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jueves, 22 de julio de 2010

Otra perspectiva para el FEES

La negociación para dotar de recursos al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) nunca ha sido fácil. Es un proceso extraordinariamente duro porque tiene una inusual particularidad: todos los participantes tienen razón.

¿Cómo es posible que suceda algo así? Las universidades por ejemplo, tienen razón de solicitar más recursos. Aun cuando el país ya invierte en educación superior un porcentaje del PIB similar al promedio de los países de la OCDE -alrededor de un 1.1%-, Canadá, Corea y Estados Unidos asignan un porcentaje de entre 2.5 y 2.9, rango que debería constituir una aspiración para un país que pretende insertarse de manera exitosa en una economía que como la contemporánea está fundada en el conocimiento.

La inversión en educación superior pública es requisito para el desarrollo y debe recibir todo el apoyo necesario para que se convierta en la locomotora que tire de los sueños nacionales de una mejor calidad de vida para la población.
Pero, el Gobierno también tiene razón. No es posible acceder a la solicitud de las universidades. El país solo puede asignar los recursos que produce; si la economía crece un 5% no es posible comprometerse a garantizar un crecimiento de los presupuestos universitarios de un 11%, tal y como lo pretenden las universidades. A menos por supuesto que estemos dispuestos a sacrificar la inversión en otros campos.

Este es un argumento objetivo que se origina en una dura realidad fiscal, y no en oscuros intereses que pretenden acabar con la educación superior pública para favorecer a las universidades privadas. Pensar que a una persona como Leonardo Garnier –quien se ha convertido en el pararrayos de los ataques a la representación gubernamental en la Comisión de Enlace-, lo anima un sentimiento antiuniversitario solo puede ser motivado por un supino desconocimiento de su trayectoria y pensamiento, o por simple y llana mala intención. La verdad es mucho más compleja que un vacío argumento ad-hominem.

La situación se torna aun más complicada cuando las universidades aducen no poder aceptar menos de lo que solicitan por tener un crecimiento automático de sus gastos de un 8% en términos reales. Y para ser absolutamente justos, mucho –no todo-, de ese crecimiento se origina en pluses salariales que han sido otorgados por estrados judiciales. Pero lo cierto es que este es el comportamiento de los gastos en las universidades públicas, y esta es una carga demasiado pesada para las universidades mismas y para el país. Algo debe hacerse.

Con un panorama como este, es natural que la negociación sea particularmente difícil. Tal vez la solución no sea discutir una fórmula de financiamiento para el quinquenio como ha sido la práctica, sino ampliar el plazo de manera que las opciones sean mayores.

Así por ejemplo, se puede plantear un escenario de crecimiento gradual del porcentaje del PIB dedicado a la educación superior de manera que al cabo de 15 o 20 años se alcance un 2.25% del PIB. Esto permitiría varias cosas. Primero, la programación de los recursos fiscales requeridos para asegurar el cumplimiento del acuerdo, incluyendo lo que parece ya una inevitable e impostergable reforma tributaria.

Segundo, las universidades tendrían espacio para hacer una planificación de largo plazo que les permita moderar –de la manera que lo consideren pertinente, el peso de aquellos rubros de gasto que contribuyen a generar ese crecimiento automático que es a todas luces insostenible. Y tercero, y cuidado si esto no es lo más importante, alcanzar un acuerdo de este tipo, una verdadera e inédita política de estado, bien podría constituirse en un modelo para otros ámbitos de la vida nacional, igualmente necesitados de acciones de largo plazo.

Por supuesto, para forjar algo así se requerirá un trabajo técnico arduo y riguroso, que no puede estar sujeto a la presión coyuntural del ciclo presupuestario que ya se inicia. En este sentido, las universidades y el gobierno podrían acordar un presupuesto para el próximo año que garantice un crecimiento de 5% real –en tanto las proyecciones sitúan la tasa de crecimiento del PIB para este año alrededor del 4%-, y la gestión de un préstamo de $150 millones para compensar el porcentaje de crecimiento automático no cubierto y no paralizar del todo los planes de expansión que las universidades tiene en marcha. Esto otorgaría un plazo de un año, necesario para construir una solución de largo aliento.

Con la voluntad política y el compromiso que debería resultar de la posibilidad de llegar a un acuerdo histórico, es posible que estas extenuantes negociaciones de hoy sean, dentro de 20 años, objeto de curiosa investigación por esos jóvenes universitarios que tendrán mayores oportunidades gracias a un sistema de educación superior pública que sea ese motor del desarrollo que el país necesita.

10 comentarios:

Marco dijo...

Bueno Roberto, vos tenés la ventaja de haber conocido y participado muy de cerca en negociaciones del FEES desde los dos lados, y eso te abre a una mayor perspectiva.

Efectivamente, hay un punto central muy válido en tu argumento que es el tema de los plazos.

Diseñar políticas de estado no puede depender de acuerdos tan de corto plazo, sino que deben visualizarse niveles de logro, y en este caso de financiamiento, a un mayor plazo.

Y por su parte las universidades igualmente tendrán que buscar reformar una serie de aspectos internos para evitar que los gastos en salarios sigan asfixiando las posibilidades de inversión en diversos otros aspectos. Nada fácil tampoco, pero necesario.

Alejandro C. Trejos C. dijo...

Equilibrado y sensato.

@fralba dijo...

Me parece una posición muy sensata, sin embargo creo que aún con esa propuesta no se estaría garantizando el 8% de crecimiento automático, ¿no es cierto? Y si es así, entonces me pregunto cuánto será posible sostener un acuerdo así y cuán pronto volverán las universidads públicas a pedir más para satisfacer ese "requerimiento"...

Me parece a mí que cualquier propuesta debe darse condicionada a que las universidades busquen formas de ser más eficientes -y que lo puedan demostrar con indicadores de rendimiento- y reducir el altísimo porcentaje de gastos que representan los salarios.

Roberto Gallardo dijo...

Lo del 8% de crecimiento automático real en los gastos de las universidades no es sostenible. Las universidades tendrían que efectuar los cambios necesarios para "acostar" la curva de crecimiento, posiblemente haciendo un uso más eficiente de los recursos actuales.

Ese sería su compromiso, a cambio de una tasa de crecimiento constante y de largo plazo, que les permitiría, entre otras cosas, la posibilidad de un endeudamiento que sustente el desarrollo de infraestructura y el equipamiento mientras se corrige la actual estructura de gastos, de manera que de los sucesivos aumentos de presupuesto se requiera cada vez un porcentaje menor, hasta que llegue a ser manejable, para los gastos de crecimiento "automático".

Gracias a todos por sus comentarios!

Eleonora Badilla Saxe dijo...

Veo en el comentario de Roberto una posición más serena que abre la posición al diálogo. ¡Albricias!
Parto de que efectivamente las universidades debemos revisar algunos aspectos de nuestra gestión. Sé que nuestro aporte al desarrollo nacional ha sido vital; es más, sé que nustro aporte es imprescindible para garantizar una sociedad más equitativa. PERO, es evidente que siempre hay mucho por mejorar y nada más lejos que pretender que todo está bien. El señalamiento de Roberto, como dicen en inglés: "well taken".

No puedo sin embargo dejar de señalar que, la negociación de las Universidades con el ESTADO costarricense comenzó hace 14 meses, porque el FEES anterior venció en el 2009. YA las Universidades aceptaron un presupuesto de un año (2010) como una medida de transición, porque en el 2009 no se logró acuerdo con el ESTADO costarricense para el quinquenio. Y ahora...¿otra vez?
Definitivamente en Costa Rica, por lo menos en materia de educación NO HAY VISIÓN DE ESTADO NI DE LARGO PLAZO. Esa situación, junto con el doble discurso, son los mayores enemigos de la educación pública. Por eso estamos como estamos.

Y lo segundo que debo anotar, es que el problema fiscal del país se debe en gran parte a los EVASORES. Dice el Ministro Herrero que en este país se evaden DOS de cada tres colones. ¡Diay! Así cómo va a haber plata para nada...

Por eso cuando a mí me dicen que mi salario lo pagan todos los costarricenses yo digo: "No todos... sólo los que pagan impuestos."

Debo de nuevo hacer un reconocimiento a Roberto, por abrir el camino al diálogo. Aún no estamos totalmente de acuerdo... pero si hay diálogo, hay esperanza.

John dijo...

Buen post. Me quedan dudas como estudiante tanto de la UCR como de la UACA. Uno, los gastos en planillas de las universidades públicas, no conozco cifras ni estadisticas¿Pero se estarán ajustando a la realidad? Yo comprendo que no se le debería reducir el salario a alguien xq legalmente no se puede, pero el punto es. ¿Realmente se lo merecen? No se don Roberto que tanto conozca del caso de los estudiantes becarios, pero muchos de ellos que necesitan la beca, tienen que hacerle el trabajo a administrativos y algunas veces docentes, que lo que hacen es pasar en youtube, redes sociales o hablando por celular. La otra duda que me queda al no verla en su articulo es sobre lo que Fernando Herrero ha dicho sobre los posibles préstamos por $300 para las estatales, ¿que tan posible, cierto y viable es esto?

Roberto Gallardo dijo...

Dos rápidos comentarios: elevar la recaudación fiscal no resuelve el problema esencial: para las universidades ni para el país es sostenible un crecimiento automático anual de un 8% real de sus gastos. Hay que enfrentar este tema porque, nuevamente, aun cuando se pudiera recaudar más se requeriría que el país creciera a tasas superiores al 8% para que se le pudiera proporcionar los recursos necesarias para que las universidades sigan creciendo y no solo sosteniendo la planilla.

Segundo, el préstamo de $300 millones que ofrece el Gobierno es para el quinquenio, yo estoy planteando uno de un monto menor solo para apoyar el tema del desarrollo de infraestructura y cubrir el crecimiento automático por lo menos para el año 2011. Incluso podría ser menos.

Sergio dijo...

Roberto, ¿por qué comenzar la elaboración de "una verdadera e inédita política de estado" con la educación y no con esas otras áreas de gobierno que decís en las que hace falta? Por ejemplo en la política fiscal, en la política financiera del Estado (tasas de interés) ¡qué tanto cuestan al fisco!, ¿por qué someter a presión a una de las áreas más sensibles del futuro desarrollo social y económico del país? Una área de la que depende, como ya se ha demostrado hasta la saciedad, las oportunidades de ascenso social de una población cada vez más estratificada.
Por cuanto respecta a tu afirmación de que un crecimiento del 8% en los salarios de los profesores universitarios requiere de un crecimiento del 8% del PIB, es un craso error aritmético, ya que ellos no representan el 100% del presupuesto universitario...

Esteban Octavio dijo...

Encuentro elementos que enriquecen el diálogo y llaman a la generación de un servicio público centrado en la calidad.

La visión de país a largo plazo y la necesidad de procesos de sostenibilidad de inversión - educación deben estar articulados e integrados.

Con el FEES se facilita la participación de las Universidades en el proceso de construcción del desarrollo nacional, acompañado de investigación y generación de conocimiento.

Sin duda, la estructura del gasto - inversión en el país debe revisarse, y eso es hablar del uso racional de los recursos, efectividad de la inversión y productividad, indicadores en alguna medida complejos, sin embargo, hay que hacer un "examen de conciencia", situación que no debería ser ajena a la realidad de las instituciones públicas de Costa Rica, como lo presenta el BID en su informe sobre el Gasto Público 2009.

Roberto Gallardo dijo...

Sergio: una aclaración: yo no digo que lo que crece un 8% real es la planilla. De hecho hago la precisión de que el aumento automático de los gastos se explica solo parcialmente por el tema de los pluses salariales. Lo que yo repito, porque quienes lo dicen son los rectores y rectoras, es que los gastos de las universidades crecen un 8% real anualmente, lo que significa que sus presupuestos deben crecer por lo menos ese 8%. Y la única posibilidad de que el país pueda asumir estos aumentos es generando los recursos fiscales necesarios, en relación directa con el crecimiento del PIB.

Que las universidades revisen su estructura de gastos de manera que pueda atenuar ese crecimiento automático, lo que en la práctica significa tener más control del presupuesto, no debería suponer una presión inmanejable sobre todo si se puede planear a lo largo de un plazo de 15 o 20 años. Ese nivel de crecimiento automático refleja una inflexibilidad en el manejo del presupuesto que no es conveniente ni para las universidades ni para el país.