Investiguen lo que quieran, pero no hagan circo

Recientemente se integró una comisión legislativa para "investigar las concesiones", un objetivo bastante ambiguo que sin embargo presupone que hay algún tipo de irregularidad que amerita una "investigación" legislativa. La preocupación de los diputados nace de la queja de algunos exportadores sobre el proceso de concesión del nuevo puerto de Moín, sobre todo con aquellos aspectos relacionados a los cambios que sufrió el cartel de licitación y que solo se haya presentado una compañía, implicando de alguna manera con esto que el cartel se "adecuó" para favorecer a esta empresa.

De octubre de 2007 a mayo del 2010 integré, como parte de las responsabilidades del cargo que ocupé en el gobierno anterior, la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones. Este cuerpo colegiado está integrado por 7 personas, que son los Ministros de Obras Públicas y Transportes, quien lo preside; de Hacienda y de Planificación; el Presidente del Banco Central, y tres representantes de Colegios Profesionales, Sindicatos y Cámaras empresariales. Asiste además, con voz pero sin voto, el Secretario Técnico, quien tiene la responsabilidad de ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva. La Junta es el órgano máximo del CNC, y le corresponde tratar todos los temas relacionados a concesiones y a iniciativas privadas en el país. Es una labor compleja, que incluye aspectos económicos, legales y sociales,pero que por esa complejidad resultó de lo más didáctica para mí, que aprendí sobre un montón de temas.

En el período que formé parte de este grupo se trató frecuentemente la concesión de Moín, como corresponde a un tema tan grande y delicado. Y porque estuve ahí, porque fui parte de este proceso, porque conocí a las personas que estuvieron involucradas y porque fui testigo del esfuerzo que todos en el CNC hacen para que las cosas se hagan bien, es que les digo que yo no tengo ningún problema que investiguen lo que quieran. Vayan y pregunten, revuelquen, pidan papeles, entrevisten a quien quieran. Para contestar las preguntas que tienen posiblemente habría bastado que convocaran al actual Ministro de Obras Públicas y Transportes al plenario para que les explicara con detalle el proceso sin necesidad de constituir un comisión investigadora, pero entiendo que algunos puedan creer que eso no es suficiente, sobre todo si no entienden bien el proceso.

Pero lo que uno quisiera, y en realidad lo que el país necesita, es una investigación rigurosa, completa, pausada y objetiva. Lo que uno no quisiera, y el país no necesita, es una comisión politizada que inicia su labor con criterios formados de antemano. El tema es lo suficientemente delicado para que aspiremos a que se analice con objetividad, con mente abierta y no se haga un uso distorsionado y/o parcial de la información para confirmar conclusiones preconcebidas, siguiendo aquella premisa que dice que si lo que yo pienso de la realidad no es cierto, pues mala suerte para la realidad.

Y que conste que no soy ingenuo: es claro que para algunos diputados la Comisión Investigadora es una oportunidad para anotarse algunos puntos políticos, de tener una cobertura mediática cuya frecuencia e intensidad tiene una relación directamente proporcional a la estridencia de sus denuncias, aun cuando no tengan fundamento real. Pero si la investigación se convierte en el circo que estoy seguro algunos quieren convertirla, todo mundo pierde: las personas cuyas honras sean machadas con acusaciones sin fundamento, la credibilidad de las comisiones legislativas como instancia de investigación sobre temas de importancia para el país,la opinión pública, que no contará con elementos adecuados para formar criterio, los funcionarios del Consejo Nacional de Concesiones, cuyo profesionalismo, honestidad y dedicación pueden ser injustamente puestos en duda. Ojalá que no pase.

Vender la concesión al mejor precio posible

El Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA aparentemente no se opone a la concesión del puerto de Moín por razones ideológicas, ni quiere defender ningún principio. La demanda que hiciera SINTRAJAP para que el Estado hiciera una inversión millonaria, modernizara el puerto y lo mantuviera bajo administración de JAPDEVA, no parece haber sido sincera. Lo que finalmente parece es que la dirigencia sindical quiere negociar el monto de la indemnización para cada funcionario. Si la cantidad es "justa", el puerto puede concesionarse.

No puedo pensar en nadie que pueda justificar y mucho menos apoyar una "propuesta" como esta, salvo, por supuesto, los interesados directos. No podría creer que algunos grupos, en su afán de rechazar todo lo que venga del Gobierno, estén dispuestos a legitimar con su apoyo, explícito o por omisión, la actuación de una dirigencia sindical que se retrata de cuerpo entero con esta "contraoferta" para que cada trabajador reciba $500,000 como condición para acceder a la concesión. Estamos hablando de doscientos ochenta millones para cada uno de los 1400 privilegiados trabajadores de JAPDEVA, $700 millones en total. Casi 400,000 millones de colones, un monto casi equivalente al presupuesto anual de la Caja Costarricense del Seguro Social.

Pero bueno, ahora que sabemos qué es lo que aparentemente quiere la dirigencia sindical de JAPDEVA, al menos el panorama está claro. Es cuestión de sacar cuentas y reunir los fondos necesarios. Al parece no se discute sobre principios o se confrontan visiones técnicas sobre la operación del puerto. Se trata, finalmente, de vender la concesión al mejor precio posible.