¿Asesor del gobierno?, FIV y músculo político y la deuda con Gerardo

Una persona con el sugestivo sobrenombre de "Macho Coca" aparentemente construye de manera ilegal unos muelles en Limón, muelles que según la Policía de Control de Drogas, habrían sido utilizados para el  trasiego de marihuana proveniente de Jamaica. El 18 de agosto la Fuerza Pública, acatando una orden judicial, clausura las instalaciones, las que por cierto habían sido visitadas algunos días antes por algunos jerarcas de gobierno.

Apenas una semana después, y en el marco de una gira por la provincia de Limón, el presidente Solís expresaba su desazón por esta clausura y solicitaba al Poder Judicial que se permitiera reabrir temporalmente los muelles, para que pudieran seguir dando servicio a los barcos pesqueros que también han utilizado este improvisado puerto. Mientras tanto, se daba a conocer que la persona señalada como responsable de la construcción ocupaba un cargo de asesor en INCOPESCA, lo que le agregaba un elemento de incertidumbre adicional alrededor a este espinoso  tema.

Es por todo lo anterior es que la noticia de la detención de "Macho Coca" por supuestamente liderar una red de abastecimiento de drogas a bandas locales, y su posterior destitución del cargo de asesor de INCOPESCA no deja de ser muy inquietante. El gobierno debe investigar a fondo las relaciones de este personaje a lo interno de su administración, el proceso que resultó en su nombramiento en ese cargo, y los funcionarios que propiciaron ese nombramiento. En momentos en el que el país siente la arremetida del crimen organizado -ante la cual el gobierno permanece desesperantemente impasible-, es imprescindible aclarar en todos sus extremos este caso.

Sorprende la pasividad de la ciudadanía y de la prensa ante este caso. Hay que demandar explicaciones de parte del gobierno, el que parece satisfecho con la destitución de esta persona. No puede ser así. Este es un caso que demanda absoluta claridad. Sería un precedente funesto que no fuera así y no pudiéramos saber todos sus entretelones.

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La Sala Constitucional decidió suspender los efectos del decreto que regulaba la FIV mientras analiza varios recursos interpuestos en contra del mismo. Era de esperarse que esto sucediera. Como lo expresé hace algunas semanas, este es un recurso desesperado del Ejecutivo, dada la complejidad y lentitud del debate en la Asamblea, a la que le corresponde en definitiva resolver sobre este asunto.

Pero no puede dejar de analizarse el tema desde otra perspectiva. Acudir a acciones jurídicas para superar la parálisis legislativa, es también una admisión de debilidad política. Con una fracción oficialista tan débil (y de apoyo variable según el tema del que se trate), el ministro de la Presidencia no tiene el músculo político necesario para forjar acuerdos que sean provechosos para otros partidos. Y por eso hay que jugarse chances como este en la Sala.

Y esto es importante mencionarlo porque la discusión de los proyectos de reforma fiscal requerirán sin duda un procedimiento especial que permita acortar los tiempos del proceso. Y la aprobación de un procedimiento de este tipo  requiere 38 votos. Tarea monumental para un ministerio de la Presidencia que no tiene mucho que ofrecer en términos de apoyo propio.

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Se ha iniciado una campaña para pedirle a la mujer víctima del acoso que el joven Gerardo Cruz denunció en redes sociales, que presente una denuncia formal. Un poco el argumento es que "se lo debe a Gerardo", quien sufrió una agresión en circunstancias aun no esclarecidas del todo. Entiendo que se le haga esta solicitud, pero también entendería la reticencia de la mujer en hacerlo. Lo que no entendería, y en Costa Rica somos dados a esto, es que se critique su decisión de no hacerlo, por las razones que sea. En defensa de las víctimas no debemos someterlas a una revictimización de otra índole.

Por otro lado no deja de ser irónico que algunos de los medios que han querido reivindicar el sentimiento de indignación nacional generado por el atentado contra Cruz, sean los mismos que constantemente publican fotografías en las que se explota la imagen de la mujer con fines comerciales, o que las presentan en minifaldas cortas y tacones altos en sus programas de espectáculos y especiales de fin de año. Antes de iniciar una campaña para que la víctima del acoso denuncie, debería iniciarse una campaña para que los medios desistan de explotar de esta manera la imagen de las mujeres. Se lo deben a Gerardo.