Mi Primer Empleo, ¿es todo lo público malo? y la carretera San José-San Ramón

El gobierno anuncia una iniciativa para estimular a empresas privadas a contratar personas menores de 35 años, mujeres y personas con discapacidad. El programa, denominado "Mi Primer Empleo", se inspira en una iniciativa lanzada en junio de este año en Argentina, y otorgará un subsidio mensual de ¢112,000 por cada trabajador contratado por las empresas que se inscriban en el proyecto.

Surgen algunas dudas. La primera, el financiamiento. Para alcanzar la meta propuesta de 30,000 contrataciones en los próximo 3 años, se deberá invertir poco mas de ¢46,000 millones. El INS aportará una cuarta parte del costo, y el INAMU ya anunció que invertirá ¢500 millones. El resto saldrá del "superávit" de algunas instituciones. Aparte de que normalmente los "superávits" son re-presupuestados al año siguiente, valdría la pena que nos explicaran de cuáles instituciones se piensa tomar los recursos, así como el fundamento legal para hacerlo, en tanto el traslado de recursos públicos a empresa privadas es algo muy restringido en la administración costarricense.

Segundo, detalles operativos. La condición para que las empresas reciban el subsidio -que le será entregado en tractos semestrales- es que se contraten a las personas por un año. Pero, ¿qué pasa si la persona renuncia o debe ser despedida antes del año (o después de 12 meses pero antes de 24)? ¿Cómo el estado controla esto? ¿Existe alguna responsabilidad solidaria del gobierno? ¿Tendrá que hacer un aporte adicional para el reconocimiento de derechos como cesantía, aguinaldo proporcional cuando cese la relación de trabajo?

Tercero, el programa está pensado para tres años. ¿Qué pasa con la gente contratada si no es posible, dada la situación fiscal, continuarlo en el futuro, o  si el próximo gobierno decide no prorrogarlo?, ¿cuál es, si es que hay, la responsabilidad del estado con las personas contratadas que podrían verse nuevamente desempleadas?
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Entiendo perfectamente la molestia de la gente con los abusos que se dan en algunas instituciones del sector público. Entiendo la aspiración de racionalizar el gasto público, de hacer al Estado más eficiente y eficaz. Pero de ahí a generalizar y homologar Estado a desperdicio, esfera pública a negligencia, y funcionario a corrupción, hay una gran diferencia.

El debate sobre el sector público, como es usual en Costa Rica últimamente, es un debate muy pobremente fundamentado. El Estado costarricense no es solo la suma de los casos puntuales de abuso presentados una y otra vez en medios de comunicación. Es también un entramado de instituciones que proveen una sombrilla de derechos a amplios sectores de la población, especialmente a los que menos tienen.

La aspiración que todos tenemos para sea más eficiente y racional, no nos puede hacer perder de vista que el Estado opera bajos principios que no son los que mueven a la empresa privada. Desde esta perspectiva, la generalización puede esconder también una agenda política específica, una de debilitamiento del Estado en general. Y con eso hay que tener cuidado.

Repito, los abusos son inaceptables y deben ser corregidos. Pero la lógica de un discurso que pone a “la gente” frente al “sector público” es peligrosa y puede derivar en situaciones extremas. Hay que tener cuidado y tratar de elevar el nivel del debate.
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¿Por qué no avanza el proyecto de la carretera San José-San Ramón? La respuesta es relativamente sencilla: por que no se sabe cuánto va a costar. Y sin saber cuánto cuesta el proyecto, no se sabe cuánto será el peaje, de manera que los bancos que inviertan tengan la certeza de que van a recuperar su inversión, incluyendo por supuesto la ganancia que aspiran a tener.

Pero para saber con precisión cuánto va a costar la obra se requiere realizar un anteproyecto detallado, y eso no es barato. Por eso el INS ha puesto a disposición del proyecto $21 millones, de manera que quien finalmente asuma el fideicomiso tenga un capital de trabajo inicial para contar con esta información vital para definir el peaje. Aquí vale pena decir que esta plata es un préstamo,(al 3,3% anual) y habrá que sumarlo a los costos totales del proyecto.

La pregunta es, ¿qué pasa si el costo resulta en un peaje muy alto, mucho mas que los $7.9 que se planteaba en el proyecto original? ¿Que hace un banco si después de endeudarse $15-20 millones para determinar costos descubre que el peaje es muy alto en las condiciones actuales de diseño?

Es cierto que el nuevo proyecto se ahorra el 14% de margen que obtenía la concesionaria, y alrededor de $175 millones de impuesto sobre la renta del que estará exento, pero estamos hablando de una obra que será casi el doble de lo que se había propuesto, sin incluir las radiales adicionales solicitadas por los diputados, ni las costosas expropiaciones que habrá que hacer para poder ampliar a 8 carriles el trayecto entre la Datsun y el aeropuerto. Pasará aproximadamente un año para que lo sepamos con certeza.