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domingo, 20 de noviembre de 2016

Los 112,000 empleos perdidos

Salió la Encuesta Continua de Empleo correspondiente al III trimestre el 2016 y el resultado que se comunicó, de pasadita, sin hacer mucho alboroto, es que el desempleo continúa en 9,7%, una cifra invariable respecto al III trimestre del 2015. Pero la encuesta tiene mas datos que vale la pena rescatar. Posiblemente por eso el gobierno prefirió no hacer mucho ruido al respecto.

Primero, que se mantenga el nivel de desempleo refuerza la tesis de que el descenso de la cifra de pobreza anunciado hace algunas semanas está asociada al aumento de las transferencias del gobierno, impacto ayudado por una inflación baja. Tan baja que el costo de la canasta básica alimentaria, que sirve para fijar la línea de ingreso a partir de la cual se clasifican las familias como pobres o no, descendió respecto al 2015. Todos estos factores confluyeron para que la cifra de pobreza disminuyera, y no, como siguen insistiendo algunos jerarcas del gobierno, a un aumento orgánico del nivel de empleo, u algún otro factor relacionado con una metodología particular.

Otro dato interesante, aunque desalentador, es el descenso que viene experimentando la tasa de participación. Con este indicador se mide el porcentaje de la población que busca trabajo, respecto a todo el conjunto de población mayor de 15 años. En ese grupo mas grande hay gente que no busca trabajo, sea porque está estudiando, no lo necesita, está retirado o alguna otra razón; la tasa de participación da cuenta solo de la gente que, estando en edad legal para trabajar, anda efectivamente buscando trabajo.

El examen del comportamiento de la tasa de participación revela una tendencia marcada al descenso. En el III trimestre del 2014, la tasa de participación fue de 62,7%, mientras que en el III trimestre del 2016 fue de 57,7%. Esto significa, en números absolutos, que alrededor de 100,000 personas dejaron de buscar trabajo en los últimos dos años. Las razones pueden ser múltiples, desde un cambio de circunstancia personal hasta la desazón de no encontrar trabajo, pero lo cierto es que la cifra es alta en un período de tiempo tan corto.

Esa disminución de la tasa de participación es lo que mantiene porcentaje de desempleo igual. Si esas 100,000 personas hubiesen seguido buscando trabajo, la cifra habría sido mucho mayor, porque el desempleo se calcula respecto a la cantidad de personas que dice haber buscado trabajo en los últimos meses. Al disminuir la cantidad de personas que busca trabajo, el porcentaje se mantendrá igual aunque haya menos gente trabajando.

Esto se comprueba observando la cantidad absoluta de personas con trabajo. Al III trimestre del 2016, 1,972,128 personas tenían trabajo en Costa Rica. Esta cifra es la mas baja desde el II trimestre del 2012, cuando trabajaban 1,950,266 personas. En ese trimestre por cierto el desempleo fue de 10,2%, pero la tasa de participación fue del 61,9%, 4 puntos mayor a la del III trimestre del 2016. ¡Eso prueba que a veces 10,2 puede ser mejor que 9,7!

Esta cantidad total de personas con empleo tiene mas implicaciones, desafortunadamente negativas, sobre todo si se compara el resultado con la situación al inicio de este gobierno. Para el III trimestre del 2014, 2,065,801 personas tenían empleo en el país, lo que significa que en los últimos dos años la economía costarricense ha perdido 93,673 empleos. Y si llevamos la comparación un poco mas atrás, respecto al I trimestre del 2014, en el que 2,084,210 personas tenían empleo, en este gobierno se han perdido la impresionante cifra de 112,082 trabajos.

Todo lo anterior significa que para cumplir con su promesa de crear 217,000 empleos, el gobierno debería crear 329,082 empleos en los próximos 18 meses (lo que dependería por cierto, y según Solís, de la aprobación de plan fiscal). La meta no parecía ambiciosa cuando se anunció, dado que del III trimestre del 2010 (fecha de la primera Encuesta Continua de Empleo) al I trimestre del 2014 se habían creado 195,841 empleos, pero ante estos resultados tan negativos, lo mejor que podemos esperar es que el gobierno no termine muy en rojo y logre recuperar algo, lo que sea, de esos 112,000 empleos perdidos.

Curiosamente la economía ha venido creciendo mas o menos igual a lo que creció en promedio en el cuatrienio 2010-2014, pero como se mencionó anteriormente, el resultado neto fue positivo al final del gobierno anterior, mientras en el actual es a todas luces negativo y no se vislumbra que vaya a cambiar -mucho menos cumplir con la modesta promesa que se hizo al principio del gobierno-.

¿Qué cosas se habrán hecho en los dos últimos dos años para que con la economía creciendo se destruya empleo a esta tasa? Vale la pena rescatar esta experiencia, para nunca tener que sufrirla de nuevo en el futuro.

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domingo, 6 de noviembre de 2016

Las pensiones y una aspiración a la igualdad absoluta

Como pasa a menudo en los debates relacionados con remuneraciones en el sector público, la discusión sobre las pensiones en el Poder Judicial ha reflejado el gran malestar ciudadano sobre lo que percibe como privilegios exorbitantes. El debate además azuzado por las declaraciones desafortunadas de algunos magistrados, uno de ellos por cierto el favorito de los sectores “progresistas” del país.

Sobre esto habría que decir, por mas obvio que parezca, es que se debe recibir una pensión acorde con el aporte que se haya hecho a lo largo de la vida laboral, incluyendo el ahorro que se pueda haber hecho en fondos complementarios.  Esto significa varias cosas.

En principio los criterios ajenos a esta lógica matemática no deberían servir para definir un monto de pensión, que es lo que pasa en el caso de los beneficiarios de regímenes especiales como el del Poder Judicial. Segundo, que la expectativa de mayores beneficios debería imponer más obligaciones, sea en tiempo servido o en el porcentaje del ingreso que se aporta como ahorro de pensión.

Pero cuando las pensiones no responden a estos criterios, el Estado debe aportar un subsidio. O sea, todos terminamos pagando la parte de las pensiones que no proviene del aporte personal. Por eso nos afecta. Pero más allá de lo obvio, más allá de la  indignación, es necesario hacer algunas consideraciones.

Primero, si el criterio para definir el monto de una pensión es el estrictamente técnico, sería normal que algunas personas tengan pensiones mayores. A mayor aporte, mayor pensión.

Pero en Costa Rica, por lo menos en el régimen universal de la CCSS, la pensión no tiene relación con el aporte, pues existe un techo definido en función de la sostenibilidad del sistema. Es decir, se pone un límite para que los recursos alcancen. La razón de que esto sea así es que no se quiere, aunque es lo que en el papel habría que hacer, aumentar las cuotas o subir la edad de retiro.

En el caso específico de las pensiones de los magistrados, está claro que las pensiones que obtendrían en el sistema actual no son proporcionales a su aporte. Pero eso no significa que su aporte, a partir de un nivel salarial mas alto, no sea mayor al de personas con salarios inferiores. Si el criterio es estrictamente el técnico, los magistrados deberían tener entonces una pensión mayor a la que tendrán personas que hicieron un aporte menor.

La respuesta a esta afirmación podría ser la de cuestionar el nivel de los salarios que se pagan en el Poder Judicial. Y sería válido plantearse este tema, como lo hice hace unos meses en este mismo espacio. Pero no parece haber razones para negar que un mayor aporte debería resultar en una pensión mayor.

En el fondo, y como parte del ambiente antipolítico imperante en Costa Rica y en  otros países, parece existir una corriente de pensamiento que considera que no debería haber ninguna diferencia salarial en Costa Rica, sobre todo si es a favor de una persona que trabaja en el sector público. La respuesta a los abusos debe ser la regulación, pero nunca pretender que no existan diferencias.

Nuevamente, tal y como lo plantee hace unos meses, un salario en el sector público debería “remunerar adecuadamente el nivel de complejidad del  trabajo que se ejecuta. A mayor complejidad, responsabilidad e impacto social de las labores que se llevan a cabo, así debería ser la remuneración que se recibe. También hay consideraciones de mercado: un salario muy bajo respecto al que se paga en el mercado restringirá las posibilidades del Estado para contratar a profesionales del mas alto nivel”.

Lo anterior no significa que el actual nivel salarial del sector público sea aceptable o justo, pero ante esto no cabe la pretensión de negar la existencia de diferencias. Y lo mismo aplica para las pensiones.

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domingo, 30 de octubre de 2016

Sobre el indice de pobreza 2016

Cualquier reducción en la pobreza es positiva. La discusión normalmente se centra en la proporción del descenso, pero finalmente estamos hablando de personas de carne y hueso, que por lo menos en el último año contaron con un ingreso que les permitió suplir sus necesidades básicas. Dicho esto, el anuncio de los resultados de la Encuesta de Hogares del 2016 resultó esperanzador, pero también evidenció algunos otros elementos que vale la pena rescatar.

En el año 2012 se produjo una disminución de la pobreza de 1,1%. La vocera del INEC en ese entonces, al anunciar el dato, calificó la situación como una de “estabilidad o estancamiento”.  Curiosamente, el mismo INEC considera que el descenso de 1,2% del año 2016 es una “reducción”, pese a que la diferencia con el dato del 2012 es de apenas 0,1%.  Parece ser que hubo un cambio notable en los criterios para clasificar un dato como no significativo, y que el gobierno actual, con un 0,1% logró superar la barrera metodológica para que, ahora sí, se considere este dato como una reducción y no como un estancamiento. La diferencia de interpretación parece demasiado dramática para un 0,1%, pero se trata, aparentemente, de otros tiempos.

La reacción del gobierno ante este anuncio es comprensible, aunque no por ello  dejó de ser desproporcionada. Lo que en otros gobiernos se informaba en un comunicado de prensa, como se hizo en le 2012 con un dato muy similar, en este caso resultó en una conferencia de prensa con el presidente, la vicepresidenta, dos ministros y múltiples jerarcas en el auditorio de la Casa Presidencial. Montados en el tono triunfalista establecido desde la conferencia de prensa del INEC, el gobierno se lanzó a los medios, en los que exhibió el resultado como producto de una estrategia particular, y el triunfo contundente de una visión inédita.

Lo cierto es que la reducción se asienta en el aumento de las transferencias del estado, y eso ha sucedido repetidas veces en el pasado. Un 27% de los ingresos totales de los mas pobres vienen de transferencias que reciben del Estado, las que de paso aumentaron en un 14% este año. Es, como lo comentara hace casi dos años cuando el gobierno  anunciara su Plan Nacional de Desarrollo, un descenso en la cifra de pobreza, no una reducción estructural de la pobreza. Desde esta perspectiva, parece ilusoria la pretensión de achacar este resultado a un “cambio”, o como una concreción del “cambio” que se prometió en campaña, en tanto las cifras son concluyentes: la reducción se debe al aumento de las transferencias, tal como sucedió en otros gobiernos.

Llama la atención además que el gobierno no usara el Indice de Pobreza Multidimensional, que en su momento anunciara con bombos y platillos como el nuevo estándar para medición de la pobreza. Pero al examinar los datos se evidencia la razón con bastante claridad: de julio de 2014 a julio del 2016 solo se ha reducido la pobreza un 1,2%, cifra que no impresiona tanto, sobre todo si se compara con el 4,2% que descendió en el cuatrienio 2010-2014 (datos que por cierto el INEC no dio a conocer cuando anunció el cálculo del IPM en el 2015). La comparación ahí con otros gobiernos, a la que obsesivamente acude este gobierno, no era tan favorable.
Por eso mejor usar el dato del indicador que pretendían reemplazar.

Las anteriores consideraciones se dirigen a contextualizar lo sucedido con el índice de pobreza, pero de ninguna manera constituye una negación del dato o la expresión de dudas respecto al rigor con el que se construye el índice. Se trata de llamar la atención sobre algunos aspectos alrededor de la información, el origen del resultado, y su interpretación. Pero el dato es lo que es, y es, efectivamente, una buena noticia.

Y menciono esto porque lo último que quería señalar alrededor de este tema, es la cobertura de algún sector de la prensa le da a informaciones como estas. Ha sido usual que algunos medios acudan al recurso de crear dudas respecto a las estadísticas oficiales, con el argumento de que, en este caso particular, la disminución de la pobreza "no se siente”. Para “probar” esta afirmación, se hacen entrevistas a personas que aseguran, aunque no tenga relación con el tema, que “no les alcanza”, afirmando con una gran seguridad que la pobreza no ha disminuido, “porque eso no es lo que yo veo”.

La deslegitimación de las estadísticas oficiales no es un fenómeno nuevo, y se inscribe en el marco de la satanización de la política que caracteriza el ambiente nacional. Los responsables de esto no son solo periodistas poco informados que mezclan temas sin conocimiento, sino de algunos analistas y académicos que, movidos por intereses políticos, reelaboraban las sospechas desde una perspectiva “académica”. Muchos de los que hacía esto están ahora en gobierno, como por ejemplo Henry Mora, que en plena campaña electoral y desde un instituto universitario desestimó las cifras oficiales de desempleo, y  lanzó una cifra absurda, que fue utilizada irresponsablemente por una periodista para afirmar que el desempleo en ese momento era el más alto de los últimos 30 años.

Nadie puede poner en duda la rigurosidad de los datos oficiales. El sistema de estadísticas nacionales es objetivo y de gran calidad técnica. Una cosa es que se presenten los datos de una forma, que se le atribuyan características que no tienen o que sean interpretados de manera  exagerada. Pero los datos son los datos, y si hay manera de mejorarlos hay que discutirlo con rigor, y no tratando de restarles valor con argumentos absurdos.

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domingo, 23 de octubre de 2016

¡La primera ley de transferencia de competencias a las municipalidades!

El presupuesto del Gobierno de la República para el año 2017 incluirá los recursos provenientes de la primera ley de transferencia de competencias, en el marco de lo establecido por la ley 8801. Esta ley, aprobada en el segundo gobierno de don Oscar Arias, tenía el propósito de instrumentalizar la reforma al artículo 170 de la Constitución Política, que pretendía fortalecer a los gobiernos locales. Se trata de un hito histórico, en lo que se prevé sea el inicio de una proceso sostenido de descentralización del poder político en Costa Rica. Sin duda una flor en el ojal de la actual Ministra de Planificación y la Primera Dama, municipalistas convencidas que empujaron la primer ley con gran éxito, con el apoyo de todo el municipalismo costarricense.

¿Por qué debemos llevar a cabo un proceso de descentralización y fortalecimiento de gobiernos locales en Costa Rica? Aún cuando el modelo centralizado de gestión vigente ha generado resultados muy positivos a lo largo de la historia nacional, sus limitaciones se hacen cada vez más evidentes ante una realidad compleja marcada por profundas desigualdades regionales.  Cuando el aparato estatal es centralista por vocación y convicción, sus responsables políticos no siempre son conscientes de tales asimetrías.

Una revisión somera de lo que pasa en otros países respecto al rol de las instancias de gobierno local, permite concluir que la mayoría de los países desarrollados les asignan un gran peso como ejecutoras del gasto público total, condición que parece indispensable para aumentar la eficiencia y eficacia del mismo.  El Primer Informe Mundial sobre Descentralización y la Democracia Local realizado por la United Cities of Local Governments en el 2008  pone en  evidencia contrastes dramáticos: en los países europeos más descentralizados los  gastos locales como porcentaje de PIB superan el 20 % (Dinamarca, Suecia, Suiza),  en otros se ubica entre  el 10 y el 20% (Noruega, Reino Unido, Francia) y los más centralistas alcanzan proporciones de entre el 5 y el 10% (España, Alemania). En Canadá y EEUU este porcentaje asciende al 7,5% y al 9.6% respectivamente; en Japón, los gastos ejecutados por instancias locales ascienden a 12,3% del PIB, en Corea del Sur al 16% y en China, la estrella rutilante de la economía mundial, el porcentaje alcanza un impresionante 22%. Mientras tanto, en Costa Rica los gobiernos locales son responsables de un gasto de apenas 1,2% del PIB, representando un modestísimo 6% del gasto público total.

La transferencia de competencias, como parte de un proceso de fortalecimiento de los gobiernos locales, constituye una estrategia correcta en la vía hacia el desarrollo. El camino ha sido empinado, porque como es común en nuestro país, el debate ha estado lleno de argumentos falaces. Desde interpretaciones interesadamente limitadas de lo que establece la ley 8801, hasta pronósticos apocalípticos de despidos masivos y cierre de instituciones, el proceso de descentralización ha tenido que lidiar frecuentemente con argumentos que parecen ser producto del desconocimiento de la realidad nacional, o sencillamente de la falta de voluntad política.

Con esta primer ley, que trasladará recursos para que los gobiernos
locales asuman de manera exclusiva el mantenimiento de la red vial cantonal, ha quedado claro que los pronósticos agoreros no tenían asidero en la realidad. No ha habido despidos, ni cierre de instituciones, ni debacles económicas. Pero aun ahora, algunos siguen sin entender el objetivo del proceso. Tal vez porque insisten en ignorar el texto de la ley 8801, en el que se establecen claramente los principios de subsidiariedad y complementariedad en el ejercicio de las competencias sujetas a traslado, trasladar a las municipalidades, por ejemplo, la potestad de determinar cómo se deben utilizar los recursos asignados a un ámbito de políticas públicas específico, aun manteniendo centralizada la ejecución de los mismos para conservar las ventajas que la economía de escala ofrece. No se trata entonces de un dictum para simplemente trasladar dinero desvistiendo un santo para vestir a otro, como insisten en afirmar algunos, sino de un marco amplio que permite la definición de alternativas viables, si se tiene, por supuesto, la voluntad política para hacerlo.

La ley 8801 abrió una oportunidad valiosa para iniciar una reforma profunda de nuestro estado. El reto debe ser continuado en conjunto por el Poder Ejecutivo y las municipalidades, haciendo un esfuerzo por encontrar formas de descentralización viables, las que, sin causar perjuicios, concrete este proceso de transformación del estado costarricense que no podemos seguir posponiendo.

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domingo, 16 de octubre de 2016

Concesión no, carretera tampoco

La viceministra de Transportes se sumó esta semana a los miles de costarricenses que en medio de las interminables presas de la ruta San José-San Ramón han arribado a la misma dolorosa conclusión: tal vez habría sido mejor haber hecho la carretera bajo el esquema de la concesión.


La historia todos las conocen. El Gobierno anunció el traspaso de la concesión de la antigua concesionaria a una firma brasileña. Casi inmediatamente comenzó la oposición al proyecto. En el grupo opositor confluyeron distintos actores con distintas motivaciones. Algunos movidos por razones ideológicas, opuestos a la concesión de obra pública sin plantear alternativas; otros, teniendo un ojo puesto en las elecciones del 2014, algunos incluso en las del 2016. Todos además, ilusamente –o tal vez no-, haciéndole el juego a algunas compañías constructoras que alimentaban el descontento para traerse abajo la concesión,  con la secreta esperanza de poder obtener ese contrato.

Este bloque opositor contó además con el apoyo irrestricto de algunos medios de comunicación, que a dos manos se sumaron al movimiento. No hubo debate equilibrado. No solo periodistas como Pilar Cisneros y Amelia Rueda convirtieron sus espacios informativos  en cajas de reproducción de los incompletos –por no decir falsos-, argumentos de los opositores a la concesión, sino que además brindaron un espacio privilegiado a todo aquel que quisiera expresar su rechazo al plan.

La discusión de los méritos técnicos del proyecto quedó enterrada bajo el aluvión de falsedades, inexactitudes e interpretaciones interesadas que fueron reproducidas una y otra vez en algunos medios de comunicación. Los candidatos presidenciales a las elecciones del 2014, incluido el del partido oficial, fueron incapaces de sustraerse de este ambiente enrarecido y ninguno abogó por lo menos por un debate mesurado y basado en el mérito técnico. En medio de la gritería ensordecedora que acusaba a quien osara defender la concesión de corrupto, se sumaron causas judiciales en contra de las autoridades responsables del proceso, lo que fue objeto de profusa cobertura en algunos medios que mas parecían agencias de relaciones públicas de constructoras que otra cosa.

Pero ahora, cuando la situación en la ruta 1 sigue siendo la misma, miles de costarricenses, muy tarde ya, comienzan a darse cuenta que pudo haber sido un error no haber seguido adelante con la concesión. En las tres y hasta cuatro horas que tienen que pasar en esa carretera diariamente, la idea de que ya para este momento se habría ejecutado la totalidad del proyecto, frente a la incertidumbre de la alternativa del fideicomiso, debe atormentar a muchos, que comienzan a poner en una justa perspectiva lo que se quería hacer.

Las razones para rechazar la concesión pierden peso ante la realidad actual de la carretera, pero sobre todo, ante algunos elementos que comienzan a emerger alrededor del proyecto que se proclamó la panacea para resolver el tema. Primero, la fecha de inicio del proyecto sigue siendo incierta, pero todo apunta que no será antes del segundo semestre del 2018, sino es que termina siendo el primero del 2019 (y sin contar la posibilidad de que no pueda hacerse por una cuestión de costo, a menos que el gobierno se meta la mano en la bolsa y aporte un subsidio millonario).

Segundo, como parte del financiamiento del fideicomiso, se aumenta el peaje de la carretera en este momento, meses, si no años, antes de iniciar la construcción, con los que miles de vecinos de Occidente verán aumentar su gasto sin recibir nada a cambio. Y tercero, la obra tendrá un costo tal que resultará en un peaje similar al que iba a cobrar en la concesión. Esto se justifica afirmando que se trata de una obra de dimensiones mayores a la que se planteaba en la concesión, pero la verdad es que el costo del peaje fue el argumento central que se utilizó para oponerse a la concesión, aunque ahora, por supuesto les conviene, quieran minimizarlo.

Mientras tanto, los tribunales de justicia rechazaron una a una, y de manera definitiva, las acciones presentadas por particulares en contra de jerarcas de la administración pública: la alucinante demanda por distintos delitos presentada por un particular personaje en contra de decenas de funcionarios públicos nacionales e internacionales, ha sido rechazada repetidamente. Lo mismo con un proceso contencioso administrativo, cuestionando la validez del contrato y su traspaso, ha sido archivado de manera definitiva por parte del Tribunal Contencioso-Administrativo. Las causas que fueron utilizadas maliciosamente para generar dudas alrededor de la actuación del gobierno, y que algunos medios presentaron, pese a las absurdas premisas que las sustentaban, como una prueba de que había acciones cuestionables, han sido archivadas y desestimadas de manera definitiva.



De esta experiencia deberíamos derivar algunas enseñanzas para el futuro. Primero, que los debates alrededor de temas públicos tienen que separar el campo de la ideología del de la técnica. Incluso este gobierno, cuyo aliado político el Frente Amplio es el adalid contra la figura de concesión de obra pública, ha tenido que admitir, en la figura dela viceministra y el mismo ministro, que la concesión es un instrumento válido para el desarrollo de infraestructura. Segundo, que los espacios mediáticos para la discusión de política pública deben ser equilibrados, y que periodistas que no saben de un tema deben fungir como facilitadores del debate, no como jueces de la pertinencia de las posiciones, como lo hicieron en su momento Cisneros y Rueda. Y tercero, que las acusaciones temerarias antes estrados judiciales no representan bajo ninguna circunstancia una confirmación de culpa, por más que actores interesados quieran presentarlo así.


Si por lo menos ganamos eso, tal vez valga la pena el sacrificio diario de miles de personas que siguen sufriendo las consecuencias del cálculo político, la desinformación y la mala intención.

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domingo, 9 de octubre de 2016

Los problemas que vienen de adentro

Ocupar un cargo de ministro no es fácil. A la dificultad de navegar las arenas movedizas del ordenamiento jurídico, obstáculo formidable para  la consecución de objetivos, se suma la visibilidad del cargo. Cualquier cosa que un ministro diga o haga, es objeto de comentario, análisis y crítica casi inmediata.

Desafortunadamente no hay un manual que le permita a una persona aprender un oficio tan demandante. La experiencia ayuda, pero hemos visto a políticos experimentados cometer errores que les han costado sus puestos. Aun así, hay algunas premisas básicas que aunque pueden parecer obvias, no por eso dejan de ser importantes.

En su sentido más amplio, una persona que ostente el cargo de ministro, debe resolver problemas. Lo hace porque es su responsabilidad, pero además porque debe proteger al presidente. No por nada se dice que las malas noticias las anuncia un ministro, y las buenas, el presidente. Pero lo contrario es igualmente cierto e importante. Un ministro nunca debe crear problemas, en tanto finalmente las consecuencias recaen en el presidente.

Es precisamente el caso del ministro de Comunicación, Mauricio Herrera. Su gestión al mando de una cartera tan sensible ha estado signada por la polémica. Desde el gesto incomprensible de presentarse ante una cadena de comidas rápidas aguacates en mano –su primer acto público que sirvió para definirlo, no de buena manera, ante una buena porción de la opinión pública-, hasta el manejo del último escándalo a raíz del “brasiliazo”, pasando por la mención de los “ciudadanos de a pie” y el impulso de una ley restrictiva del ejercicio de prensa –no hay peor cuña que la del propio palo-,  el ministro Herrera ha sido fuente constante de conflictos para Solís. Precisamente lo que nunca debería ser un ministro.

Lo normal es que se vaya aprendiendo con el tiempo, y que, si bien es comprensible que se cometan errores cuando se está comenzando una gestión tan compleja, no lo es cuando después de un tiempo se siguen generando conflicto por pura impericia.

El manejo de la comunicación alrededor del retiro del presidente y el canciller antes del discurso del Presidente Temer, ha sido, en el mejor de los casos, poco efectiva. A estas alturas del partido, reforzado además por una penosa comparecencia del canciller ante la Asamblea Legislativa, existe la certeza que el retiro fue espontáneo, o, al menos, poco discutido de previo. Manejar una cosa así, sin haber estado preparado, es de por sí complejo, pero los distintos discursos que pretendieron explicar lo actuado denotan sin duda la ausencia del ministro de Comunicación, una ausencia ante la necesidad de establecer una línea común que pudiera ser adoptada por todos los voceros.

Pero además, el incidente nos mostró otros aspectos que permiten valorar la labor que ha venido haciendo el ministro Herrera. Es el caso  del mensaje a un chat de diputados del PAC, en el que, para agregar mas a la confusión reinante, atribuye al retiro de Solís y González la intención de “tensar” las relaciones con Brasil, sin explicar el propósito final del ejercicio.

Lo que pasó después  es muy revelador. El canciller, evidentemente exasperado por la versión del ministro Herrera, tuvo que salir a desmentir a su colega, preocupado por el efecto que esto pueda tener en nuestras relaciones con Brasil (lo que por cierto parece confirmar que González nunca estuvo muy convencido de lo que se hizo).  Pero mas aun, pareció quedar claro que no hay ninguna conexión entre Relaciones Exteriores el Comunicación, porque semanas después no parece haber un versión, ni un curso de acción unitario.

La publicación del mensaje provocó una reacción inesperada del ministro Herrera, que amenazó a quien había lo filtrado con consecuencias legales, reacción sorprendente para quien en el pasado ha defendido este tipo de acciones en nombre de la libertad de prensa. Y no solo eso, el periodista Herrera se negó a dar mas declaraciones a la prensa, remitiendo a los medios a su página de Facebook, cosa a la que, y este es un dato también relevante de cómo se maneja la comunicación de este gobierno, parecen acudir cada vez mas jerarcas, en medio de las quejas de la prensa por la poca accesibilidad que tienen a las fuentes oficiales.

El corolario de esto fue un inexplicable video de Solís tratando de dar por zanjada la polémica provocada por Herrera. Aparte de la vana pretensión de que el debate de un tema como este se acaba acudiendo a un recurso como este, sin oportunidad de repregunta o cotejo de versiones, el presidente una vez mas debe salir a corregir entuertos de su ministro de Comunicación, recordando un período aciago en que hacía frecuentemente lo mismo con su primer ministro de la Presidencia.

Si un ministro no solo no parece estar cumpliendo con sus responsabilidades sino que, como pasó con Jiménez, se ha vuelto fuente de conflicto a lo interno del gabinete, con parte de su fracción legislativa, y con los medios de comunicación, parecería ser el momento para valorar su continuidad en el cargo. Suficientes problemas tiene Solís para lidiar con uno que venga de adentro.

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domingo, 2 de octubre de 2016

La democracia castigada

¿Qué está pasando con la democracia en el mundo? A lo largo y ancho del mundo, los inescrutables ciudadanos del siglo XXI acuden a las urnas y entregan resultados, en el mejor de los casos, sorprendentes, opuestos al pensamiento convencional. Se trata, con mayor o menor intensidad, de un castigo a la democracia, de la expresión de un malestar profundo, uno que paradójicamente se da en momentos en que la humanidad ha alcanzado niveles de bienestar sin precedentes.

No es nuevo que la gente opte por alternativas “no convencionales”. Históricamente esto sucedía en sistemas políticos que no eran democracias plenas, asociado además con una situación de exclusión económica o política que alimentaba el descontento con la política y los políticos tradicionales. Pero cuando este tipo de comportamiento se presenta en democracias consolidadas, en sociedades prósperas y con altos niveles de vida, las explicaciones clásicas se quedan trágicamente cortas.

Un ejemplo de este fenómeno es lo que está pasando en la elección presidencial de los Estados Unidos. La candidatura de Donald Trump era impensable hace unos años en una democracia como la estadounidense. El surgimiento de un personaje tan evidentemente descalificado para aspirar a la Presidencia del país más poderoso del mundo, ha confirmado de manera dramática esta tendencia insospechada en el comportamiento ciudadano contemporáneo.  

Igual ha venido sucediendo en Europa. Opciones políticas antisistema proliferan en países en los que se asumía que la democracia había creado condiciones de estabilidad que parecían vislumbrar un futuro sin sobresaltos, en el que se podía seguir construyendo las condiciones que permitieran la plena realización de sus ciudadanos.

Si bien en el caso de Europa hay factores económicos que pueden explicar parte del malestar -la crisis financiera del 2008 tuvo un impacto que todavía se siente a lo largo y ancho de la comunidad europea-, no parece ser solo una cuestión económica. Está claro que existen cuestionamientos de otro orden, y que tienen que ver más con la práctica política en democracia.

Mas allá de las acusaciones cajoneras, la democracia es de alguna manera víctima de su propio éxito, sobre todo en las sociedades occidentales. Aseguradas ciertas condiciones de vida, las ciudadanías contemporáneas han comenzado a incorporar preocupaciones inéditas producto de un mayor conocimiento de la realidad que lo rodea. Algunas de ellas, en abierta contradicción con los paradigmas que generaron esas condiciones de vida que disfruta. Probablemente el ejemplo mas representativo de esta tensión, que se presenta en muchos otros campos, sea el de la necesidad de un crecimiento económico vigoroso, como base para el desarrollo, y el imperativo moral de la sostenibilidad.  

En Occidente se trató de resolver este, y otros dilemas, no en el campo de las políticas públicas concretas, sino en el de la práctica política, mediante la incorporación de nuevos actores en el proceso de toma de decisiones. Esto en medio de una deslegitimación sistemática de la representatividad, hasta ahora bastión de la democracia, y concebida hoy -después una interesada inversión de valores-, como una desviación autoritaria mas que una concreción del ideal democrático.

Esta respuesta ha resultado en un poder político diluido. Se multiplicaron las posibilidades de veto, y se despojó de legitimidad a la mayoría, creyendo que de esa manera se podía atenuar el malestar ciudadano. Pero el remedio terminó siendo peor que la enfermedad: el resultado neto del proceso fue una dificultad extrema para concretar políticas públicas, con lo que se terminó agudizando la sensación de que el sistema no era capaz de resolver las nuevas demandas.

Y ante la parálisis, cualquier cosa es posible. El populismo por ejemplo, es una de esas ocurrencias cada vez mas frecuentes, y que tiene el atractivo de presentarse como una salida legítima que cumple un doble propósito: superar la parálisis y castigar a los culpables de esta. De ahí viene Trump y Le Pen, y los partidos ultranacionalistas anti inmigrantes que pululan en Europa. Y de ahí seguirán viniendo los populistas de todos los pelajes, incluyendo a su versión light, en la que para alcanzar el poder se es capaz de pintar un panorama desolador de un país exitoso, como premisa para prometer un cambio que no se es capaz de concretar.

De cara a lo que viene, las democracias occidentales deben poner en la balanza lo actuado, con objetividad, y tratar de recuperar la capacidad de gestión de los estados. Pasa por revitalizar la representatividad como institución fundamental de la democracia, y devolver la legítima potestad de decisión a las mayorías, entre otras cosas. Es eso o seguir sobresaltándonos  cada vez que la ciudadanía manifiesta su voluntad de embarcarse en aventuras de las que no resulta nada bueno.

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