Las dos cosas son importantes y de interés público: garantizar el derecho a la información de los ciudadanos por un lado, y garantizar un mínino de confidencialidad de las transacciones financieras por el otro, sobre todo si media una solicitud expresa de un gobierno. La Sala Constitucional estimó más relevante proteger el derecho a la información y sin duda su interpretación tendrá repercusiones futuras, pero eso solo el tiempo lo dirá.
Lo importante me parece es que quedó claro que el Gobierno en realidad no tenía nada que ocultar, y que de verdad su negativa a dar toda la información se debía a la solicitud que hiciera el Gobierno chino. Y la cosa es tan sencilla que hasta parece lógica, siempre que no se quiera interpretar los hechos interesadamente. Hacienda negocia las condiciones de la compra con la agencia oficial china, el Gobierno chino ordena la transferencia de recursos por medio de su agente (Banco de New York), que a la vez solicita a su agente (BCT), que custodie los bonos emitidos. No hay comisiones millonarias ocultas, funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción o intermediaciones indebidas. El papel del BCT queda claramente explicado, así como las razones por las que es esta entidad la designada como custodio de los bonos. Para algunos la transparencia y sencillez de la transacción es sospechosa,pero habría que recordar que normalmente la explicación más sencilla tiende a ser la correcta.
Ahora es tiempo de pasar la página, esperando que el segundo desembolso prometido por el Gobierno de China no sea comprometido por todos estos acontecimientos.
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