No hay duda que otros elementos deben ser tomados en cuenta en la discusión del tema de las consultorías que tanto morbo ha despertado en las últimas semanas. Pero sin duda la naturaleza de los fondos utilizados para la contratación de esos servicios profesionales es un punto de innegable relevancia. Que la Procuraduría haya reafirmado el carácter público de estos recursos confirma lo que el Gobierno ha venido sosteniendo, y contradice directamente las conclusiones temerarias que de algunos malinformados (o malintencionados) en los medios de comunicación. A partir de este informe de la Procuraduría, el debate debería orientarse en otra dirección.
Más allá de los nombres y los montos, el punto más importante en toda esta discusión es por qué el Gobierno debe acudir a este tipo de mecanismos para contratar a personas con el conocimiento especializado. Nuestro Estado se encuentra cercado por un ordenamiento jurídico pensado para controlar y no para facilitar la ejecución de las políticas públicas. Pero además está rodeado de un gran escepticismo y desconfianza en el funcionario público. En el ambiente imperante en este país desde hace ya muchos años (espoleado por intereses políticos de algunos actores sociales y partidistas), sostener que el Estado debe remunerar mejor a sus funcionarios y que deben racionalizarse sus controles para agilizar la acción pública es prácticamente una herejía. Si la ciudadanía no esperara políticas públicas, es decir, si no esperara nada de su Gobierno, no tendría mayor importancia mantener la situación actual. Pero los bienes y servicios que provee el Estado constituyen una parte esencial de lo que ha distinguido a este país en el concierto de las naciones, y es en gran parte lo que nos permitirá ahora, como lo ha hecho en el pasado, paliar los efectos de las crisis internacionales, sobre todo en las clases más vulnerables. Y la gente reclama esos servicios, y se decepciona profundamente cuando no los obtiene con la urgencia y calidad que necesita. Hay también ineficiencia y falta de compromiso. Pero principalmente esto se debe a los obstáculos que enfrentan los poderes públicos de un marco jurídico que muchas veces se ha modelado a partir de respuestas emocionales a coyunturas particulares.
Esta es la discusión verdaderamente importante, una que no podemos seguir evitando. Tenemos que resolver como país la disyuntiva de querer contar con mejores servicios y no dotar al Estado de los recursos, económicos y legales, requeridos para proveerlos. De este debate de fondo bien puede derivarse la sociedad costarricense del futuro.
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