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jueves, 25 de mayo de 2017

¿Cuáles son los que quedan?

Dice Luis Guillermo Solís que las obras de infraestructura que ha inaugurado, y que vienen, TODAS, –menos una-, de otras administraciones, son del pueblo de Costa Rica y nadie puede reivindicarlas como propias.  Aparte de la evidente contradicción de decir que nadie puede apropiarse de esas obras, precisamente en actos de inauguración en los que su gobierno trata de hacer precisamente eso (ofreciéndolas como prueba de que el cambio prometido se ha concretado), hay un problema mayor que trasciende este debate, y que podría resumirse en una sencilla pregunta al presidente: ¿y cuales son las obras que deja en marcha su gobierno?

Para alcanzar el desarrollo, se requiere de un esfuerzo sostenido. Cuando de infraestructura se trata, ese esfuerzo debe ser aun mayor. Y en un país como Costa Rica, en el que cuesta tanto hacer las cosas, esto es particularmente cierto, por lo que es poco probable que un gobierno pueda completar todos las etapas del ciclo de un proyecto.

Por esto es común que un gobierno termine inaugurando obras iniciados en gobiernos anteriores, como le ha pasado al actual gobierno con TODAS, –menos una- de las obras que ha inaugurado. Si se quiere reconocer o no el aporte de predecesores en esto, en realidad, es secundario, aunque sirve para calibrar la generosidad o mezquindad de algunas personas. Pero para el país es importante, en esa aspiración al desarrollo que tenemos como sociedad, no solo lo que se inaugura hoy, si no lo que se inaugurará mañana.

Y aquí es donde comienzan los problemas. El actual gobierno no deja NINGÚN proyecto de infraestructura en marcha. No hay NINGÚN proyecto que esté siquiera en sus fases iniciales, ni hablar de su financiamiento o diseño. Nada. La interrupción del ciclo de proyectos de infraestructura que venían ejecutándose desde el 2006, tendrá un impacto en el proceso de desarrollo, cuyas consecuencias la sufrirán las futuras generaciones. Es un resultado esperado de un gobierno que prefirió siempre ver hacia atrás y nunca hacia adelante.

Una nota aparte. Aparentemente estamos perdiendo la ambición como país. Hacer de la inauguración de un puente nuevo, por paradigmático que sea, un evento nacional y un motivo de debate acalorado, refleja una mentalidad muy chiquitita, que ojalá no se convierta en el listón contra el cual se mida el progreso de ahora en adelante. No nos resignemos. Se puede hacer mas y se ha hecho antes.


lunes, 15 de mayo de 2017

En tres años el gobierno ha creado... ¡12,000 empleos!

La última Encuesta Continua de Empleo revela un desempleo de 9,1% al I trimestre del 2017. Estadísticamente no hay una variación significativa, ni con el trimestre anterior ni con el mismo trimestre de 2016. Es decir, el desempleo se encuentra estancado.

Ante este dato tan poco alentador, y en el frenesí propagandístico en el que está este gobierno, se destaca la cifra del número de ocupados, que aumenta en 68,000 personas en un año, como un éxito inédito, de magnitudes superlativas y que confirma que este ha sido, como dicen sin ningún pudor los pocos activistas que le quedan al partido oficial, el mejor gobierno desde el big bang.

Pero, como pasa a menudo con este gobierno, un examen un poco mas riguroso de la información disponible devela la verdadera magnitud de la acción de este gobierno. Resulta que la cifra de ocupados, que pomposamente se exhibe como un éxito, no hace más que revelar la pobreza del desempeño de este gobierno en materia de empleo.

Para mayo de 2014, el número de ocupados en Costa Rica superaba las 2.048,000 personas. Para el primer trimestre del 2017, esa cifra, la misma que se exhibe con gran orgullo, era de apenas 12,000 personas mas, es decir, 2.060,000 personas. En tres años, el gobierno de Luis Guillermo Solís, cuyo exministro de Trabajo dice que aspira a "continuar con el cambio", ha generado empleo para 12,000 personas mas, a razón de 4000 por año.

Recordemos que la meta del gobierno, establecida en el plan nacional de desarrollo, era crear 217,000 empleos. Al ritmo que se han venido creando trabajos en los últimos tres años, este gobierno necesitaría 54 años más para cumplir su propia meta. O sea, tal vez en el año 2071.

Conque terminen el año que les falta, sin tratar de engañar a la gente con cuentas de colores y espejitos, el país se daría por satisfecho.

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miércoles, 5 de abril de 2017

Mitología electoral

¿En qué consiste hacer un análisis político? Desde mi perspectiva, debería ser una valoración de condiciones objetivas respecto a un hecho político, a partir de la cual se emite una opinión, la que claro está y por definición, siempre será subjetiva. Es común que ante unos mismos datos, la conclusión de dos observadores sea diferente: influyen sus pre concepciones, preferencias y marco ideológico, entendido como una visión de mundo particular que se utiliza para interpretar la realidad.

El problema con el análisis se da cuando las premisas no son ciertas. Como le digo semestre a semestre a mis alumnos, uno puede decir que como el sol sale al este, los países asiáticos son mas desarrollados porque se levantan antes que nosotros. Por supuesto que la conclusión es disputable -por no decir descabellada-, pero la premisa es correcta, porque efectivamente el sol sale al este. Diferente sería que que se inicie un razonamiento diciendo que el sol sale por el oeste: la conclusión, por mas lógica que parezca, no podrá nunca ser correcta.

En esta misma dirección, en la pasada convención del PLN encontré algunos analistas acudiendo a lo que yo llamaría mitología electoral para fundamentar sus opiniones. Uno de estos mitos fue el de sostener que la victoria de José María Figueres era inevitable porque "contaba con el apoyo de la dirigencia del partido". Nada mas alejado a la realidad. Lo cierto es que Antonio Alvarez Desanti contaba con el apoyo de la mayoría de los diputados y alcaldes liberacionistas, y su tendencia fue la que inscribió más papeletas distritales y mas fiscales de mesa. Estos hechos eran evidentes y fácilmente comprobables, pero algunos prefirieron reproducir el mito antes de comprobar si era cierto.

El segundo mito fue creer que porque el expresidente había iniciado su campaña desde hacía dos años llevaba una ventaja, en tanto la campaña de Alvarez Desanti inició su trabajo apenas 4 meses antes de la fecha de la convención. Se creyó  que esos dos años lograban acumular apoyos que no podían ser alcanzados en cuatro meses, cuando lo cierto es que no varió ni un ápice la opinión negativa que cerca de  un 70% de la ciudadanía expresaba de Figueres. A esa realidad inconmovible, dos años de campaña no la pudo cambiar y resultó un techo electoral insuperable. Y así lo reflejaron las encuestas en todo momento. 

El tercer mito era, paradójicamente, el de la transferencia del mito. Como lo dijera Alvarez Desanti en alguna entrevista refiriéndose a don Pepe, todos los liberacionistas somos figueristas. Pero está claro que la gente supo hacer la diferencia entre Figueres Ferrer y Figueres Olsen, pues hacia el final del proceso casi un 50% de los liberacionistas manifestaba una opinión negativa de José María. No existía ninguna evidencia que la ciudadanía verdiblanca fuera a trasladar de manera automática su admiración de un Figueres hacia el otro, pero igual se utilizó esta presunción como pilar de un análisis a todas luces poco riguroso.

El cuarto mito, utilizado por "expertos en redes sociales" que aparentemente quieren ser analistas políticos, es el de las interacciones, entendidas como las reacciones que genera una entrada en redes sociales. Para esta gente, el que Figueres tuviera mas interacciones que Alvarez Desanti era un signo inequívoco de que ganaría la convención. Pero esos mismos "expertos" ignoraban, asumo que deliberadamente, el carácter de esas interacciones. Es cierto, por ejemplo, que Alvarez Desanti suscitaba menos comentarios en su publicaciones de Facebook, pero la mayoría eran positivos; caso contario era el de Figueres. Al final, tener 500 comentarios con 350 positivos resultó mejor que tener 1000 comentarios con 900 negativos.

Este es el tipo de cosas que a las que hay que ponerle atención cuando se escucha o lee un análisis político. Porque si las premisas son incorrectas o parciales, el análisis de debilita y el analista es cuestionado, porque la utilización de hechos no probados o producto de una reflexión sesgada e insuficiente, refleja desidia y falta de rigor, o, simplemente, una preferencia oculta que inclina el análisis en una dirección específica. Y que cada palo aguante su vela.

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domingo, 22 de enero de 2017

El dilema del PLN

El próximo 2 de abril el Partido Liberación Nacional tiene una oportunidad de oro para demostrarle a la ciudadanía que escuchó con claridad el mensaje que esta le mandó en abril del 2014. Fue un mensaje contundente, inequívoco, por lo que ignorarlo no es opción para el partido mas grande del país, alrededor del cual se sostiene, precariamente, el sistema de partidos políticos en Costa Rica.

Ciertamente en la estrepitosa derrota electoral del 2014 confluyeron múltiples factores. Pero es innegable que el tema ético tuvo –y sigue teniendo-, una gran importancia. Si bien es cierto hubo cuestionamientos de fondo a las políticas ejecutadas en gobiernos liberacionistas, la crítica principal se centró en aspectos éticos del ejercicio del poder.


Mucho podría decirse del origen de estos cuestionamientos, magnificados por una oposición política ávida de presentar un panorama blanco y negro, groseramente simplificador de la realidad. Baste decir que el sainete que montara el actual gobierno, a los cien días de su gestión, pareció dejar claro la verdadera naturaleza y la falta de fundamento de estas acusaciones. Pero igual la gente situó el tema de la ética en el ejercicio de la función pública en el centro del debate político.

A esto debe responder el Partido Liberación Nacional. Se ha hablado mucho de renovación de liderazgos, de ideario, de militancia. Pero por alguna razón, el tema de la renovación ética ha sido minimizado de manera muy peligrosa. El PLN debe entender que las propuestas no serán de recibo para la ciudadanía, si esta percibe que en el ámbito ético el partido no acometió el proceso de transformación que el electorado le demandó en el 2014.

Hoy por hoy los costarricenses se enfrentan a un dilema particular. Después de haber cifrado su esperanza en la ambigua promesa del “cambio”, el país ha ponderado mejor el valor de la experiencia. Pero al contrario de lo que sucedía en el pasado, un mal gobierno (o uno inexistente como el actual), no significa un traslado automático de apoyos a la oposición. Los estándares han cambiado y la ciudadanía no está dispuesta a hacerse de la vista gorda en ciertos ámbitos.

Y si hay un partido que debería tener esto claro, es precisamente el PLN. Se puede hacer (y hay que hacerlo), un intenso esfuerzo de renovación programática, pero de nada servirá si los electores perciben que no se ha avanzado con igual decisión en el campo ético. No se trata nada mas de un propósito de enmienda, sino de actos concretos que reflejen la voluntad de escuchar a un pueblo temeroso de otorgarle otra oportunidad, pero cada vez mas convencido que siempre ha vivido mejor en sus gobiernos.

Y en este camino, lo primero es la consistencia. No se puede decir que se ha escuchado al pueblo, si se actúa de manera contradictoria. Ni mas ni menos eso es lo que se juega el PLN este dos de abril. Es la oportunidad para mandar una poderosa respuesta, o de proceder de espaldas al sentir popular.

Y no se trata de una reflexión hecha en el aire. Una y otra vez, las encuestas señalan un hecho incontestable: de cara a las elecciones nacionales, las alternativas para el liberacionismo tienen consecuencias claras y radicalmente diferentes. Es darse una oportunidad, con alguien como Antonio Alvarez Desanti, o iniciar un paulatino proceso de desvanecimiento político, con José María Figueres.


Mas allá de las consideraciones particulares, la percepción de la gente termina teniendo consecuencias concretas. Eso pasó en la elección del 2014. Puede argumentarse mucho sobre esa percepción, pero no se puede ignorar. Se trata de ser consistentes con ese propósito de renovación ética que exigió la gente. Este es el dilema que enfrenta el PLN, pero también el país, este 2 de abril.

domingo, 20 de noviembre de 2016

Los 112,000 empleos perdidos

Salió la Encuesta Continua de Empleo correspondiente al III trimestre el 2016 y el resultado que se comunicó, de pasadita, sin hacer mucho alboroto, es que el desempleo continúa en 9,7%, una cifra invariable respecto al III trimestre del 2015. Pero la encuesta tiene mas datos que vale la pena rescatar. Posiblemente por eso el gobierno prefirió no hacer mucho ruido al respecto.

Primero, que se mantenga el nivel de desempleo refuerza la tesis de que el descenso de la cifra de pobreza anunciado hace algunas semanas está asociada al aumento de las transferencias del gobierno, impacto ayudado por una inflación baja. Tan baja que el costo de la canasta básica alimentaria, que sirve para fijar la línea de ingreso a partir de la cual se clasifican las familias como pobres o no, descendió respecto al 2015. Todos estos factores confluyeron para que la cifra de pobreza disminuyera, y no, como siguen insistiendo algunos jerarcas del gobierno, a un aumento orgánico del nivel de empleo, u algún otro factor relacionado con una metodología particular.

Otro dato interesante, aunque desalentador, es el descenso que viene experimentando la tasa de participación. Con este indicador se mide el porcentaje de la población que busca trabajo, respecto a todo el conjunto de población mayor de 15 años. En ese grupo mas grande hay gente que no busca trabajo, sea porque está estudiando, no lo necesita, está retirado o alguna otra razón; la tasa de participación da cuenta solo de la gente que, estando en edad legal para trabajar, anda efectivamente buscando trabajo.

El examen del comportamiento de la tasa de participación revela una tendencia marcada al descenso. En el III trimestre del 2014, la tasa de participación fue de 62,7%, mientras que en el III trimestre del 2016 fue de 57,7%. Esto significa, en números absolutos, que alrededor de 100,000 personas dejaron de buscar trabajo en los últimos dos años. Las razones pueden ser múltiples, desde un cambio de circunstancia personal hasta la desazón de no encontrar trabajo, pero lo cierto es que la cifra es alta en un período de tiempo tan corto.

Esa disminución de la tasa de participación es lo que mantiene porcentaje de desempleo igual. Si esas 100,000 personas hubiesen seguido buscando trabajo, la cifra habría sido mucho mayor, porque el desempleo se calcula respecto a la cantidad de personas que dice haber buscado trabajo en los últimos meses. Al disminuir la cantidad de personas que busca trabajo, el porcentaje se mantendrá igual aunque haya menos gente trabajando.

Esto se comprueba observando la cantidad absoluta de personas con trabajo. Al III trimestre del 2016, 1,972,128 personas tenían trabajo en Costa Rica. Esta cifra es la mas baja desde el II trimestre del 2012, cuando trabajaban 1,950,266 personas. En ese trimestre por cierto el desempleo fue de 10,2%, pero la tasa de participación fue del 61,9%, 4 puntos mayor a la del III trimestre del 2016. ¡Eso prueba que a veces 10,2 puede ser mejor que 9,7!

Esta cantidad total de personas con empleo tiene mas implicaciones, desafortunadamente negativas, sobre todo si se compara el resultado con la situación al inicio de este gobierno. Para el III trimestre del 2014, 2,065,801 personas tenían empleo en el país, lo que significa que en los últimos dos años la economía costarricense ha perdido 93,673 empleos. Y si llevamos la comparación un poco mas atrás, respecto al I trimestre del 2014, en el que 2,084,210 personas tenían empleo, en este gobierno se han perdido la impresionante cifra de 112,082 trabajos.

Todo lo anterior significa que para cumplir con su promesa de crear 217,000 empleos, el gobierno debería crear 329,082 empleos en los próximos 18 meses (lo que dependería por cierto, y según Solís, de la aprobación de plan fiscal). La meta no parecía ambiciosa cuando se anunció, dado que del III trimestre del 2010 (fecha de la primera Encuesta Continua de Empleo) al I trimestre del 2014 se habían creado 195,841 empleos, pero ante estos resultados tan negativos, lo mejor que podemos esperar es que el gobierno no termine muy en rojo y logre recuperar algo, lo que sea, de esos 112,000 empleos perdidos.

Curiosamente la economía ha venido creciendo mas o menos igual a lo que creció en promedio en el cuatrienio 2010-2014, pero como se mencionó anteriormente, el resultado neto fue positivo al final del gobierno anterior, mientras en el actual es a todas luces negativo y no se vislumbra que vaya a cambiar -mucho menos cumplir con la modesta promesa que se hizo al principio del gobierno-.

¿Qué cosas se habrán hecho en los dos últimos dos años para que con la economía creciendo se destruya empleo a esta tasa? Vale la pena rescatar esta experiencia, para nunca tener que sufrirla de nuevo en el futuro.

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domingo, 6 de noviembre de 2016

Las pensiones y una aspiración a la igualdad absoluta

Como pasa a menudo en los debates relacionados con remuneraciones en el sector público, la discusión sobre las pensiones en el Poder Judicial ha reflejado el gran malestar ciudadano sobre lo que percibe como privilegios exorbitantes. El debate además azuzado por las declaraciones desafortunadas de algunos magistrados, uno de ellos por cierto el favorito de los sectores “progresistas” del país.

Sobre esto habría que decir, por mas obvio que parezca, es que se debe recibir una pensión acorde con el aporte que se haya hecho a lo largo de la vida laboral, incluyendo el ahorro que se pueda haber hecho en fondos complementarios.  Esto significa varias cosas.

En principio los criterios ajenos a esta lógica matemática no deberían servir para definir un monto de pensión, que es lo que pasa en el caso de los beneficiarios de regímenes especiales como el del Poder Judicial. Segundo, que la expectativa de mayores beneficios debería imponer más obligaciones, sea en tiempo servido o en el porcentaje del ingreso que se aporta como ahorro de pensión.

Pero cuando las pensiones no responden a estos criterios, el Estado debe aportar un subsidio. O sea, todos terminamos pagando la parte de las pensiones que no proviene del aporte personal. Por eso nos afecta. Pero más allá de lo obvio, más allá de la  indignación, es necesario hacer algunas consideraciones.

Primero, si el criterio para definir el monto de una pensión es el estrictamente técnico, sería normal que algunas personas tengan pensiones mayores. A mayor aporte, mayor pensión.

Pero en Costa Rica, por lo menos en el régimen universal de la CCSS, la pensión no tiene relación con el aporte, pues existe un techo definido en función de la sostenibilidad del sistema. Es decir, se pone un límite para que los recursos alcancen. La razón de que esto sea así es que no se quiere, aunque es lo que en el papel habría que hacer, aumentar las cuotas o subir la edad de retiro.

En el caso específico de las pensiones de los magistrados, está claro que las pensiones que obtendrían en el sistema actual no son proporcionales a su aporte. Pero eso no significa que su aporte, a partir de un nivel salarial mas alto, no sea mayor al de personas con salarios inferiores. Si el criterio es estrictamente el técnico, los magistrados deberían tener entonces una pensión mayor a la que tendrán personas que hicieron un aporte menor.

La respuesta a esta afirmación podría ser la de cuestionar el nivel de los salarios que se pagan en el Poder Judicial. Y sería válido plantearse este tema, como lo hice hace unos meses en este mismo espacio. Pero no parece haber razones para negar que un mayor aporte debería resultar en una pensión mayor.

En el fondo, y como parte del ambiente antipolítico imperante en Costa Rica y en  otros países, parece existir una corriente de pensamiento que considera que no debería haber ninguna diferencia salarial en Costa Rica, sobre todo si es a favor de una persona que trabaja en el sector público. La respuesta a los abusos debe ser la regulación, pero nunca pretender que no existan diferencias.

Nuevamente, tal y como lo plantee hace unos meses, un salario en el sector público debería “remunerar adecuadamente el nivel de complejidad del  trabajo que se ejecuta. A mayor complejidad, responsabilidad e impacto social de las labores que se llevan a cabo, así debería ser la remuneración que se recibe. También hay consideraciones de mercado: un salario muy bajo respecto al que se paga en el mercado restringirá las posibilidades del Estado para contratar a profesionales del mas alto nivel”.

Lo anterior no significa que el actual nivel salarial del sector público sea aceptable o justo, pero ante esto no cabe la pretensión de negar la existencia de diferencias. Y lo mismo aplica para las pensiones.

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domingo, 30 de octubre de 2016

Sobre el indice de pobreza 2016

Cualquier reducción en la pobreza es positiva. La discusión normalmente se centra en la proporción del descenso, pero finalmente estamos hablando de personas de carne y hueso, que por lo menos en el último año contaron con un ingreso que les permitió suplir sus necesidades básicas. Dicho esto, el anuncio de los resultados de la Encuesta de Hogares del 2016 resultó esperanzador, pero también evidenció algunos otros elementos que vale la pena rescatar.

En el año 2012 se produjo una disminución de la pobreza de 1,1%. La vocera del INEC en ese entonces, al anunciar el dato, calificó la situación como una de “estabilidad o estancamiento”.  Curiosamente, el mismo INEC considera que el descenso de 1,2% del año 2016 es una “reducción”, pese a que la diferencia con el dato del 2012 es de apenas 0,1%.  Parece ser que hubo un cambio notable en los criterios para clasificar un dato como no significativo, y que el gobierno actual, con un 0,1% logró superar la barrera metodológica para que, ahora sí, se considere este dato como una reducción y no como un estancamiento. La diferencia de interpretación parece demasiado dramática para un 0,1%, pero se trata, aparentemente, de otros tiempos.

La reacción del gobierno ante este anuncio es comprensible, aunque no por ello  dejó de ser desproporcionada. Lo que en otros gobiernos se informaba en un comunicado de prensa, como se hizo en le 2012 con un dato muy similar, en este caso resultó en una conferencia de prensa con el presidente, la vicepresidenta, dos ministros y múltiples jerarcas en el auditorio de la Casa Presidencial. Montados en el tono triunfalista establecido desde la conferencia de prensa del INEC, el gobierno se lanzó a los medios, en los que exhibió el resultado como producto de una estrategia particular, y el triunfo contundente de una visión inédita.

Lo cierto es que la reducción se asienta en el aumento de las transferencias del estado, y eso ha sucedido repetidas veces en el pasado. Un 27% de los ingresos totales de los mas pobres vienen de transferencias que reciben del Estado, las que de paso aumentaron en un 14% este año. Es, como lo comentara hace casi dos años cuando el gobierno  anunciara su Plan Nacional de Desarrollo, un descenso en la cifra de pobreza, no una reducción estructural de la pobreza. Desde esta perspectiva, parece ilusoria la pretensión de achacar este resultado a un “cambio”, o como una concreción del “cambio” que se prometió en campaña, en tanto las cifras son concluyentes: la reducción se debe al aumento de las transferencias, tal como sucedió en otros gobiernos.

Llama la atención además que el gobierno no usara el Indice de Pobreza Multidimensional, que en su momento anunciara con bombos y platillos como el nuevo estándar para medición de la pobreza. Pero al examinar los datos se evidencia la razón con bastante claridad: de julio de 2014 a julio del 2016 solo se ha reducido la pobreza un 1,2%, cifra que no impresiona tanto, sobre todo si se compara con el 4,2% que descendió en el cuatrienio 2010-2014 (datos que por cierto el INEC no dio a conocer cuando anunció el cálculo del IPM en el 2015). La comparación ahí con otros gobiernos, a la que obsesivamente acude este gobierno, no era tan favorable.
Por eso mejor usar el dato del indicador que pretendían reemplazar.

Las anteriores consideraciones se dirigen a contextualizar lo sucedido con el índice de pobreza, pero de ninguna manera constituye una negación del dato o la expresión de dudas respecto al rigor con el que se construye el índice. Se trata de llamar la atención sobre algunos aspectos alrededor de la información, el origen del resultado, y su interpretación. Pero el dato es lo que es, y es, efectivamente, una buena noticia.

Y menciono esto porque lo último que quería señalar alrededor de este tema, es la cobertura de algún sector de la prensa le da a informaciones como estas. Ha sido usual que algunos medios acudan al recurso de crear dudas respecto a las estadísticas oficiales, con el argumento de que, en este caso particular, la disminución de la pobreza "no se siente”. Para “probar” esta afirmación, se hacen entrevistas a personas que aseguran, aunque no tenga relación con el tema, que “no les alcanza”, afirmando con una gran seguridad que la pobreza no ha disminuido, “porque eso no es lo que yo veo”.

La deslegitimación de las estadísticas oficiales no es un fenómeno nuevo, y se inscribe en el marco de la satanización de la política que caracteriza el ambiente nacional. Los responsables de esto no son solo periodistas poco informados que mezclan temas sin conocimiento, sino de algunos analistas y académicos que, movidos por intereses políticos, reelaboraban las sospechas desde una perspectiva “académica”. Muchos de los que hacía esto están ahora en gobierno, como por ejemplo Henry Mora, que en plena campaña electoral y desde un instituto universitario desestimó las cifras oficiales de desempleo, y  lanzó una cifra absurda, que fue utilizada irresponsablemente por una periodista para afirmar que el desempleo en ese momento era el más alto de los últimos 30 años.

Nadie puede poner en duda la rigurosidad de los datos oficiales. El sistema de estadísticas nacionales es objetivo y de gran calidad técnica. Una cosa es que se presenten los datos de una forma, que se le atribuyan características que no tienen o que sean interpretados de manera  exagerada. Pero los datos son los datos, y si hay manera de mejorarlos hay que discutirlo con rigor, y no tratando de restarles valor con argumentos absurdos.

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