Tiene razón Ricardo Valverde y las realidades diferentes de los medios y la administración

Los acontecimientos alrededor de la detención de un diputado del Frente Amplio, por un caso de supuesta violencia doméstica, nos muestra a un partido político enredado en su propia retórica oportunista, confundiendo impulsividad con decisión, populismo con consistencia.

La decisión del Comité Ejecutivo del partido, de solicitarle la renuncia al diputado, es natural viniendo de una organización que en el pasado ha lucrado políticamente de exigir renuncias prematuras, desestimando como una excusa de corruptos el principio básico de la presunción de inocencia. Porque finalmente, cuando se le pide la renuncia al diputado, sin siquiera haber escuchado su versión de los hechos, las autoridades del FA no hacen mas que mostrar un evidente desprecio por el debido proceso, práctica característica de organizaciones de talante antidemocrático.

Pero en cierto modo, no tienen alternativa. Han actuado de la misma manera en el pasado, cuando exigir renuncias fulminantes y condenas absolutas les ha representado, según su perspectiva, una ganancia política. No se trata de consistencia –no hay virtud cuando se está consistentemente equivocado-, sino que, prisioneros de su propia retórica, y mostrando su verdadera naturaleza, no pueden hacer otra cosa que repetirse.

Quienes en el pasado les han señalado esta peligrosa tendencia, han sido tachados de corruptos, de ser “los mismos de siempre”. Pero resulta que ahora el llamado de atención viene de sus propias filas. La renuncia de Ricardo Valverde, Presidente del Tribunal de Ética del Frente Amplio, en rechazo de la actuación del Comité Ejecutivo, el que, según su criterio, lo que hace es “jugar para la tribuna de gente que en las redes sociales pide sangre antes que justicia y consecuencia ética", es una llamada de atención para que se respeten, como lo dice Valverde “los principios que se consignan en la Constitución de Costa Rica y los tratados sobre derechos humanos que hemos suscrito".  Mas claro, imposible.

Pues precisamente eso es lo que han hecho, durante mucho tiempo, las autoridades de su partido. Disparar primero y preguntar después. Terminarán disparándose a sí mismos.

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 En la línea de las anteriores reflexiones, algunas personas parecen creer cualquier cosa que aparece en los medios debe ser atendida de oficio -en el pasado, por ejemplo, esa era una práctica habitual de la Procuraduría de la Ética-. Y no solo eso, si lo que se dice parece apuntar a la existencia de algún hecho irregular o cuestionable, la reacción de los responsables debe ser inmediata, aun cuando los temas de los que se informa sean complejos, y requieran de mas información de la que viene en una nota de 4000 caracteres, o en un video de 30 segundos.

 Hace unas semanas se dio un ejemplo de esto. En un editorial publicado el pasado 15 de marzo en el periódico La Nación, se criticaba que los miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional no hubiesen adoptado medidas en contra de un miembro de esa Junta Directiva que se señalaba como parte de una empresas con fuertes movimiento de dinero en el BCR, razón por la cual se había congelado los fondos cuestionados mientras se llevaba a cabo una investigación.

Para el editorialista, el que la Junta Directiva del BNCR, ante las publicaciones de ese diario sobre el caso, decidiera solicitar información oficial al Banco de Costa Rica, es insuficiente, pese a que “el país estaba enterado (por los reportajes del periódico) de las decenas de millones de dólares movilizados por Latco, el inicio de una investigación del Ministerio Público y la intención del Banco de Costa Rica de celebrar una asamblea de accionistas del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), cuyo único otro socio es el Banco Nacional, para remover de la Directiva a Morsink por pérdida de confianza”.

La “pretensión” , tal y como lo califica el editorial, de pedir información oficial sobre un caso del que la Junta Directiva ya está enterada por la prensa, es, siguiendo esta lógica, injustificable. Pese a que el editorialista señala que “…nadie pide una decisión inmediata basada en informaciones de prensa”, de seguido cuestiona si  “¿será suficiente sentarse a esperar informes cuando los propios directores aceptaron conocer, en actas, las urgentes explicaciones brindadas por Bicsa a las autoridades estadounidenses, dadas las operaciones de ese banco en aquel país?”

Una información de prensa nunca puede ser suficiente para tomar decisiones en un entorno complejo como el de la administración pública costarricense.  Tampoco lo será la interpretación, normalmente incompleta, que se hace de los datos disponibles. El camino que lleva a la toma de decisiones en el sector público es empinado, lleno de obstáculos y trampas legales, sobre todo cuando de destituciones se trata. El respeto al debido proceso no siempre coincide con los tiempos de los editorialistas, pero la realidad es mucho mas compleja cuando se está sentado en una silla con responsabilidades de decisión en la administración pública, que la que se ve frente a una computadora a la hora de escribir una noticia o un editorial. No estaría de más un esfuerzo adicional por comprender esa diferencia.

El gobierno parece haber aprendido; una absolutoria y los derechos que debemos defender

Una rápida nota inicial. De no ser que suceda algo que realmente me incite a escribir un comentario, este sería mi último blog del año. Un viaje el próximo fin de semana, y las fechas mismas, en donde la gente anda en otras cosas, me hacen pensar que una pausa es conveniente. Aprovecho entonces para desearles una feliz Navidad y un año 2016 lleno de satisfacciones personales y profesionales. ¡Seguimos en el 2016!

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Se viene un período de sesiones extraordinarias de gran importancia para el gobierno. Es, posiblemente, el único que le queda para que la discusión no esté teñida por el cálculo político, antes de que arranquen los fuegos electorales en el 2017. Pero se enfrenta a esta coyuntura debilitado y con una fracción oficialista partida. Si algún gobierno necesita la ayuda de la oposición, definitivamente es este.

Paulatinamente se ha venido dando un cambio, errático y no siempre consistente, en la actitud del gobierno respecto a los partidos de oposición. Solís, desafortunadamente, desaprovechó la oportunidad que le daba un resultado electoral contundente, y en vez de elevarse sobre la pequeñez del envanecimiento personal, dedicó los primeros meses de gestión a atacar a sus adversarios políticos, siendo el punto culminante el sainete de los 100 días, que como se sabe no produjo ninguna acusación formal. 

Pero, confrontado con su propia debilidad, política y conceptual, habiendo dilapidado en apenas 18 meses el apoyo de la gente, y con la carga enorme de la decepción y el enojo ciudadano, el gobierno ha venido bajando el tono, y por primera vez, ya con el agua al cuello y despues de un primer año improductivo en la Asamblea, hace gestos concretos que posiblemente permitan mejorar el clima político.

Hay una primera señal positiva: la anuencia a impulsar 3 proyectos destinados a controlar el crecimiento del gasto público en salarios, uno presentado por MIDEPLAN, dirigido a cambiar la forma en que se evalúa el desempeño de los funcionarios, como requisito previo a recibir el pago de anualidad; otro, presentado por el PUSC, que pretende establecer un tope máximo a los salarios; y finalmente, uno del PLN, cuyo objetivo es ordenar los denominados pluses salariales, estableciendo parámetros que permitan la homogeneización de los diferentes sistemas existentes.

Es de esperarse que el debate de estos proyectos sea complicado, dada la previsible oposición del Frente Amplio. Y la discusión se hace aun mas compleja dada esa división en la fracción oficialista, en donde hay diputados mas cercanos a las posiciones del FA. Recordemos que la Presidenta del PAC y el jefe de fracción oficialista, firmaron un pacto con el FA y los sindicatos del sector público, en donde la oposición a una eventual equiparación de pluses salariales era uno de sus puntos prominentes.

Pero habiendo el gobierno accedido, aunque sea después de haber perdido un tiempo valioso, a la discusión de proyectos dirigidos al control del gasto, se abren las puertas para una discusión más amplia sobre impuestos. Desde esta perspectiva, la convocatoria de un proyecto para reinstaurar el impuesto a las sociedades anónimas será, espero yo, recibida positivamente en la Asamblea Legislativa, y su pronta aprobación permitirá restaurarle al Ministerio de Seguridad Pública los recursos que le recortara el fallo de la Sala Constitucional.

 Una sugerencia: que se tome la previsión de que parte de esos recursos, sin que se definan porcentajes para no introducir rigideces innecesarias, puedan ser destinados a los programas de prevención que desarrolla el Viceministerio de Paz, y no perder así el impulso que estas iniciativas traían del gobierno anterior.

Ojalá que el gobierno siga actuando consciente de su propia debilidad y respetando a la oposición. Es la única manera que tiene para poder concretar algunas iniciativas que el país requiere.

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La reacción de algunas personas ante la absolutoria del expresidente Miguel Angel Rodríguez ha sido en al línea de cuestionar que se le absuelva por “un tecnicismo”. “La prueba”, dicen quienes así se expresan, “demostraba la culpabilidad y por lo tanto no debió ser eliminada, sin importar como fue obtenida”.

No es cierto. La forma en que obtienen las pruebas es consustancial al proceso judicial. El que existan parámetros mínimos que deben ser respetados, es una protección irrenunciable que tenemos todos ante los excesos que puedan cometer las autoridades. El debido proceso no es una excusa para permitir la impunidad, es un seguro que todos tenemos y debemos defender.

Pero según algunos, esto no es importante, porque en su mente el acusado era culpable. Para algunos, su condición de político prominente determina una presunción de culpabilidad automática. Es como si se revirtiera el principio y ahora toda persona, sobre todo si es un político, es culpable hasta que demuestre lo contrario. 

Aplicando esa lógica, una absolutoria solo es explicable, por la complicidad de jueces, atrapados por los tentáculos del poder, nunca de una aplicación racional de la ley, la que, de paso muchos de esos críticos desconocen. Esta forma de pensar no solo es temeraria, sino que mina injustificadamente la credibilidad del Poder Judicial. En este sentido, es igual de irresponsable repetir estos argumentos sin conocer bien el proceso, como cuando lo hacen personas que, pese a su preparación profesional, han encontrado en la repetición elaborada de los peores prejuicios, una forma para seguir teniendo vigencia en algunos medios.

Lo cierto es que la protección del derecho a un juicio justo, en donde todos los actores cumplan con los requisitos establecidos, es algo que todos debemos apoyar. Incluso cuando la persona que recibe esa protección sea un político. Nos conviene a todos.

Interés nacional sobre interés politico

No es posible minimizar las consecuencias que podría tener el levantamiento del veto que la expresidenta Laura Chinchilla le aplicó a la reforma del Código Procesal Laboral. De entrar a regir los artículos vetados, se habrá menoscabado de manera irreversible la posibilidad de los gobiernos de proteger a los usuarios de servicios públicos, y otorgará una ventaja que potenciará la capacidad de coacción de los sindicatos del sector público y de su partido político aliado, el Frente Amplio.

 Tal vez el panorama quede más claro utilizando como referencia la recién finalizada huelga en Japdeva. Todos aplaudimos la rápida acción de la Fuerza Pública para retomar el control de los muelles. De la misma forma, celebramos la rápida contratación del personal externo que permitió reanudar los servicios portuarios al día siguiente de iniciada la huelga. Si se levanta el veto, eso ya no será posible.

 El artículo 394 del proyecto vetado estipula específicamente la prohibición de contratar de trabajadores o trabajadoras temporales para sustituir a los huelguistas, cosa que solo se podría hacer hasta que los tribunales declaren el movimiento como ilegal. Pero, aquí hay otra trampa. En el caso de Japdeva la huelga se declaró ilegal —10 días después de iniciada—, porque a criterio del juez los muelles prestan un servicio público, en los que están prohibidas las huelgas. Pero precisamente otro de los artículos vetados permite las huelgas en servicios públicos, y, por lo tanto, no habría razón para la ilegalidad y el movimiento podría prolongarse sin que el Gobierno tuviese la posibilidad de restablecer el servicio.

 No es difícil imaginar lo que esto podría significar. Muelles, aeropuertos y hospitales cerrados indefinidamente, sin posibilidad de ofrecer mas que los servicios que los sindicatos accedan restablecer. En una panorama como este, es claro que los gremios tendrán la sartén por el mango. Y a todo el pueblo costarricense en el sartén.

 Desafortunadamente, en el debate alrededor de este tema el Gobierno no se ha referido con claridad a esta amenaza. El único criterio que anima al Ejecutivo en este momento es político: mantener los apoyos necesarios para preservar el directorio legislativo el próximo 1ero de mayo. Por puro cálculo político, el Gobierno podría debilitar al país frente a la acción sindical. La consecuencias que esto tendría serían impredecibles. Y constituiría un acto de suprema irresponsabilidad de un Gobierno que busca victorias pírricas en el corto plazo, pero que derivarán en derrotas aplastantes en el futuro.

 Es absolutamente necesario adoptar muchas de las reformas que se aprobaron en este proyecto. Pero el costo no puede ser otorgar prebendas profundamente antidemocráticas a grupos de interés particulares. Permitir huelgas en servicios públicos sin la posibilidad de contratar personal para mantener la provisión de servicios esenciales es una concesión que va en contra del interés nacional, que debería tener precedencia sobre el interés político de corto plazo.