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sábado, 19 de julio de 2008

Consultorías, salarios del Estado y fondos públicos

Comparto con ustedes mi artículo "Consultorías, salarios del Estado y fondos públicos" publicado en el períodico La Nación el pasado 16 de julio, sobre un tema que ha dado tanto de que hablar, desafortunadamente en medio de una gran ignorancia, en los últimos días:

En su columna semanal del pasado martes 8 de julio , don Jorge Guardia hace algunas afirmaciones respecto al tema de las consultorías, que me parece requieren un comentario, en aras de precisar adecuadamente el ámbito de una discusión que creo merece mejores argumentos.

Una consultoría es, en su sentido más básico, una contratación de servicios. Estos servicios pueden ser de naturaleza intelectual o manual; en ambos casos acudimos a una “persona experta en una materia sobre la que asesora profesionalmente” (definición de ‘consultor’ en el Diccionario de la Real Academia). Cuando llevamos nuestro vehículo al mecánico, estamos de hecho contratando una consultoría. Dicho de otra manera, cuando se requiere asesoría en materias en las que no se cuenta con el conocimiento requerido, dada su especialización o amplitud, se acude a los consultores.

Pago de consultores. Pero, casi por definición, el conocimiento especializado es difícil de encontrar, y don Jorge, que entiende de estas cosas mejor que yo, sabrá que, cuando un bien es escaso en el mercado, su precio tiende a subir. Nada sería mejor que el Servicio Civil tuviese categorías salariales que retribuyeran la experiencia, la especialización y el conocimiento de los consultores contratados, pero en esta Costa Rica que no termina de resolver el dilema de querer contar con los mejores en la función pública, pero a la vez no estar dispuesta a pagar por ello, eso es sencillamente inviable. Mejor esperar sacrificios personales que meterse la mano a la bolsa y pagar más impuestos, cosa a la que, por cierto, don Jorge se ha opuesto con ferocidad siempre.

En este contexto, para contar con la ayuda de expertos especializados y de trayectoria, que aporten su experiencia y conocimiento a la gestión pública, es necesario acudir a las consultorías. No es razonable pedirle a una persona que acepte un puesto en el Gobierno en el que su salario será apenas una fracción de sus ingresos habituales. Don Jorge cree que los sueldos del Estado no son malos; si fuera así, probablemente todavía estaría trabajando en alguna dependencia del Estado y no dedicado al ejercicio liberal de su profesión, la que me imagino le ha deparado contratos de consultoría acordes con su trayectoria y formación.

El caso del presidente de la Corte y de la Contralora, citados por don Jorge como ejemplo de buenos funcionarios, es aun más meritorio cuando se los valora a la luz del salario que reciben, a todas luces insuficiente para retribuir adecuadamente su preparación, y muy por debajo de los ingresos que obtienen sus pares en otros países.

Fondos de naturaleza privada. La otra idea sobre la que se sustenta la columna de don Jorge es que los fondos del BCIE son públicos. Esto no es cierto y existen pronunciamientos específicos de la Contraloría respecto a la naturaleza privada de este tipo de recursos, tutelados por convenios internacionales. Si existiera un cambio de criterio en este aspecto y se consideraran públicos los recursos de la cooperación internacional no reembolsable, probablemente se produciría una disminución drástica de los montos que por este rubro recibe el país.

Lo menos que necesita una organización de ayuda es que sus recursos terminen en la caja única del Estado, en contraposición a una de las aspiraciones principales de este tipo de entidades, que es precisamente que se manejen con agilidad. Esto no significa que se manejen irresponsablemente, pues es práctica obligatoria que los programas de cooperación sean auditados regularmente, tanto a nivel nacional como internacional.

Pero, además, si estos fondos son públicos en función del ámbito en que se utilizan, habría que incluir en este mismo saco a todas las ONG que con financiamiento de recursos de cooperación no reembolsable atienden problemas públicos. ¿Estarán dispuestas las organizaciones ambientales, de atención a la niñez, de vivienda, de problemas de drogas, etc., a que sus recursos vayan a la caja única del Estado? ¿Que tengan que someterse a todos los procedimientos que hacen tan engorrosa la acción pública (lentitud que en muchos casos justifica la existencia misma de esas organizaciones)?

Lo demás que se afirma en esta columna es producto de la imaginación de don Jorge: que estas contrataciones constituyen pagos de “favores políticos”, acusación bastante temeraria que representa una generalización inaceptable; que son parte de “triquiñuelas políticas” para aprobar las reformas tributarias que tanto desvelan a don Jorge, tanto que termina viendo fantasmas donde no los hay.

No tengo dudas de que es posible mejorar procedimientos, pero no lo haremos si no planteamos el tema de manera correcta, sin acudir a la descalificación personal, que denota una gran arrogancia, ni a la acusación temeraria, que daña honras gratuitamente.

1 comentario:

Alejandro Trejos C. dijo...

Acertado como es costumbre.