Editorial Democracia Digital

Mas allá de lo ambiental

El debate suscitado en torno al decreto que permite el inicio del proceso de explotación minera en Las Crucitas es en realidad la continuación de un debate más complejo y prolongado, que no parece tener visos de resolverse en el corto plazo. Se trata de la tensión entre preservar y proteger el ambiente, con la realidad socioeconómica que enfrentan algunas comunidades.


Sin duda existen múltiples razones para explicar este aparentemente insalvable desencuentro. Pero está claro que una de las más importantes es el dogmatismo a ultranza. No deja de sorprender la poca sensibilidad que algunos ambientalistas radicales exhiben hacia la circunstancia social y económica que enfrentan algunas comunidades empobrecidas que depositan sus esperanzas en el empleo que pueden brindarle empresas que vienen a realizar actividades de explotación, minera, hídrica, etc.. El pasado lunes los dos grupos, los defensores del ambiente y los vecinos de Las Crucitas se encontraron frente a las instalaciones del MINAET, y fue muy desagradable contrastar la vociferante arrogancia de los primeros con la angustia y asombro de los segundos. Descalificar como razón legítima la preocupación de familias enteras que dependen del trabajo que les brinda la empresa que opera en Las Crucitas no es más que un acto de gran arrogancia e insensibilidad social.

En este caso, existen algunos elementos adicionales. La concesión, otorgada hace casi 10 años, no ha podido entrar a operar por múltiples razones, entre ellas la indolencia del Gobierno anterior que decidió actuar como si la empresa concesionaria no tuviese derechos. Ahora, cuando la amenaza de una demanda multimillonaria es inminente, algunos sectores actúan como si esta no fuera una posibilidad real. Lo cierto es que un arbitraje internacional, si la empresa finalmente no pudiera concretar su derecho, es un elemento que no puede estar ausente de cualquier análisis del tema.

Esta ha sido, durante mucho tiempo, la posición del algunos sectores ambientalistas, la de oponerse -sin considerar la implicación social o legal del tema-, a cualquier iniciativa, sobre todo privada, de explotación de nuestro potencial ambiental. Ciertamente existen mejores prácticas y un país como el nuestro debe no solo cumplirlas, sino impulsarlas universalmente. Pero la oposición radical, muchas veces motivada por razones extra-ambientales, sin considerar todo el panorama y sin ofrecer alternativas, es inaceptable, y no contribuye para alcanzar ese justo medio al que el país debe aspirar, en el que los recursos naturales son explotados sosteniblemente, como una forma de generar mejores condiciones de vida para la población.

Como en muchos otros ámbitos de la vida nacional, la mesura, el respeto, la apertura a otras posiciones y la voluntad de encontrar posiciones comunes debe imperar en la discusión de los temas ambientales.

Desafortunadamente esta no parece ser un estrategia aceptable para algunos.