Una realidad desvirtuada y el ejercicio de los derechos según la Contraloría

Una noticia de un telenoticiero nacional, una periodista detallaba lo que denominó “las prioridades del nuevo ministro de Obras Públicas y Transportes”. Aparte de la ruta 32, y las carreteras a San Ramón y a San Carlos, la nota  señalaba también la necesidad de “hacer cumplir el contrato de concesión de la ruta 27, de manera que se abran los peajes cuando hay presas”.

Los usuarios de la ruta que vieron la noticia se deben haber llenado de optimismo. No mas esperas en horas pico para pasar los peajes. Con solo que el ministro “haga cumplir el contrato de concesión”, la concesionaria deberá abrir los peajes cada vez que haya congestión. El problema es que el contrato dice una cosa que es mucho mas compleja que lo que la periodista dio a entender en su poco fundamentada nota.

Lo cierto es que para llegar al punto en que el concesionario deba abrir los peajes para aligerar el tránsito, se debe efectuar un trámite que incluye el cumplimiento de un número de condiciones previas. Debe haberse registrado un tiempo de espera mayor a cinco minutos por estación por dos horas consecutivas en un mes calendario. Si esta condición se presentara, el concesionario tendrá que presentar un plan remedial en cinco días, plan que podría incluir la construcción de obras necesarias para aliviar la congestión, para  lo que contaría con 6 meses. Agotado este plazo, y si no se resuelve el problema, el concesionario tendría que abrir los peajes “hasta que la congestión desaparezca”, o sea, por periodos de tiempo relatvamente cortos.

Se puede discutir la justeza de este mecanismo, pero ese sería otro tema. Lo cierto es que la noticia sobre las prioridades del nuevo ministro, debe haber generado una expectativa. Y si las presas se mantienen, el nuevo jerarca no habrá demostrado la “voluntad política” para resolver el problema.
(Por cierto que la campaña electoral del 2014 giró alrededor de la falacia de que las cosas no sucedían por pura negligencia y/o falta de voluntad. Pero apenas unos meses después de asumir su cargo, el mismo presidente, quien aparentemente se creyó esta versión diluida de la realidad, hubo de admitir que no era lo mismo verla venir que bailar con ella).

Uno de los principales problemas en el debate público es esa constante simplificación de la realidad que recibimos diariamente en muchas informaciones. En este caso particular, no habría costado nada revisar el contrato de la concesión, con lo que pudo haberse complementado la nota, dimensionando correctamente lo que puede o no puede hacer el ministro.

Pero al presentar la realidad de esta manera parcial, se generan expectativas que al no ser cumplidas derivan en desánimo, y refuerza algunos prejuicios en contra de la política, representada en este caso por la inhabilidad de las instituciones de “hacer cumplir el contrato”.

No es que no haya razones para quejarse, pero al menos hagámoslo sobre la base de la comprensión integral de las circunstancias que rodean el complejísimo ejercicio del poder, y no de una realidad chapuceramente simplificada, construida por un ejercicio de comunicación poco riguroso, y reforzada por una demagogia política que eventualmente termina reventándole en la cara a quienes acuden a ella.

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La lógica que parece sustentar la noticia “Contraloría acosada por 100 demandas judiciales” es que los procesos que enfrenta a Contraloría no responden a un legítimo ejercicio de derechos constitucionales, sino a torcidos intentos para evadir responsabilidades.

Refuerza esta percepción la misma Contralora, cuando increíblemente dice que “…en su criterio, hay un abuso de los mecanismos que tienen los ciudadanos para defender sus derechos. Esas demandas no solo retrasan la aplicación de sanciones, sino que, en ocasiones, también pueden dejar en suspenso obras públicas. “Esta judicialización del control tiene desde razones legítimas, que son parte de un sano ejercicio en un Estado de derecho, hasta las que obedecen al intento de salvaguardar intereses particulares, lucrar con un litigio o hasta sangran a la hacienda pública”

Aparte de que uno no se explica una expresión como “hay un abuso de los mecanismos que tiene los ciudadanos para defender sus derechos”, la clasificación que hace la Contralora de las demandas con las que se “acosa” a la Contraloría no es de recibo. La justeza o no de las demandas le tocará dilucidarlo a los tribunales de justicia. Pero además, subyace en el razonamiento un sentido de inefabilidad en las actuaciones de la Contraloría, las que, aparentemente, están exentas de errores.

No es así, y los ciudadanos tienen derecho de acudir a los tribunales si se sienten afectados por alguna resolución de la CGR. Es posible que haya que racionalizar algunos procesos para limitar la judicialización de la acción pública, pero mientras no se hagan las reformas necesarias, no se debe deslegitimar el ejercicio de un derecho plenamente vigente. En la defensa de derechos particulares, por definición no puede haber “abusos”.

El gobierno parece haber aprendido; una absolutoria y los derechos que debemos defender

Una rápida nota inicial. De no ser que suceda algo que realmente me incite a escribir un comentario, este sería mi último blog del año. Un viaje el próximo fin de semana, y las fechas mismas, en donde la gente anda en otras cosas, me hacen pensar que una pausa es conveniente. Aprovecho entonces para desearles una feliz Navidad y un año 2016 lleno de satisfacciones personales y profesionales. ¡Seguimos en el 2016!

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Se viene un período de sesiones extraordinarias de gran importancia para el gobierno. Es, posiblemente, el único que le queda para que la discusión no esté teñida por el cálculo político, antes de que arranquen los fuegos electorales en el 2017. Pero se enfrenta a esta coyuntura debilitado y con una fracción oficialista partida. Si algún gobierno necesita la ayuda de la oposición, definitivamente es este.

Paulatinamente se ha venido dando un cambio, errático y no siempre consistente, en la actitud del gobierno respecto a los partidos de oposición. Solís, desafortunadamente, desaprovechó la oportunidad que le daba un resultado electoral contundente, y en vez de elevarse sobre la pequeñez del envanecimiento personal, dedicó los primeros meses de gestión a atacar a sus adversarios políticos, siendo el punto culminante el sainete de los 100 días, que como se sabe no produjo ninguna acusación formal. 

Pero, confrontado con su propia debilidad, política y conceptual, habiendo dilapidado en apenas 18 meses el apoyo de la gente, y con la carga enorme de la decepción y el enojo ciudadano, el gobierno ha venido bajando el tono, y por primera vez, ya con el agua al cuello y despues de un primer año improductivo en la Asamblea, hace gestos concretos que posiblemente permitan mejorar el clima político.

Hay una primera señal positiva: la anuencia a impulsar 3 proyectos destinados a controlar el crecimiento del gasto público en salarios, uno presentado por MIDEPLAN, dirigido a cambiar la forma en que se evalúa el desempeño de los funcionarios, como requisito previo a recibir el pago de anualidad; otro, presentado por el PUSC, que pretende establecer un tope máximo a los salarios; y finalmente, uno del PLN, cuyo objetivo es ordenar los denominados pluses salariales, estableciendo parámetros que permitan la homogeneización de los diferentes sistemas existentes.

Es de esperarse que el debate de estos proyectos sea complicado, dada la previsible oposición del Frente Amplio. Y la discusión se hace aun mas compleja dada esa división en la fracción oficialista, en donde hay diputados mas cercanos a las posiciones del FA. Recordemos que la Presidenta del PAC y el jefe de fracción oficialista, firmaron un pacto con el FA y los sindicatos del sector público, en donde la oposición a una eventual equiparación de pluses salariales era uno de sus puntos prominentes.

Pero habiendo el gobierno accedido, aunque sea después de haber perdido un tiempo valioso, a la discusión de proyectos dirigidos al control del gasto, se abren las puertas para una discusión más amplia sobre impuestos. Desde esta perspectiva, la convocatoria de un proyecto para reinstaurar el impuesto a las sociedades anónimas será, espero yo, recibida positivamente en la Asamblea Legislativa, y su pronta aprobación permitirá restaurarle al Ministerio de Seguridad Pública los recursos que le recortara el fallo de la Sala Constitucional.

 Una sugerencia: que se tome la previsión de que parte de esos recursos, sin que se definan porcentajes para no introducir rigideces innecesarias, puedan ser destinados a los programas de prevención que desarrolla el Viceministerio de Paz, y no perder así el impulso que estas iniciativas traían del gobierno anterior.

Ojalá que el gobierno siga actuando consciente de su propia debilidad y respetando a la oposición. Es la única manera que tiene para poder concretar algunas iniciativas que el país requiere.

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La reacción de algunas personas ante la absolutoria del expresidente Miguel Angel Rodríguez ha sido en al línea de cuestionar que se le absuelva por “un tecnicismo”. “La prueba”, dicen quienes así se expresan, “demostraba la culpabilidad y por lo tanto no debió ser eliminada, sin importar como fue obtenida”.

No es cierto. La forma en que obtienen las pruebas es consustancial al proceso judicial. El que existan parámetros mínimos que deben ser respetados, es una protección irrenunciable que tenemos todos ante los excesos que puedan cometer las autoridades. El debido proceso no es una excusa para permitir la impunidad, es un seguro que todos tenemos y debemos defender.

Pero según algunos, esto no es importante, porque en su mente el acusado era culpable. Para algunos, su condición de político prominente determina una presunción de culpabilidad automática. Es como si se revirtiera el principio y ahora toda persona, sobre todo si es un político, es culpable hasta que demuestre lo contrario. 

Aplicando esa lógica, una absolutoria solo es explicable, por la complicidad de jueces, atrapados por los tentáculos del poder, nunca de una aplicación racional de la ley, la que, de paso muchos de esos críticos desconocen. Esta forma de pensar no solo es temeraria, sino que mina injustificadamente la credibilidad del Poder Judicial. En este sentido, es igual de irresponsable repetir estos argumentos sin conocer bien el proceso, como cuando lo hacen personas que, pese a su preparación profesional, han encontrado en la repetición elaborada de los peores prejuicios, una forma para seguir teniendo vigencia en algunos medios.

Lo cierto es que la protección del derecho a un juicio justo, en donde todos los actores cumplan con los requisitos establecidos, es algo que todos debemos apoyar. Incluso cuando la persona que recibe esa protección sea un político. Nos conviene a todos.