Interés nacional sobre interés politico

No es posible minimizar las consecuencias que podría tener el levantamiento del veto que la expresidenta Laura Chinchilla le aplicó a la reforma del Código Procesal Laboral. De entrar a regir los artículos vetados, se habrá menoscabado de manera irreversible la posibilidad de los gobiernos de proteger a los usuarios de servicios públicos, y otorgará una ventaja que potenciará la capacidad de coacción de los sindicatos del sector público y de su partido político aliado, el Frente Amplio.

 Tal vez el panorama quede más claro utilizando como referencia la recién finalizada huelga en Japdeva. Todos aplaudimos la rápida acción de la Fuerza Pública para retomar el control de los muelles. De la misma forma, celebramos la rápida contratación del personal externo que permitió reanudar los servicios portuarios al día siguiente de iniciada la huelga. Si se levanta el veto, eso ya no será posible.

 El artículo 394 del proyecto vetado estipula específicamente la prohibición de contratar de trabajadores o trabajadoras temporales para sustituir a los huelguistas, cosa que solo se podría hacer hasta que los tribunales declaren el movimiento como ilegal. Pero, aquí hay otra trampa. En el caso de Japdeva la huelga se declaró ilegal —10 días después de iniciada—, porque a criterio del juez los muelles prestan un servicio público, en los que están prohibidas las huelgas. Pero precisamente otro de los artículos vetados permite las huelgas en servicios públicos, y, por lo tanto, no habría razón para la ilegalidad y el movimiento podría prolongarse sin que el Gobierno tuviese la posibilidad de restablecer el servicio.

 No es difícil imaginar lo que esto podría significar. Muelles, aeropuertos y hospitales cerrados indefinidamente, sin posibilidad de ofrecer mas que los servicios que los sindicatos accedan restablecer. En una panorama como este, es claro que los gremios tendrán la sartén por el mango. Y a todo el pueblo costarricense en el sartén.

 Desafortunadamente, en el debate alrededor de este tema el Gobierno no se ha referido con claridad a esta amenaza. El único criterio que anima al Ejecutivo en este momento es político: mantener los apoyos necesarios para preservar el directorio legislativo el próximo 1ero de mayo. Por puro cálculo político, el Gobierno podría debilitar al país frente a la acción sindical. La consecuencias que esto tendría serían impredecibles. Y constituiría un acto de suprema irresponsabilidad de un Gobierno que busca victorias pírricas en el corto plazo, pero que derivarán en derrotas aplastantes en el futuro.

 Es absolutamente necesario adoptar muchas de las reformas que se aprobaron en este proyecto. Pero el costo no puede ser otorgar prebendas profundamente antidemocráticas a grupos de interés particulares. Permitir huelgas en servicios públicos sin la posibilidad de contratar personal para mantener la provisión de servicios esenciales es una concesión que va en contra del interés nacional, que debería tener precedencia sobre el interés político de corto plazo.