Las pensiones y una aspiración a la igualdad absoluta

Como pasa a menudo en los debates relacionados con remuneraciones en el sector público, la discusión sobre las pensiones en el Poder Judicial ha reflejado el gran malestar ciudadano sobre lo que percibe como privilegios exorbitantes. El debate además azuzado por las declaraciones desafortunadas de algunos magistrados, uno de ellos por cierto el favorito de los sectores “progresistas” del país.

Sobre esto habría que decir, por mas obvio que parezca, es que se debe recibir una pensión acorde con el aporte que se haya hecho a lo largo de la vida laboral, incluyendo el ahorro que se pueda haber hecho en fondos complementarios.  Esto significa varias cosas.

En principio los criterios ajenos a esta lógica matemática no deberían servir para definir un monto de pensión, que es lo que pasa en el caso de los beneficiarios de regímenes especiales como el del Poder Judicial. Segundo, que la expectativa de mayores beneficios debería imponer más obligaciones, sea en tiempo servido o en el porcentaje del ingreso que se aporta como ahorro de pensión.

Pero cuando las pensiones no responden a estos criterios, el Estado debe aportar un subsidio. O sea, todos terminamos pagando la parte de las pensiones que no proviene del aporte personal. Por eso nos afecta. Pero más allá de lo obvio, más allá de la  indignación, es necesario hacer algunas consideraciones.

Primero, si el criterio para definir el monto de una pensión es el estrictamente técnico, sería normal que algunas personas tengan pensiones mayores. A mayor aporte, mayor pensión.

Pero en Costa Rica, por lo menos en el régimen universal de la CCSS, la pensión no tiene relación con el aporte, pues existe un techo definido en función de la sostenibilidad del sistema. Es decir, se pone un límite para que los recursos alcancen. La razón de que esto sea así es que no se quiere, aunque es lo que en el papel habría que hacer, aumentar las cuotas o subir la edad de retiro.

En el caso específico de las pensiones de los magistrados, está claro que las pensiones que obtendrían en el sistema actual no son proporcionales a su aporte. Pero eso no significa que su aporte, a partir de un nivel salarial mas alto, no sea mayor al de personas con salarios inferiores. Si el criterio es estrictamente el técnico, los magistrados deberían tener entonces una pensión mayor a la que tendrán personas que hicieron un aporte menor.

La respuesta a esta afirmación podría ser la de cuestionar el nivel de los salarios que se pagan en el Poder Judicial. Y sería válido plantearse este tema, como lo hice hace unos meses en este mismo espacio. Pero no parece haber razones para negar que un mayor aporte debería resultar en una pensión mayor.

En el fondo, y como parte del ambiente antipolítico imperante en Costa Rica y en  otros países, parece existir una corriente de pensamiento que considera que no debería haber ninguna diferencia salarial en Costa Rica, sobre todo si es a favor de una persona que trabaja en el sector público. La respuesta a los abusos debe ser la regulación, pero nunca pretender que no existan diferencias.

Nuevamente, tal y como lo plantee hace unos meses, un salario en el sector público debería “remunerar adecuadamente el nivel de complejidad del  trabajo que se ejecuta. A mayor complejidad, responsabilidad e impacto social de las labores que se llevan a cabo, así debería ser la remuneración que se recibe. También hay consideraciones de mercado: un salario muy bajo respecto al que se paga en el mercado restringirá las posibilidades del Estado para contratar a profesionales del mas alto nivel”.

Lo anterior no significa que el actual nivel salarial del sector público sea aceptable o justo, pero ante esto no cabe la pretensión de negar la existencia de diferencias. Y lo mismo aplica para las pensiones.

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