un éxito inédito, de magnitudes superlativas y que confirma que este ha sido, como dicen sin ningún pudor los pocos activistas que le quedan al partido oficial, el mejor gobierno desde el big bang.

Pero, como pasa a menudo con este gobierno, un examen un poco mas riguroso de la información disponible devela la verdadera magnitud de la acción de este gobierno. Resulta que la cifra de ocupados, que pomposamente se exhibe como un éxito, no hace más que revelar la pobreza del desempeño de este gobierno en materia de empleo.

Para mayo de 2014, el número de ocupados en Costa Rica superaba las 2.048,000 personas. Para el primer trimestre del 2017, esa cifra, la misma que se exhibe con gran orgullo, era de apenas 12,000 personas mas, es decir, 2.060,000 personas. En tres años, el gobierno de Luis Guillermo Solís, cuyo exministro de Trabajo dice que aspira a "continuar con el cambio", ha generado empleo para 12,000 personas mas, a razón de 4000 por año.

Recordemos que la meta del gobierno, establecida en el plan nacional de desarrollo, era crear 217,000 empleos. Al ritmo que se han venido creando trabajos en los últimos tres años, este gobierno necesitaría 54 años más para cumplir su propia meta. O sea, tal vez en el año 2071.

Conque terminen el año que les falta, sin tratar de engañar a la gente con cuentas de colores y espejitos, el país se daría por satisfecho.

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miércoles, 5 de abril de 2017

Mitología electoral

¿En qué consiste hacer un análisis político? Desde mi perspectiva, debería ser una valoración de condiciones objetivas respecto a un hecho político, a partir de la cual se emite una opinión, la que claro está y por definición, siempre será subjetiva. Es común que ante unos mismos datos, la conclusión de dos observadores sea diferente: influyen sus pre concepciones, preferencias y marco ideológico, entendido como una visión de mundo particular que se utiliza para interpretar la realidad.

El problema con el análisis se da cuando las premisas no son ciertas. Como le digo semestre a semestre a mis alumnos, uno puede decir que como el sol sale al este, los países asiáticos son mas desarrollados porque se levantan antes que nosotros. Por supuesto que la conclusión es disputable -por no decir descabellada-, pero la premisa es correcta, porque efectivamente el sol sale al este. Diferente sería que que se inicie un razonamiento diciendo que el sol sale por el oeste: la conclusión, por mas lógica que parezca, no podrá nunca ser correcta.

En esta misma dirección, en la pasada convención del PLN encontré algunos analistas acudiendo a lo que yo llamaría mitología electoral para fundamentar sus opiniones. Uno de estos mitos fue el de sostener que la victoria de José María Figueres era inevitable porque "contaba con el apoyo de la dirigencia del partido". Nada mas alejado a la realidad. Lo cierto es que Antonio Alvarez Desanti contaba con el apoyo de la mayoría de los diputados y alcaldes liberacionistas, y su tendencia fue la que inscribió más papeletas distritales y mas fiscales de mesa. Estos hechos eran evidentes y fácilmente comprobables, pero algunos prefirieron reproducir el mito antes de comprobar si era cierto.

El segundo mito fue creer que porque el expresidente había iniciado su campaña desde hacía dos años llevaba una ventaja, en tanto la campaña de Alvarez Desanti inició su trabajo apenas 4 meses antes de la fecha de la convención. Se creyó  que esos dos años lograban acumular apoyos que no podían ser alcanzados en cuatro meses, cuando lo cierto es que no varió ni un ápice la opinión negativa que cerca de  un 70% de la ciudadanía expresaba de Figueres. A esa realidad inconmovible, dos años de campaña no la pudo cambiar y resultó un techo electoral insuperable. Y así lo reflejaron las encuestas en todo momento. 

El tercer mito era, paradójicamente, el de la transferencia del mito. Como lo dijera Alvarez Desanti en alguna entrevista refiriéndose a don Pepe, todos los liberacionistas somos figueristas. Pero está claro que la gente supo hacer la diferencia entre Figueres Ferrer y Figueres Olsen, pues hacia el final del proceso casi un 50% de los liberacionistas manifestaba una opinión negativa de José María. No existía ninguna evidencia que la ciudadanía verdiblanca fuera a trasladar de manera automática su admiración de un Figueres hacia el otro, pero igual se utilizó esta presunción como pilar de un análisis a todas luces poco riguroso.

El cuarto mito, utilizado por "expertos en redes sociales" que aparentemente quieren ser analistas políticos, es el de las interacciones, entendidas como las reacciones que genera una entrada en redes sociales. Para esta gente, el que Figueres tuviera mas interacciones que Alvarez Desanti era un signo inequívoco de que ganaría la convención. Pero esos mismos "expertos" ignoraban, asumo que deliberadamente, el carácter de esas interacciones. Es cierto, por ejemplo, que Alvarez Desanti suscitaba menos comentarios en su publicaciones de Facebook, pero la mayoría eran positivos; caso contario era el de Figueres. Al final, tener 500 comentarios con 350 positivos resultó mejor que tener 1000 comentarios con 900 negativos.

Este es el tipo de cosas que a las que hay que ponerle atención cuando se escucha o lee un análisis político. Porque si las premisas son incorrectas o parciales, el análisis de debilita y el analista es cuestionado, porque la utilización de hechos no probados o producto de una reflexión sesgada e insuficiente, refleja desidia y falta de rigor, o, simplemente, una preferencia oculta que inclina el análisis en una dirección específica. Y que cada palo aguante su vela.

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domingo, 22 de enero de 2017

El dilema del PLN

El próximo 2 de abril el Partido Liberación Nacional tiene una oportunidad de oro para demostrarle a la ciudadanía que escuchó con claridad el mensaje que esta le mandó en abril del 2014. Fue un mensaje contundente, inequívoco, por lo que ignorarlo no es opción para el partido mas grande del país, alrededor del cual se sostiene, precariamente, el sistema de partidos políticos en Costa Rica.

Ciertamente en la estrepitosa derrota electoral del 2014 confluyeron múltiples factores. Pero es innegable que el tema ético tuvo –y sigue teniendo-, una gran importancia. Si bien es cierto hubo cuestionamientos de fondo a las políticas ejecutadas en gobiernos liberacionistas, la crítica principal se centró en aspectos éticos del ejercicio del poder.


Mucho podría decirse del origen de estos cuestionamientos, magnificados por una oposición política ávida de presentar un panorama blanco y negro, groseramente simplificador de la realidad. Baste decir que el sainete que montara el actual gobierno, a los cien días de su gestión, pareció dejar claro la verdadera naturaleza y la falta de fundamento de estas acusaciones. Pero igual la gente situó el tema de la ética en el ejercicio de la función pública en el centro del debate político.

A esto debe responder el Partido Liberación Nacional. Se ha hablado mucho de renovación de liderazgos, de ideario, de militancia. Pero por alguna razón, el tema de la renovación ética ha sido minimizado de manera muy peligrosa. El PLN debe entender que las propuestas no serán de recibo para la ciudadanía, si esta percibe que en el ámbito ético el partido no acometió el proceso de transformación que el electorado le demandó en el 2014.

Hoy por hoy los costarricenses se enfrentan a un dilema particular. Después de haber cifrado su esperanza en la ambigua promesa del “cambio”, el país ha ponderado mejor el valor de la experiencia. Pero al contrario de lo que sucedía en el pasado, un mal gobierno (o uno inexistente como el actual), no significa un traslado automático de apoyos a la oposición. Los estándares han cambiado y la ciudadanía no está dispuesta a hacerse de la vista gorda en ciertos ámbitos.

Y si hay un partido que debería tener esto claro, es precisamente el PLN. Se puede hacer (y hay que hacerlo), un intenso esfuerzo de renovación programática, pero de nada servirá si los electores perciben que no se ha avanzado con igual decisión en el campo ético. No se trata nada mas de un propósito de enmienda, sino de actos concretos que reflejen la voluntad de escuchar a un pueblo temeroso de otorgarle otra oportunidad, pero cada vez mas convencido que siempre ha vivido mejor en sus gobiernos.

Y en este camino, lo primero es la consistencia. No se puede decir que se ha escuchado al pueblo, si se actúa de manera contradictoria. Ni mas ni menos eso es lo que se juega el PLN este dos de abril. Es la oportunidad para mandar una poderosa respuesta, o de proceder de espaldas al sentir popular.

Y no se trata de una reflexión hecha en el aire. Una y otra vez, las encuestas señalan un hecho incontestable: de cara a las elecciones nacionales, las alternativas para el liberacionismo tienen consecuencias claras y radicalmente diferentes. Es darse una oportunidad, con alguien como Antonio Alvarez Desanti, o iniciar un paulatino proceso de desvanecimiento político, con José María Figueres.


Mas allá de las consideraciones particulares, la percepción de la gente termina teniendo consecuencias concretas. Eso pasó en la elección del 2014. Puede argumentarse mucho sobre esa percepción, pero no se puede ignorar. Se trata de ser consistentes con ese propósito de renovación ética que exigió la gente. Este es el dilema que enfrenta el PLN, pero también el país, este 2 de abril.