En días pasados la Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público toda la información relacionada al caso del fideicomiso establecido por el BCIE y el Ministerio de Vivienda con recursos taiwaneses, para que se determine si existió algún tipo de irregularidad en el manejo de esos fondos. La Fiscalía determinará si hay mérito como para abrir una causa penal, y serán los tribunales, si se llega a esa instancia, quienes tendrán la última palabra. Así se manejan las cosas en un país de Derecho como el nuestro.
Pero hay en este caso un elemento que debería ser motivo de preocupación para todos quienes tenemos responsabilidades en el manejo de recursos de cooperación internacional. Me refiero al cambio de criterio de la Contraloría respecto a la naturaleza de los fondos que conformaban el fideicomiso mencionado, así como el uso de la figura del fideicomiso mismo, figura que por cierto fue sugerida por el Gobierno de Taiwan y no por el Ministerio de Vivienda. Y no solo preocupa el cambio de criterio, sino además que llama la atención las razones que esgrime la Contraloría para justificar su nueva posición.
En mayo del 2007, ante una consulta del auditor del Ministerio de Vivienda, la Contraloría determinó que los fondos que se utilizaban no eran fondos públicos y por lo tanto no estaban sujetos a su fiscalización. Pero al remitir la información al Ministerio Público, la Contraloría se desdice y argumenta que los recursos en realidad sí eran públicos, y que la razón de su pronunciamiento inicial es que ahora cuenta con otros elementos “que el MIVAH en primera instancia no aportó”.
Aquí hay que hacer varias consideraciones. Primero, las instituciones públicas consultan a la Contraloría para estar seguras de que lo que se hace está a derecho, para tener un nivel mínimo de seguridad jurídica. Cuando se realiza la consulta, se aporta la información que se considera importante para que el ente contralor se pronuncie. No conozco detalles de la solicitud del auditor del MIVAH a la CGR, pero es de suponer que debe haber adjuntado la información que según su leal saber y entender le pareció relevante para que la Contraloría emitiera un dictamen fundamentado. Si no fue así en criterio de la Contraloría, lo que parece apropiado es que el ente contralor no se pronunciara hasta contar con todos los datos que desde su perspectiva técnica necesitaba, y así lo hiciera saber al solicitante para que se remitiera la información requerida. Pero en este caso la Contraloría estimó suficiente lo recibido y emitió un criterio, bajo el cuál se operó hasta el momento en que, súbitamente, los fondos son públicos y por lo tanto sujetos a fiscalización pública, y el fideicomiso es una “ficción jurídica” montada para evitar esos controles.
La Contraloría se desdice y habla de información que no tenía. Aquí caben varias preguntas. ¿Por qué no detectó esa carencia de información cuando el auditor del MIVAH presentó su solicitud?. Durante todo este tiempo el MIVAH actuó “amparado” por un criterio de la Contraloría, ¿es imputable alguna responsabilidad ahora que el criterio cambia?. Estamos hablando de una institución pública que trabaja con la “confianza” de que todo está bien, al menos desde el punto de vista de la Contraloría. A la luz de este cambio de opinión de la CGR, ¿deben verificar todas las instituciones públicas que los pronunciamientos que tengan de la Contraloría siguen vigentes? ¿Consultar si para cada uno de esos dictámenes se requería más información? ¿Detener la ejecución de programas ya consultados hasta que se ratifiquen los criterios que los amparan?
No se trata de cuestionar el trabajo de la Contraloría, sino de una preocupación legítima de quienes nos movemos en un entorno jurídico complejo. Administrar recursos ya de por sí es tarea complicada como para que se le añada este elemento de criterios aparentemente “provisionales” que después serán utilizados en contra de los jerarcas, pese a que las falencias de información de esos dictámenes no sean imputables a quienes solicitan el juicio del ente contralor. Queremos saber si estamos haciendo bien las cosas, pero también queremos tener algún grado razonable de certeza. No es mucho pedir.
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