El MOPT y la embajadora

“Gobierno tiene 0% de avance en 9 grandes obras financiadas con préstamo”, informa en primera plana el diario La Nación, en su edición del pasado 22 de junio. En el cuerpo de la noticia, el medio señala que “Trabajos están varados porque el MOPT se atrasó con los preparativos para ejecutar los proyectos; ministro de Obras Públicas alega que este ritmo de trabajo es normal”. La noticia, dirán algunos, es recurrente, y confirma, una vez mas, la desesperante negligencia y desidia de los responsables, quienes actúan sin ninguna consciencia de la urgencia que tiene construir las obras que están atrasando.

Pero la noticia permite evidenciar algunas otras cosas. Primero, no tenemos suficiente información como para valorar si es o no un ritmo “normal” de trabajo. Lo mas que se dice es que, en opinión de la Contraloría General de la República, el atraso es atribuible a “… a la lentitud del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en el cumplimiento de las condiciones previas para el desembolso del dinero: la creación de una unidad ejecutora del crédito (la cual se concretó en marzo del 2016) y el establecimiento de un fideicomiso de administración, lo que aún está en proceso”.

Pero eso que se expresa fácil, no es fácil de concretar. Un programa de inversiones  de esta magnitud requiere de la elaboración de complejísimos carteles de licitación, labor para la que el MOPT no cuenta con suficientes abogados e ingenieros, como para hacer de este un proceso fluido. Proceso que además es acometido con gran cuidado por los responsables, conscientes que incluso un error involuntario puede terminar en el escarnio público, sino en acusaciones penales.

Otro elemento es la necesidad de contar con diseños para poder hacer esas licitaciones. Los diseños funcionales no se comienzan a hacer sino hasta que se aprueba el préstamo, por lo que el tiempo de su elaboración es ineludible . ¿Por qué no se hacen estos diseños desde antes? Porque por ejemplo en el caso de este préstamo, la Asamblea Legislativa tenía que aprobar, además del préstamo mismo,  el proyecto específico y las obras que se iban a desarrollar. Así  que no tenía sentido gastarse una importante cantidad de tiempo y dinero si existía la posibilidad de que la Asamblea cambiara el proyecto.

Súmele a todos estos factores un ordenamiento jurídico que permite apelaciones irrestrictas en todas las etapas de la contratación, así como los requisitos propios de las instituciones financieras que prestan los recursos, y tendrá una perspectiva mas realista de la dificultad que tiene el MOPT para ejecutar un préstamo de esta magnitud. Cuando se conocen estos elementos, ausentes en la nota periodística, la valoración del trabajo de los funcionarios se hace desde una perspectiva mejor informada. Puede que se siga pensando igual, pero por lo menos no será sobre la base de información incompleta.

Es algo que pasa a menudo, recibimos información que lleva a conclusiones fáciles, que reflejan una realidad sencilla en donde todo sucede o no dependiendo exclusivamente de la voluntad personal. Nada más alejado de lo que sucede cotidianamente en la administración pública.

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Hecha la reflexión anterior, cabría preguntarse si entonces el gobierno se enfrenta a una injusta valoración de su trabajo porque, si el tema pasa más por factores objetivos –las carencia profesional, las leyes y los procedimientos-, no puede haber una responsabilidad objetiva del gobierno y sus jerarcas.

Pero aquí el problema es mas bien otro. El caso del nombramiento de la Embajadora en República Dominicana sirve para ilustrarlo con claridad. Se trata de una persona que evidentemente reúne todos los requisitos legales, profesionales y de idoneidad necesarios para desempeñar el cargo. Pero resulta además que es la madre de la Jefa de Despacho del Canciller, quien es el responsable de su nombramiento.

El canciller, que por cierto no parece manejar bien la crítica y califica la noticia como “…un intento más de desprestigiar la transparencia en el ejercicio de la función pública de esta Administración y, en el caso de hoy, el desempeño de mis funciones como canciller" según escribe en su pagina de Facebook, ha salido a defender el nombramiento, no solo mencionando los atestados de la señora Zúñiga, sino además  sus potestades  para nombrar embajadores. El que sea la mamá de su Jefa de Despacho (la que de paso es colega en el bufete en el que los dos trabajan cuando no están en labores de gobierno), afirma indignado el señor González, no es relevante.

Visto de manera objetiva, el ministro parece tener razón en defender su actuación. Pero, y esta es la clave, no puede obviar que forma parte del gobierno de un partido que cuando fue oposición criticó sin miramientos este tipo de nombramientos. El canciller, por mas que venga de otro partido político, no está exento de la obligación de la coherencia. Y eso es lo que se le cobra a él como parte de este gobierno.

Es lo mismo con el MOPT. Se está pagando el precio de haber prometido cosas desde la ignorancia, y de confundir ética con oportunismo electoral. Es tiempo de asumir las consecuencias de las expectativas infladas y el la utilización política del tema de la ética.

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Como siempre, una invitación para que escuchen el podcast de Café Futbol CR. Esta semana con un interesante análisis del calendario del próximo campeonato de la primera división costarricense, la que por cierto sigue mostrando rasgos artesanales que uno creería ya deberían haber sido superados

Tiene razón Ricardo Valverde y las realidades diferentes de los medios y la administración

Los acontecimientos alrededor de la detención de un diputado del Frente Amplio, por un caso de supuesta violencia doméstica, nos muestra a un partido político enredado en su propia retórica oportunista, confundiendo impulsividad con decisión, populismo con consistencia.

La decisión del Comité Ejecutivo del partido, de solicitarle la renuncia al diputado, es natural viniendo de una organización que en el pasado ha lucrado políticamente de exigir renuncias prematuras, desestimando como una excusa de corruptos el principio básico de la presunción de inocencia. Porque finalmente, cuando se le pide la renuncia al diputado, sin siquiera haber escuchado su versión de los hechos, las autoridades del FA no hacen mas que mostrar un evidente desprecio por el debido proceso, práctica característica de organizaciones de talante antidemocrático.

Pero en cierto modo, no tienen alternativa. Han actuado de la misma manera en el pasado, cuando exigir renuncias fulminantes y condenas absolutas les ha representado, según su perspectiva, una ganancia política. No se trata de consistencia –no hay virtud cuando se está consistentemente equivocado-, sino que, prisioneros de su propia retórica, y mostrando su verdadera naturaleza, no pueden hacer otra cosa que repetirse.

Quienes en el pasado les han señalado esta peligrosa tendencia, han sido tachados de corruptos, de ser “los mismos de siempre”. Pero resulta que ahora el llamado de atención viene de sus propias filas. La renuncia de Ricardo Valverde, Presidente del Tribunal de Ética del Frente Amplio, en rechazo de la actuación del Comité Ejecutivo, el que, según su criterio, lo que hace es “jugar para la tribuna de gente que en las redes sociales pide sangre antes que justicia y consecuencia ética", es una llamada de atención para que se respeten, como lo dice Valverde “los principios que se consignan en la Constitución de Costa Rica y los tratados sobre derechos humanos que hemos suscrito".  Mas claro, imposible.

Pues precisamente eso es lo que han hecho, durante mucho tiempo, las autoridades de su partido. Disparar primero y preguntar después. Terminarán disparándose a sí mismos.

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 En la línea de las anteriores reflexiones, algunas personas parecen creer cualquier cosa que aparece en los medios debe ser atendida de oficio -en el pasado, por ejemplo, esa era una práctica habitual de la Procuraduría de la Ética-. Y no solo eso, si lo que se dice parece apuntar a la existencia de algún hecho irregular o cuestionable, la reacción de los responsables debe ser inmediata, aun cuando los temas de los que se informa sean complejos, y requieran de mas información de la que viene en una nota de 4000 caracteres, o en un video de 30 segundos.

 Hace unas semanas se dio un ejemplo de esto. En un editorial publicado el pasado 15 de marzo en el periódico La Nación, se criticaba que los miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional no hubiesen adoptado medidas en contra de un miembro de esa Junta Directiva que se señalaba como parte de una empresas con fuertes movimiento de dinero en el BCR, razón por la cual se había congelado los fondos cuestionados mientras se llevaba a cabo una investigación.

Para el editorialista, el que la Junta Directiva del BNCR, ante las publicaciones de ese diario sobre el caso, decidiera solicitar información oficial al Banco de Costa Rica, es insuficiente, pese a que “el país estaba enterado (por los reportajes del periódico) de las decenas de millones de dólares movilizados por Latco, el inicio de una investigación del Ministerio Público y la intención del Banco de Costa Rica de celebrar una asamblea de accionistas del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), cuyo único otro socio es el Banco Nacional, para remover de la Directiva a Morsink por pérdida de confianza”.

La “pretensión” , tal y como lo califica el editorial, de pedir información oficial sobre un caso del que la Junta Directiva ya está enterada por la prensa, es, siguiendo esta lógica, injustificable. Pese a que el editorialista señala que “…nadie pide una decisión inmediata basada en informaciones de prensa”, de seguido cuestiona si  “¿será suficiente sentarse a esperar informes cuando los propios directores aceptaron conocer, en actas, las urgentes explicaciones brindadas por Bicsa a las autoridades estadounidenses, dadas las operaciones de ese banco en aquel país?”

Una información de prensa nunca puede ser suficiente para tomar decisiones en un entorno complejo como el de la administración pública costarricense.  Tampoco lo será la interpretación, normalmente incompleta, que se hace de los datos disponibles. El camino que lleva a la toma de decisiones en el sector público es empinado, lleno de obstáculos y trampas legales, sobre todo cuando de destituciones se trata. El respeto al debido proceso no siempre coincide con los tiempos de los editorialistas, pero la realidad es mucho mas compleja cuando se está sentado en una silla con responsabilidades de decisión en la administración pública, que la que se ve frente a una computadora a la hora de escribir una noticia o un editorial. No estaría de más un esfuerzo adicional por comprender esa diferencia.

Estado de la Administración Pública en Centroamérica

Me pidieron, en el evento al que asisto, que fungiera como relator de una de las mesas de trabajo, la dedicada al diagnóstico de la Administración Pública en la región. Comparto con ustedes el informe de relatoría que presentaré en la sesión plenaria que se celebrará más tarde. Recoge las intervenciones de los diferentes participantes, provenientes de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Haití, República Dominicana y Nicaragua.

- La pregunta que debe guiar cualquier valoración de la Administración Pública es ¿cuál es el aporte que la AP debe hacer en el proceso de desarrollo de un país?

- Para comenzar a responder esta pregunta, es imprescindible considerar algunos aspectos medulares, que son el resultado de un proceso de reforma de estado que se impulsó hace 30 años, que aunque se ejecutó desigualmente en los países de la región, es homogénea en sus consecuencias de debilitamiento institucional.

- Hay una crisis de legitimidad institucional, que incluye todos los ámbitos. Hay un descrédito de lo político y lo público, el Estado está arrinconado.

- Una tendencia al hiperlegalismo como respuesta a la corrupción en el sector público, ha resultado en un inmovilismo que en mucho es consecuencia de controles excesivos de la acción pública, pero que también proviene de la inseguridad en la que se encuentra el funcionario público ante un marco legal profuso y en muchos aspectos confuso, que opera en contra de la posibilidad de decidir oportunamente. La relativización de la ley potencia la interpretación y genera incertidumbre en la acción pública, incidiendo directamente en la calidad, pertinencia y oportunidad de los servicios.

- Hemos buscado otros actores que suplan al Estado por su ineficacia. El resultado neto de este esfuerzo ha sido, de manera mas o menos generalizada en la región, un reforzamiento del escepticismo y la desesperanza ciudadana, así como un factor desestimulante de la participación social, ante la virtual desaparición del estado de diferentes ámbitos de la vida nacional.

- Pese a lo anterior, la articulación de intereses usualmente de carácter locales o gremiales ha resultado en la participación de grupos específicos, que plantean demandas especializadas que la Administración Pública no necesariamente tiene la capacidad de atender.

- Se agrava aun mas esta debilidad por la tendencia histórica de cambiar cada cuatro años tanto políticas como funcionarios, lo que no permite la construcción de capacidades a largo plazo.

- La elección de lo que el Estado puede aportar no es del todo voluntaria: la globalización ha impuesto ciertas reformas que no solo limitan las posibles respuestas a la pregunta anterior, pero que constituyen en la práctica una limitación a la soberanía nacional.

- También es necesario considerar la presencia de poderes fácticos que operan al margen de la institucionalidad formal pero influyen de manera real en el proceso de formulación de políticas públicas

- Finalmente, cualquier diagnóstico debe sustentarse en indicadores verificables, que permitan valorar el impacto de las reformas que se planteen

- Pero además es imprescindible incluir ciertos ámbitos que tienen una incidencia directa en las posibilidades de definición de la administración pública del futuro:

o Hay un componente ético, un conjunto de valores, paradigmas y modelos que confluyen y se concretan en la forma que adquieren las instituciones. No es posible debatir sobre las posibilidades reales de reforma y revitalización de la Administración Pública sin considerar este aspecto

o De la misma manera, no es posible discutir sobre el rol de la Administración Pública sin considerar la imperiosa necesidad de incorporar la gestión de riesgo, ineludible en una región que, como la centroamericana, sufre frecuentemente los embates de la naturaleza.

o Hay retos inéditos que derivan de hechos singulares y que generan la necesidad de reformular la manera en que se proveen ciertos servicios. Un ejemplo evidente lo constituye la amenaza del narcotráfico.

o Las reformas del estado deben incluir la modificación de leyes que consolidan esquemas políticos no necesariamente democráticos. La reforma, entendida solo como un ejercicio administrativo que no valore el entorno político y social en el que se desempeñan las instituciones, siempre será insuficiente

o El debate sobre el rol de la administración pública será un debate vacío mientras no se le dote de recursos suficientes para que pueda asumir las responsabilidades que se quiera asignarle de cara a los restos del futuro.

o La necesidad de revitalizar la administración pública requiere que las normas que rigen su funcionamiento tengan rango constitucional o, que como mínimo, deriven de procesos de concertación social